Sentencia Social Nº 603/2014, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 602/2014 de 01 de Octubre de 2014

debo disponer y dispongo, en relación con las Resoluciones de la entidad gestora demandada de 31 de enero y 5 de marzo de 2013, y, en cuanto ello implique una revocación de las mismas que las prestaciones inherentes a la situación de Incapacidad Temporal del actor, deben extenderse en sus efectos hasta el día 27 de dicho mes, con todas las consecuencias legales inherentes a tal declaración'. DECIMOSÉPTIMO.-Mediante escrito de 7 de mayo de 2013 (folios I-206-210, I-220 vto. - 225 y 227 vto. - 232) el actor formuló reclamación previa al ejercicio de acciones ante esta Jurisdicción, contra su no calificación como incapacitado permanente, a la cual el Dr. D. Evaristo emitió contrainforme de 13 de mayo de 2013 (folio II- 219 vto.) y 'FRATERNIDAD MUPRESPA'formuló alegaciones con escrito de 21 de mayo (folio II-233). La reclamación previa fue desestimada por Resolución de 5 de junio de 2013 (folios II-13, II-234 y II-317). DECIMOCTAVO.-Constan en las actuaciones los Informes que seguidamente se indican. 16.-La HOJA DE CONSULTA, de PSIQUIATRÍA, del Dr. D. Rogelio , de 2 de mayo de 2013 (folio II-272), diagnostica 'Paciente con ansiedad que pone en relación con problemas físicos e incapacidades, secuelas de un accidente laboral, y por una situación de conflicto, litigio en relación con la incapacidad. 'Insomnio en relación a su estado de ansiedad y por molestias físicas'. 17.-El INFORME DE IMAGEN DIAGNÓSTICA de la Dra. Dª Rita , de 24 de mayo de 2013 (folio II-270), describe como hallazgos 'Rectificación de la lordosis cervical fisiológica por probable contractura antiálgica. Alineación adecuada de elementos vertebrales en ambos planos ortogonales. Fusión prácticamente completa de cuerpos vertebrales C5-C6 con ausencia casi total del disco, persistiendo pequeño resto en vertiente lateral izquierda. Posiblemente se deba a antecedente quirúrgico: discectomía y placa intersomática de fijación anterior... 'Artefacto de susceptibilidad magnética ocasionado por material metálico en relación con implante discal C6-C7, que devalúa la imagen. Sin embargo, no parecen objetivarse signos evidentes de estenosis del canal central o neuroforámenes, afectación medular o radicular. 'Resto de discos cervicales de normal espesor y señal, sin protrusiones o hernias identificables. 'No se aprecian signos degenerativos u otras patologías en articulaciones uncovertebrales o interapofisarias posteriores. 'Amígdalas cerebelosas en situación intracraneal normal'. 18.-La HOJA DE CONSULTA del Dr. D. Juan Pablo , de 17 de junio de 2013 (folio II-271), diagnostica 'Cervicobraquialgia severa, con espasmos musculares y limitación grave de la movilidad'. 19.-El INFORME CLÍNICO-PSICOLÓGICO de la Dra. Dª Ascension , de 20 de septiembre de 2013 (folio II-273), recoge 'La exploración psicopatológica pone de manifiesto una difícil relación con su enfermedad, con las secuelas del accidente laboral que sufrió. Afirma que las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos a los que se ha sometido, no le han devuelto la salud. Refiere que su movilidad está muy reducida, que le cansa la rigidez forzada de su cuello, que no deja de sentir dolor. 'Este accidente cambió radicalmente su vida. Al principio le sostenía la esperanza de recuperarse. Ahora se encuentra muy irascible, con ánimo triste, angustiado. Refiere también insomnio predormicial, pesadillas durante el sueño y sueño poco reparador'.Y diagnostica 'Trastorno adaptativo mixto con ansiedad y ánimo depresivo. F43.22. 'Está en tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico. La evolución es tórpida'.20.-El Informe del Dr. D. Jesús Ángel , de FRATERNIDAD MUPRESPA, de 17 de enero de 2014 (folios II-302-305), recoge un relato detallado del tratamiento que ha seguido el demandante. 21.-El Informe Pericial de la Dra. Dª Juliana , de 19 de enero de 2014 (folios II-277-293), contiene un minucioso relato de las sucesivas intervenciones facultativas, que incorpora en forma de conclusiones, y concluye señalando que 'D. Severiano se encuentra imposibilitado por las secuelas derivadas de su accidente de trabajo, desde el punto de vista médico, porque se produce una disminución de la función del cuello y miembros superiores de modo importante en íntima relación con el tipo de trabajo que realizaba y supone un factor de riesgo de, como mínimo, agravación de las secuelas y riesgo importante para terceros. 'Desde un punto de vista laboral/legal consideramos que como consecuencia de las secuelas se vería afectada de modo importante la productividad o rendimiento y/o la seguridad propia o ajena. 'Todo ello, creemos, puede resumirse en el criterio de Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención al considerar que el trabajador es NO APTO para el desempeño de su puesto de trabajo, estableciendo la existencia de una incompatibilidad entre las secuelas derivadas del accidente de trabajo y el desarrollo de las tareas fundamentales de su profesión habitual'. DECIMONOVENO.-El día 15 de julio de 2013, como se ha indicado, se había presentado en este Juzgado la demanda rectora de las presentes actuaciones. VIGÉSIMO.-Procede señalar que al folio II-238 se certifican la base reguladora, pensión mensual y cantidad alzada que serían aplicables, caso de estimarse la demanda en su pedimento principal o subsidiario.

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) yTESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS), siendo impugnado por D. Severiano . Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales vigentes.

Fundamentos

PRIMERO.-Frente a la Sentencia de Instancia, se alza la representación del Organismo Gestor, a través de una serie de motivos de Suplicación.

En primer lugar, hemos de resolver la cuestión planteada, con fecha de 4 de julio de 2014, por la representación letrada del trabajador, en relación con la necesidad de inadmisión del recurso.

Consta en autos, y así acompaña al citado escrito, documento de la Seguridad Social que indica que 'ha comenzado al pago de la prestación de la seguridad Social, desde la fecha de notificación de la sentencia, y que continuará abonando la prestación durante la tramitación del recurso, y en el supuesto que se confirmara la resolución, los atrasos serían abonados'.

Considera que dado que se abona la prestación, pero no los retrasos, el recurso de Suplicación debería ser inadmitido.

Tal como se deriva del contenido de la STSJ de País Vasco, de 30 de abril de 2013 , esta alegación no puede merecer favorable acogida. Dado que el artículo 230.2 de la LRJS , señala que 'si en la sentencia se condenara a la entidad gestora, ésta quedará exenta del ingreso prevenido en los apartados a y b del citado artículo, pero deberá presentar, ante la oficina judicial, al anunciar o preparar el recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación, durante la tramitación del recurso, hasta el límite de su responsabilidad. De no cumplirse definitivamente con este abono se pondrá fin al trámite del recurso'.

Esto es, lo que se exige es el abono de la prestación, y que ésta deberá seguir siendo abonada durante la tramitación del recurso. No que se ha procedido al pago de la prestación y los atrasos, pues, como queda dicho, la Seguridad Social no resulta alcanzada por las previsiones de los apartados a y b del artículo 230.1 de la LRJS . Y siendo lo cierto que se ha justificado el inicio del abono de la prestación, desde la notificación de la sentencia, y que seguirá siendo abonada durante la tramitación de la causa, es lo cierto que se han cumplido los requisitos exigibles en el artículo 230 para poder tener acceso al contenido del recurso.

La letra de la norma es clara en la determinación del alcance de la obligación de la parte recurrente, que deberá hacer frente al abono de la prestación -cosa que ha efectuado- desde el mismo momento de la notificación de la sentencia. Y no otra cosa.

SEGUNDO.-Entrando ya a conocer el contenido del recurso, el Organismo Gestor, interpone el mismo al amparo del artículo 193 b de la LRJS , considerando que procede revisar los hechos probados de la sentencia.

Considera que se debe añadir al ordinal primero un nuevo párrafo, el cuarto, de manera que diga que 'el actor ha permanecido de alta en la empresa Transformaciones Agrarias SA, en los últimos periodos desde el día 14 de enero de 2013, a 13 de diciembre de 2013, vacaciones retribuidas y no disfrutadas desde el día 14 de diciembre de 2013, al día 9 de enero de 2014, y desde el día 14 de enero de 2014'.

El informe de vida laboral ya resulta aludido por el Juez a quo en el citado ordinal primero, dándolo por reproducido, por lo que sería de todo punto intrascendente una nueva adición en los términos pretendidos.

En cuanto a la adición segunda que se propone y referida a que en el ordinal decimoquinto la fecha de 1 de abril debe ser sustituida por la de 27 de marzo, donde en esa fecha, se le denegó al actor la condición de incapacitado permanente. Dicha adición, sí debe ser estimada.

Efectivamente y tal como consta en autos, la fecha de resolución no sería el 1 de abril, sino el día 27 de marzo de 2013, siendo un mero error en la redacción del relato fáctico.

No siendo cierta la alegación de la parte actora, en escrito de impugnación del recurso, de que no debe admitirse hechos o documentos nuevos, pues lo cierto es que el documento en el que se basa la parte recurrente, simplemente aparece ya incorporado en las actuaciones, y aparece reseñado por el Juez a quo en hechos probados. De tal manera que lo único que se hace es rectificar el error material cometido por el Juez a quo, completando, sin contradecir, el contenido del hecho probado mencionado.

Como segundo motivo de Suplicación, considera que se ha vulnerado el contenido del artículo 173 apartado 4 de la LGSS . Formulando este segundo motivo de Suplicación, al amparo procesal del artículo 193 c de la LRJS .

Entiende que las dolencias que presenta el actor, no le impiden el desarrollo de su labor de peón forestal dedicado a la extinción de incendios.

El actor ha prestado servicios en Tragsa, como especialista Brif. Habiéndosele desplomado sobre su espalda el tronco de un árbol. En febrero de 2012, presentaba el actor las siguientes dolencias, y limitaciones, deficiencia a nivel de raquis cervical, pendiente de agotar posibilidades terapéuticas situación médica no definitiva. Denegándose al actor la IP, y entendiendo que su periodo de IT, era debida a accidente de trabajo.

Posteriormente, en fecha de 29 de enero de 2013, el EVI, emitió informe en que se hacía constar que 'el actor presentaba deficiencias a nivel cervical con disminución de movilidad y leve déficit de fuerza de extremidades superiores, limitación para actividades con requerimientos físicos y/o posturales muy elevados de la región afecta o que precisen movilidad íntegra cervical'. Emitiendo alta médica el EVI. Con fecha de 31 de enero de 2013.

El actor presentó su disconformidad.

El día 19 de febrero, se solicitó de nuevo baja médica, por entender que el nuevo proceso clínico nada tenía que ver con el anterior.

El día 27 de febrero de 2013, ante una nueva petición de incapacidad permanente, el EVI, emitió informe, fijando como limitaciones orgánicas y funcionales, la de rigidez cervical referida, con la consiguiente percepción de limitación por parte del trabajador, y ansiedad y depresión sin tratamiento específico.

Denegándose al actor, de nuevo, la incapacidad permanente promovida.

Con relación al alta médica de 31 de enero de 2013, existió sentencia, en la que se acordó que 'las prestaciones de IT; deben extenderse hasta el día 27 de dicho mes de marzo, con todas las consecuencias inherentes a ello'. Siendo la sentencia dictada de fecha de 13 de mayo de 2013 .

Habiéndose interpuesto demanda contra la denegación de la incapacidad permanente del actor.

En definitiva, nos encontramos con un trabajador afecto a IT, hasta el día 27 de marzo de 2013. Y posteriormente, reclamó la incapacidad permanente, pero resultó rechazada su solicitud. Y esta es la cuestión que se debate en estas actuaciones.

Habiendo sido dictada sentencia, en fecha de 13 de mayo de 2013 , donde se reconoce la extensión de los efectos de IT, hasta 27 de marzo de 2013.

Tal como reiteradamente ha sido establecido, a la hora de evaluar la incapacidad en cualquiera de sus grados, es preciso tener en cuenta las siguientes particularidades para el examen de la denuncia alegada por la entidad recurrente. A saber:

a). No es posible, para la tipificación de una incapacidad laboral, reconducir a unidad los supuestos de hecho en su proyección jurídica, por tratarse de una tarea compleja, en la que han de tenerse en cuenta factores laborales, médicos y jurídicos, y considerar variados informes periciales, con frecuencia demasiado lacónicos, en la descripción de los padecimientos que aquejan al trabajador, y faltos de presión sobre los cuales son los concretos efectos negativos que cada uno de esos males determina precisamente en esa persona, individualizada, única e irrepetible. Por eso, salvo absoluta coincidencia de todas y cada una de las lesiones, en su identidad y grado -circunstancia prácticamente imposible que acaezca-, la invocación de precedentes jurisprudenciales resulta inefectiva, pues no alcanza el grado de doctrina vinculante, en cuanto que cada concreto supuesto reclama también una concreta decisión, y que sólo así se queda otorgada la plena tutela efectiva.

b).Deben valorarse más que la índole y la naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas, en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar a quien los sufre sin posibilidad de iniciar y consumar las faenas que corresponden a un oficio-en el caso de una IPA-, o las más fundamentales de su profesión -en el caso de una IPT-.

c). No sólo debe ser reconocido ese grado de incapacidad al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquél que, aún con las aptitudes para alguna actividad no tenga facultades reales para consumar, con cierta eficacia, las tareas que componen cualesquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral (en el caso de una IPA), o las fundamentales de su profesión u oficio (IPT).

d).La realización de una actividad laboral, por liviana que sea, sólo puede consumarse mediante la asistencia diaria al lugar de trabajo, permanencia en el mismo durante la jornada laboral, debe poder realizarse con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, actuando de acuerdo con las exigencias de todo orden, que comporta la integración en una empresa, en régimen de dependencia de un empresario, dentro de un orden preestablecido y en interpelación con los quehaceres de otros compañeros, por cuanto no es posible pensar que en el amplio campo de las actividades laborales exista ninguna, en que no sean exigibles esos mínimos de dedicación, diligencia y atención. Salvo que se den un afán de superación y espíritu de sacrificio por parte del trabajador, y un grado intenso de tolerancia por parte del empresario, pues de no coincidir ambos, no cabe mantener unas relaciones laborales normales aquéllas en las que se ofrezcan tales carencias.

Con la particularidad que estos razonamientos, cuando se trata de IPP, como subsidiariamente es reclamado por el actor, determinaría que el actor estaría inhabilitado para el desempeño de su profesión u oficio, con eficacia, en más de un 33 % de las tareas propias de la misma.

Del contenido de los hechos probados se deduce que el periodo de baja como consecuencia de la caída del árbol duró hasta fecha de 27 de marzo de 2013, según sentencia judicial. Y según se deduce del contenido del ordinal décimo, tuvo lugar una expedición de nueva baja médica por recaída. Este periodo de baja no es objeto de análisis en este proceso. Puesto que dicho periodo de baja, ordinal décimo, por recaída, fue desestimado por resolución de 1 de marzo, donde rechaza la expedición de una nueva baja por recaída. Entendiendo que el cuadro clínico que presentaba era distinto e independiente del diagnosticado en proceso anterior, según literalmente figura en el ordinal décimo.

En cualquier caso, lógicamente para que tenga lugar cualquier incapacidad permanente es preciso relacionar las actividades propias de su profesión u oficio, con las dolencias que padece el actor, y sus limitaciones orgánicas y funcionales.

No aparecen reseñadas claramente las funciones que desarrolla el actor, pero como peón especialista Brif, de brigada de refuerzo de incendios forestales, debemos entender que las exigencias físicas, en el desempeño de su labor, han de ser elevadas. Realizando su labor durante todo el año, salvo los periodos de parón, coincidentes con el invierno.

Tal como se determina en informe del EVI, ordinal decimotercero, el actor presenta una rigidez cervical referida, con la consiguiente percepción de limitación por parte del trabajador, y ansiedad y depresión, sin tratamiento específico. Constatando no ya una enfermedad, sino exclusivamente síntomas. Y presentando tan solo hernia intervenida, con prótesis de disco, y radiculopatía crónica muy leve. Y siendo dicho informe de 27 de febrero de 2013.

Posteriormente, en fecha de 25 de marzo de 2013, emitió de nuevo informe el EVI, donde se constataban las mismas patologías que ya constan en informe inicial de ese expediente, indicando que nos encontramos ante rigidez cervical que se considera no condiciona el desempeño de su actividad laboral.

En consecuencia, siendo las dolencias 'antecedentes de fractura vertebral', hernia disco-osteofitaria, intervenida, y radiculopatía de carácter leve-leve, o muy leve, y síntomas de ansiedad y depresivos, sin tratamiento específico, es más que obvio, que la fecha de dictamen del EVI, y de la interposición de la demanda, el actor no presentaba dolencias que le impidieran el desempeño de todas o las más fundamentales tareas de su profesión u oficio, o supusieran una limitación, en al menos un 33%, en cuanto a sus posibilidades de desempeño de dicha actividad u oficio.

De tal manera que no puede serle reconocida, en este procedimiento, los grados de incapacidad permanente total o parcial que reclamaba.

Esta última se caracteriza, porque el trabajador presenta limitaciones productoras de repercusiones orgánicas o funcionales presumiblemente definitivas, las cuales ocasionan una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal, para su profesión habitual, sin impedirle las tareas fundamentales de la misma. Aún sin merma de rendimiento, se viene a señalar que para el reconocimiento de esta incapacidad, tendría lugar cuando el trabajador deba emplear un esfuerzo físico superior, de forma que su trabajo le resulte sensiblemente más penoso o peligroso. La incidencia negativa de las dolencias del trabajador, no son de tal entidad que alcance la medida exigida por la ley para la IPP, esto es, no determina una disminución notoria en el rendimiento del trabajador, para aquella profesión o el sensible y notable aumento de la penosidad y peligrosidad en su trabajo. Y, evidentemente, no una disminución superior al 33%.

Por lo que el actor no es tributario del reconocimiento en su favor de una IPP, menos aún, lógicamente, de una IPT.

Por lo que procede estimar el recurso de Suplicación interpuesto por la parte demandada, y dar lugar a la revocación íntegra de la sentencia de Instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Fallo

Que debemos estimar y estimamos el recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada de la Seguridad Social, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Soria, de fecha de 20 de mayo de 2014 , en autos de invalidez, 353/2013, seguidos en dicho órgano judicial, en virtud de demanda promovida por D. Severiano , contra INSS, TGSS, FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL número 275, y EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA (TRAGSA), y, en su consecuencia, y con revocación de la sentencia recurrida, y con desestimación íntegra de la demanda, debemos de absolver y absolvemos a las entidades demandadas de cuantas pretensiones fueron ejercitadas contra las mismas, en este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida en el artículo 97 de la L.R.J.S . y 248.4 de la L.O.P.J . y sus concordantes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante el Tribunal Supremo, significándoles que dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación, mediante escrito ajustado a los requisitos legales contenidos en los artículos 220 y 221 de la L.R.J.S ., con firma de Abogado o de Graduado Social Colegiado designado en legal forma conforme al art. 231 de la citada Ley .

Se deberá ingresar como depósito la cantidad de 600 € conforme a lo establecido en el artículo 229.1.b de la L.R.J.S ., asimismo será necesaria la consignación por el importe de la condena conforme a los supuestos previstos en el art. 230 de la mencionada Ley , salvo que el recurrente estuviera exento por Ley o gozare del beneficio de justicia gratuita.

Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la designación de Depósitos y Consignaciones, abierta en la entidad Banesto, sita en la c/ Almirante Bonifaz nº 15 de Burgos, -en cualquiera de sus sucursales, con el nº 1062/0000/65/000602/2014.

Se encuentran exceptuados de hacer los anteriormente mencionados ingresos, los Organismos y Entidades enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.