Sentencia Social Nº 697/2008, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 6, Rec 3646/2008 de 03 de Noviembre de 2008

PRIMERO.- La sentencia desestimatoria del Juzgado de lo Social de instancia se recurre en suplicación por el actor, que en motivo único fundado en el art. 191 c) de la LPL , alega infracción del art. 50.1 c) del ET . La pretensión articulada descansa en el fallo condenatorio del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Fuenlabrada en el juicio de faltas celebrado contra el empresario, al que se le impone la pena correspondiente por agresión al actor en el centro de trabajo, a causa de circunstancias relacionadas con el trabajo. Dicha sentencia ha sido confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Madrid en resolución de 9-7-2008 , que se ha unido a las actuaciones con base en el art. 231 de la LPL .

Es cierto que, como ha afirmado la jurisprudencia de casación, no debe de someterse a una indefectible conexión o condicionamiento automático lo resuelto en la jurisdicción penal y en la laboral, cuyo enfoque de los hechos y circunstancias pueden tener su propia autonomía, y así lo recuerda la STS de 21-10-1998 :

"Como ha afirmado reiteradamente la Sala (entre otras, Sentencia de 8 junio 1998 [RJ 19985108 ]) son distintos los ámbitos en que se mueven la jurisdicción penal y la laboral, diferencia que se mantiene, incluso, en el ámbito disciplinario de esta última jurisdicción. Los motivos o causas del despido, tipificados en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995997 ) -concretamente, en el supuesto litigioso, el ordinal 3, incluye las ofensas verbales y físicas a otras personas que trabajan en la empresa-, se refieren a ciertos incumplimientos contractuales, determinantes de la resolución del contrato de trabajo a instancias del empleador, y en su examen y resolución goza de independencia la jurisdicción laboral, al margen de las connotaciones que aquellas conductas, surgidas en la esfera de la relación laboral, tengan en el campo penal".

Sin embargo, también es evidente que los incumplimientos graves por el empresario en el seno de la relación laboral, si están plenamente acreditados, se contemplan por la norma denunciada -art.50.1 c) del ET - como causa para que el contrato se extinga a solicitud del trabajador. En el caso enjuiciado, los hechos que se declaran probados por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Fuenlabrada en sentencia de 10-4-2008 , dictada en juicio de faltas, relatan que "el día 4-09-2007 el denunciante Segismundo trató a toda costa de entrar en su trabajo en la empresa Transportes Torres Sánchez, sita en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada. Al oponerse el denunciado Juan Miguel , dueño de la empresa, diciendo que estaba suspendido de empleo y sueldo, el denunciante pidió que se lo diese por escrito, momento en que el denunciado Juan Miguel perdió los nervios amenazándole, cogió una barra y aprisionó el cuello del denunciante contra la pared, causándole lesiones de las que tardó en curar tres días sin impedimento, según informe forense."

Por estos hechos el empresario fue condenado conforme a la legislación penal, y la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia. Siendo así, se impone estimar el recurso porque la agresión física acreditada en la forma descrita por el Juzgado de Instrucción es causa suficiente para declarar resuelta la relación laboral entre las partes, al tratarse de un grave incumplimiento por el empresario que afecta en el presente caso al derecho del trabajador a su integridad física, que expresamente sanciona el 4.1 d) del ET, derecho claramente vulnerado de manera culpable, injustificada y grave si se da una amenaza seguida de agresión con una barra aprisionando el cuello del trabajador con lesiones que tardaron cuatro días en curar, no mediando previa provocación o actitud del mismo signo por el ofendido.

Los hechos se incardinan en el art. 50.1 c) del ET al reunir las tres notas o requisitos que son precisos para la extinción de la relación laboral por vía de este precepto: es conducta grave, culpable e injustificada. De otro lado, si la resolución del contrato a instancia del trabajador por la referida causa es la categoría equivalente en su sentido inverso al despido disciplinario (de ahí que a la extinción ex art. 50 del ET se le denomine despido indirecto) el fundamento de la acción tiene en el presente caso pleno sentido, pues, por lógica evidencia, en la hipótesis de que agresión física hubiera sido ejecutada por el demandante en la persona del empresario -en las mismas condiciones que las acaecidas conforme las expone el Juzgado de Instrucción en la sentencia citada- tal ofensa física atentatoria de la integridad corporal de éste con producción además de lesiones sería acreedora de despido al amparo del art. 54.2 c) del ET , con lo que corolario de esto es que la conclusión sea la misma si la agresión parte del empleador.

SEGUNDO.- Quedando suficientemente fundada la causa para extinguir el contrato, con efectos de la fecha de esta sentencia, se estima el recurso, con declaración de los efectos regulados en el art. 50.2 y 56.1 a) del ET , atendiendo a las circunstancias referidas a la antigüedad en la empresa y la retribución computable constatadas en la sentencia de instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,