Sentencia Social Nº 6033/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3232/2009 de 22 de Septiembre de 2010

Encabezamiento

Procedimiento: Recurso de suplicación

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RU

IL·LM. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 22 de setembre de 2010

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 6033/2010

En el recurs de suplicació interposat per Teresa a la sentència del Jutjat Social 13 Barcelona de data 18 de novembre de 2008 dictada en el procediment núm. 772/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part Fondo de Garantía Salarial, Crosselling, S.A. i Caixa D'Estalvis i Pension de Barcelona, ha

actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.

Antecedentes

Primer. En data 31 d'octure de 2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamacio drets contracte treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 18 de novembre de 2008, que contenia la decisió següent:

'Que estimando las excepciones planteadas por las codemandadas de Incompetencia de esta Jurisdicción Social en el examen de la cotizción al Régimen General de la Seguridad Social y la caducidad de la acción de la reclamación de declaración de la naturaleza laboral del periodo reclamado y desestimando la demanda formulada por DOÑA Teresa frente a CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, CROSSELLING, S.A. Y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL en reclamación de RECONOCIMIENTO DE DERECHO, en reclamación de RECONOCIMIENTO DE DERECHO, sin entrar en el Fondo del Asunto debo absolver a las empresas codemandadas de las pretensiones deducidas en su contra'.

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

PRIMERO.- La actora DOÑA Teresa ha venido prestando sus servicios por cuenta y orden de Crosselling, SA con la categoría profesional de gestora comercial.

La actora suscribió con Crosselling, SA contrato de trabajo por tiempo indefinido a tiempo completo en fecha 01-03-2001 y quedo extinguido por despido improcedente en fecha 22 de enero de 2003, en Conciliación las partes rescinden su relación laboral mediante conciliación con Avenencia; hecho de conformidad por las partes aportándose el contrato por ambas partes.

Con anterioridad a 01-03-2001, en fecha 27 de febrero de 1995 Crosselling, SA y la actora formalizaron en base a la Ley 12/1992 de 27 de mayo contrato de agencia de seguros con efectos de ese mismo día y cuyo objeto era 'la realización por parte del Agente de la actividad de mediación y promoción para la venta y comercialización de los productos y servicios que se reseñan en los correspondientes anexos o listas de precios vigentes en cada momento', documento 1 del ramo de prueba de Crosselling, SA.

En fecha 30 de septiembre de 1996 Crosselling, SA y la actora, formalizaron en base a la Ley 12/1992 de 27 de mayo , y Ley 33/1984 de 2 de agosto contrato de subagencia de seguros, el primero especificando que Crosselling, SA tenía suscrito contrato de Agencia de seguros con Vidacaixa, SA de Seguros y Reaseguros y el segundo especificando que Crosselling, SA tenía suscrito contrato de Agencia de seguros con Segurcaixa, SA de Seguros y Reaseguros. En uno y otro contrato se hacían constar en anexo 1 de los productos a promover y comisiones a percibir por ellos. Se dan por reproducidos aquí el contenido de dichos anexos al constar incorporados a autos como documentos 1 de la actora y 2 y 3 de la demandada Crosselling, SA.

Que al documento 12 de la empresa demandada Crosselling, S.A., esta empresa y la actora en fecha 1 de marzo de 2001 manifiestan que con anterioridad a la formalización del contrato de trabajo indefinido mantuvo una relación de naturaleza mercantil, con total autonomía e independencia, sin estar supeditada a horarios e instrucciones específicas de la empresa, la actora acepta en este escrito iniciar una nueva relación bajo el ámbito de organización y dirección de la empresa, dando por extinguida la relación mercantil.

SEGUNDO.- La actora solicito a la Inspección de Trabajo reclamando la declaración de antigüedad respecto de la empresa La Caixa; indicando la Inspección al documento 12 del ramo de la actora que esta fue dada de Alta por la empresa CROSSELLING, S.A. con efectos de 1 de marzo de 2001, a partir de la misma la empresa ha reconocido la prestación de servicios por cuenta de la misma hasta la fecha de la extinción de su relación laboral y en relación con la cotización por tal período, corresponde su recaudación a la Tesorería General de la Seguridad Social al figurar dichas trabajadoras dadas de alta en el Régimen General, no estableciéndose nada en relación con la antigüedad de la actora en la conciliación y solo se limita a reconocer la improcedencia del despido y las indemnizaciones acordadas; ello conforme al informe de la Inspección de trabajo que anulo, ello conforme al Informe de la Inspección de Trabajo de fecha 23 de marzo de 2004.

Todas las actas de infracción que aporta la actora y las que se remitieron por la Inspección, las números 775-02 a 778/02 y el acta de infracción nº 2306/02 fueron anuladas por resolución de la Consellería de Trabajo de fecha 26 de Julio de 2001, entendiendo que entre CROSSELLING, S.A. y LA CAIXA concurre un Arrendamiento de Servicios, al documento 74 de la demandada CROSSELLING, S.A. y al propio documento 10 del ramo de prueba de la actora.

TERCERO.- Reclama en su demanda la actora se reconozca el derecho de la actora a la cotización por el Régimen General por el periodo de 20-01-1995 a la fecha del cese el 22-01-2003 y solicita, así mismo, en el acto del juicio (hecho nuevo) se incluya en el suplico de la demanda el reconocimiento de la relación laboral entre las partes por este periodo.

CUARTO.- Se celebró el previo acto de conciliación ante el CMAC, con el resultado de intentado sin Avenencia, presentando la papeleta de conciliación en fecha 26-09-05.

QUINTO.- Que a los folios 41 a 63 del ramo de prueba de la empresa demandada Crosselling, S.A. y al documento 16 de la actora, consta que esta empresa a ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes al periodo en que la actora y la empresa demandada han mantenido su relación laboral común desde el 1 de marzo de 2001 al 22 de enero de 2003.

SEXTO.- Que consta que la actora ha solicitado prestación de desempleo y posteriormente de Jubilación, no estando conforme a las prestaciones reconocidas; documentos 8, 10 y 15 del ramo de prueba de la actora.

SÉPTIMO.- Que al documento 7 de la actora consta el Acta de conciliación de la actora con la empresa CROSSELLING, S.A. en fecha 22 de enero de 2003, en la misma por la empresa se reconoce la improcedencia del despido de efectos 22-01-2003 y se compromete a abonar en concepto de indemnización por despido 21035,42 euros; conforme al salario de 1228,42 euros sin parte proporcional, con una antigüedad de fecha 01-03-2001, la del contrato laboral y fecha de despido 22-01-2003, le correspondía conforme a los 45 días por año de servicio una indemnización de 3531,71 euros.

OCTAVO.- Que la codemandada LA CAIXA alega la incompetencia de jurisdicción por cuanto las cotizaciones son competencia de la jurisdicción Contenciosa administrativa, prescripción de la acción por cuanto el despido lo fue en el 2003 y falta de legitimación pasiva por cuanto ninguna relación tiene con la actora y, así mismo, Crosselling, S.A. alega la incompetencia de la Jurisdicción Laboral en razón de la materia y falta de acción por prescripción; oponiéndose la actora a dichas excepciones.

Tercer. Contra aquesta sentència la part actora va interposar recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que el va impugnar en forma la Caixa i Crosseling S.A.. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER. Enfront la sentència d'instància, que desestimà la demanda interposada per la part actora en reclamació de que es declarés judicialment que en el període en que havia treballat per a l'empresa demandada CROSSELLING, del 27 de febrer de 1995 fins el 22 de gener de 2.003, havia mantingut una relació laboral i que, en conseqüència, es reconegués el seu dret a la cotització al Règim General, s'interposa per aquella Recurs de Suplicació.

Cal dir que la sentència desestimà la demanda en entendre que la jurisdicció social és incompetent per resoldre qualsevol reclamació referent a la cotització de quotes a la Seguretat Social i pel que fa al reconeixement de la relació laboral, entén que l'acció de l'actora havia prescrit, atès que havia transcorregut amb escreix el termini d'un any que estableix l' article 59.1 de l'Estatut dels Treballadors .

SEGON. La recurrent basa el seu recurs en tres motius, tots tres correctament emparats en l' article 191 de la Llei de Procediment Laboral . En el primer d'aquests es pretén, sota l'emparament de l'apartat a) del citat article, es declari la nul.litat de la sentència, reposant les actuacions al moment anterior de dictar la sentència en entendre que aquesta ha infringit normes i garanties del procediment, en haver estimat les excepcions de manca de jurisdicció de l'ordre jurisdiccional social i de prescripció de l'acció i s'afirma que la resolució ha infringit els articles 11.3 de la LOPJ , en relació amb l' article 91.2 de la Llei de Procediment Laboral , els articles 97 de la mateixa llei , l' article 209 i 218 de la Llei d'Enjudiciament Civil , l' art. 24 de la Constitució per manca de tutela judicial efectiva, l' art. 3.3. de l'ET i els articles 42 i 43 del RD 1415/2004 , pel qual s'aprova el Reglament General de Recaudació i argumenta que se li ha produït indefensió perquè la jutgessa, en estimar les citades excepcions, no ha entrat a examinar el fons de l'assumpte a debat, per la qual cosa incorre en incongruència omissiva.

L' article 191 a) de la Llei de Procediment Laboral reconeix a les parts la possibilitat d'impugnar en Suplicació les sentències dels Jutjats Socials en el supòsit que s'hagin infringit normes o garanties del procediment que hagin produït indefensió.

En la sentència de data 10 d'abril de 1990, el Tribunal Suprem recordava que «es constante doctrina de la Sala la que afirma que la nulidad de las resoluciones judiciales es una medida excepcional que, por sus negativas consecuencias sobre el proceso, ha de limitarse a los supuestos legalmente tipificados en el art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ) y a los vicios formales especialmente cualificados que menciona el núm. 1 del art. 240 de dicha Ley respecto de los que no pueda operar la subsanación prevista en el núm. 2 de este último artículo, sin que en ningún caso irregularidades formales carentes de auténtica proyección invalidante, al no impedir que el acto alcance su fin ni generar indefensión, puedan justificar la adopción de tal medida con infracción del principio de economía procesal».

També és doctrina reiterada del Tribunal Suprem ( sentencia de data 11 de novembre de 1998 ), que la nul.litat de les resolucions judicials té caràcter excepcional, i només es pot declarar en aquells supòsits en els quals es constatin greus i evidents vicis processals comesos pel magistrat que ha dictat la resolució que s'anul.la i sempre que l'esmentat vici haya produit indefensió a alguna de les parts processals.

Doncs bé, aplicant la doctrina citada al present supòsit és clar que l'al.legació ha de ser desestimada, atès que l'actuació de la jutgessa d'instància no va infringir cap norma procedimental que hagi causat indefensió. En primer lloc cal dir, tal com s'argumenta en l'escrit d'impugnació de la 'La Caixa', que l' article 91.2 de la LPL es refereix a la prova de confessió judicial que cap relació manté amb la pretesa incongruència omissiva en dictar-se la sentència i que tampoc s'ha infringit l' article 97.2 de la mateixa llei , atès que ha fonamentat els fets declarats provats i ha argumentat de forma clara, entenedora i suficient, els motius que l'han portat a desestimar la demanda.

D'altra banda cal dir que si el demandant estima que s'han aplicat indegudament els preceptes relatius a la prescripció de l'acció i a l'activitat recaudatòria, aquesta infracció s'ha de denunciar per mitjà de l'apartat c) de l' article 191 de la llei adjectiva laboral i no per l'apartat a), atès que aquest només és d'aplicació en el supòsit de que s'hagin infringit normes i garanties del procediment que hagin produït indefensió. I en el present supòsit no s'ha infringit cap norma del procediment, ni s'ha produït cap indefensió a la part, ja que aquest va poder assistir al judici oral, on va al.legar el que va creure convenient en reclamació del seu dret i, fins hi tot, va ampliar la demanda, en demanar que es reconegués la relació laboral que havia mantingut amb les demandades durant el període controvertit, es van realitzar les proves proposades i admeses i la controvèrsia ha estat resolta mitjançant una sentència raonada i que dóna plena resposta a les qüestions controvertides, encara que no entri en el fons, en entendre d'aplicació les excepcions formulades per les demandades.

D'altra banda, tampoc ha existit cap tipus d'incongruència. La congruència ha estat definida com la relació que hi ha d'haver entre les pretensions de la demanda i la resposta judicial, que ha de decidir totes les qüestions que s'hagin plantejat. Ara bé, aquesta resposta no ha de consistir sempre en resoldre la qüestió de fons, sinó que també existirà congruència quan la sentència estimi alguna excepció processal al.legada per la part contrària, supòsit en el qual no es podrà examinar la qüestió plantejada.

Doncs bé, això és el que ha passat en el present litigi, en que la magistrada 'ad quo' no va entrar a examinar el fons de les pretensions plantejades en la demanda, en estimar l'excepció de manca de jurisdicció i de prescripció de l'acció, sense que tampoc s'hagi infringit l' article 24 de la CE , atès que la demandant ha vist, en tot moment, garantit el seu dret a la tutela judicial efectiva, que inclou el dret a obtenir una resolució fonamentada en dret, tal com ho està la resolució recorreguda. El motiu, en conseqüència, ha de ser desestimat.

TERCER. En el segon motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat b) de l' article 191 de la LPL , el recurrent sol.licita l'addició, al fet provat primer, de la redacció següent: 'No obstante la firma del referido escrito, de la prestación efectiva por parte de la actora, se desprende claramente la naturaleza inequívoca de la relación laboral'. Fonamenta la pretensió en els informes de la Inspecció de Treball, sense indicar en quins folis es troben de les actuacions.

Aquesta Sala ha posat de relleu, en multitud d'ocasions, les exigències de les revisions fàctiques en suplicació, que es poden resumir en els requisits següents: 1) L'equivocació del jutge s'ha de deduir de forma directa d'un element de prova documental o pericial. 2) S'ha d'assenyalar per la part recurrent el punt específic del contingut de cada document que posa de relleu l'error al.legat, raonant sobre la seva correcció, mitjançant una anàlisi que demostri la correspondència entre la declaració continguda en el document i la rectificació que es proposa, 3) l'error ha de ser evident i s'ha de desprendre de forma clara, directa i inequívoca del document, sense que calgui fer deduccions, conjectures o suposicions, 4) l'error ha de ser transcendent per a modificar el sentit de la decisió de la resolució recorreguda, sense que es pugui utilitzar per a introduir qualificacions jurídiques predeterminants de la d'aquella i 5) S'ha de proposar la redacció alternativa que es pretén.

Doncs bé, tenint en compte els anteriors criteris, és evident que el motiu ha de ser desestimat amb tota contundència i això pels motius següents: En primer lloc no s'indica a quines actes de la Inspecció de Treball es refereix la demandant, per la qual cosa és impossible examinar-les, atès que segons consta en el fet provat segon les actes núms. 775.02 a 778.02, van ser anul lades per resolució de la Conselleria de Treball i, en segon lloc, la redacció que es pretén afegir tampoc es podria admetre, perquè no es tracta d'una fet, sinó d'una valoració jurídica (existència o no de relació laboral) que -en tot cas- s'hauria d'haver realitzar en els raonaments jurídics de la sentència.

QUART. En el tercer motiu del recurs, també correctament emparat, ara en l'apartat c) de l' article 191 de la LPL s'al.lega la violació per inaplicació de l' art. 3.3 de l'ET , aplicació incorrecta de l' article 59.1 de la mateixa llei , en relació amb els articles 42 i 43 del RD 1415/2004 , pel qual s'aprova el Reglament General de Recaudació i al.lega, en síntesi, que s'ha de reconèixer que va mantenir una relació laboral amb les demandades i que, en conseqüència, s'ha de condemnar les empreses a cotitzar pels períodes ressenyats. Que no s'ha d'aplicar el període de prescripció d'un any que estableix l' article 59.1 de l'ET , sinó el de 4 anys dels articles 42 i 43 del RD 1514/2004 en relació amb la prescripció de l'acció recaudatòria i que davant d'un conflicte de normes, com es dóna en el present supòsit, s'ha d'aplicar l' article 3.3 de l'ET que estableix que s'haurà d'aplicar la més favorable al treballador.

Així mateix al.lega la infracció per inaplicació de l' article 1.1. de l'ET que es refereix als elements de laboralitat d'una relació contractual, que en el cas que ens ocupa afirma que existeixen plenament; la vulneració de l' art. 1256 del Codi Civil , que estableix que la validesa d'un contracte no es pot deixar a l'arbitri d'una de les parts, i que el nom que és dóna a un contracte no determina la seva veritable naturalesa; la inaplicació dels articles 42 i 43 de l'ET , perquè no s'ha entrat a valorar que hi va haver una veritable cessió de treballadors entre les codemandades, com va posar de relleu la Inspecció de Treball i, per últim, inaplicació de l' article 24 de la CE , en relació amb l' art. 80 de la LPL , pel vulneració de la tutela judicial efectiva, en no haver entrar a examinar el fons de l'assumpte.

Censura jurídica totalment condemnada al fracàs. En primer lloc i començant per aquesta última al.legació, cal dir que no cal entrar de nou al seu examen, atès que ja ha estat resolta en la desestimació del primer motiu del recurs. No hi ha hagut en el present litigi cap tipus d'indefensió per a la part actora, atès que s'ha donat una resposta coherent, complerta i raonable a les seves pretensions. Cal recordar, d'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional que el dret a la tutela judicial efectiva suposa el dret a rebre una resposta raonada a totes les pretensions exercides en la demanda, però no a que aquesta s'hagi d'estimar i que també es dóna aquesta resposta quan no s'entra a l'examen del fons de l'assumpte, per haver-se estimat alguna excepció processal al.legada per la part contrària, tal com abans s'ha posat de relleu.

L'anterior raonament suposa també el refús de que s'han infringit els articles 42 i 43 de l'ET , atès que els citats articles no s'han aplicat, en haver-se estimat l'excepció processal de prescripció. Tampoc l' article 1.1. de l'ET , referent a que l'actora va mantenir una relació laboral amb les codemandades des del primer moment de la seva prestació de serveis amb aquestes, el 27.2.1995, atès que només procediria el seu examen si no s'hagués estimat la prescripció de reconeixement de la relació laboral. S'ha d'entrar a examinar, en conseqüència, si les excepcions processals han estat correctament estimades.

CINQUÈ. En relació a la infracció de l' article 59.1 de l'Estatut ha de ser desestimada. És cert, tal com al.lega la recurrent, que el fet que una acció, com és el reconeixement de que va existir o existeix una relació laboral, no estigui recollida expressament a la Llei de Procediment Laboral, no vol dir que aquesta acció no es pugui exercir, atès que en el nostre dret laboral està reconeguda la possibilitat d'exercir accions declaratives de dret, tal com ha reconegut de forma reiterada el Tribunal Suprem en les seves sentències de dates 6 de març i 13 i 27 de novembre de 2.007 , sempre hi quan, com diu el Tribunal Suprem, es compleixen determinades exigències. En aquest sentit, la STS de data 6.3.2007 assenyala el següent:

'En este sentido hay que comenzar recordando que la doctrina del Tribunal Constitucional ( sentencias 34/1984, 71/1999, 210/1992 y 20/1993 ) y la de esta Sala ( sentencias de 15 de julio de 1987, 8 de octubre de 1997, 31 de mayo de 1999 y 20 de julio de 2001 ) han admitido el ejercicio de acciones meramente declarativas en el proceso laboral, pero esa admisión se condiciona a que aquéllas cumplan determinadas exigencias, entre las que se encuentran las relativas a que el ejercicio de la acción esté justificado por una necesidad de protección jurídica y se corresponda con «la pretensión deducida y ésta con el interés que se pretenda tutelar, de modo que cuando lo realmente deducido sea una pretensión de condena, la acción debe tener tal carácter». Por ello, se entiende que no pueden plantearse «cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, o cuya decisión no tenga incidencia alguna en la esfera de derechos e intereses del actor; se requiere que exista un caso o controversia, una verdadera «litis», pero no cabe solicitar del Juez una mera opinión o un consejo».

En el present cas, l'acció declarativa s'està, en realitat, avançant a l'acció de condemna, perquè segons consta en el fet provat sisè, l'actora ha sol.licitat la prestació de jubilació i no està conforme amb les prestacions reconegudes, per la qual cosa en tot cas hauria d'haver demandat a les codemandades en el corresponent litigi en reconeixement d'un major període de cotització.

Això no obstant cal dir que en el supòsit present la demanda no ha estat desestimada pel motiu abans citat, sinó únicament perquè la magistrada ha entès que l'acció havia prescrit. I la Sala no pot més que entendre ajustada a dret l'afirmació citada, atès que cal tenir en compte que la demandant va deixar de prestar serveis per l'empresa Crosselling el dia 22 de gener de 2.003 i que l' article 59.2 de l'ET estableix que el termini de prescripció per aquelles accions derivades del contracte de treball, que no tinguin assenyalat un termini especial, prescriurà a l'any del seu acabament, per la qual cosa és evident que la present acció, en la qual es demana el reconeixement com relació laboral d'una prestació de serveis que va acabar el 22 de gener de 2.003, havia prescrit, tenint en compte que la papereta de conciliació administrativa es va presentar el dia 26.9.2005.

Tal com argumenta la STS de data 13 de novembre de 2007 'La relación entre las partes que aquí se discute -sea laboral o administrativa- terminó mucho antes de presentarse la presente demanda y, por tanto, no estamos ni siquiera en el plano hipotético ante una cuestión litigiosa que se promueva entre un empresario y un trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, como establece el artículo 2.a) de la Ley de Procedimiento Laboral . Sí que podría existir este supuesto, si la relación cuya naturaleza se debate estuviera vigente, porque en ese caso el orden social sería el competente para declarar la laboralidad del vínculo ( sentencias de 2 de febrero de 1998, 18 de febrero de 1999, 19 de mayo de 2005 y 25 de mayo de 2006 entre otras muchas), lo que produciría, en caso de acogerse la demanda, efectos en el marco de la relación existente entre las partes. Pero, desde el momento que la eventual relación laboral entre las partes quedó extinguida hace varios años, el conflicto actual ya no se produce entre un empresario y un trabajador, salvo que ese conflicto tuviese por objeto el cumplimiento de alguna obligación derivada del vínculo que existió entre las partes y que pudiese ahoraser justiciable'.

SISÈ. Seguidament cal entrar a examinar el tema de la incompetència de Jurisdicció. L' article 3.1 de la Llei de Procediment Laboral estableix en el seu apartat b ) que els òrgans de la Jurisdicció Social no coneixeran de: 'las resoluciones y actos dictados en materia de inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en matèria de liquidación y gestión recaudatoria y demás actos administrativos distintos de los de la gestión de prestaciones de la Seguridad Social', és a dir, s'exclou de la competència de la Jurisdicció Social, tots aquells actes referents a les altes, baixes i gestió recaudatòria.

Davant de la dicció literal de l'esmentat article, és clar que la jutgessa d'instància ha encertat en declarar la incompetència de la jurisdicció social per entendre del present litigi. En efecte, l' article 1r de la Llei esmentada estableix de manera general la competència de la Jurisdicció Social per conèixer de les pretensions que es promoguin dins de la branca social del Dret en conflictes, tant individuals com col.lectius, i l'article 2 explicita detalladament quines son aquestes pretensions, entre les quals es troba en l'apartat b) la matèria de Seguretat Social, inclosa la protecció per desocupació.

Ara bé, en el següent article, el tercer de la mateixa Llei, el legislador ha exclòs de la competència dels òrgans socials diferents qüestions, entre les quals es troba la recollida en l'apartat b) abans transcrit. I en el cas present, la qüestió que l'actora pretén és, precisament, que es tingui per cotitzat el període des del dia 27 de febrer de 1995 fins el dia 22 de gener de 2.003 (encara que, en realitat, únicament hauria d'haver sol.licitar la cotització fins el dia 28 de febrer de 2.001, atès que posteriorment l'empresa Crosselling va signar amb l'actora un contracte laboral i va cotitzar correctament per ella), període durant el qual l'empresa citada no la va donar d'alta en el Règim General de la Seguretat, per entendre que la relació jurídica que mantenien era de naturalesa mercantil. Doncs bé, tal com afirma la jutgessa, en el fonament segon de la sentència, aquesta jurisdicció és incompetent per entendre de la qüestió citada, en virtut del que disposa l'article citat anteriorment, per la qual cosa ja no cal ni entrar a examinar si s'hauria d'aplicar el termini de prescripció establert en els articles 42 i 43 del RD 1415/2004, d'11 de juny , atès que la competència per entendre de la qüestió citada correspon a l'odre contenciós administratiu.

VISTOS els preceptes legals citats, els que concorden i la resta de disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per Doña. Teresa contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona, en data 18 de novembre de 2.008, que va recaure en les Actuacions núm. 772/2007 , en virtut de demanda presentada per l'esmentada Sra. contra CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, CROSSELLING, S.A. i el FONS DE GARANTIA SALARIAL., en reclamació per reconeixement de relació laboral i cotització, i per tant, hem de ratificar i ratifiquem la sentència citada.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts en els apartats 2 i 3 de l'Art.219 de la Llei de Procediment Laboral .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat en els articles 227 i 228 del text processal laboral , tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts i que intenti interposar recurs de cassació per unificació de doctrina, consignarà com dipòsit la quantitat de 300 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.