Sentencia Social Nº 7/2013, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 5, Rec 4767/2012 de 14 de Enero de 2013

Encabezamiento

RSU 0004767/2012

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.5

MADRID

SENTENCIA: 00007/2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO SOCIAL-SECCION 5ª

MADRID

Sentencia nº 7

ILMA. SRA. Dª. BEGOÑA HERNANI FERNÁNDEZ

PRESIDENTE

ILMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO DE ORO PULIDO SANZ

ILMA. SRA. Dª. ALICIA CATALÁ PELLÓN

En Madrid, a catorce de enero de dos mil trece.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A Nº 7/2013

En el recurso de suplicación nº 4767/2012, interpuesto por D. Eladio , representado por el Letrado D. Agustín Díez del Blanco, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número 21 de los de Madrid, en autos núm. 975/2011, siendo recurrido MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, representado por el Letrado D. José María Aguilera Anegón, ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª. ALICIA CATALÁ PELLÓN.

Antecedentes

PRIMERO.-En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por D. Eladio contra EMPRESA MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, en reclamación por despido, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 30 de marzo de 2012 , en los términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO.-En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

PRIMERO.- La parte actora ha venido prestando servicios para la demandada desde el 3-8-2009 con la categoría profesional de Grupo Profesional 2, Nivel retributivo 6 y percibiendo un salario mensual de 2570,20 euros con inclusión de parte proporcional de pagas extras (documental ramo de la demandada).

SEGUNDO.- El iter de la prestación de servicios de la demandante es el siguiente:

Del 3-8-2009 al 2-8-2011 prestó servicios mediante contrato en prácticas obrante en el folio 141 de autos que se da por reproducido.

TERCERO.- Anteriormente la demandante estuvo vinculada con el organismo demandado durante los siguientes periodos:

De 10-03-08 a 31-12-08 es beneficiario de una beca con una indemnización económica de 539 euros abonados a través de la Asociación Diálogo cuyo objeto es 'Bolsa de Stages'.

De 10-9-08, 2-04-09 y 1-07-09 mediante prórrogas de dichas becas que obran en los folios 72 y siguientes de autos. En dicho periodo se refiere a la formación de los becarios según el programa de formación existente a la que se accede tras haber superado unas pruebas de aptitud teórico-prácticas (folios 95 y 121 de autos)

Los documentos acreditativos de la concesión de dichas becas obran en el ramo de prueba de la demanda y sus términos se dan por reproducidos sin que durante la duración de las mismas tuviera un horario en la empresa demandada ni ésta le abonara contraprestación alguna, ni el actor realizara peritajes por cuanto no tenía la titulación requerida para ello efectuando peritaciones de carácter formativo como de los documentos 6 y 10 ramo de la demandada y de la testifical se desprende.

CUARTO.- La actora en el contrato de prácticas suscrito en 2009 desarrolló la peritación de vehículos siniestrados cuyo informe enviaba vía email a la empresa y dichos informes eran supervisados por peritos de la compañía (interrogatorio de la actora y testifical)

En fecha 2 de agosto de 2011 la empresa le comunicó que con efectos de la misma fecha quedaba extinguido su contrato (doc 16 ramo de la empresa)

QUINTO.- Se ha celebrado acto de conciliación sin avenencia.

TERCERO.- En dicha sentencia se emitió el siguiente FALLO:

Desestimando la demanda formulada por D. Eladio contra MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILÍSTICA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones formuladas en su contra.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por D. Eladio , siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos al Magistrado Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Frente a la sentencia que, en instancia, ha desestimado la demanda planteada por el actor, en materia de despido, recurre en suplicación su representación Letrada, formulando recurso, por el cauce de los apartados a ), b ) y c) del artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social , que ha sido impugnado por la representación Letrada de la empresa demandada Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija.

El primer motivo del recurso, se limita a enunciar, sin más, como acertadamente advierte la representación Letrada impugnante, el artículo 193 a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social , sin desarrollar, como decimos, el motivo por el que considera que la sentencia recurrida le provoca indefensión y sin siquiera trasladar al suplico, la pretensión de nulidad de la misma con la consecuente devolución de las actuaciones al Juzgado de instancia.

Lo anterior probablemente se debe a un error y por ello, el motivo se desestima, dando paso al análisis de las dos revisiones fácticas planteadas.

Así, en el segundo motivo del recurso, se pretende la modificación del ordinal tercero, porque el recurrente lo considera incompleto.

El hecho tercero del relato fue obtenido por la Magistrada de instancia a partir del examen de la prueba documental obrante en autos a los folios número 95,121,6 y 10 y desde la valoración de la prueba testifical practicada en el juicio.

En el motivo se argumenta, en esencia, que en el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 31 de julio del mismo año en el que la beca del demandante estaba en situación de prórroga, el actor no realizó ningún tipo de actividad formativa sino que en realidad, se dedicaba a realizar peritajes en solitario.

Como ha resaltado esta Sala en profusas ocasiones (SSTSJM de 28 de septiembre de 2012, (RS nº 3223/2012 ) y 19 de octubre de 2012, (RS nº 4347/2012 ) 'La doctrina jurisprudencial nos recuerda que sólo se admitirá el error de hecho en la apreciación de la prueba cuando concurran estas circunstancias: ' a) Señalamiento con precisión y claridad del hecho negado u omitido; b) Existencia de documento o documentos de donde se derive de forma clara, directa y patente el error sufrido, sin necesidad de argumentaciones, deducciones o interpretaciones valorativas; c) Ser la modificación o supresión del hecho combatido trascendente para la fundamentación del fallo, de modo que no cabe alteración en la narración fáctica si la misma no acarrea la aplicabilidad de otra normativa que determine la alteración del fallo' ( sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1.993 ). A su vez, según esta misma doctrina, el documento en que se base la petición revisoria debe gozar de literosuficiencia, por cuanto: '(...) ha de ser contundente e indubitado per se , sin necesidad de interpretación, siendo preciso que las afirmaciones o negaciones sentadas por el Juzgador estén en franca y abierta contradicción con documentos que, por sí mismos y sin acudir a deducciones, interpretaciones o hipótesis evidencien cosa contraria a lo afirmado o negado en la recurrida' ( sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1.990 )' siendo en todo caso el ofrecimiento de un texto alternativo al judicial, requisitos todos ellos, que no concurren en el caso presente, máxime cuando la conclusión fundamental sobre la que se estructura el motivo: el hecho de que el demandante, en los períodos de prórroga de la beca, realizaba peritajes en solitario, contradice de manera abierta, el ordinal tercero obtenido a través de la valoración conjunta de la prueba documental y testifical, que indica que eso no era así, porque el demandante no tenía la titulación requerida limitándose a realizar peritaciones de carácter formativo.

Por todo ello el motivo no se estima.

En el tercer motivo del recurso, se insta la revisión del ordinal cuarto que señala, en la versión judicial lo siguiente: 'La actora en el contrato en prácticas suscrito en 2009, desarrolló la peritación de vehículos siniestrados cuyo informe enviaba vía e mail a la empresa y dichos informes eran supervisados por peritos de la compañía (interrogatorio de la actora y testifical). En fecha 2 de agosto de 2011, la empresa le comunicó que con efectos de la misma fecha quedaba extinguido el contrato (documento 16 del ramo de la empresa)'.

Se aduce por el recurrente que nuevamente tal ordinal se redacta de forma incompleta realizándose una larga serie de manifestaciones con cita incluso de un precepto del convenio colectivo de aplicación, para colegir que se produjo un fraude de ley en su contratación, sin ofrecer un texto alternativo al que acabamos de transcribir y todo ello pese a que se cite una amplia prueba documental que, en modo alguno, es literosuficiente a los efectos pretendidos.

TERCERO.-Del firme, ya, relato fáctico resulta que el actor (1º HDP), presta servicios para la Mutua demandada desde el 3 de agosto de 2009, con la categoría profesional de grupo 2, nivel retributivo 6, percibiendo la suma de 2570,20 euros mensuales con inclusión del prorrateo de pagas extraordinarias como salario. Del 3 de agosto de 2009 al 2 de agosto de 2011 prestó servicios mediante contrato en prácticas y del 10 de marzo de 2008 al 31 de diciembre del mismo año fue beneficiario de una beca, con una indemnización económica de 539 euros abonados a través de la Asociación Diálogo cuyo objeto era 'bolsa de stages', becas que fueron prorrogadas, de 10 de septiembre de 2008, 2 de abril de 2009 y 1 de julio de 2009 (2º HDP), periodo que según el ordinal tercero del relato se refiere a la formación de los becarios según el programa de formación existente a la que se accede tras haber superado pruebas de aptitud teórico practicas. En las situaciones de prórroga el demandante no tuvo u horario en la empresa, ni que esta le abonara contraprestación alguna, ni el actor realizaba peritajes por cuanto no tenía la titulación requerida para ello. Efectuaba peritaciones de carácter formativo. La actora en el contrato en prácticas suscrito en 2009, desarrolló la peritación de vehículos siniestrados cuyo informe enviaba vía e mail a la empresa y dichos informes eran supervisados por peritos de la compañía (interrogatorio de la actora y testifical). En fecha 2 de agosto de 2011, la empresa le comunicó que con efectos de la misma fecha quedaba extinguido el contrato (documento 16 del ramo de la empresa) (3º y 4º HDP).

Y desde este firme ya, relato fáctico, la conclusión no puede ser otra que la alcanzada en instancia de modo atinado.

En la versión del ET en la fecha en la que la extinción se produce, el artículo 11 del ET señala en su apartado primero que el contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio (LA LEY 981/2002), de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cinco años, o de siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación cursados. Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales objeto de este contrato. b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, dentro de cuyos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar la duración del contrato, atendiendo a las características del sector y de las prácticas a realizar. Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad. Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado de profesionalidad. A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y, en su caso, doctorado, correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato en prácticas el trabajador estuviera ya en posesión del título superior de que se trate. No se podrá concertar un contrato en prácticas en base a un certificado de profesionalidad obtenido como consecuencia de un contrato para la formación celebrado anteriormente con la misma empresa. d) Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el período de prueba no podrá ser superior a un mes para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de título de grado medio o de certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que están en posesión de título de grado superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3. e) La retribución del trabajador será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 60 o al 75 por 100 durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. f) Si al término del contrato el trabajador continuase en la empresa no podrá concertarse un nuevo período de prueba, computándose la duración de las prácticas a efecto de antigüedad en la empresa.

La LO 5/2002 establece el catálogo nacional de cualificaciones profesionales integrando las distintas ofertas de formación profesional, la reglada que se regula en el RD de 15 de diciembre de 2006 y la continua a partir del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo que deroga en parte el Real Decreto488/1998, de 27 de marzo de contratos formativos, estableciendo un modelo único.

Declara el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de mayo de 2008, Rec. nº. 4247/2006 que '... la doctrina de la Sala ha sido ya unificada por las sentencias de 22 de noviembre de 2.005 (Rec. 4752/2004 ), 4 de abril de 2.006 (Rec. 856/2005 ) .... En (el ) ... fundamento jurídico segundo de esta última sentencia, la Sala, reiteraba el contenido de la sentencia de 2 de abril de 2006 , recordando que : '....ya había precisado con anterioridad en la importante sentencia de 13 de junio de 1988 que 'tanto en la beca como en el contrato de trabajo se da una actividad que es objeto de una remuneración, de ahí la zona fronteriza entre ambas instituciones'. Las becas -añadía la sentencia citada- son en general asignaciones dinerarias o en especie 'orientadas a posibilitar el estudio y formación del becario' y si bien 'es cierto que este estudio y formación puede en no pocas ocasiones fructificar en la realización de una obra', por lo que 'no son escasas las becas que se otorgan para la producción de determinados estudios o para el avance en concretos campos de la investigación científica', hay que tener en cuenta que 'estas producciones nunca se incorporan a la ordenación productiva de la institución que otorga la beca'. De ahí que si bien el perceptor de una beca realiza una actividad que puede ser entendida como trabajo y percibe una asignación económica en atención a la misma, por el contrario, aquel que concede la beca y la hace efectiva no puede confundirse nunca con la condición propia del empresario ya que no incorpora el trabajo del becario a su patrimonio, circunstancia esencial a la figura del empresario, cuya actividad si bien puede carecer de ánimo de lucro, lo que siempre es subjetivo, no carece nunca de lo que en este aspecto puede denominarse sentido de lucro en la actividad que ejerce. Por su parte, la sentencia de 7 de julio de 1998 precisa que el becario, que ha de cumplir ciertas tareas, no las realiza en línea de contraprestación, sino de aportación de un mérito para hacerse acreedor de la beca y disminuir así la carga de onerosidad que la beca representa, por lo que con ésta se materializa un compromiso que adquiere el becario y que no desvirtúa la naturaleza extralaboral de la relación existente. De ahí que la clave para distinguir entre beca y contrato de trabajo sea que la finalidad perseguida en la concesión de becas no estriba en beneficiarse de la actividad del becario, sino en la ayuda que se presta en su formación. El rasgo diferencial de la beca como percepción es su finalidad primaria de facilitar el estudio y la formación del becario y no la de apropiarse de los resultados o frutos de su esfuerzo o estudio, obteniendo de ellos una utilidad en beneficio propio. La sentencia de 22 de noviembre de 2005 insiste en que la esencia de la beca de formación es conceder una ayuda económica de cualquier tipo al becario para hacer posible una formación adecuada al título que pretende o que ya ostenta, bien en centro de trabajo de la entidad que concede la beca, bien en centro de estudios ajeno al concedente, mientras que la relación laboral común no contempla ese aspecto formativo y retribuye los servicios prestados por cuenta y a las órdenes del empleador, con independencia de que la realización de los trabajos encomendados puedan tener un efecto de formación por la experiencia, que es inherente a cualquier actividad profesional. De ahí que las 'labores encomendadas al becario deben estar en consonancia con la finalidad de la beca y, si no es así y las tareas que se le ordena realizar integran los cometidos propios de una categoría profesional, la relación entre las partes será laboral'.

En esta misma sentencia la Sala precisaba que : 'el problema reside en la valoración de la prestación del becario en el marco de la propia actividad de la entidad que concede la beca, porque si del correspondiente examen se obtiene que la finalidad fundamental del vínculo no es la de contribuir a la formación del becario, sino obtener un trabajo necesario para el funcionamiento o la actividad de gestión del concedente, la conclusión es que la relación será laboral, si en ella concurren las restantes exigencias del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores . Y, como dice la sentencia de 22 de noviembre de 2005 , en el supuesto decidido concurren datos esenciales para la calificación como laboral de la relación entre las partes'.

Y en el caso, correctamente fijada por la magistrada de instancia la antigüedad del trabajador en la fecha en la que concierta el contrato de trabajo en prácticas con la demandada (descartado el periodo de tiempo en el que estuvo becado por una empresa no interviniente en estas actuaciones, por falta de acreditación de una relación laboral propiamente dicha), lo cierto es que nos encontramos con un trabajador contratado en prácticas, en fecha 3 de agosto de 2009 , dentro de los cinco años siguientes a la terminación de sus estudios (que finalizaron como dice el contrato que obra al folio 142, en fecha 15 de julio de 2009), concluyendo el contrato a la expiración del plazo de dos años que, como duración máxima para este tipo de contrataciones, prevé el artículo 11.1 del ET y así las cosas, no puede considerarse ni que exista fraude en la contratación porque el fraude no se presume y debe probarse, ni que el contrato en prácticas se haya suscrito por la Mutua para burlar la finalidad que lo preside que no es otra que la de la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación cursados por el demandante, al no haberse demostrado ni por lo más remoto que el puesto que se asignó al actor no permitiera tal finalidad (en cuyo caso, sí sería la actuación del empresario merecedora de la infracción administrativa grave a la que se alude en el artículo 7.2 de la LISOS que también se cita por el recurrente como infringido).

De este modo, cumpliéndose las exigencias de forma previstas en los artículos 17 y siguientes del RD 488/1998 , no cabe aplicar la presunción prevista en el artículo 22 del citado Decreto en el sentido de permitirse la posibilidad de presumir celebrado por tiempo indefinido el contrato en prácticas en el que no se hubiesen observado las exigencias de formalización escrita o celebrado en fraude de ley y entendiendo como entendemos que el contrato se celebró para lo que, jurisprudencialmente se denomina como 'dar firmeza, en sentido práctico, a una formación ya adquirida a unos conocimientos que ya se poseen ( STS de 11 de febrero de 1993 )' procede, en lógica consecuencia, la confirmación del atinado fallo recurrido.

Fallo

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación Letrada de DON Eladio , contra la sentencia dictada el 30 de marzo de 2012, por el Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid en autos número 975/2011, promovidos por el recurrente contra la empresa MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTICA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, confirmándola íntegramente y en todos los pronunciamientos que contiene.

Sin costas.

Dese a los depósitos y consignaciones el destino legal.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por correo certificado con acuse de recibo que se unirá a los autos conforme establece el art. 56 LRJS , incluyendo en el sobre remitido copia de la presente resolución.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente resolución pueden, si a su derecho conviene, interponer RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los DIEZ DÍAS laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 220 , 221 y 230 de la LRJS .

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, que deberá acreditar ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente número nº 2876 0000 00(SEGUIDO DEL NÚMERO DE RECURSO DE SUPLICACIÓN) que esta Sección Quinta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, sucursal número 1026 sita en la calle Miguel Ángel 17, 28010, de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación (o casación para la unificación de doctrina) contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe fijo con carácter general a 750 euros, salvo en el caso de trabajadores, sean por cuenta ajena o propia, o beneficiarios del régimen público de Seguridad Social, en cuyo caso su montante será de 300 euros, amén de la cuota variable de la citada tasa en atención a la cuantía del recurso a que hace méritos el artículo 7.2 de la misma norma , con una exención, también en este caso, del 60 por 100 si se trata de trabajadores o beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso- administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, norma reglamentaria en vigor desde el 17 de diciembre de 2012.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala, y expídase testimonio de esta sentencia para su unión al rollo de suplicación.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION:Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día 30/1/2013 por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal, habiéndoseme hecho entrega de la misma por el Ilmo. Magistrado Ponente, firmada por los tres Magistrados en esta misma fecha para su notificación. Doy fe.