Sentencia SOCIAL Nº 72/2018, Juzgado de lo Social - Burgos, Sección 2, Rec 785/2017 de 05 de Marzo de 2018

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 2

BURGOS

SENTENCIA: 00072/2018

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

AVDA. REYES CATOLICOS S/N BURGOS (PLANTA 1ª-SALA VISTAS 1)

Tfno:947284055

Fax:947284056

Equipo/usuario: MBL

NIG:09059 44 4 2017 0002441

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000785 /2017

Procedimiento origen: /

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: Diego

ABOGADO/A:RAFAEL-CARLOS ZAMORA SAMPERIO

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:ARROIABE ELECTRICOS VIZKAIA SL, FOGASA , CONSTRUCCIONES URRUTIA S A

ABOGADO/A:, LETRADO DE FOGASA ,

PROCURADOR:, ,

GRADUADO/A SOCIAL:, ,

SENTENCIA 72/18

En BURGOS, a cinco de marzo de dos mil dieciocho.

D/Dª. MARIA JESUS MARTIN ALVAREZ Magistrado/a Juez del JDO. DE LO SOCIAL N. 2 tras haber visto el presente DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000785 /2017 a instancia de D/Dª. Diego , que comparece asistido del Letrado Don Rafael Zamora Samperio contra ARROIABE ELECTRICOS VIZKAIA SL, quien no comparece, FOGASA que comparece representada por la letrado de Fogasa, CONSTRUCCIONES URRUTIA S.A., que comparece representada por el Letrado Don Sergio Duran RamejoEN NOMBRE DEL REY, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

Antecedentes

PRIMERO.-D/Dª. Diego presentó demanda en procedimiento de DESPIDO contra ARROIABE ELECTRICOS VIZKAIA SL, FOGASA, CONSTRUCCIONES URRUTIA S.A. , en la que exponía los hechos en que fundaba su pretensión, haciendo alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso y finalizando con la súplica de que se dicte sentencia accediendo a lo solicitado.

SEGUNDO.-Que admitida a trámite la demanda, se ha/n celebrado los actos de conciliación, y en su caso, juicio/el acto de juicio con el resultado que obra en las actuaciones .

TERCERO.-La parte actora ha manifestado en el acto de juicio que desiste de la reclamación de cantidad así como de la demanda respecto de la empresa CONSTRUCCIONES URRUTIA S.A., manteniendo únicamente la misma frente a la empresa ARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L., en reclamación de extinción de contrato de trabajo al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del ET .

CUARTO.-En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos

PRIMERO.- DON Diego viene prestando servicios para la empresa ARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L., con una antigüedad de 22 de marzo de 2.017, ostentando la categoría profesional de Oficial de Primera y salario diario bruto con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias de 52,42 €.

SEGUNDO.-La empresa ARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L., desde el inicio de la relación laboral ha venido abonando su salario con retraso al demandante, no habiéndole abonado las mensualidades de agosto, septiembre, octubre de 2.017 y paga extraordinaria de verano de 2.017, habiendo procedido a darle de baja en la Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 9 de noviembre de 2.017, pasando a percibir prestación por desempleo el día 20 de noviembre de 2.017.

TERCERO.-En fecha 6 de noviembre de 2.017 el actor presentó papeleta de conciliación ante la UMAC, en reclamación de extinción de contrato de trabajo al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del ET y reclamación de cantidad, habiéndose celebrado acto de conciliación en fecha 17 de noviembre de 2.017 con el resultado de sin efecto respecto a la empresa ARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L., presentando demanda en fecha 30 de noviembre de 2.017.

CUARTO.-La parte actora, tal como ha concretado en el acto de juicio, solicita se declare la extinción de la relación laboral que le une con la empresa ARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L., al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del ET , con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

Fundamentos

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se han acreditado a través de la prueba documental obrante en autos.

SEGUNDO.-En primer lugar, en cuanto al salario diario bruto con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias, debe estarse al promedio del percibido por el actor, conforme a las bases de cotización aportadas por el FONDO DE GARANTIA SALARIAL como documento número 3 de su ramo de prueba, dado que percibía cantidades irregulares, lo que arroja un resultado de 52,42 € diarios.

TERCERO.-La parte actora solicita la aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del ET , que señala que serán justas causas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato, las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad, la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado, así como cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, teniendo en tales casos derecho el trabajador a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.

La Sentencia del TSJ del País Vasco de 14 de octubre de 1997 señala que el trabajador por el carácter personalísimo de sus servicios puede desistir unilateralmente del contrato de trabajo que le vincula con su empresario ( art 49-1-d ET ) de forma que su sola voluntad es suficiente a tal fin, sin necesidad de que su decisión esté basada en un previo incumplimiento de las obligaciones por parte de aquel. Basta pues, con que no le resulte de interés continuar manteniendo el vínculo contractual para que la relación pueda finalizar sin más deber por su parte que el de preavisar su decisión al empleador, salvo que por Convenio Colectivo o por pacto individual se dispusiera otra cosa lícitamente.

Ahora bien, nuestro Ordenamiento Jurídico también ha previsto la situación en la que el empresario incumple gravemente sus obligaciones para con el trabajador por circunstancias que no sean absolutamente imprevisibles e inevitables. Dicha situación puede provocar en este una pérdida de interés en continuar con el vínculo contractual pero que aquí viene provocada por esa actitud incumplidora del otro contratante, y es la razón por la que se ha regulado de forma distinta, disponiéndose que en estos casos el trabajador estará facultado para solicitar la extinción de su contrato de trabajo con derecho a percibir la misma indemnización que le habría correspondido si hubiera sido objeto de un despido improcedente.

Pero para el éxito de la acción resolutoria no basta con que se produzca una trasgresión empresarial de uno de sus deberes laborales, sino que se precisa siempre que sea grave. La resolución del contrato se ha de ofrecer, en suma, como fruto de la actitud de quien no confía ya razonablemente en obtener la satisfacción propia de la persona que trabaja por cuenta de otro, esto es, de alguien que se ve forzado a resolver el contrato de trabajo injustificadamente provocado por la conducta de su empresario, pero no de cualquier conducta, sino únicamente de aquella que constituya una trasgresión de las obligaciones que tiene contraídas por razón del contrato de trabajo, que además, le sea imputable, con lo que se descartan los supuestos en que el incumplimiento atañe a obligaciones no derivadas de dicho contrato como también aquellos en que la falta de cumplimiento de un deber laboral obedece a razones de fuerza mayor, pero no requiere en cambio que sea fruto de una actitud malévola o negligente por su parte.

Igualmente la razón de ser de ese derecho a ser indemnizado no estriba en los perjuicios que le ocasionen al trabajador los actos que el empresario realice, sino que radica en que este incumpla sus obligaciones, por lo que no estaremos ante el supuesto de hecho generador del mismo si el daño proviene de una conducta suya derivada del ejercicio de las facultades que tiene con arreglo a lo establecido en las leyes, convenios colectivos o en virtud de pacto legítimo alcanzado con el trabajador. Los perjuicios que este tenga constituyen, tan solo un dato a tener en cuenta a los exclusivos efectos de poder valorar la gravedad del incumplimiento empresarial, pero no es el determinante de que este concurra.

Por tanto debe entenderse que no todo incumplimiento empresarial es susceptible de determinar la resolución del contrato laboral, a instancia del trabajador, sino sólo aquellos cuya gravedad ha de vincularse a la manifestación de una voluntad empresarial deliberadamente rebelde al cumplimiento de las obligaciones o a un hecho obstativo suficientemente significativo dentro de la economía del contrato, que impidiera la continuidad del mismo ( STS 15 enero 1.987 ).

En orden a la concreta valoración de incumplimientos en la obligación del pago del salario tiene dicho la Sala de lo Social de nuestro Tribunal Supremo que no obsta a la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 50 1 b) del ET el hecho de que concurra de forma generalizada por razón de la situación de crisis de la empresa ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), incluso aunque esté sujeta a un proceso de suspensión de pagos ( Sentencia de 29 de diciembre de 1994 ), dado que no son situaciones que exoneren al empresario de su deber de satisfacer al trabajador su salario, ni determinan que se esté ante un supuesto de trasgresión de esa obligación por razones de fuerza mayor.

También ha señalado de forma expresa que el incumplimiento en esta materia ha de ser grave, estimando que no lo es el retraso de un solo mes ( Sentencia de 21 de julio de 1986 ), o el de dos meses ( Sentencia de 16 de junio de 1987 ) o incluso muy recientemente en la falta de abono de tres meses de salario y una paga extra en relación laboral vigente durante 20 años ( Sentencia de 25 de septiembre de 1995 ).

Pero en cambio si se da esa gravedad, por ejemplo, cuando durante más de un año se viene cobrando el salario con retraso ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ).

La Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 16 de octubre de 2.007 señala que para proceder a la extinción del contrato de trabajo al amparo del artículo 50 del ET por retrasos continuados en el abono del salario pactado» requiere de la existencia de un incumplimiento contractual del empresario que deba calificarse como grave, tomando en consideración, a tenor de lo indicado en la sentencia del Tribunal Supremo de 25/1/1999 , con referencia a jurisprudencia anterior, que a los efectos de determinar tal «gravedad» debe valorarse exclusivamente si el retraso o impago es o no grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario «ex» arts. 4.2 f ) y 29.1 ET , partiendo de un criterio objetivo (independiente de la culpabilidad de la empresa), temporal (continuado y persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado). El referido incumplimiento se exige que sea continuado y persistente, constituyendo causa de resolución tanto los impagos como los retrasos aunque en el momento de la demanda se hubiera producido el pago.'

La Sentencia del TSJ de Baleares de 17 de abril de 2.007 establece que concurre tal gravedad cuando el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un comportamiento continuado y persistente, por lo que la gravedad del incumplimiento se manifiesta mediante una conducta continuada del deber de abonar los salarios debidos, señalando asimismo que en cuanto a la gravedad del incumplimiento empresarial, se ha estimado que no reviste la suficiente gravedad cuando el retraso es de un solo mes ( Sentencia de 21 junio 1986 ), o el de dos meses ( Sentencia de 16 junio 1987 ) o incluso en el abono de tres meses de salario y una paga extra en una relación laboral vigente durante 20 años ( Sentencia de 25 septiembre 1995 ). Pero en cambio, sí se da esa gravedad, por ejemplo, cuando durante más de un año se viene cobrando el salario con retraso ( Sentencia de 24 marzo 1992 ), y continúa diciendo dicha Sentencia que la obligación de pago de salario es una de las obligaciones esenciales a cargo del empresario dentro del contrato de trabajo, cuya causa es la prestación de servicios a cambio del salario, suponiendo el incumplimiento de esta obligación importantes perjuicios para el trabajador, incluso cuando se trata de una simple impuntualidad, pues la no percepción del salario en la fecha pactada puede impedir atender los pagos corrientes y cuando la situación persiste crea inseguridad e inestabilidad al trabajador, agravándose la cuestión cuando el retraso afecta a períodos como la Navidad, durante la cual se incrementa el gasto de las familias con ocasión de la celebración de las fiestas. Por esta razón el retraso continuado y persistente en el pago de salarios se establece como causa de extinción del contrato de trabajo.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2.013 señala que '...debe mantenerse la doctrina consolidada de la Sala y declarar que cuando el trabajador ejercita la acción de extinción del contrato de trabajo por la causa justa de incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario consistente en la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado ( art. 50.1.b ET ), la fecha límite hasta la que deben haber acontecido los hechos relativos a las demoras o impagos y/o a los abonos salariales, salvo supuestos de indefensión, puede extenderse hasta la propia fecha del juicio...'

CUARTO.- En el presente caso concurre la causa de extinción del contrato de trabajo por falta de pago de salario y retrasos en su abono, pues la empresa ARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L., desde el inicio de la relación laboral ha venido abonando su salario con retraso al demandante, no habiéndole abonado las mensualidades de agosto, septiembre, octubre de 2.017 y paga extraordinaria de verano de 2.017, debiendo analizarse la cuestión alegada por el FONDO DE GARANTIA SALARIAL acerca de que la relación laboral no está viva y por ello no podría estimarse la demanda, siendo así que en fecha 6 de noviembre de 2.017 el actor presentó papeleta de conciliación ante la UMAC, en reclamación de extinción de contrato de trabajo al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del ET y reclamación de cantidad, habiéndose celebrado acto de conciliación en fecha 17 de noviembre de 2.017 con el resultado de sin efecto respecto a la empresa ARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L., presentando demanda en fecha 30 de noviembre de 2.017, habiendo sido dado de baja en la Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 9 de noviembre de 2.017, es decir con posterioridad a la presentación de la papeleta de conciliación citada, si bien con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda y de celebración del acto de juicio, habiendo pasado a percibir prestación por desempleo el día 20 de noviembre de 2.017, debiendo estar a la doctrina establecida en la Sentencia del TSJ de Castilla y León-Burgos de 10 de mayo de 2.017 que , remitiéndose a las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2.010 , 11 de julio de 2.011 y 20 de julio de 2.012 establece que'.... Si conforme a lo anterior se permite al trabajador, por su cuenta y riesgo, dejar de prestar servicios cuando de continuar haciéndolo le pudiera suponer un grave perjuicio patrimonial, sin que ello impida la extinción de su relación laboral, con mayor razón en los supuestos en que se ha dejado de prestar servicios por haber sido despedido e inmediatamente acudir al desempleo, por razones evidentes de supervivencia, no pudiéndose exigírsele que renunciara a dicha prestación ni que continuara trabajando, pues no podía hacerlo por causas ajenas a su voluntad al estar despedido. En otro orden de cosas, si bien el artículo 26.3 de la LRJS prevé la posibilidad de acumular a la acción de extinción la de despido, no lo impone como obligación, por tanto el trabajador puede mantener la primera sin necesidad de ejercitar la segunda, lo que así ocurrió el caso que nos ocupa....'

QUINTO.-Lo anterior conlleva la estimación parcial de la demanda, declarando extinguida la relación laboral existente entre DON Diego y la empresa ARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L., con efectos desde la fecha de la presente Resolución con condena a dicha empresa al abono de la indemnización prevista legalmente, si bien el salario diario bruto con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias es el indicado en esta Resolución y no el consignado en la demanda, por las razones que se han expresado.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda presentada por DON Diego contraARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L.,FOGASA, CONSTRUCCIONES URRUTIA S.A., debo declarar y declaro extinguida la relación laboral existente entre el actor y la empresa ARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L., con efectos desde la fecha de la presente Resolución, condenando a la empresaARROIABE ELÉCTRICOS BIZKAIA S.L.,a abonar al demandante la cantidad de1.729,86 €en concepto de indemnización, teniendo a la parte demandante por desistida respecto a la empresa CONSTRUCCIONES URRUTIA S.A. y de su reclamación de cantidad.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidashasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendocarga procesal de las partesy de sus representantesmantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en BANCO DE SANTANDER a nombre de esta Oficina Judicial con el núm. 1073/0000/65/0785/17, debiendo indicar en el campo concepto 'recurso' seguido del código '34 Social Suplicación', acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.