Sentencia Social Nº 6738/2012, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3698/2012 de 11 de Octubre de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: Recurso de suplicación

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 43123 - 44 - 4 - 2011 - 0009772

CR

ILMO. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

ILMO. SR. FRANCISCO BOSCH SALAS

ILMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

En Barcelona a 11 de octubre de 2012

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 6738/2012

En el recurso de suplicación interpuesto por Ayuntamiento de Reus frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Reus de fecha 19 de marzo de 2012 dictada en el procedimiento Demandas nº 1137/2011 y siendo recurrido/a Edurne . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 29 de noviembre de 2011 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 19 de marzo de 2012 que contenía el siguiente Fallo:

'QueESTIMANDOla demanda interpuesta por Dª Edurne contra el AYUNTAMIENTO DE REUS,DEBO DECLARAR Y DECLAROimprocedente el despido producido yDEBO CONDENAR Y CONDENOal Ayuntamiento demandado a que readmita al trabajador en su puesto en las mismas condiciones que regían con anterioridad a su despido o, a su elección, a abonar al actor una indemnización de 12.774'87 euros, así como a que en ambos casos le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, con advertencia de que en caso de no ejercitar opción alguna se considerará que se opta por la readmisión. '

SEGUNDO.-En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

'PRIMERO.- La actora Dª Edurne , provista de DNI nº NUM000 , ha venido prestando servicios por cuenta del Ayuntamiento demandado desde el día 10.11.2005, con categoría profesional de 'auxiliar técnic de comeses especials' (grupo C, subgrupo C2, nivel XII, grupo de cotización 7) y salario mensual promediado de 1.419'43 euros con inclusión de prorrata de pagas extras.

(hechos no controvertidos en cuanto a la categoría y salario, en relación a la antigüedad documento nº 6 de la parte actora y documentos nº 5 a 13 de la demandada).

SEGUNDO.- La parte actora ha celebrado sucesivos contratos de trabajo con el Ayuntamiento de Reus que obran como documentos del 5 al 13 del ramo de la parte demandada, que se dan por reproducidos y ciertos, y documento nº 6 de la parte actora.

La actora trabajó para el Ayuntamiento de Reus del 10.11.2005 hasta el 23.12.2005 con un contrato por obra o servicio a tiempo completo dentro del Proyecto:'Proceso de regularización de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente', otro contrato de 8.9.2006 hasta el 7.3.2007 como auxiliar administrativa con un contrato de obra o servicio dentro del Proyecto:' Asesoramiento y atención a las personas y a las familias' con núm. De expediente NUM001 , según resolución del Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de 3 de junio de 2006.

Otro contrato de 16.4.2007 hasta el 31.5.2007 como auxiliar técnica de servicios especiales con un contrato eventual 'para la convocatoria de elecciones locales del 27 de mayo de 2007, de acuerdo con el RD 444/2007 de 2 de abril de 2007', desde el 1.6.2007 hasta el 15.10.2007 con un contrato eventual. Desde el 16.10.2007 hasta el 31.12.2007 con un contrato de obra o servicio. Desde el 1.1.2008 hasta el 31.3.2008 como auxiliar técnica de servicios especiales con un contrato eventual.

En estos contratos la actividad real de la trabajadora era la introducción de datos en el departamento del padrón.

Desde el 22.12.2008 hasta el 21.6.2009 se le hace un nuevo contrato por obra o servicio determinado en un plan de ocupación de la Generalitat de Catalunya nº expediente NUM002 , cuyo objeto era la implantación del DNI electrónico, siendo en realidad la actividad real atención al público en el padrón de habitantes.

Desde el 1.7.2009 hasta el 31.12.2009 se le hace un nuevo contrato por obra o servicio determinado en un plan de ocupación de la Generalitat de Catalunya nº expediente NUM003 , cuyo objeto era la implantación del DNI electrónico, siendo en realidad la actividad real atención al público en el padrón de habitantes.

El último contrato es de 1.1.2010 hasta el 31.10.2011, contrato de obra o servicio dentro del proyecto 'Implantación del DNI electrónico en la tramitación telemática con el ciudadano', siendo en realidad la actividad real atención al público en el padrón de habitantes.

TERCERO.- La parte actora recibió el 14 de octubre de 2011 comunicación escrita, por la que la parte demandada ponía en su conocimiento que, con efectos del 31 de octubre de 2011, 'finalizaba el contrato de trabajo que nos une quedando por tanto rescindida a todos los efectos su relación laboral con la empresa'.

Se da por reproducido el documento nº 1 del ramo de la parte actora.

CUARTO.- La actora prestaba sus servicios en la oficina de atención al ciudadano y uno de los cometidos que desempeña esta oficina, entre otros, es el empadronamiento, por lo que uno de los servicios que prestaba la actora era empadronar.

(documento nº 1 del ramo de la demandada y nº 14 de la parte actora y fichero excel con los movimientos de población por años)

QUINTO.- El AYUNTAMIENTO DE REUS decidió consolidar 4 plazas de auxiliar técnico de servicios especiales, y por Decreto 1288 de 27 de abril de 2010 aprobó la oferta pública de ocupación publicada en el BOPT num. 113, de 18 de mayo de 2010, y en el DOGC núm. 5631, de 18 de mayo de 2010.

La convocatoria se publicó en el BOPT num 81 de fecha 7 de abril de 2011 y en el BOE núm.123 de 3 de junio.

Las pruebas empezaron el día 7 de septiembre y duraron hasta el 19 de octubre de 2011. La actora no superó el proceso selectivo y el día 11 de octubre quedó eliminada en el segundo ejercicio.

Los candidatos aprobados empezaron a trabajar el día 1 de noviembre de 2011.

(Documento nº 14 de la parte actora)

SEXTO.-Se da por reproducida y cierta la vida laboral de la actora que obra como documento nº 12 del ramo actor.

SÉPTIMO.- El demandante no ha ostentado en el último año la condición de representante legal o sindical de los trabajadores (hecho no controvertido).

OCTAVO.- Se agotó la reclamación administrativa previa. '

TERCERO.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, la parte actora, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

Fundamentos

PRIMERO.-Recurre en suplicación el Ayuntamiento demandado, contra la sentencia de instancia que estima la demanda y califica como despido improcedente la extinción de la relación laboral en litigio.

Antes de entrar a conocer del recurso, debemos dejar constancia de que esta sala ya ha resuelto un caso absolutamente idéntico al presente en nuestra sentencia de 2 de octubre de 2012 ( rec.- 3661/12 ), que afectaba a otra trabajadora del mismo Ayuntamiento recurrente que prestaba servicios en condiciones idénticas a la actora, en el que se dictó sentencia de instancia con una redacción literal prácticamente idéntica, de igual forma que el contenido de ambos recursos de suplciación con simples diferencias de fechas que no afectan en modo alguno a las cuestiones jurídicas relevantes para la resolución del asunto.

Deberemos por ello remitirnos a lo decidido en aquel otro caso, porque no hay razones jurídicas que justifiquen una solución diferente atendida la plena igualdad de condiciones jurídicas concurrentes.

Dicho eso, y al igual que también sucede en el caso anterior, la demandada solicita al modificación del hecho probado primero para cambiar la fecha de antigüedad reconocida.

Como decimos en nuestra anterior sentencia 'És evident que una modificació de fets provats no es pot fonamentar en raonaments jurídics i sense que s'observi cap error en la valoració de la prova per part de la jutgessa d'instància, perquè l'actora va subscriure el primer contracte temporal amb el demandant el dia 21.12.2004, tal com consta en la relació de tots els contractes subscrits entre les parts i que consta en el fet provat segon. I això amb independència de que la conclusió a la que ha arribat la magistrada respecte a computar l'antiguitat des de la citada data es pugui compartir o no per la Sala, qüestió que s'ha de valorar jurídicament.

Igualmente, se solicita la revisión del hecho probado segundo para la supresión de las expresiones 'En estos contratos la actividad real de la trabajadora era la introducción de datos en el departamento del padrón' y '... siendo en realidad la actividad real atención al público en el padrón de habitantes'.

Como ya dijimos en aquel otro caso: 'La supressió no es fonamenta en cap mitjà de prova i únicament s'argumenta que l'actora no va complir amb la càrrega d'acreditar el que manifestava en l'escrit de demanda i en tot cas la magistrada no cita els mitjans de prova en que es basa per tenir per provades les citades afirmacions. Pocs raonaments calen per desestimar totalment la citada pretensió. En primer lloc perquè no es fonamenta en cap mitjà de prova idoni per pretendre la modificació de fets i, en segon lloc, perquè la magistrada d'instància fonamenta el relat fàctic de la sentència, tant en la prova documental com en la testifical, tal com afirma en el fonament de dret primer, per la qual cosa el que pretén el demandant és substituir la citada valoració per la seva subjectiva i parcial.

SEGUNDO.-En el motivo tercero y al amparo del párrafo c) del art. 193 de la LRJL, se alega infracción de los arts. 8.2 , 15 i 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores , en relación con los arts. 2 , 3 i 6 del Real Decreto2720/1998, de 18 diciembre , así como de la doctrina jurisprudencial que se cita, para argumentar que los diferentes contratos temporales suscritos por la actora son ajustados a derecho.

Como en caso anteriormente resuelto por esta sala en nuestra precitada sentencia de 2 de octubre de 2010 : 'Argumenta el recurrent que es tracta de contractes de treball dotats d'autonomia i substantivitat pròpia, celebrats en el marc d'un determinat projecte públic i que tenien una prèvia subvenció que obligava l'Ajuntament a realitzar contractes d'obra o servei determinat amb la durada temporal i limitada en el temps i que no pagava l'Ajuntament, sinó l'organisme que els subvencionava, l'INEM, el SOC o la Unió Europea, per la qual cosa en cap cas existia cap tipus de frau en la contractació. Així mateix argumenta que en tot cas entre el contracte que va finalitzar el 30.4.2008, en que prestava serveix com Conserge i l'inici del signat posteriorment, el 21 de desembre de 2.008 van passar gairebé 8 mesos, per la qual cosa en cap cas es pot parlar de que va existir una unitat en el vincle contractual del que parla el Tribunal Suprem, per la qual cosa, si s'entén que la relació laboral de l'actora s'ha de qualificar com indefinida, en tot cas s'hauria de fixar l'antiguitat en aquesta última data.

Lo que merece favorable acogida, pues como razonamos en aquella sentencia : 'Plantejat així el motiu, la Sala haurà d'entrar a examinar, en primer lloc aquesta última al.legació, atès que en el cas que fos estimada ja no s'hauria d'entrar a examinar la legalitat dels contractes anteriors al signat el dia 21 de desembre de 2.008. Cal dir que la sentència d'instància va estimar la demanda interposada per l'actora i li va reconèixer una antiguitat des del dia 21 de desembre de 2.004 (és a dir, des del dia en que les parts van signar el primer dels contractes temporals), malgrat que entre aquests hi havia unes interrupcions temporals molt més llargues que 20 dies, en entendre que -d'acord amb la doctrina del Tribunal Suprem- existia una unitat essencial del vincle laboral entre les parts ( STS de 8.3.2007 i 4.11.2009 ), tenint en compte, segons afirma la Magistrada 'que del examen de la documental aportada por el Ayuntamiento no resulta que el primer vínculo contractual tuviera una causa de temporalidad definida que permita apreciar la existencia de dos vínculos diferenciados....'. Es doctrina consolidada de l'alt Tribunal, que l'antiguitat s'haurà de comptar des del primer contracte, en el supòsit que s'acrediti una vinculació essencial del contracte de treball, encara que les parts s'hagin subscrit multitud de contractes temporals i encara que entre aquests existeixin interrupcions de més de 20 dies. Així, en la sentència de data 8 de març de 2007 , citada per la magistrada d'instància, seguida per moltes altres, entre les quals podem citar la més recent de data 12.7.2010, en la que es recull la doctrina citada, s'assenyala el següent: 'Esta Sala unificó el criterio acerca del cómputo de la antigüedad a tener en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones por despido improcedente de una manera clara a partir de la Sentencia de 8 de marzo de 2007 (recurso 175/2006 ), sentencia que recogió antecedentes jurisprudenciales. Señalábamos en la Sentencia de 17 diciembre de 2007 (rec. 199/2004 ) que ' esta doctrina, que establece, en definitiva, que en supuestos de sucesión de contratos temporales, si existe unidad esencial del vínculo laboral, se computa la totalidad de la contratación para el cálculo de la indemnización por despido improcedente, ha sido seguida por las Sentencias ya más recientes de 29 de septiembre de 1999 (rec. 4936/1998 ); 15 de febrero de 2000 (rec. 2554/1999 ); 15 de noviembre de 2000 (rec. 663/2000 ); 18 de septiembre de 2001 (rec. 4007/2000 ); 27 de julio de 2002 (rec. 2087/2001 ) 19 de abril de 2005 (rec. 805/2004 ) y 4 de julio de 2006 (rec. 1077/2005 ), y si bien en varias de estas resoluciones la Sala ha tenido en cuenta como plazo interruptivo máximo el de los veinte días previstos como plazo de caducidad para la acción de despido, también ha señalado que cabe el examen judicial de toda la serie contractual, sin atender con precisión aritmética a la duración de las interrupciones entre contratos sucesivos. Así, por ejemplo, se ha computado la totalidad de la contratación, a pesar de la existencia de una interrupción superior a 20 días, en los supuestos resueltos por las sentencias de 10 de abril de 1995 (rec. 546/1994 ) y 10 de diciembre de 1999 (rec. 1496 /1999 ), con interrupción de 30 días, y de coincidencia con el período vacacional en el auto de 10 de abril de 2002 (rec. 3265/2001 ). La doctrina establecida en esa serie establece el principio de la unidad esencial del contrato, cuando la reiteración de contratos temporales evidencien la existencia de unidad de contratación'.

Ara bé, aplicant la doctrina citada al cas que s'examina en la citada sentencia, es diu també que: 'Mas tal presunción de unidad de propósito en la contratación no puede deducirse en casos, como el presente en el que si bien existieron más de 20 contratos en el periodo de seis años, en cuatro ocasiones, al menos, los períodos de cese alcanzaron más de los tres meses e incluso cinco y seis meses, Además la actora percibió prestaciones por desempleo en los siguientes períodos: de 7 de mayo a 6 de julio de 2003; de 27 de julio al 17 de agosto de 2003; de 17 de junio a 25 de septiembre de 2004; de 21 de febrero de 2005 al 20 de junio de 2006; y de 20 de marzo de 2008 al 19 de septiembre de 2008. Mantener que en estos supuestos de largos períodos de inactividad, intercalados por prestaciones de desempleo, debe presumirse la existencia de unidad de contrato, cuando de los hechos lo que puede deducirse es precisamente lo contrario, implicaría la imposición de una carga injustificada al empleador por utilizar reiteradas veces los servicios del mismo trabajador'.

És a dir, que la doctrina del Tribunal Suprem és que en cas de contractes temporals, l'antiguitat a tenir en compte serà la del primer contracte, encara que entre alguns d'ells existeixi un període de temps superior als 20 dies, però que aquesta doctrina no és aplicable en casos en que hagi existit llargs períodes d'inactivitat, entenent com a tals els que passen dels tres mesos o més i en els quals, a més, el treballador ha cobrat les prestacions per desocupació.

Doncs bé, aplicant la doctrina citada al present litigi la Sala entén que s'ha d'estimar l'al.legació del recurrent en el sentit de que la unitat del vincle essencial del contracte es va trencar des del moment en que l'actora va finalitzar el seu contracte temporal d'un mes com a conserge (de l'1 al 30 d'abril de 2008) i no va signar un altre contracte temporal fins el dia 21 de desembre de 2008, perquè entre els dos contractes va haver-hi un període d'inactivitat de gairebé vuit mesos, en el qual la treballadora va cobrar les prestacions de desocupació, per la qual cosa, tenint en compte aquest llarg període en que la demandant no va prestar serveis per la recurrent, s'ha d'entendre que es va trencar la unitat del vincle laboral, perquè afirmar el contrari, en paraules del Tribunal Suprem, implicaria la imposició d'una càrrega injustificada a la ocupadora per utilitzar reiterades vegades els serveis del mateix treballador i l'obligaria a no contractar-lo de nou.

La conseqüència obligada del que s'ha argumentat, és que l'antiguitat de la treballadora s'ha de fixar en la data de 22 de desembre de 2008.

TERCERO.-En el cuarto motivo se alega infracción del art. 11.1º de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público , en relación con el art. 15 del ET y jurisprudencia que se cita, para sostener, que si se entiende que la actora era trabajadora indefinida no fija del organismo recurrente, su puesto de trabajo ha sido cubierto por el proceso selectivo que se convocó el 27 de abril de 2010 al que se presentó la demandante sin lograr superarlo, por lo que la extinción de la relación laboral por la cobertura reglamentaria de la plaza sería conforme a derecho y no constituiría despido.

Argumentación que ha de ser acogida, pues como ya decimos en la sentencia tantas veces reiterada : 'La magistrada d'instància afirma en la seva sentència que l'últim contracte signat per les parts era en realitat d'interinatge, atès que ja s'havia convocat un concurs per cobrir quatre places d'auxiliar tècnic de comeses especials, però afirma que les irregularitats que presenta no es poden considerar com mers incompliments formal i suposen veritables vicis que afecten a la seva essència, atès que incompleix el requisit essencial d'identificar amb precisió i claredat la vacant que s'està ocupant, per la qual cosa entén que la seva relació amb l'Ajuntament s'havia de qualificar com indefinida i l'extinció del contracte de la demandant s'ha de qualificar com acomiadament improcedent.

Aquest raonament no es comparteix per la Sala. Com s'ha dit abans, únicament es poden tenir en compte els tres últims contractes signats per la treballadora, és a dir des del dia 21.12.008 al 21.6.2009, de l'1.7.2009 a 31.12.2009 i de l'1.1.2010 a 31.10.211. Tots tres contractes van utilitzar la modalitat de contracte de treball per obra o servei que tenia per causa 'la implantació del nou D.N.I.', però en realitat, tal com consta en els fets provats, la demandant sempre ha treballat a l'oficina d'atenció al ciutadà i al Departament del padró, per la qual cosa s'ha de compartir que els citats contractes es van signar en frau de llei, perquè en tot cas, tal com afirma la magistrada d'instància, es tractava de tasques permanents de l'Ajuntament, ja que l'actora sempre va treballador a l'oficina d'atenció al ciutadà, dins del Departament del Padró municipal, per la qual cosa no es podia utilitzar la figura del contracte de treball per obra o servei.

També comparteix la Sala el raonament de que, en tot cas, com que es tractava d'una necessitat permanent del demandant, que no es podia cobrir amb la plantilla de l'Ajuntament, el que es comprova perquè el dia 27.4.2010 es va publicar un concurs d'oferta pública d'ocupació per cobrir 4 places d'Auxiliar Tècnic de comeses especials (que era la categoria que ostentava l'actora en aquests últims contractes) el que s'hagués hagut d'utilitzar és el contracte d'interinatge, que en realitat era l'adequat i, en conseqüència, en aquest s'hauria d'haver fet constar el lloc de treball que s'ocupava de forma interina, fins a la corresponent provisió del lloc de treball. La conseqüència del que s'ha relatat anteriorment és, tal com també afirma la magistrada d'instància, que la relació laboral entre les parts havia devingut indefinida.

La figura del treballador indefinit, no fix, de les Administracions Públiques, va sorgir com creació jurisprudencial per a donar resposta, precisament, a la situació dels contractes temporals en frau de llei subscrits per les Administracions Públiques, de forma que la conversió en contractes de durada indefinida, per aplicació de les regles de l'art. 15 de l'Estatut dels Treballadors, va propiciar una doctrina que buscava adaptar la indefinició de la durada de la relació laboral amb les especials particularitats d'accés a l'ocupació pública i el respecte als mandats constitucionals. ( Sentències del Tribunal Suprem de data 20.1.1998 , citada per la de 16.9.2009 ).

Doncs bé, una vegada arribats a aquesta conclusió, el que no comparteix la Sala és el raonament de la magistrada a quo de que en tractar-se d'una relació de caràcter indefinit, aquesta no pugui finalitzar quan el lloc de treball sigui cobert mitjançant una oferta pública d'ocupació, atès que, pel contrari, el Tribunal Suprem ja ha posat de relleu que els treballadors que mantenen una relació laboral d'aquest tipus poden ser lícitament cessats quan la plaça que ocupen sigui coberta per l'oportú procediment reglat ( Sentència de data 29.1.2009 , citada per la de 16.9.2009 ).

Així mateix, ja la sentència del TS de data 27 de maig de 2.002 (R. 2591/2001 ) assenyalava que 'No puede producir preocupación jurídica equiparar la extinción de estos contratos con la de los interinos por vacante, porque la justificación de la existencia de unos y de otros responde a una misma causa y necesidad', afegint que on se situava la diferència de tractament legal entre l'interí per vacant i l'indefinit temporal, era durant la vigència i desenvolupament del contracte.

Així doncs, s'ha d'arribar a la conclusió de que l'Administració demandada va actuar amb tota correcció legal quan va decidir convocar un concurs d'oferta pública d'ocupació per cobrir 4 places d'auxiliar tècnic de comeses especials (que era la classificació professional de l'actora), en data 27.4.2010, a la qual aquesta es va presentar, però que no va superar, segons consta en el fet provat cinquè, per la qual cosa quan les persones que van aprovar el citat concurs van ocupar les citades places, és evident que el seu contracte va quedar extingit legalment. En el mateix sentit s'ha pronunciat aquesta Sala en les Sentències de data 28.5.2007 (R. 455/2007 ) i 14.5.2010 (R. 3434/10 ), en un supòsit molt similar al present.'

Debemos por ello estimar el recurso y revocar la sentencia de instancia con desestimación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por AYUNTAMIENTO DE REUS, contra la sentencia de fecha 19 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado de lo Social 1 de Reus , en el procedimiento número 1137/11, seguido en virtud de demanda de despido formulada por Edurne contra la recurrente, debemos revocar y revocamos íntegramente la misma y desestimando la demanda, absolvemos a la demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Asímismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , consignará como depósito, al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0937 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0937 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.