Sentencia SOCIAL Nº 597/2021, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4164/2020 de 02 de Febrero de 2021

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG :08019 - 34 - 4 - 2020 - 0004389

mm

Recurso de Suplicación: 4164/2020

ILMO. SR. ANDREU ENFEDAQUE MARCO

ILMO. SR. FÉLIX V. AZÓN VILAS

ILMO. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

En Barcelona a 2 de febrero de 2021

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 597/2021

En el recurso de suplicación interpuesto por Flora y CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. frente a la Sentencia del Juzgado Social 24 Barcelona de fecha 27 de enero de 2020 dictada en el procedimiento nº 62/2019 , ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Félix V. Azón Vilas.

Antecedentes

PRIMERO.-Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 27 de enero de 2020 que contenía el siguiente Fallo:

'Estimando en parte la demanda interpuesta por Dª Flora frente a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. SME, declaro la improcedencia del despido de la trabajadora y condeno a la referida empresa a que en el plazo de cinco días desde la recepción de esta resolución, opte entre la inmediata readmisión de la trabajadora con abono de los salarios devengados desde la fecha del despido a razón de un salario diario de 50,75 euros, o por la extinción de la relación laboral con abono de una indemnización de 9.071,56 euros; con advertencia de que en caso de no ejercitar opción alguna en el referido plazo, se considerará que se opta por la readmisión.'

SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

'PRIMERO. La actora, Dª Flora, con DNI nº NUM000, venía prestando servicios para la empresa Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. SME desde el día 24-7-06, con la categoría profesional de Operativos reparto pie, Viladecans, Barcelona, y con un salario diario bruto con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 50,75 euros (doc. 1 de la parte actora).

SEGUNDO. Hasta mayo de 2018 la actora pertenecía a la bolsa de contratación de Correos de reparto Barcelona y reparto Viladecans. Su relación laboral se formalizó mediante la suscripción de múltiples contratos temporales, los últimos de los cuales han sido los que seguidamente se relacionan, por los períodos, puestos y motivos siguientes (docs. 1 y 3 de la parte actora y doc. 5 de la demandada):

- De 2-11-15 a 28-12-15: contrato de interinidad en el puesto de trabajo Viladecans Reparto, por motivo de absentismo Juan Luis.

- De 7-1-16 a 31-1-16: contrato de interinidad en el peusto de trabajo Barcelona Reparto, por motivo de absentismo Marisa.

- De 1-2-16 a 29-2-16: contrato de interinidad en el puesto de trabajo Barcelona Reparto, por motivo de absensimo Marisa.

- De 21-4-16 a 26-4-16: contrato de interinidad en el puesto de trabajo Viladecans Reparto, por motivo de absentismo Adriano.

- De 2-5-16 a 31-5-16: contrato por circunstancias de la producción en el puesto de trabajo Viladecans Reparto, por motivo de absentismo 4,19%.

- De 1-6-16 a 30-6-16: contrato por circunstancias de la producción en el puesto de trabajo Viladecans Reparto, por motivo de absentismo 8,18%.

- De 1-7-16 a 30-9-16: contrato por circunstancias de la producción en el puesto de trabajo Viladecans Reparto, por motivo de absentismo 3,79%.

- De 3-10-16 a 31-10-16: contrato por circunstancias de la producción en el puesto de trabajo Barcelona Reparto, por motivo de absentismo 3,79%.

- De 2-11-16 a 30-4-18: contrato de interinidad en el puesto de trabajo Viladecans Reparto, por motivo de absentismo Adriano.

- De 3-5-18 a 31-5-18: contrato por circunstancias de la producción en el puesto de trabajo Barcelona Reparto, por motivo de absentismo 12,48%.

- De 2-7-18 a 28-9-18: contrato por circunstancias de la producción en el puesto de trabajo Viladecans Reparto, por motivo de absentismo 1,25%.

- De 5-10-18 a 31-10-18: contrato por circunstancias de la producción en el puesto de trabajo Viladecans Reparto, por motivo de absentismo 0%.

- De 2-11-18 a 30-11-18: contrato temporal por circunstancias de la producción en el puesto de trabajo Viladecans Reparto, por absentismo 0%, por un período previsto desde el 2-11-18 al 30-11-18.

TERCERO. Anteriormente, desde el 24-7-06 al 30-11-18 la actora había suscrito un total de 62 contratos temporales para realizar tareas de Operativos, como reparto en Barcelona y Viladecans (doc. 2 de la demandada).

CUARTO. Por escrito de fecha 20-12-18 la empresa le comunicó que el día 30-11-18 quedaría extinguido su contrato por expiración del tiempo convenido (documento adjunto a la demanda y doc. 4 de la parte actora).

QUINTO. Con posterioridad volvió a prestar servicios para Correos, formalizando cinco contratos temporales más, todos ellos por circunstancias de la producción excepto el último por interinidad, que no consta que haya finalizado (doc. 1 de la demandada).

SEXTO. Desde la suscripción de su primer contrato en fecha 24-7-06 hasta la suscripción de su contrato inmediatamente anterior a la extinción contractual de fecha 30-11-18 ahora impugnada, se produjeron diversas interrupciones contractuales superiores a 20 días, las más prolongadas desde 31-1-09 a 1-7-09, de 30-9-10 a 2-7-12, de 30-11-12 a 16-7-13, de 31-3-14 a 16-7-14 y de 30-9-14 a

2-2-15 (doc. 1 de la demandada).

SÉPTIMO. La empresa facilita a los representantes de los trabajadores el listado de las contrataciones mensuales. En la unidad de Viladecans hay 14 puestos de trabajo que están rotando continuamente, sin estar cubiertos de forma fija. Poco después de que se comunicara su cese a la actora, en fecha 12-12-18 la empresa contrató a otra trabajadora de Reparto para ese mismo centro de trabajo, también con un contrato temporal (doc. 6 de la parte actora y testifical de

D. Bienvenido, representante de los trabajadores).

OCTAVO. La actora no ostentaba ni había ostentado en el último año la condición de representante de los trabajadores.

NOVENO. En fecha 10-7-18 se celebró el correspondiente acto de conciliación previa, con el resultado de sin avenencia.'

TERCERO.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante y la demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado ambas impugnaron de contrario, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

Fundamentos

PRIMERO.-Contenido y objeto del recurso.

Se articula recurso por la representación de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social sobre la base de dos motivos: en el primero, formulado al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS), se pretende la revisión de los hechos declarados probados (en adelante, HDP); y en el segundo, al amparo de la letra c) de la misma norma, se alega infracción del artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET).

También recurre la sentencia Flora, en este caso por un solo motivo -al amparo del 193.c) LRJS- y se alega vulneración del artículo 56 del ET, de la Directiva Europea 1999/1970 y del artículo 14 de la Constitución Española de 1978 (en adelante, CE).

Ambos recursos han sido impugnados por la representación contraria, respectivamente.

La demanda origen del presente procedimiento pretendía el reconocimiento de que la antigüedad es de 24 de julio de 2006 -por haber suscrito desde entonces numerosos contratos temporales- y la declaración de que la comunicación de cese por fin de contrato de 30 de noviembre de 2.018 es en realidad un despido, pretende asimismo la declaración de improcedencia del despido indicado, con declaración de que el derecho de opción por la readmisión corresponde a la trabajadora, y subsidiariamente que sea indemnizada por la extinción de su contrato de interinidad con 20 días por año trabajado, o subsidiariamente con 12 días.

La sentencia ahora recurrida reconoce una antigüedad -a efectos del cálculo de la indemnización- de 16-7-2013, entiende que nos hallamos ante una decisión de despido de una trabajadora con relación laboral indefinida, declara la improcedencia del despido y concede el derecho de opción a la empresa demandada.

SEGUNDO.- Los Hechos declarados probados: Propuesta de modificación.

En cuanto a la pretendida modificación de HDP que propone el recurso, debe en primer lugar razonarse que, con carácter general, el órgano que conoce del recurso extraordinario de suplicación no puede efectuar una nueva ponderación de la prueba, pues es a quien ha presidido el acto del juicio en la instancia a quien corresponde apreciar los elementos de convicción para establecer la verdad procesal intentando que la misma se acerque lo más posible a la verdad material. Ahora bien, tal principio debe ser matizado en el sentido de que el Tribunal 'ad quem' está autorizado para revisar las conclusiones fácticas cuando los documentos o pericias citados por la parte recurrente pongan de manifiesto de manera patente e incuestionable el error en el que ha incurrido la sentencia recurrida, o la irracionalidad o arbitrariedad de sus conclusiones: De otra forma carecería de sentido la previsión del artículo 193.b) de la ley procesal.

Además, debe señalarse que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacifica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión y claridad cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación de la sentencia, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

6º.- Que no se trate de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

El recurso propone que se adicione un nuevo HDP 3º bis a la sentencia en el que conste que:

'En el bloque documental nº 5 de la parte demandada se aportan los contratos celebrados con la actora a partir del 16 de julio de 2013. En el bloque documental nº 6 de la parte demandada se aportan las certificaciones acreditativas de la causa de temporalidad que dio lugar a la suscripción de cada uno de estos contratos.'

Formula dicha propuesta porque ' tiene trascendencia fundamental para el fallo de la sentencia, toda vez que acredita la realidad de las causas de temporalidad y, por ende, la inexistencia de fraude de ley (que centra la atención de la parte demandante, que invoca fraude de ley, no abuso de derecho)'.

Se opone el escrito de impugnación porque entiende que la propuesta no aporta información pues se limita a reproducir las causas que han sido consignadas en los contratos temporales, sin justificar dichas causas de temporalidad ni sobre la necesidad temporal de contratación.

En la Sala entendemos que no podemos aceptar la propuesta tal como está formulada, pues no aporta claridad a la sentencia: debió haber elaborado una relación del estilo de la que obra en el HDP 2º. Por otra parte, en la sentencia obra información suficiente para que esta Sala - o el Tribunal Supremo, en su caso- pueda tomar la decisión adecuada y ajustada a derecho, lo que hace innecesaria la modificación.

Propone también la adición de un nuevo HDP 4º bis con el siguiente contenido:

'A la finalización de los distintos contratos temporales, ha percibido indemnizaciones que han alcanzado un total de 798,96 euros (documento nº 10 de la demandada). Al terminar el contrato cuyo cese se impugna (de 2 de noviembre de 2018 a 30 de noviembre de 2018) percibió una indemnización de 39,43 euros (documento nº 10 del mismo ramo de prueba).'

Justifica dicha propuesta en su trascendencia ' para la resolución de las cuestiones objeto del pleito y, particularmente, para permitir a la Sala pronunciarse sobre la necesidad de descontar la indemnización percibida por el fin del último contrato para evitar el enriquecimiento injusto del demandante'. A ello se opone la impugnación alegando que no se detalla las sumas realizadas, lo cual haría imposible su aceptación, y también que la indemnización por fin de contrato tiene distinto sustento jurídico que la indemnización por despido improcedente.

En la Sala debemos salir al paso de la impugnación, en cuanto se refiere al carácter jurídico de uno y otro tipo de indemnización, y ello implica introducir elementos jurídicos en esta fase del recurso, lo que es totalmente improcedente. Por el contrario, es correcta su objeción de que el recurso no explica de dónde y cómo obtiene la cuantía de la suma de los anteriores ceses, razón por la que debe desestimarse la propuesta.

Ello implica que tan solo podemos aceptar la propuesta en lo relativo al último cese, por lo que se acepta la adición de un nuevo HDP 4º bis con la siguiente redacción: Al terminar el contrato cuyo cese se impugna (de 2 de noviembre de 2018 a 30 de noviembre de 2018) percibió una indemnización de 39,43 euros (documento nº 10 del mismo ramo de prueba)'.

Se estima parcialmente el primer motivo de recurso.

TERCERO.- Los motivos jurídicos de recurso.

El escrito de recurso de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA plantea varias cuestiones sucesivas, en palabras del propio escrito en los siguientes términos:

'a) la indebida aplicación de los artículos 15.1 c ) y 49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, 'ET');

b) la doctrina de la ruptura de la unidad esencial del vínculo expuesta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2018 ).

c) la doctrina jurisprudencial unificada relativa al enriquecimiento injusto, en lo referente al descuento de la indemnización por fin de contrato (por todas, véase las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2018 , de 11 de julio de 2018 y de 14 de febrero de 2019 ).

Concretamente, dicha normativa y jurisprudencia se considera infringida porque:

a) No se han tenido en cuenta las certificaciones acreditativas de la realidad de la causa de temporalidad aportadas como bloque documental no 6 del ramo de prueba de esta parte, que acreditan la inexistencia de fraude de ley en la suscripción de los contratos temporales.

b) No se han tenido en cuenta interrupciones posteriores a 16 de julio de 2013 (fecha de antigüedad fijada por la sentencia de instancia), que producen, a juicio de esta representación procesal, una ruptura de la unidad esencial del vínculo contractual.

c) No se ha descontado la indemnizacioŽn abonada al finalizar el contrato cuyo cese se impugna, produciendo asíŽ el enriquecimiento injusto de la demandante y quebrantando la doctrina jurisprudencial unificada sentada en Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2018 , de 11 de julio de 2018 y de 14 de febrero de 2019 .

El escrito de recurso de Flora plantea que la indemnización por el despido improcedente debe ser calculada en atención a todo el tiempo de prestación de servicios desde la primera contratación.

Analizaremos cada planteamiento por separado.

CUARTO.- Análisis del derecho aplicado por la sentencia. El carácter indefinido del vinculo contractual.

Respecto al carácter de la relación laboral que han venido manteniendo las partes hasta la fecha del despido, esta Sala se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que la actuación de correos debe ser calificada como abuso de derecho, lo que hace que la relación laboral de las personas que prestan sus servicios para dicha empresa deban ser calificadas como indefinidas (no fijas): en relación a dicha doctrina de esta Sala hasta la fecha no nos consta que haya recaído sentencia del Tribunal Supremo evaluándola plenamente, pues entendemos que la sentencia 286/2020, de 7 de mayo de 2020, RCUD 743/2018 incide en el tema del abuso de derecho de forma tangencial. Por otra parte somos conscientes de que la doctrina del abuso de derecho está plenamente aceptada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en esta materia, siendo muy significativa la reciente sentencia 1137/2020, de 29 de diciembre de 2020, RCUD 240/2018, en la que -con referencia a la desnaturalización de la causa de temporalidad para los contratos de obra- en su FJ 5º.4 razona que 'debemos reflexionar sobre el riesgo de que esta contratación temporal, automatizada en atención al mero mecanismo del tipo de actividad, pueda llevar a situaciones de puesta en peligro de la garantía buscada por la Directiva 99/70, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada; esto es: 'la mejora de la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación' y el establecimiento 'de un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada' (Cláusula 1)'.Por las razones expuestas pensamos que debemos seguir aplicando las tesis mantenidas en la sentencia de esta Sala 6420/2018, de 7 de diciembre de 2018, recurso 5010/2018, en cuyo RJ 2º mantenemos una posición clara respecto al carácter indefinido de este tipo de relaciones, en base al análisis del abuso de derecho. Se reproduce el contenido de dicha sentencia por cuanto ahora interesa.

Evolució de la doctrina judicial en relació a la pràctica de contractació temporal de Correus

1.Escau primer lloc fer una anàlisi de l'evolució de la doctrina judicial en relació a les pràctiques d'extensa temporalitat a Correus, com també en altres empreses o organismes del sector públic o en sectors com el sanitari. El punt de sortida és conegut: l'existència d'un alt nivell de vacants temporals, en una realitat conformada per un gran nombre de treballadors, degut a vacances, permisos i llicències, baixes, etc. Això comporta que concorri la necessitat de continua contractació de persones que efectuïn substitucions dels buits diaris per tal de cobrir en forma adequada la prestació d'un servei públic. D'aquí se'ns deriva un panorama que té una evident naturalesa estructural i no merament conjuntural -essent aquesta darrera la característica essencial conformadora de la temporalitat- des d'una perspectiva global i no merament subjectiva de les parts contractants. En aquesta tessitura han proliferat situacions de continues contractacions temporals en el dits sectors, sovint amb les mateixes persones (essent una pràctica habitual les denominades 'bosses de treball') amb continus encadenament de contractes al llarg de períodes temporals molt perllongats. Insòlitament el legislador no ha donat solució a aquesta problemàtica, doncs, per bé que hom podria pensar que una possible via de sortida seria el contracte indefinit a temps parcial, el model legal d'aquesta figura -en especial, la redacció rígida de l' art. 12.4 a) ET-, n'impedeix una efectivitat pràctica.

2.En el concret cas de Correus la doctrina cassacional vingué històricament efectuant una hermenèutica flexible en les descrites situacions, validant tant l'ús continuat de contractes d'interinitat (per totes: STS UD 04.07.1994, Rec. 2513/1993), com en especial d'eventual per circumstàncies de la producció (entre moltes d'altres: 17.06.1994, Rec. 14/1994), per raó de la condició funcionarial del seu personal. Una hermenèutica que es continuà mantenint -atesa la pervivència d'un règim de plantilla dual- amb posterioritat a la seva 'privatització' parcial experimentada per la Llei 24/1998, com es pot comprovar, entre moltes d'altres exemples possibles a la STS UD 20.11.1997, Rec. 2978/2006. Ha estat aquest un criteri plenament consolidat per part de la doctrina cassacional, com es pot comprovar en quasi bé dos centenars de pronunciaments que es trobaran en qualsevol base de dades. I també ha estat la interpretació que lògicament ha vingut seguint aquesta sala (per bé que en alguns moments no coincident), per obvis motius.

La doctrina del TJUE i la sentencia 2737/2017 de 2 de maig d'aquesta Sala

1.No obstant, la més recent doctrina del TJUE sobre la interpretació de la clàusula 5 de la Directiva 99/70/CEE (Acord Marc sobre treball de durada determinada) imposant límits a l'ús abusiu dels contractes a termini i declarant contrari a la referida norma comunitària la pràctica en el sector públic espanyol d'acudir a la temporalitat continuada per tal de cobrir necessitats estructurals i no merament conjunturals ha comportat un evident dubte en relació a si la referida pràctica s'adequa al mandat comunitari. Per bé que concorren antecedents, escau fer una menció especial a les SSTJUE de 14 de setembre de 2016 assumptes Pérez López y Martínez Andrés

2.Això comportà que, en el concret cas de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, la nostra sentència de Ple de 2 de maig de 2017 (Rec. 7411/2016 ), que es cita en el pronunciament recorregut, la sala vingués a considerar que els supòsits de constant encadenament de contractes temporals amb la mateixa persona per tal de cobrir les continues absències de personal incorria en un abús de dret, la qual cosa comportava el caràcter indefinit del vincle contractual. Afirmàvem en el dit pronunciament:

'La Directiva 1999/70/CE regula les mesures destinades a prevenir els abusos derivats de la utilització abusiva de contractes successius de durada determinada. Segons ha mantingut la jurisprudència del Tribunal de la Unió, aquesta norma té per objecte imposar límits a la utilització successiva de contractes o relacions laborals de durada determinada, es considera que aquesta practica pot ser una font potencial d'abusos en perjudici dels treballadors, per a això, la Directiva estableix en el seu articulat un cert nombre de disposicions protectores mínimes que té per objecte evitar la precarització de la situació d'aquests treballadors i prevenir els abusos que es produeixen en la utilització successiva de contractes de durada determinada.

Es tracta d'evitar l'abús i d'impedir que s'introdueixi deliberadament un important element de precarització en el treball i en aquest context cal estar al caràcter tuïtiu que constitucionalment es deriva del dret al treball ( article 35.2 CE), y que té molt a veure amb el dret a no veure extingit el contracte sense causa justa.

Per tot això, és contrari a l'esmentada directiva una interpretació de l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors, que permeti la utilització de contractes d'interinatge formalment emparats en la legitima substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball quan en realitat s'utilitza per a cobrir necessitats permanents de tipus estructural.

L' article 7.2 del Codi Civil estatal, estableix que la llei no empara l'abús de dret ni l'exercici antisocial del mateix, és a dir que no té empara jurídica el comportament que, a l'empara d'una norma excedeix els límits de la bona fe en l'ús del dret per a la finalitat en que ha estat concebut, en altres paraules, els drets no són potestats absolutes, sinó que s'han d'usar dins de límits raonables orientats a la seva finalitat'.

Doctrina posterior de la Sala sobre Correus i criteris més recents del TS

1.Aquesta doctrina ha estat també estesa a Correus en vàries de les nostres sentències més recents, com les de 12.02.2018 -Rec. 5923/2017-, 15.02.2018 -Rec. 6258/2017-, 22.02.2018 -Rec. 7366/2017-, 28.02.2018 -Rec. 7366/2017-, etc., per bé que en altres supòsits, ateses les circumstàncies concurrents, hem assolit una conclusió contrària (per exemple: la nostra sentència de 27.04.2018 -Rec. 2540/2018-) .

2.No obstant, la recent STS UD 31.05.2018 -Rec. 3528/2016- ha vingut mantenint en el concret cas de Correus la seva interpretació tradicional, considerant que la contractació eventual pot utilitzar-se per atendre a les necessitats derivades del dèficit de plantilla; al què s'hi afegeix que l' art. III del conveni de Correus és conforme amb allò recollit en l' art. 15.1.b del ET, contemplant un sistema de contractació controlat per diferents comissions que garanteix l'existència de la causa de temporalitat i l'accés a l'ocupació conformement als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

La diferenciació entre frau de llei i abús de dret i la seva aplicació en matèria de contractació temporal

1.Tanmateix, el dit pronunciament del TS no abordava la problemàtica de l'abús de dret, en relació al marc prevalent comunitari, sinó l'existència de frau de llei. I és per això que la dita doctrina cassacional no afecta en forma directa els previs pronunciaments d'aquesta sala, que abordaren la qüestió des d'aquella altra perspectiva. La diferència del nostre punt de vista respecte al referit criteri cassacional és significativa: en la nostra doctrina prèvia no afirmàvem que (en el supòsit que donà lloc al nostre citat pronunciament inicial o respecte a Correus en els posteriors esmentats) que existís una simulació contractual per l'empresa cercant una finalitat il·lícita ( art. 6.4 CC), sinó que s'havia ultrapassat amb l'encadenament de contractes efectuat els límits normals de l'exercici del dret que li permet l' art. 15.1 b) ET ( art. 7.2 CC). No es tracta, per tant d'aplicar l' art. 15.3 ET -que és allò analitzat per la doctrina del TS-, sinó de determinar si les dites pràctiques són contràries al mandat comunitari de limitació d'abusos en la contractació a termini en aquells casos en els que les lícites necessitats temporals de mà d'obra de tipus conjuntural acaben esdevenint de naturalesa estructural. I venim obligats a efectuar aquesta hermenèutica per la doctrina comunitària i el propi contingut de la clàusula 5 de l'Acord Marc que no fa esment al 'frau', sinó a 'l'abús' (en l'encadenament de contractes).

2Certament en l'àmbit legal i doctrinal del Dret del Treball és relativament comú donar un tractament unitari a ambdues institucions (com es pot comprovar en els articles 40.4, 47.1, 49.1 b), 51.6, i 82.3 ET o 124.2 b), 148 b), 235.4 i 246.4 LRJS). Ocorre que, de fet, l'abús de dret tingué un origen en la jurisprudència (d'origen francès) que, partint del frau de llei, creà una figura d'antijuridicitat autònoma (més ampla que la d'aquell) a partir de la celebèrrima sentencia de la sala civil del TS de 14 de febrer de 1944 (posteriorment seguida entre moltes d'altres per les SSTS 1ª 21.12.2000, 16.05.2001, 12.07.2001, 02.07.2002, 13.06.2003, 28.01.2005, 25.01.2006, 24.05.2007, etc.), tot establint una sèrie de línies conformadores dels seus llindars, com són: a) un ús d'un dret, objectiva o externament legal; b) un dany a un interès, no protegit per una específica prerrogativa jurídica, c) la concurrència d'aspectes propis d'un judici d'equitat, com la 'immoralitat o antisocialitat' del dany en relació a una perspectiva subjectiva (quan el dret s'actua amb la intenció de perjudicar, o senzillament sense un fi seriós i legítim), o objectiva (quan el dany procedeix d'excés o anormalitat en l'exercici del dret). Posteriorment aquesta jurisprudència fou integrada en el Codi Civil en la reforma operada per la Llei 31 de maig de 1974.

Per bé que el criteri cassacional civil inicial de base en aquesta matèria no ha experimentat grans canvis, sí s'ha vingut a delimitar-ne uns trets característics més aprofundits, senyalant-se que 'la doctrina del abuso de derecho se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes, daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho, exigiendo su apreciación una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)', tal i com s'indica a la STS 1ª 3.4.2014 -Rec. 701/2012-. D'aquesta forma, com també s'afirma en aquesta sentència, l'abús de dret s'ha vingut a constituir en una mena de límit de la regla jurídica 'qui iure suo utitur neminem laedit' (per tant, qui exerceix el seu dret no causa dany a ningú), la qual cosa comporta un trencament amb la doctrina jurídica liberal tradicional.

Per la seva banda el frau de llei ha estat conformat per la doctrina cassacional civil com ' sinónimo de daño o perjuicio conseguido mediante un medio o mecanismo utilizado a tal fin, valiendo tanto como subterfugio o ardid, con infracción de deberes jurídicos generales que se imponen a las personas, e implica, en el fondo, un acto 'contra legem', por eludir las reglas del derecho, pero sin un enfrentamiento frontal sino, al revés, buscando unas aparentes normas de cobertura o una cobertura indirecta, respetando la letra de la norma, pero infringiendo su espíritu, de forma que el 'fraus alterius o fraus homini' implica, con carácter general, un 'fraus legis', que requiere como elemento esencial, una serie de actos que, pese a su apariencia de legalidad, violen el contenido ético de los preceptos en que se amparan, ya se tenga o no conciencia de burlar la ley' ( STS 1ª 21.12.2000, Rec. 3293/1995).

D'aquesta forma el frau de llei es conforma com l'ús d'una norma per tal donar cobertura legal a un negoci jurídic que n'és contrari, mentre que l'abús de dret apareix en aquells casos en que concorre un ús en principi legítim d'una norma però amb un resultat contrari a la imprescindible bona fe (és per això que la seva regulació en el Codi Civil es situa en l'apartat 2 de l'art.7, en forma immediatament posterior a la proclamació del principi general del sotmetiment de l'exercici de qualsevol dret a la referida bona fe). I això determina que, tot i el conegut parentesc entre ambdues figures, el concepte d'abús de dret sigui més ample que el del frau de llei; tot frau de llei és un abús de dret, però no tot abús de dret és un frau de llei. Mentre que aquest darrer reclama sempre un judici objectiu (en quant al marc jurídic aplicable i la simulació), l'abús de dret es situa en el terreny merament subjectiu (per tant, determinar si el contracte és contrari a bona fe i incorre, per tant, en antijuridicitat (o, per emprar la terminologia civilista clàssica: 'immoralitat o antisocialitat'). És precisament aquest subjectivisme judicial, en relació als possibles límits a valorar, l'aspecte en que es sustenten bona part de les crítiques a la figura des d'algun sector processalista.

En l'àmbit social la diferenciació entre l'abús de dret i el frau de llei ha estat posada de manifest per la doctrina cassacional laboral, com és de veure, entre d'altres, a la STS 24.2.2015 -Rec. 165/2014-: ' el fraude de ley aparece definido en el art. 6.4 Código Civil como el acto realizado al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él; el abuso de derecho, en el art. 7.2 CC , como el acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero'.

3.És del tot evident que les continues referències legals al frau de llei i a l'abús de dret a la normativa laboral han de ser entesa -atesa la inexistència d'una regulació pròpia- en clau civilista. Però aquesta lògica esdevé més complexa en el terreny de la temporalitat, atès que l' article 15.3 ET es limita a establir una presumpció legal 'iuris tantum' d'indefinitat del contracte únicament en el cas de frau de llei, sense majors concrecions. I això ha comportat que la doctrina judicial hagi tingut que construir una tipologia de supòsits aplicables a múltiples escenaris, no sempre concordants amb el frau de llei, en sentit estricte. Resumint ho podriam assolir la conclusió que s'ha aplicat l' art. 15.3 ET en aquells casos en els que l'objecte pactat en el contracte no guarda relació amb la feina efectivament efectuada o quan no concorre causa de temporalitat real o quan la causa de temporalitat no s'adequa al mandat legal o se n'ultrapassa la durada pactada. No obstant, també s'hi ha integrat altres supòsits que, en principi, serien més propis dels elements formals del contracte, com la falta de referència a la modalitat legal o la inexistència expressada de causa. I és simptomàtic que trobarem alguna sentència del TS trobarem algunes reflexions que intenten diferenciar, en forma indirecta, el frau de llei de l'abús de dret, com la STS UD 21.03.2002 -Rec. 2456/2001-: ' el fraude de ley del que habla el último precepto no implica siempre y en toda circunstancia, una actitud empresarial estricta y rigurosamente censurable, desde una perspectiva moral, social o legal (dolus malus), sino la mera y simple constancia de que la situación laboral contemplada no implica eventualidad alguna, y sí una prestación de servicios que es clara manifestación del desarrollo normal y habitual de la actividad empresarial'.

No obstant això caldrà observar que 'in pectore' la llei sí contempla -en bona mesura per la translació de la clàusula 5 de l'Acord Marc- mesures específiques per prevenir l'abús de dret -i no, únicament, el frau de llei-. En primer lloc escau fer esment al contingut dels apartats a) i b) de l' art. 15.1 ET regulant la limitació temporal i la disponibilitat convencional de determinar les activitats susceptibles de temporalitat en els contractes per obra o servei i els eventuals per circumstàncies de la producció. I el mateix ocorre respecte la consolidació de l'estatus de treballador fix quan s'ultrapassin els límits de l'apartat 5 de l' art. 15 ET (amb les particularitats de les Administracions públiques de la DA 15ª de la mateixa llei). En tots aquests supòsits es produeix una novació contractual impròpia, en forma tal que desapareix el termini pactat, regint-se el vincle per la regla general d'indefinitat.

4.Seria possible en principi assolir la conclusió que, atès que el caràcter indefinit del contracte només es presumeix a l' art. 15.3 ET pel frau de llei, en el cas d'abús de dret no és possible estendre'n aquests efectes. A la qual cosa podria afegir- se que l' art. 7.2 CC no preveu -a diferència de l' art. 6.4 CC- la conseqüència de l'aplicació directa de la norma que s'ha pretès eludir. Per bé que el buit legal és evident, és clar que la constatació judicial d'existència d'abús de dret no pot restar ineficaç, atès que existeix un mandat comunitari exprés (la clàusula 5 de la Directiva 99/70/CEE) reclamant l'adopció de mesures pels estats per tal de prevenir els abusos com conseqüència de la utilització successiva de contractes o relacions laborals de durada determinada. Doncs bé, si s'acudeix a l' art. 7.2 CC es pot comprovar com se'n preveuen dues conseqüències pel cas de concurrència. En primer lloc, una indemnització, que en el terreny laboral hauria de comportar la primacia aplicativa de l' art. 56 ET per damunt de l' art. 1.101 CC-. I, en segon lloc, 'l'adopció de mesures judicials o administratives que impedeixin la persistència en l'abús'. Pel que fa a aquesta segona mesura escau observar (inexistent cap tipus sancionador a la LISOS) que la clàusula 5 de l'Acord Marc no conté un redactat tancat d'obligat compliment per als estats membres, deixant el seu desenvolupament a la normativa de cada país, la qual n'impedeix la seva aplicació judicial directa. Ara bé, atès que l' art. 15.3 ET preveu el caràcter indefinit del vincle contractual en el cas de frau de llei, escau aplicar idèntica conclusió a l'abús de dret, per simple analogia ( art. 4.1 CC), màxim si es té en compte que en definitiva el dit article 15.3 ET no és res més que l'assumpció per l'Estat espanyol de la lletra b) de l'apartat 2 de la clàusula 5 de l'Acord Marc.

Fins i tot no resultaria descartable que en aquests supòsits la conclusió d'una possible declaració de nul·litat de l'extinció per antijuridicitat. Per bé que és cert que en matèria d'acomiadaments disciplinaris la doctrina cassacional -superant antics criteris- ha vingut considerat que no és possible efectuar cap judici d'antijuridicitat amb la conseqüència de nul·litat (entre d'altres: SSTS UD 23.05.1996 -Rec. 2369/1996-, 30.12.1997 -Rec. 1649/1997-, etc.), sí ho ha fet en forma reiterada en matèria d'acomiadaments col·lectius, tot i que respecte el frau de llei (entre moltes d'altres: STS 14.02.2014 -Rec. 148/2013-, etc.). I per bé que hom podria entendre que aquest tractament diferenciat dels efectes de l'antijuridicitat té com origen una expressa regulació en l' art. 124.2.c) LRJS -únicament respecte les pretensions actores i sense que insòlitament després de la Llei 3/2012 es faci esment als efectes processals- caldrà recordar que la STS UD 12.03.2014 -Rec. 673/2013- estengué també a les extincions per causes objectives de l' art. 52 c) ET la declaració de nul·litat, sense que l' art. 123.2 LRJS contingui cap referència al respecte per antijuridicitat. En tot cas, és aquesta darrera una reflexió que només tindria incidència en la present litis en el cas que la sala considerés en les posteriors reflexions que el vincle era indefinit i que no existí discriminació per exercici del dret a la llibertat sindical.

5.De fet, la jurisprudència més recent sembla fer-se eco de les conseqüències de l'abús de dret en la contractació temporal, com ocorre en la recent doctrina cassacional en relació a l'adequació de legalitat dels contractes per obra o serveis anteriors al RDL 10/2010 per tal de prestar serveis en una contracta per tercers, quan el vincle es perllonga en el temps, com és de veure en les darreres Sentències de 19.07.2018 (Recs. 823/2017, 824/2017, 972/2017 i 1037/2017). En aquesta doctrina no s'està en puritat aplicant cap frau de llei -atès que no és apreciable cap simulació de contracte-, sinó un abús de dret, fent esment precisament a la clàusula 5 de l'Acord Marc. Aquesta aplicació del frau de llei es deriva del seu propi contingut: 'matizando y actualizando nuestra doctrina, hemos de advertir que la 'autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa' pedida por el legislador para legitimar el recurso a esta modalidad contractual deja de concurrir cuando la contrata se nova y es sucedida por otra diversa. Lo contrario acaba desembocando en un abuso de derecho ( art. 7.2 CC ), que deslegitima lo inicialmente válido'.

Una lògica similar es deriva de la STJUE de 5 de juny de 2018, assumpte Montero Mateos (a la qual es fa esment obiter dicta a la doctrina cassacional a la que s'acaba de fer esment), en la qual en un supòsit de contracte d'interinitat per substitució s'afirma que els jutges nacionals han de valorar 'si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, inusualmente larga, ha lugar a recalificarlo como contrato fijo'. Com també en el cas de contractes d'internitat per cobertura de vacant s'ha afirmat pel TJUE (sentència de 26.11.2014, assumptes C-22/13, C-61/13 a C-63/13 i C-418/13, acumulats) que l'Acord Marc s'oposa a una normativa nacional que permet la continua renovació de contractes a termini sense indicar terminis concrets per a la conclusió dels processos selectius (doctrina que potser no concorda del tot amb els criteris mantinguts al respecte pel TS).

Reiteració per la sala dels criteris mantinguts a la nostra sentència 2737/2017

1.Les anteriors reflexions ens ha de dur a reiterar els criteris que vàrem fixar en la citada sala general en aquells casos en que, com ocorre sovint al sector públic, s'acudeix a l'encadenament continuat de contractes temporals per tal de cobrir necessitats estructurals de cobertura de vacants per absències de la plantilla fixa. Certament res impedeix que en aquestes situacions es materialitzin contractes d'interinitat o eventuals amb la dita finalitat. Ara bé, quan la dita contractació es realitza en forma continuada amb la mateixa persona i és una pràctica comuna i generalitzada amb allò que ens trobem és un ús antijurídic de la norma, atès que davant l'exercici d'un dret amb aparença de legalitat es genera un dany a les persones assalariades afectades (que romanen en una notòria situació de precarietat al llarg d'un període temporal que pot abastar molts anys), la qual cosa des de la perspectiva de moralitat pública i social determina un excés en l'exercici de les competències contractuals empresarials. I això determina la plena aplicació de la figura contemplada en l' art. 7.2 CC.

2.En cas contrari, resultaria que el mandat comunitari de previsió de mesures per prevenir l'abús en la contractació restaria buit de contingut en les descrites situacions, deixant-les sense cap sanció legal, atès que, com hem indicat, el legislador espanyol no ha previst cap mecanisme específic al respecte, més enllà de les genèriques previsions de l' art. 15.3 ET respecte el frau de llei.

I en aquest punt escau transcriure allò que s'indica a la ja citada STJUE de 14 de setembre de 2016, en l'assumpte Pérez López. En ella es parteix de la constatació que en determinats sectors -especialment públics- amb una plantilla molt extensa esdevé inevitable que 'con frecuencia sean necesarias sustituciones temporales a causa, en particular, de la indisponibilidad de miembros del personal en situación de baja por enfermedad, de permiso de maternidad o de permiso parental u otras'. En aquesta tessitura es constata que, en principi, 'la sustitución temporal de trabajadores en esas circunstancias puede constituir una razón objetiva en el sentido de la cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco, que justifica tanto la duración determinada de los contratos concluidos con el personal sustituto como la renovación de esos contratos en función de nuevas necesidades, a reserva del cumplimiento de las exigencias fijadas para ello por el Acuerdo marco'. Ara bé, tot i això, no és admissible que 'nombramientos de duración determinada puedan renovarse para desempeñar de modo permanente y estable funciones de los servicios de salud incluidas en la actividad normal del personal estatutario fijo'. Per prosseguir: 'la renovación de contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que, de hecho, no tienen carácter provisional, sino permanente y estable, no está justificada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco, en la medida en la que tal utilización de contratos o relaciones laborales de duración determinada se opone directamente a la premisa en la que se basa dicho Acuerdo marco, a saber, que los contratos de trabajo de duración indefinida constituyen la forma más común de relación laboral, aunque los contratos de duración determinada sean característicos del empleo en algunos sectores o para determinadas ocupaciones y actividades'. I com a colofó es s'indica que la clàusula 5 de la Directiva 'requiere que se compruebe concretamente que la renovación de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada trata de atender a necesidades provisionales y que una disposición como la controvertida en el litigio principal no se utiliza, de hecho, para cubrir necesidades permanentes y duraderas del empleador en materia de personal'.

Doncs bé, en el present cas és obvi que difícilment es pot considerar que la pràctica de la recorrent pugui ser qualificada com un escenari provisional, sinó ben al contrari: té com notori objectiu cobrir necessitats permanents i duradores en matèria de personal.

Inexistència de singularitat aplicativa en el cas de la demandada en virtut del seu règim jurídic

1.Des d'aquesta perspectiva el fet que Correus estigui adscrita al sector públic -a diferència del frau de llei- cap incidència pot tenir en la qualificació de si existeix un abús de dret en la contractació temporal, atès que l'Acord Marc comunitari s'aplica també en aquest àmbit, conforme constant criteri del TJUE (sentències 04.07.2006, Adeneler i altres, 13.03.2014, Márquez Samohano, 03.07.2014, Fiamingo i altres, 26.11.2014, Mascolo i altres, etc.). És cert, no obstant, que el dit tribunal ha vingut afirmant que la clàusula 5 de la Directiva no és contrària a que es doni un tractament diferenciat en els efectes de l'abús en la contractació a termini en el sector privat o públic (entre d'altres: SSTJUE 07.09.2006, assumptes Marrosu i Vassallo, 25.10.2018, Scioto, etc.). Ara bé, també s'ha afirmat pel dit organisme que l'Acord Marc imposa que, tot i les diferències entre ambdós col·lectius, la legislació de cada Estat prevegi mesures alternatives que impedeixin l'ús abusiu de contractes temporals o, en el seu cas, imposin mesures sancionadores (SSTJUE 04.07.2006, Adeneler i altres, 23.04.2009, Angelidaki, etc.). Doncs bé, és evident que en el cas espanyol aquest tracte diferenciat troba perfecte raser en la coneguda figura de l'indefinit no fixe -només aplicable a les Administracions públiques i alguns organismes del sector públic-, de creació jurisprudencial i actualment consagrada a l' art. 8.2 c) EBEP-, a diferència del sector privat, on la conseqüència, tant en el cas de frau de llei, com d'abús de dret, és la condició de treballador fix.

2.És més, caldrà observar que en definitiva la 'privatització' de Correus és també un mandat comunitari, atès que la Llei 24/1998 (actual Llei 43/2010) obeí a la transposició de la Directiva 97/67/CE que vingué a liberalitzar el sector postal, per la qual cosa permetre que una de les empreses que competeixen en aquest mercat gaudeixi d'un règim excepcional en la temporalitat podria, en determinades circumstàncies, ser contrari a la llibertat de prestació de serveis dels arts. 56 a 62 TFUE, i en especial al principi d'igualtat de tracte entre licitadors en els contractes públics de l' art. 36.1, en relació a l' art. 13 de la Directiva 2014/25/UE (per bé que no transposada, de plena eficàcia vertical, atesa la superació del termini previst).

Es cierto que el recurso en algún punto señala que ni la demanda, ni en el acto del juicio, se planteó o analizó la posibilidad del abuso de derecho, habiéndose planteado únicamente la posibilidad del fraude de ley, y ello haría inviable la aplicación de la doctrina que acabamos de referir: pero en la Sala entendemos que, una vez las partes han planteado sus pretensiones (en el presente caso el carácter indefinido de la relación laboral), la jurisdicción debe aplicar la norma más adecuada, razón por la que dicha objeción no puede ser atendida. Es evidente que no se encontramos ante un paradigmático supuesto de abuso de derecho, tal como se recoge en los hechos declarados probados, que relatan una extraordinaria cantidad de contratos temporales; por otra parte, la causa de contratación del 2 de noviembre de 2018 (último contrato) aunque se justifica en circunstancias de la producción, lo cierto es que relata un absentismo del 0 % en el centro de trabajo para el que va a prestar servicios: ello nos lleva necesariamente entender que no nos encontramos ante un supuesto circunstancial, sino estructural, y ello implica la inexistencia de sustento para la temporalidad, con la consecuencia de convertir el contrato de trabajo en indefinido, que al tratarse del sector público debe ser también calificado como no fijo. Por otra parte, con respecto a la Sentencia del Tribunal Supremo nuŽm. 582/2018, de 31 de mayo, Recurso 3528/2016, ya hemos expuesto arriba que no es contradictoria con nuestro planteamiento en cuanto no analiza el abuso de derecho. Todo lo expuesto implica que en el caso presente es plenamente aplicable la doctrina arriba expuesta y procede desestimar el recurso de la empresa en este punto.

QUINTO.- La doctrina de la ruptura de la unidad esencial del vínculo.

El siguiente objeto de discusión es el periodo que debe computarse para calcular la indemnización que corresponda por el despido improcedente: la sentencia entiende que debe computarse un periodo de prestación de servicios desde el 16 de julio de 2013, debido a que anteriormente a dicha contratación había existido una interrupción en la continuidad de la relación laboral de seis y meses y medio, en razón a que el anterior contrato había finalizado el día 30 de noviembre de 2012.

Por su parte, plantea el recurso empresarial que la doctrina de la unidad esencial del vinculo quiebra cuando existen interrupciones que puedan reputarse significativas, y por ello entiende que deben ser tenidas en cuenta interrupciones significativas ocurridas con posterioridad a esa fecha y, en concreto, la de 3 meses y medio (interrupción existente entre el contrato que finaliza el 31-3- 14 y el que comienza el 16-7-14) o la de 4 meses (desde el contrato que finaliza el 30-9-14 y el que comienza el 2-2- 15).

El escrito del recurso de Flora plantea que debe computarse la totalidad del periodo trabajado desde el primer contrato, es decir, desde el 24 de julio de 2006 con cita expresa de la Directiva Europea 1999/70 y la jurisprudencia que la ha desarrollado.

Obviamente los respectivos escritos de impugnación mantienen en este punto la tesis de cada uno de los correlativos recursos.

En la Sala pensamos que debemos mantener la doctrina ya reiterada que viene a situar como interrupción significativa del vínculo contractual las discontinuidades de en torno a los seis meses, según venimos expresando en nuestras decisiones, bastando -por todas- la cita de las sentencias de 25 de septiembre de 2019, recurso 2517/2019 y la de 24 de octubre de 2018, recurso 4017/2018. No podemos aceptar la propuesta empresarial en la medida en que las interrupciones a las que hace referencia son sensiblemente inferiores a la que marca nuestra doctrina; como tampoco podemos aceptar la propuesta de la trabajadora, pues aun cuando señala que el cese en la prestación de servicios es causa imputable únicamente a la demandada que no realizó contratación inmediata (ello teniendo en cuenta que la demandante siempre únicamente ha prestado servicios para Correos), también es cierto que la demandante pudo -cuando se produjeron los ceses previos a las soluciones de continuidad de seis meses- haber interpuesto la oportuna demanda por despido, que habría tenido similares consecuencias a la presente; lo cierto es que soluciones de continuidad de seis meses vienen siendo aceptadas como una ruptura significativa de la unidad esencial del vínculo contractual en los supuestos de contratos temporales sucesivos, y ello implica que la sentencia recurrida es correcta en esta decisión pues se remite a la interrupción única superior a los seis meses.

SEXTO.-La tesis del enriquecimiento injusto de la trabajadora.

Recurso empresarial plantea por último que 'para el supuesto de que no se entendieran justificados los contratos celebrados por Correos con la demandante, deben descontarse necesariamente la indemnización percibida a la finalización del contrato cuyo cese se impugna, de 39,43 euros (documento nº 10 del ramo de prueba de la parte demandada), a fin de evitar el enriquecimiento injusto de la demandante' con cita de las Sentencias el Tribunal Supremo de 29 de junio de 2018, 11 de julio de 2018 y 14 de febrero de 2019.

Se opone el escrito de impugnación por cuanto entiende que es una cuantía insignificante y también por el carácter fraudulento con el que ha actuado la demandada en la contratación temporal. Pero no podemos aceptar ninguna de ambas de ambas objeciones, en la medida en que ha quedado suficientemente acreditado la cuantía recibida por indemnización de fin de contrato temporal en el último cese y asimismo por cuanto la estimación de la demanda, a nuestro modo de ver y según nuestra doctrina, no se sustenta en el fraude de ley, sino en el abuso de derecho.

Y despejadas las objeciones opuestas por la impugnación, debemos estimar este motivo de recurso pues así lo viene estableciendo la más reciente doctrina del Tribunal Supremo, bastando la cita de la sentencia que cita el propio recurso de 14 de febrero de 2019, recurso 1802/2017, que razona:

la cuestión planteada ha sido resuelta ya por esta Sala en sentencia de 20 de junio de 2018 (R. 2889/2016 ), dictada por el Pleno sentando doctrina que ha reiterado nuestra sentencia de 11 de julio de 2018 (R. 2131/2016 ), dictadas ambas en supuestos similares al que nos ocupa. En ellas, cuyos argumentos damos por reproducidos 'in extenso', se ha matizado y precisado nuestra anterior doctrina en el sentido de considerar compensable la indemnización abonada con ocasión de la extinción del último contrato por una decisión empresarial que, a la par, reconoce y abona una indemnización, acuerdo que, al ser impugnado da lugar a la declaración de la improcedencia del mismo, lo que comporta el reconocimiento de una indemnización superior de la que debe descontarse lo ya cobrado, porque del mismo acto no puede nacer el derecho a dos indemnizaciones reparadoras del mismo daño, ya que se produciría un enriquecimiento injusto. Como se dice en nuestra sentencia del Pleno de 20 de junio de 2018 : 'F) Del Auto de 3 mayo 2017 (2632/2016) podemos extraer análoga solución cuando descarta la contradicción entre una sentencia que resuelve caso similar al presente y otra donde se discute la toma en cuenta de 'una cantidad abonada por la extinción de un único contrato temporal celebrado entre las partes y vigente al momento del despido', donde sí es posible aplicar la compensación para evitar el enriquecimiento injusto derivado de conceder al trabajador la indemnización correspondiente por dos causas distintas [despido improcedente/extinción regular del contrato temporal]'.

Ello implica la estimación de este motivo y consecuentemente la estimación parcial del recurso, razón por la que la indemnización por el despido improcedente ascenderá a 9.032,13euros (9071,56 - 39,43).

La estimación parcial del recurso empresarial implica que no debemos realizar pronunciamiento alguno sobre las costas del proceso.

Fallo

Primero:Debemos estimar parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 24 de los de Barcelona, de fecha 27 de enero de 2020, recaída en autos 62/2019, en proceso seguido por despido por demanda de Flora contra SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA, y en su consecuencia declaramos que la indemnización por el despido improcedente asciende a 9.032,13 euros, desestimando el resto de sus pretensiones.

Segundo:Desestimamos el recurso interpuesto por Flora contra la misma sentencia.

Tercero:De acuerdo con lo previsto en el artículo 203 LRSS, devuévase a la recurrente el depósito dado para recurrir así como la suma de 39,43 euros que es la diferencia entre la cantidad consignada y la que resulta ser del objeto de condena en esta resolución; y dése el destino legal al resto de la consignación, firme que sea esta sentencia.

Cuarto: No hacemos declaración alguna sobre las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida ejecución.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días siguientes a la notificación mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, depositará al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con las exclusiones indicadas en el párrafo anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá acreditar que lo ha efectuado al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento.

Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:

La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del 'ordenante' se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el NIF o CIF de la misma. Como 'beneficiario' deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente, en el campo 'observaciones o concepto de la transferencia' se introducirán los 16 dígitos indicados en los párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.