Sentencia SOCIAL Nº 714/2021, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4666/2019 de 01 de Julio de 2021

Encabezamiento

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 4666/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Margarita Torres Ruiz

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Sentencia núm. 714/2021

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Antonio V. Sempere Navarro

D. Ángel Blasco Pellicer

Dª. Concepción Rosario Ureste García

D. Juan Molins García-Atance

D. Ricardo Bodas Martín

En Madrid, a 1 de julio de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de fecha 21 de octubre de 2019, recaída en su recurso de suplicación núm. 577/2019, que desestimó el recurso de suplicación formulado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 6 de Santander de 10 de mayo de 2019, que resolvió la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por Dª Claudia contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El Letrado D. Eduardo Porcelli Flor, en representación de Dª Claudia, presenta escrito de impugnación contra el recurso de casación para la unificación de doctrina.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín.

Antecedentes

PRIMERO.-1. Presentada demanda en reclamación de cantidad por Dª Claudia contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fue turnada al Juzgado de lo Social núm. 6 de Santander, quien dictó sentencia el 10 de mayo de 2019, en cuyos HECHOS PROBADOS consta lo siguiente:

1º La actora Dª Claudia, ha venido prestando sus servicios profesionales para la empresa demandada, Ministerio de Educación y Cultura, como Profesora de Religión, desde el 1 de septiembre de 1987, percibiendo un salario mensual, con prorrata de pagas extraordinarias, de 2.280,72€ en 2014, de 2.313,47€ en 2015 y de 2.185,80€, en 2016 y 2017.

2º Las cuantías económicas asignadas al componente específico por formación permanente de los funcionarios de carrera docentes (valor del sexenio) fueron fijadas en la Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos (BOE 26/05/2010).

De estimarse la demanda, la cantidad no abonada por la empresa demandada a la actora, en concepto de Componente por Formación Permanente (sexenios), asciende 9.361,38€, en el periodo comprendido entre octubre de 2014 a enero de 2017.

3º Con fechas de 29 de octubre y 2 de diciembre de 2014, por las organizaciones Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), USO, APPRECE y CC.OO. se presentaron demandas de conflicto colectivo, que dieron lugar a los autos nº 297/2014 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que, con fecha de 16 de diciembre de 2014 dictó Sentencia con el siguiente Fallo: 'En las demandas acumuladas de conflicto colectivo, promovidas por CSIF y AMPE, a las que se adhirieron USO, APRECE y CCOO, estimamos dichas demandas en sus propios términos y declaramos el derecho de los profesores de religión a devengar y percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos docentes en el mismo nivel educativo y condenamos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos'.

Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por el Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y con fecha de 9 de febrero de 2016, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el recurso nº 152/2015, dictó sentencia desestimatoria del recurso de casación.

Ambas resoluciones constan en las actuaciones y se dan por reproducidas.

4º Con fecha de 30 de junio de 2017, la actora presentó ante la entidad demandada, solicitud en reclamación de los sexenios.

La demanda origen del presente procedimiento se presentó con fecha de 9 de febrero de 2017'.

2.-En la parte dispositiva de dicha sentencia consta lo siguiente: 'Estimo la demanda formulada por Dª Claudia frente al Ministerio de Educación y Cultura, y en consecuencia debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 9.361,38e, que devengará el 10% del interés de demora'.

SEGUNDO. -El Abogado del Estado en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte interpuso recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, quien dictó sentencia el 21 de octubre de 2019, en cuya parte dispositiva consta lo siguiente: 'Desestimamos el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Santander, de fecha 13 de mayo de 2019 (Proc. 100/2017), dictada en virtud de demanda seguida por Dª. Claudia contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, confirmando íntegramente dicha resolución.

Condenamos a la Administración recurrente a abonar al Letrado de la parte impugnante honorarios por importe de 850 euros- IVA incluido-'.

TERCERO. -1. El Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, presenta recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia recurrida. Aporta como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, de 14 de noviembre de 2018, rec. supl. nº 919/2018.

2. El Letrado D. Eduardo Porcelli Flor, en representación de Dª Claudia, presenta escrito de impugnación contra el recurso de casación para la unificación de doctrina.

3. El Ministerio Fiscal en su informe interesa la procedencia del recurso de casación para la unificación de doctrina.

CUARTO. -Mediante providencia de 21 de abril de 2021 se designa nuevo Ponente, por necesidades del servicio, al Excmo. Sr. D. Ricardo Bodas Martín y se fija como fecha de votación y fallo el día 30 de junio de 2021, fecha en la que tuvo lugar.

Fundamentos

PRIMERO.-1. La cuestión planteada consiste en decidir si la demandante, profesora de religión en centros públicos de educación dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, tiene derecho a devengar el complemento de formación específica, denominado sexenios, sin acreditar la formación específica requerida para ello.

2. La sentencia recurrida desestimó el recurso de suplicación, interpuesto por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, y confirmó la sentencia de instancia, que había estimado la demanda de la trabajadora frente al Ministerio de Educación y Cultura, y condenó a dicha parte demandada a abonar a la actora, la cantidad de 9.361,38 €.

La demandante solicitaba frente al Ministerio de Educación el pago de 'sexenios' en las mismas condiciones que los profesores interinos, respecto del período comprendido entre octubre de 2014 y enero de 2017. La actora ha venido prestando servicios para el Ministerio de Educación como profesora de Religión, desde el 1 de septiembre de 1987. Las cuantías económicas, asignadas al componente específico por formación permanente de los funcionarios de carrera docentes (valor del sexenio), fueron fijadas por Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y presupuestos.

El 9 de febrero de 2016 esta Sala Cuarta dictó sentencia desestimando el Recurso de Casación frente a la sentencia de la Audiencia Nacional que había estimado la demanda de Conflicto Colectivo, y declaró el derecho de los profesores de religión a devengar y percibir el complemento de formación (sexenios), en las mismas condiciones que los profesores interinos docentes en el mismo nivel educativo.

La sentencia de suplicación, desestima el recurso formulado por el Ministerio de Educación, tras desestimar la petición de nulidad de actuaciones y la revisión de hechos probados. La Sala centra la cuestión litigiosa en determinar la necesidad de que los profesores de religión acrediten la formación para ser acreedores del complemento de formación específica denominado 'sexenio'. La Sala de Cantabria se remite a diversas sentencias previas del propio tribunal cuyos argumentos reproduce, y que se basaba en las conclusiones de la Sentencia de la Audiencia Nacional, dictada en el procedimiento de Conflicto Colectivo y que fue confirmada por esta Sala Cuarta, y en la que se partía del reconocimiento del derecho reclamado por los profesores de religión, siempre que cumplieran todos los requisitos exigidos a los profesores interinos: seis años de permanencia como profesores de religión y acreditar las horas de formación establecidas.

La sala de suplicación considera que la sentencia de esta Sala Cuarta, de 9 de febrero de 2016 desplegaba efectividad de cosa juzgada positiva respecto de ulteriores conflictos individuales, y al argumentarse en ella que no podía recaer en perjuicio del colectivo el hecho de no haberle sido facilitado el medio de acceder a la realización de la actividad formativa, la conclusión que se alcanzaba era que la falta de prueba del cumplimiento del requisito no había impedido reconocer el derecho, y así el hecho de que no existiera tal formación no podía afectar a los profesores, integrando dicho argumento ahora, según la sala de suplicación, el efecto de cosa juzgada, aplicando la misma solución que la reconocida a los funcionarios interinos, a quienes se les había reconocido el complemento del sexenio sin que se justificara la formación, debiendo corresponder en todo caso al Ministerio justificar que había existido la posibilidad de proporcionar dicha formación en el caso concreto.

3. Recurre el Abogado del Estado en casación para la unificación de doctrina, citando como sentencia de contraste la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, de 14 de noviembre (R. 919/2018). En este caso la actora venía prestando servicios como profesora de religión y moral católica y el 31 de enero de 2014 solicitó el reconocimiento de tres sexenios, siendo que había realizado los cursos de formación y el MEC le había reconocido unas actividades de formación permanente a efectos de sexenios.

El juez de instancia estimó parcialmente la demanda y declaró el derecho de la actora a que se le reconociese un sexenio por el último periodo y los cursos realizados reconocidos por la administración como actividades de formación permanente, que habían superado las 100 horas de formación. La STSJ de contraste confirma dicha resolución, estima parcialmente la demanda y reconoce el derecho al devengo de uno de los tres sexenios reclamados por la actora, concretamente el último al constar que en ese período realizado las actividades de formación homologadas por el MEC y en sus fundamentos se refiere a la STS 79/2016 para concluir, -de acuerdo con esta doctrina, el derecho de los profesores de religión al reconocimiento de sexenios, en las mismas condiciones que los profesores interinos. Entre estas condiciones, señala, está la realización de cursos de formación homologados por el MEC. Para ello hace una extensa cita de toda la normativa que regula la materia, especialmente la Orden Ministerial EDU 2886/2011 de 20 de octubre por la que se aprueba el Reglamento que regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado.

4. La señora Claudia impugna el recurso de casación. Considera que no hay contradicción entre las sentencias, porque la referencial versa sobre qué cursos son válidos a efectos de sexenios, mientras que aquí se discute si es necesario acreditar que se han realizado acciones formativas. Defiende, en todo caso, que la doctrina correcta corresponde a la sentencia recurrida.

5. Por su lado, con fecha 18 de marzo de 2021 el representante del Ministerio Fiscal ante esta Sala Cuarta emite el Informe contemplado en el artículo 226.3LRJS. Considera concurrente la contradicción y acertada la doctrina contenida en la sentencia referencial.

SEGUNDO. -1.- El art. 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina y en atención a su objeto, precisa de la existencia de sentencias contradictorias entre sí, lo que se traduce en que contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de 'hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales'.

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.

2. La Sala considera, al igual que el Ministerio Fiscal, que concurre la contradicción del art. 219LRJS. El devengo de los sexenios por los profesores de religión se condiciona en la sentencia de contraste a que los cursos de formación permanente se realicen y sean homologados por el MEC, lo que constituye una prueba reforzada que no se exige en la recurrida. Ésta otorga los sexenios reclamados sin necesidad de demostrar el cumplimiento de las horas de formación exigidas, al no haberse demostrado tampoco por el MEC que las horas alegadas no se realizaron.

Ambas sentencias parten de lo resuelto en la STS 9/02/2016, rec. 152/2015, que confirma la SAN 16/12/2014, proced. 297/2014 y de la cosa juzgada positiva derivada de ellas que, sin embargo, interpretan de manera distinta, lo que determina la contradicción generada. Las diferencias puestas de relieve por el elaborado escrito de impugnación al recurso no afectan a la identidad relevante.

TERCERO. -1. El Abogado del Estado, conforme a lo dispuesto en el art. 224.1 y 2, en relación con el art. 207.e LRJS, interpone un único motivo de casación, en el que denuncia, que la sentencia recurrida ha infringido el ordenamiento jurídico integrado por lo dispuesto en el art. 160.3 y 5 LRJS, en relación con la STS 79/2016, de 9 de febrero de 2016, rec. 152/2015 y en el art. 29.3ET, así como el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991, por el que se regulan las prestaciones complementarias del profesorado de Centros de Enseñanza Básica, Bachillerato, Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas y de idiomas formuladas por profesores de religión, con la Orden EDU/2886/2001, de 20 de octubre y la jurisprudencia de este Tribunal.

2. Vamos a anticipar de antemano, que la Sala no comparte que, de nuestra STS 79/2016, confirmatoria de la SAN 16-12-2014, proced. 297/2014, derive el reconocimiento del derecho a percibir el complemento por formación, aunque no se haya cursado acción formativa alguna. No lo compartimos, porque lo que sí deriva del conflicto colectivo finalizado en 2016 es el derecho del colectivo en cuestión a percibir sexenios en condiciones análogas al funcionariado interino, tal y como habían interesado los promotores del conflicto colectivo, toda vez que lo solicitado entonces: 'reconocimiento del derecho al complemento de formación permanente en las condiciones y cuantía que les corresponda a los funcionarios interinos docentes dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte', es exactamente lo allí reconocido.

Así se deduce con absoluta claridad del fundamento de derecho tercero de la SAN, donde se afirma que en ambas demandas se reclama el derecho de los profesores de religión al devengo y la retribución del complemento de formación ( sexenios) en las condiciones y cuantía que les corresponda a los funcionarios interinos docentes del mismo nivel retributivo del MECD, concluyéndose que '...dicha pretensión debe estimarse en sus propios términos, puesto que los profesores de religión tienen derecho a la equiparación retributiva con los profesores interinos, sin que la Sala pueda pronunciarse sobre el cumplimiento de los módulos formativos por parte de los profesores interinos, que han percibido sexenios, ni tampoco sobre la formación, recibida, en su caso, por los profesores de religión, puesto que ni los demandantes probaron que los profesores de religión hayan realizado los módulos formativos exigidos, ni la Abogada del Estado probó que los profesores interinos lo hicieran, ni tampoco que no lo hicieran los profesores de religión'. Esa sentencia fue confirmada por nuestra STS 79/2016 y tanto una como otra sentencia se basan en la apreciación fáctica de que el reconocimiento judicial del derecho a percibir los sexenios 'no consta que haya sido acompañado de la adecuada implementación formativa lo que supondría una mera aceptación nominal por la empleadora del derecho reconocido en vía judicial'. La Sala entiende que esa valoración de lo acaecido a la altura de 2014, no puede condicionar lo que sucediera con posterioridad, de modo que la cosa juzgada debe entenderse válidamente proyectada sobre la realidad mientras la misma fuere homogénea y no cuando sufriera cambios.

No lo puede condicionar, porque no es cierto que las sentencias examinadas hayan reconocido el derecho a los profesores de religión a percibir el complemento por formación, aunque no hayan acreditado los módulos formativos, puesto que, si bien en el hecho probado sexto de la SAN se afirma que 'El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no abona sexenios a los profesores de religión, aunque si los abona a los profesores interinos docentes', en el FD tercero se concluye que '...los profesores de religión, siempre que cumplan todos los requisitos, exigidos a los profesores interinos, para percibir los sexenios - seis años de permanencia como profesores de religión y acreditar las horas de formación establecidas - tendrán derecho a percibir los sexenios como si fueran profesores interinos', para subrayar, a continuación que, '...sin que la Sala pueda pronunciarse sobre el cumplimiento de los módulos formativos por parte de los profesores interinos, que han percibido sexenios, ni tampoco sobre la formación, recibida, en su caso, por los profesores de religión, puesto que ni los demandantes probaron que los profesores de religión hayan realizado los módulos formativos exigidos, ni la Abogada del Estado probó que los profesores interinos lo hicieran, ni tampoco que no lo hicieran los profesores de religión'.

3. Una vez precisado que las sentencias examinadas no despliegan efectos positivos de la cosa juzgada en los términos defendidos por la sentencia recurrida, la Sala considera que la doctrina, mantenida en la sentencia recurrida, es errónea, como ya advertimos en SSTS 7-10-2020, rcud. 4780/19, 2761/19, 2792/19, 2795/19 y 2791/19, por las razones siguientes:

a) La finalidad del complemento.

Como queda expuesto el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1991 fue claro al establecer los requisitos para percibir los sexenios.

En su momento, la Orden de 26 de noviembre de 1992 reguló la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y estableció la equivalencia de las actividades de investigación y de las titulaciones universitarias. En su preámbulo puso de relieve que 'la realización de actividades de formación permanente surte efectos específicos en la carrera profesional de los docentes, bien como mérito en oposiciones y concursos o como requisito necesario, en el caso de los funcionarios docentes, según el Acuerdo de 20 de junio de 1991 entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las Organizaciones Sindicales, para la acreditación, cada seis años, de su participación en actividades de formación con, al menos, una duración total de cien horas, a fin de obtener el nuevo componente que integra el complemento específico'.

Posteriormente, la Orden EDU/2886/2011 de 20 de octubre que regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado ha adaptado las previsiones al sistema autonómico de competencias, manteniendo el mismo esquema.

Por lo tanto, no cabe duda de que los sexenios en liza obedecen a una clara finalidad: incentivar y gratificar la propia formación del profesorado. El artículo 103 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación prescribe que 'la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros'.

b) La sinalagmaticidad de la remuneración.

Conforme al artículo 26ET 'se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores [...] por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena', por lo que aceptar que una remuneración establecida en función de un presupuesto formativo se devenga, aunque el mismo quiebre, constituye una anomalía.

c) El sentido de la equiparación.

Cuando las normas equiparan el régimen retributivo del profesorado de religión al del funcionariado interino no están queriendo remitirse a lo que suceda en la realidad sino, lógicamente a lo previsto en las normas que lo disciplinan. La igualación no puede depender de lo que acaezca, sino de lo que el ordenamiento prescribe. Por ejemplo, si la Administración incumple con los mandatos retributivos para el personal funcionarial, es claro que no puede pretenderse que quienes imparten clases de Religión nada tienen que reclamar, puesto que están parificados (aunque sea en el incumplimiento).

Nuestra STS 799/2019 de 21 noviembre (rcud. 1315/2019) resume diversos pronunciamientos advirtiendo que 'la retribución del colectivo accionante no puede ser inferior a la establecida para el Profesorado interino, tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, cuando al referirse a la remisión que al régimen laboral hace la DA Tercera LOE, sostiene que tal norma ha de entenderse en el sentido de que, por principio, constituye una opción que persigue lograr la máxima equiparación posible en el estatuto jurídico y económico de los profesores de religión con respecto al resto de los profesores, sin perjuicio de sus singularidades específicas, lo que significa que los Profesores de Religión disfrutarán de los derechos fundamentales y legales que como trabajadores tienen reconocidos en nuestro Ordenamiento de manera irrenunciable, desde un criterio de máxima equiparación, bien que con las modulaciones que resultan de la singularidad de la enseñanza religiosa ( SSTC 38/2007, 15 de febrero y 51/2011, de 14 de abril)'.

d) La equiparación no puede tomar como referencia la situación contraria al ordenamiento.

Es indudable que el complemento por sexenios viene establecido para quienes han llevado a cabo la formación permanente querida por nuestras Leyes, que los funcionarios interinos tienen derecho al complemento (en iguales condiciones que quienes lo son de carrera) y que a ellos se equipara el colectivo afectado por el presente conflicto.

Pues bien, si la Administración, apartándose de lo previsto por las normas y de lo exigible constitucionalmente ( art. 9.3 CE) reconociera el referido complemento a quienes carecen del derecho al mismo, de ello no podría tampoco derivar el derecho a percibirlo por parte de quienes vienen equiparados en su posición contractual. Como siempre ha advertido la doctrina constitucional, el derecho a la igualdad en la Ley no garantiza la igualdad en la ilegalidad (por todas, STC 40/1989, de 16 febrero); en ningún caso aquél a quien se aplica la Ley puede considerar violado el principio de igualdad por el hecho de que la Ley no se aplique a otros que, al igual que él, la han incumplido (Por todas, STC 21/1992, de 14 febrero).

e) La doctrina unificada viene reconociendo derecho individual a percibir sexenios cuando se ha acreditado formación.

Con posterioridad a nuestra STS 79/2016, hemos reconocido el derecho a que el profesorado de Religión perciba el complemento en cuestión, aunque sin estar en juego la misma duda que ahora, sino el propio derecho. En esas sentencias consta en los hechos probados la acreditación de la formación exigida mediante la realización de cursos homologados por el Ministerio de Educación. Entre las últimas que hemos dictado, puede verse las SSTS 799/2019 de 21 noviembre (rcud. 1315/2017) y 288/2020 de 7 mayo (rcud. 2800/2017); los hechos probados de las sentencias de instancia exponen claramente que quienes reclaman han cursado la formación exigida para devengar el complemento de referencia.

CUARTO. - Conforme a lo expuesto, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso de casación, interpuesto por el Abogado del Estado en nombre del Ministerio de Educación, casar y anular la sentencia recurrida y resolviendo el debate en suplicación, revocamos la sentencia del Juzgado de lo Social, que había estimado la pretensión de la trabajadora, con la consiguiente absolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sin costas.

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (hoy Ministerio de Educación y Formación Profesional), representado y defendido por el Abogado del Estado.

2. Casar y anular la STSJ Cantabria de 21-10-2019, que confirmó la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 6 de Santander de 13-05-2019, proced. 100/2017 y, resolviendo el debate en suplicación, estimar el de tal clase, interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de instancia, que revocamos en todos sus términos, con la consiguiente absolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (hoy Ministerio de Educación y Formación Profesional.

3. Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.