Sentencia Social Nº 7646/2012, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7047/2011 de 12 de Noviembre de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: Recurso de suplicación

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

MR

IL·LM. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL

IL·LM. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

IL·LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

Barcelona, 12 de novembre de 2012

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 7646/2012

En el recurs de suplicació interposat per Frutas Andres, S.A. a la sentència del Jutjat Social 20 Barcelona de data 30 de maig de 2011 dictada en el procediment núm. 67/2011, en el qual s'ha recorregut contra la part Crit Interim España, E.T.T., S.L., Flora , Instituto Nacional Seguridad Social i Tesorería General Seguridad Social, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

Antecedentes

PRIMER.En data 2 de febrer de 2011 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre accident de treball, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 30 de maig de 2011 , que contenia la decisió següent:

'Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por FRUTAS ANDRES S.A. frente al INSS, TGSS, CRIT INTERIM ESPAÑA ETT S.L. y la trabajadora Flora debo fijar y fijo en un 40% el recargo derivado de la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo a imponer sobre las prestaciones que en materia de Seguridad Social se deriven del accidente de trabajo sufrido por la demandada Sra Flora tras el accidente de trabajo por ella sufrido en fecha 2 de febrero de 2010 y de cuyo pago es responsable únicamente la empresa demandante, desestimando la demanda en el resto de sus pretensiones'.

SEGON.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

PRIMERO.-En fecha 31 de agosto de 2009 fue firmado por CRIT y FRUTAS ANDRES S.A. como empresa usuaria contrato de puesta a disposición, doc. 165 de los aportados por la parte actora al acto de juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido, respecto de la trabajadora Flora y para la prestación de servicio consistente en 'dependienta de frutas y verduras: atención al público, reposición de los productos en las estanterías, control de caja y limpieza de la tienda' en horario de 7:30 a 14:30 horas, con fecha de inicio 31 de agosto de 2009 hasta finalización de la obra o servicio en el centro de trabajo sito en la C/ Balmes 61 de Igualada.

En fecha 6 de octubre de 2009 fue firmado por CRIT y FRUTAS ANDRES S.A. como empresa usuaria contrato de puesta a disposición, doc. 166 de los aportados por la parte actora al acto de juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido, respecto de la trabajadora Flora y para la prestación de servicio consistente en 'dependienta de frutas y verduras: atención al público, reposición de los productos en las estanterías, control de caja y limpieza de la tienda' en horario de 7:30 a 14:30 horas, con fecha de inicio 6 de octubre de 2009 hasta finalización de la obra o servicio en el centro de trabajo sito en la C/ Balmes 61 de Igualada.

SEGUNDO.-La trabajadora Flora sufrió en fecha 2 de febrero de 2010 un accidente de trabajo en el centro de trabajo de la empresa demandante consistente en un establecimiento de venta de frutas y verduras sito en la C/ Balmes 61 de Igualada.

El accidente de trabajo se produjo cuando, tras haber descargado el chófer-repartidor de la empresa Victorino , sobrino de los responsables de la misma, productos para su posterior venta en la tienda, la Sra Flora procedió a introducir los mismos desde la puerta de acceso al establecimiento hasta su interior para su posterior distribución en las estanterías.

Para dicha operación la Sra Flora utilizó una carretilla manual de dos ruedas neumáticas, con plataforma en su base inferior de 24 cm de lado, respaldo de 1'10 metros de alto y 41 centímetros de ancho, con dos empuñaduras en la parte trasera de la carretilla a una altura de 1 metro desde el suelo.

Estando cargada la carretilla manual con tres cajas de productos de conserva (setas, espárragos, zumo, leche), siendo cada caja de 57 cm de largo, 40 cm de ancho y 24 cm de alto, con peso entre 18 y 20 kg cada caja, la Sra Flora se situó detrás de la carretilla cogiendo la misma con las dos empuñaduras y de espaldas a la entrada de la tienda, inclinando la carretilla, atrayéndola hacia sí caminando hacia atrás, siendo ayudada por el transportista Sr Victorino en dicha operación empujando la carretilla desde la parte frontal de la misma.

Debido a la fuerza con la que el Sr Victorino empujó la carretilla y encontrándose la Sra Flora en la rampa de acceso desde la calle a la tienda, la trabajadora Sra Flora perdió el equilibrio, cayendo al suelo y cayendo sobre ella las cajas que trasladaba en la carretilla manual.

TERCERO.-Como consecuencia de dicho accidente de trabajo la Sra Flora sufrió la fractura de la vértebra L3, habiendo dado lugar hasta el momento a la prestación de incapacidad temporal.

CUARTO.-Con fecha 7 de junio de 2010 tuvo entrada en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona escrito remitido por la Inspección Provincial de Trabajo en el que se proponía la imposición de un recargo del 50% por falta de medidas de seguridad respecto de la empresa FRUTAS ANDRES S.A., el cual dio lugar a la incoación por parte de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona de expediente de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en el cual se dictó resolución de 31 de agosto de 2010 por la que se acordó declarar la existencia de responsabilidad empresarial por parte de la empresa FRUTAS ANDRES S.A. por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo en el accidente sufrido por Flora en fecha 2 de febrero de 2010, declarando la procedencia de que las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo citado fueran incrementadas en el 50% con cargo a la empresa citada como responsable del accidente.

QUNTO.-Formulada reclamación previa por la empresa demandante ante el INSS, se dictó resolución desestimatoria con fecha 10 de diciembre de 2010.

SEXTO.-Por la Inspección de Trabajo se elaboró Acta de Infracción de Seguridad y Salud Laboral NUM000 obrante en el expediente administrativo acompañado por el INSS al acto del juicio, a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido. En el acta, exponiendo el modo en el que el accidente de trabajo tuvo lugar, con comparecencia de representantes de la empresa demandante, de CRIT y de la trabajadora Sra Flora , se propuso la imposición a la empresa FRUTAS ANDRES S.A. de una sanción de 8.196 euros por la comisión de una infracción grave en grado medio.

SEPTIMO.-Por la Inspección de Trabajo y en acta de infracción NUM001 se propuso una sanción de 626 euros a la empres CRIT por transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales mediante su utilización en fraude de ley.

Igualmente por la Inspección de Trabajo y en acta de infracción NUM002 se propuso una sanción de 626 euros a la empresa FRUTAS ANDRES S.A. por formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el art. 6.2 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

OCTAVO.-Por la Inspección de Trabajo y en los términos indicados en el Acta de Infracción de Seguridad y Salud Laboral NUM000 se formuló propuesta de recargo de prestaciones de Seguridad Social por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por accidente de trabajo de un 50% respecto de la empresa FRUTAS ANDRES S.A..

NOVENO.-La empresa demandante tenía concertado servicio de prevención de riesgos laborales con la empresa SERVICIO DE PREVENCION EXTERNA LABORAL XXI S.A., doc. 24 y ss de los aportados por la parte actora al acto de juicio.

El riesgo de caída de personas al mismo nivel se encontraba valorado en el centro de trabajo de la empresa demandante en Igualada en el que la trabajadora Sra Flora sufrió el accidente de trabajo en fecha 2 de febrero de 2010, doc. 126 de los aportados por la parte actora al acto de juicio.

La empresa demandante contaba con un manual de gestión de la prevención de riesgos laborales, doc. 35 y ss de los aportados por la parte actora al acto de juicio.

DECIMO.-La empresa CRIT facilitó a la trabajadora Sra Flora formación e información en materia de riesgos laborales en relación con el puesto de trabajo a cubrir en la empresa usuaria FRUTAS ANDRES S.A., doc. 1 y 3 de los aportados por CRIT y 171 a 173 de los aportados por FRUTAS ANDRES S.A. al acto de juicio a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido, firmando la trabajadora en fecha 28 de agosto de 2009 los anexos reconociendo haber recibido dicha formación e información.

Consecuencia de lo anterior se entregó a la trabajadora Sra Flora diploma por haber superado el curso de formación en prevención de riesgos laborales de dependiente de comercio, doc. 2 de los aportados por CRIT al acto de juicio.

UNDECIMO.-La trabajadora Sra Flora contaba al sufrir el accidente de trabajo en fecha 2 de febrero de 2010 con calzado de seguridad entregado por la empresa de trabajo temporal CRIT, doc. 4 de los aportados por ésta al acto de juicio.

DUODÉCIMO.-La zona de acceso desde la calle hasta la frutería en la que la trabajadora Sra Flora sufrió en fecha 2 de febrero de 2010 el accidente de trabajo es la que consta a fotografías a doc. 1 de los aportados por la Sra Flora al acto de juicio, a cuyo contenido me remito y doy íntegramente por reproducido.

El suelo en el momento en el que la Sra Flora sufrió el accidente de trabajo no presentaba irregularidad alguna.

La rampa de acceso desde la calle hasta la zona de tienda de frutería presenta un 27% de desnivel, con superficie de goma antideslizante, con longitud inferior de la rampa a los 3 metros.

TERCER.-Contra aquesta sentència la part actora FRUTAS ANDRES S.A. va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a les parts contràries que van impugnar la codemandada CRIT INTERIM ESPAÑA E.T.T. SL. i Flora . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.Contra la sentència del jutjat social que estima en part la demanda interposada per l'empresa contra el recàrrec per falta de mesures de seguretat, i rebaixa aquest al 40%, presenta recurs de suplicació l'empresa actora, que ha estat impugnat per les parts demandades, treballador beneficiari de la prestació i l'empresa de treball temporal codemandada.

SEGON.El primer motiu del recurs, per la via de l' article 191 b) de la Llei de procediment laboral , interessa la modificació dels fets provats quart, cinquè i sisè, dels que proposa un relat alternatiu.

S'ha de tenir present als dits efectes que conforme constant doctrina jurisprudencial per a que prosperi aquesta causa de suplicació, en base al caràcter extraordinari d'aquest recurs, és necessària la concurrència dels següents elements:

a) l'existència d'un error en el jutjador en la valoració de la prova, de forma clara i palesa, no basat en conjectures o raonaments;

b) que aquest error es basi en documents o perícies obrants en les actuacions que ho posin en evidència;

c) que el recurrent assenyali els paràgrafs a modificar, tot proposant una redacció alternativa que concreti la seva pretensió revisoria;

d) que els resultats que es postulen, encara que es basin en els dits mitjans de prova, no quedin desvirtuats per altres proves practicades al llarg del judici, atès que en cas de contracció ha de prevaler el criteri del jutge d'instància, en tant que la llei li reserva la funció de valoració de les proves; i

e) que les modificacions sol licitades siguin rellevants i transcendents per a la resolució de les qüestions plantejades.

Aplicant la doctrina al cas concret, no s'ha d'admetre la inclusió de la referència a les actes de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que fonamenten les resolucions de l'INSS relatives al recàrrec en les prestacions, aclarint que tant en la resolució inicial de data 31-08-2010, com la que resol la reclamació prèvia de l'empresa, fan referència a les infraccions que consten en les Actes NUM001 i NUM002 , tal com és dedueix de les mateixes resolucions que han estat aportades i consten als folis 40 i 42, respectivament, ja que malgrat no constar en els fets provats si es fa referència a aquesta qüestió fàctica en el fonament de dret tercer, amb valor de fet provat. Per tant, no existeix l'error del jutjador que es denuncia i ha de ser desestimada la pretensió revisora. Respecte a la modificació del fet provat sisè, tampoc pot ser estimada, ja que únicament pretén el recurrent la incorporació de la referència a la manca de fermesa de l'Acta de la ITSS núm. NUM000 , ja que en contra s'ha interposat recurs d'alçada per l'empresa. Tot i que el recurs consta aportat en els folis 52 a 62 de les actuacions, no es pot considerar un error per omissió doncs no té cap transcendència per l'objecte del litigi, la fermesa o no de la proposta de sanció.

TERCER. El segon motiu del recurs es presenta per la via de l' article 191 c) de la LPL , per denunciar la infracció de normes substantives, que concreta en tres apartats, el primer dels quals va dirigit a interessar la anul lació de la resolució administrativa, per infracció de l' article 54.1 de la Llei 30/1992 , quan disposa que els actes administratius seran motivats, amb succinta referència als fets i fonaments de dret.

Aquesta argumentació ha estat ja valorada en la sentència de instància, per rebutjar-la amb uns arguments que aquesta Sala ha de confirmar. Tal com s'ha acreditat i consta en les actuacions, l'Informe de la ITSS, que fa referència a les actes, relaciona els fets de l'accident, amb la inclusió de les diverses infraccions en matèria laboral i de prevenció de riscos laborals, de manera que únicament l'error en la designació de l'Acta, quan l'empresa ha tingut accés a l'informe, ha estat escoltada, ha impugnat les conclusions, les diverses Actes, etc., no es pot considerar que hagi de donar lloc a la anul.lació de la resolució administrativa. S'ha fet palès que els motius de l'actuació inspector, l'empresa els ha conegut perfectament. En els fets provats sisè, setè i vuitè, de la sentència, es fa referència també a les diverses Actes que va realitzar la ITSS, per transgressió de les mesures de seguretat ( NUM000 ), per transgressió de la normativa sobre modalitats contractuals, contractes de duració determinada i temporals, per frau de llei i vulneració normativa laboral en els contractes de posada a disposició (Actes NUM001 i NUM002 ). La resolució administrativa, està motivades en l'actuació inspectora, en la qual l'empresa demandada ha estat escoltada i ha tingut ocasió de manifestar-se i impugnar les Actes. Per tant, no s'ha d'admetre la anul labilitat de l'actuació de l'INSS, per molt que és cert que conté un error formal en la transcripció de les Actes, atès que té un fonament conegut i vinculat amb les Actes que es citen, que són producte de la intervenció inspectora realitzada arrel de l'accident de la treballadora demandada, sense que es pugui admetre ni l'existència d'arbitrarietat en l'actuació ni la vulneració dels principis bàsics de l'actuació administrativa generadors de indefensió als interessats. Es desestima doncs també aquest motiu del recurs.

QUART.El segon motiu d'infracció jurídica cita l' article 123 de la LGSS , per incorrecta interpretació, al.legant que no existeix un nexe causal entre el sinistre que va tenir el resultat lesiu i la infracció de mesures de seguretat constatada.

Aquí s'ha de partir de que el text bàsic de referència, per acordar el recàrrec en les prestacions, que cita també com a infringit el recurrent és l' article 123 de la LGSS , que estableix que:'Totes les prestacions econòmiques que tinguin la causa en un accident de treball o una malaltia professional s'han d'augmentar, segons la gravetat de la falta, d'un 30 a un 50 per 100, quan la lesió es produeixi per màquines, artefactes o en instal lacions, centres o llocs de treball que no tinguin els dispositius de precaució reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions, o quan no s'hagin observat les mesures generals o particulars de seguretat i higiene a la feina, o les elementals de salubritat o les d'adequació personal a cada feina, ateses les seves característiques i l'edat, el sexe i altres condicions del treballador.'

Com diu el recurrent, els elements configuratius de la mesura sancionadora aquí analitzada (segons continua i pacífica jurisprudència continguda, entre d'altres, en les SSTS 8.3 . 16.11.93 , 12.2 i 20.5.94 , segons la seva conformació legal i doctrinal són els següents: a) Que hagi ocorregut un accident de treball que doni lloc a prestacions del sistema de Seguretat Social; b) Incompliment de les mesures de Seguretat i Higiene en el Treball, bé generals, bé específiques; c) L'existència d'un nexe causal entre l'accident i l'esmentat incompliment, d) L'existència de un perjudici evident causat pel sinistre. La jurisprudència, relativa a la tipicitat de l'actuació sancionadora, no és aplicable al cas de recàrrec de prestacions de la seguretat social, encara que la naturalesa del recàrrec sigui sancionadora, ja que es tracta d'una responsabilitat no que és penal ni administrativa i ha estat valorada amb com una responsabilitat, no determinada directament per una sanció prèviament tipificada, ja que és suficient la constatació de la manca de respecte a les mesures bàsiques de seguretat, genèriques o específiques i el nexe causal entre aquestes i el resultat lesiu provocat per l'accident, per imposar el recàrrec en les prestacions, mentre no concorri cap de les causes obstatives, d'acord amb el que indica l' article 123 de la LGSS .

Doncs bé, la infracció constatada que dona lloc al recàrrec és totalment objectiva, ja que consisteix en l'existència d'una rampa d'accés a la botiga, que té una pendent superior al límit permès reglamentàriament, doncs la pendent és del 27% mentre que el límit reglamentari és del 12%, element que ja de per si va afavorir sens dubte la caiguda del carretó carregat de les caixes de fruites. Però també es declara provat que l'empresa no havia establert un protocol, per aplicar les mesures ja previstes en el pla de prevenció de riscos - doncs si que havia realitzat el pla d'avaluació previ - per portar la càrrega de la mercaderia al centre de treball, de manera que s'intentés minimitzar el risc de caiguda. Els dos elements, tal com valora la sentència de instància, que no obstant modela la responsabilitat empresarial, són suficients per establir la relació causa efecte entre la manca d'elements de prevenció i el resultat lesiu produït per l'accident, sense que la intervenció del tercer treballador fos determinant per a la producció de l'accident, ni s'hagi constatat cap imprudència de la treballadora lesionada, tal com es dedueix dels fets provats. Per tant, ha de ser desestimat també aquest motiu del recurs.

CINQUÈ.El darrer motiu del recurs al lega la errònia interpretació de l' article 16.3 de la Llei 14/1994, de 1 de juny , per la que es regulen les empreses de treball temporal. Indica el recorrent que l'empresa usuària serà responsable subsidiària de les obligacions salarials i de seguretat social generades amb el treballador, durant la vigència del contracte de posada a disposició, i que la responsabilitat serà solidària quan s'hagi realitzat el contracte incomplint el que disposen els articles 6 i 8 de la citada Llei. Al.lega que ja que l'empresa de treball temporal ha transgredit les disposicions dels contractes de posada a disposició, i s'ha d'arribar a la conclusió que la condemna per recàrrec en les prestacions ha de ser solidària.

Contra aquesta pretensió al.lega l'empresa de treball temporal que impugna el recurs, que la modificació de l' article 16.3 de la Llei 14/1994 , ja inclosa des del Reial Decret 10/2010, de 16 de juny, que va entrar en vigor el 17 de juny de 2010 i desprès per la Llei 35/2010, de 19 de setembre, va ser posterior a la data de l'accident, que va tenir lloc el 2 de febrer del mateix any.

Respecte a la vigència de la norma, s'ha de rebutjar la al.legació de l'empresa impugnant del recurs, doncs si bé va ser modificat l'article, no va afectar al precepte que cita el recurrent, doncs la reforma de 2010 es va limitar a introduir la responsabilitaten la indemnització per extinció de contracte amb caràcter solidari.L' article 16.3 de la Llei 14/94 , reguladora de les empreses de treball temporal, en el moment de l'accident, efectivament indicava que: '3.La empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a disposición. Dicha responsabilidad será solidaria en el caso de que el referido contrato se haya realizado incumpliendo lo dispuesto en losartículos 6y8 de la presente Ley.'

La sentència de instància no ha entrat en la valoració de les contractacions fraudulentes de la treballadora accidentada, ja que no havia estat objecte del litigi, per molt que es constatin per l'actuació inspectora i s'acreditin que han donat lloc a aixecar Actes de infracció. Per tant, la responsabilitat de les diverses empreses s'ha de valorar tenint en compte les diferents obligacions que imposa la Llei de prevenció de riscos laborals i l'article 16.2 de la mateixa Llei reguladora de les ETTS. Aquest article 16.2 indica clarament que '2. La empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como del recargo de prestaciones de Seguridad Social a que se refiere elartículo 93 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo(RCL 1974, 1482) (que s'ha d'entendre referida al vigentart. 123 de la LGSSde 20-06-1994) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene.'

A la vista d'aquesta disposició és indiscutible la responsabilitat de la usuària, d'acord amb el seu tenor literal. Per altra banda, també s'ha de tenir en compte la infracció constatada, que no és tant relativa a la formació prèvia del treballador o la manca d'avaluació del risc, cas en el qual s'hauria de determinar la responsabilitat per infracció de les obligacions pròpies de la ETT,sinó que és relativa als elements materials d'execució del treball (rampa) i a la manca de protocol d'execució del treball en l'empresa usuària. Les dues infraccions corresponen a vulneració de obligacions de la usuària, tal com vénen determinades en les disposicions concretes de la Llei de Prevenció de riscos laborals, 31/95, quan en l'article 28 , diferencia les obligacions de les diverses empreses que intervenen en el contracte indicant que:

'1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores.- 2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos.Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.- 3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en elartículo 22 de esta Leyy en sus normas de desarrollo.-4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en elartículo 31 de esta Leyde la incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa.-5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo.-La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas.'

Per altra banda, l'article 12.3, de la Llei 3/1994, de les ETTS, indica que: 'La empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador, previamente a su puesta a disposición de la empresa usuaria, posee la formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. En caso contrario, deberá facilitar dicha formación al trabajador, con medios propios o concertados, y durante el tiempo necesario, que formará parte de la duración del contrato de puesta a disposición, pero será en todo caso previo a la prestación efectiva de los servicios. A tal efecto, la celebración de un contrato de puesta a disposición sólo será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del que se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en losartículos 15.1 b) y16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales(RCL 1995, 3053) .'

S'ha de dir per tant, que en aplicació dels preceptes exposats, s'ha condemnat solidàriament a l'empresa usuària i a la empresa de treball temporal, quan la infracció en matèria de seguretat ha consistit en la manca de formació del treballador, prèvia al treball o manca d'avaluació del risc o vigilància de la salut. ( Sentència TSJ Burgos 23 de setembre de 2010 AS 20101839). En cas contrari, quan la infracció ha consistit en falta de mesures de seguretat dins de l'àmbit de les obligacions pròpies en l'empresa usuària, la condemna ha recaigut de forma exclusiva en aquella (STJ Catalunya 14-12-2005 AS 2006501).

En conseqüència, la aplicació de la normativa exposada, ha de donar lloc a valorar que la sentència no ha infringit la norma vigent al temps d'ocórrer la infracció de les mesures de seguretat causants de l'accident, resolució que per tant ha de ser confirmada.

SISÈ.Les costes s'hauran d'imposar a la part vençuda, si no gaudeix del benefici de justícia gratuïta, tal com estableix l' article 233 de la LPL , amb la pèrdua dels dipòsits i consignacions per part del recurrent si el recurs no s'estima, tal com disposa l'article 202 de la mateixa Llei processal.

Pels fonaments jurídics abans exposats,

Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

Desestimar el recurs de suplicació interposat per FRUTAS ANDRES, S.A. contra la sentència de data 30 de maig de 2011, dictada en el procediment número 67/2011, seguit en el Jutjat Social 20 dels de Barcelona, seguit a instància de la citada societat contra Flora , INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, CRIT INTERIM ESPAÑA, E.T.T., S.L., per recàrrec de prestacions i confirmar en tots els seus punts la sentència dictada pel citat Jutjat Social.

S'acorda la pèrdua del dipòsit, al que s'haurà de donar la destinació legal, i la imposició de costes a l'empresa recurrent, que xifrem en 350 per cadascuna de les parts impugnants del recurs.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, laMagistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.