Sentencia SOCIAL Nº 7685/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5219/2016 de 29 de Diciembre de 2016

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RM

Recurs de Suplicació: 5219/2016

IL·LM. SR. ANDREU ENFEDAQUE MARCO

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 29 de desembre de 2016

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 7685/2016

En el recurs de suplicació interposat per DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ (DIR. GRAL. DELS SERVEIS TERRITORIALS) a la sentència del Jutjat Social 33 Barcelona de data 25 d'abril de 2016 dictada en el procediment núm. 561/2015, en el qual s'ha recorregut contra la part ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.

Antecedentes

PRIMER.Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre sancions i infraccions en ordre social, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 25 d'abril de 2016 , que contenia la decisió següent:

'Que, estimando la demanda presentada por ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL contra DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, declaro no ajustadas a las resoluciones sancionadoras impugnadas y, por consiguiente, su íntegra nulidad, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a la restitución a la demandante del importe de 25.000€ objeto de sanción.'

SEGON.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

'1.- Por acta de la Inspección de Trabajo nº. NUM000 -cuyo contenido se da aquí por reproducido por razones de eficacia y economía procesal- se propuso la imposición de una sanción total de veinticinco mil euros (25.000,00 euros) a la empresa demandante, de conformidad con lo que dispone el artículo 40 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social , aprobado por el Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, al considerar infringido los artículos 6.5 y 7.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo , el artículo 4.1.e) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , y del propio art. 28.2 de la Constitución Española , que proclama el derecho fundamental de huelga.

El acta se levantó en actuación por la Inspección de Trabajo de guardia, previa denuncia del Comité de Empresa y de Huelga de FCC.

2.-Se reproduce a continuación, parcialmente, el contenido en dicha acta:

'La empresa FCC tiene suscrito contrato de Mantenimiento y Ejecución de Obra Nueva en REDES DE DISTRIBUCIÓN MT - BT a efectuar para ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, en el ámbito territorial de los distritos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Barcelona, y los municipios de Sant Adrià, Santa Coloma y Badalona.

Alcance de obras y servicios:

a) Mantenimiento y reparación: mantenimiento de redes aéreas MT y BT; mantenimiento de redes subterráneas MT y BT; mantenimiento de centros de transformación MT/MT y MT/BT; revisiones de instalaciones MT y BT; realización de maniobras en redes MT y BT; localización y reparación de averías en las instalaciones de BT; localización y reparación de averías en redes aéreas MT; localización y reparación de averías en redes subterráneas de MT; localización y reparación de averías en Centros de Transformación MT/MT y MT/BT; revisiones termográficas (excluidas las realizadas con medios aéreos); trabajos en tensión en BT; pruebas, puesta en servicio y mantenimiento de los equipos de telecontrol en instalaciones de MT y MT/BT, de Endesa Distribución por contratación de servicios de Telecontrol', cualquier otro tipo de obra y servicio en las redes e instalaciones de MT y BT; adicionalmente, previo acuerdo de ambas partes y autorización del Centro de Control de Endesa, se podrán realizar maniobras en determinadas posiciones de Subestaciones.

b) Ejecución de Obra nueva: construcción de redes aéreas MT y BT; construcción de redes subterráneas MT y BT; construcción de Centros de Transformación MT/MT y MT/BT; realización de maniobras en redes MT y BT; trabajos en tensión en BT; pequeños trabajos de Tala y Poda; montajes de Concentradores para Telegestión, de acuerdo con lo contemplado en el Pliego de Condiciones específico 'Especificaciones Técnicas para la Contratación de Servicios de Instalación/Sustitución de Concentradores de Telegestión' y sus Anexos; cualquier otro tipo de obra y servicios en las redes e instalaciones de MT y BT; adicionalmente, previo acuerdo de ambas partes y autorización del Centro de Control de Endesa, se podrán realizar maniobras en determinadas posiciones de Subestaciones.

Proceso: El CONTRATISTA dispondrá de los terminales portátiles necesarios para la recepción e información de las incidencias que le permitan aplicar el procedimiento dispuesto por ENDESA en este tema.

Ámbito geográfico: - Barcelona distritos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y Sant Adrià, Badalona y Santa Coloma.

- El CONTRATISTA acepta que en situación de emergencia o de carga de trabajo en la Zona/Área adjudicada, ENDESA solicite el apoyo de otros contratistas.

(...)

'En fecha 2 de abril de 2014, a las 10 horas, se cursa visita de inspección a obra sita en calle Balmes, 450, de Barcelona. Se identifica en el curso de la visita a los trabajadores Srs. Luis y Pascual , por cuenta de la empresa Dirección y mantenimiento de Obras Públicas S.L. (a partir de ahora DIMOP). En el momento de la visita de inspección, van a realizar la apertura para demolición, para llegar al cable de media tensión y localizar la avería. Es empresa subcontratado por EMTE SLU. Se trata de avería urgente de media tensión. Distrito de localización: 5, de Barcelona.

La empresa EMTE SLU presenta la hoja de descargo de AVERIA, con referencia NUM001 . Se sitúa en calle Balmes, 450, de Barcelona, siendo distrito 5. Observaciones. 'Dispara por diferencial longitudinal (feeder peputxet 1) los automáticos en cr putset y se penitents. Cable subterráneo averiado peputxet1 entre se penitents y cr putxet'. EMTE SLU subcontrata a DIMOP las obras, actuaciones, instalaciones y trabajos que se señalan en los Anexos I, II y III, que forman parte complementaria del mismo, para el servicio de las empresas de COMSA EMTE.

Se aporta por la empresa EMTE SLU la documentación solicitada a la empresa DIMOP; se actúa, al respecto, por expediente administrativo.

Se constata, por lo tanto, que se trata de avería urgente de media tensión, siendo el distrito de localización: 5, de Barcelona. Es decir, que se trata de avería que debe ser atendida por la empresa FCC, según los términos de los contratos aportados.

En Barcelona, existen dos empresas que gestionan MT - BT:

-EMTE, para distritos 1, 2, 3 y 4 y Hospitalet de Llobregat.

-FCC, para distritos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y Sant Adrià, Santa Coloma y Badalona.

Se referencia por la empresa A durante la comparecencia que la forma habitual de proceder en caso de averías, es avisar vía mail, a la empresa que debe proceder a su reparación. Se intentó contactar con FCC vía mail, pero que no lograron comunicarse con ellos, parece ser que porque no tenía la empresa FCC luz. Se solicita justificante de envío de mail, que en este caso, aparecería devuelto sin ser leído, pero la empresa ENDESA alega que no dispone de dicho justificante. La reparación de avería urgente de media tensión, en distrito 5, es remitida a la empresa EMTE, procediendo EMTE de forma oportuna.

Otras alegaciones que se hacen, es la posibilidad de entender que ante una situación de emergencia o de carga de trabajo en la Zona/Área adjudicada inicialmente a cada empresa, ENDESA pueda solicitar el apoyo de otros contratistas. ENDESA refiere y aporta Informe de Novedades de Cataluña de 1 de abril de 2014, donde se indica que a las 19:30 horas, se activa POE (plan de emergencia) división de Cataluña Centro, para el seguimiento de la huelga del contratista FCC.

Sin embargo, como bien se indica, es 'seguimiento' de la huelga, sin olvidar que se activan servicios mínimos de un 50% del servicio habitual. Sin embargo, ENDESA no justifica la carga de trabajo ni la emergencia, para derivar el trabajo en otro contratista. Y no cabe entender que una situación de huelga es una situación de emergencia porque, con ello, se desvirtuaría el derecho y ejercicio del propio derecho de huelga. ENDESA, en su actuación, al no dar el trabajo que le tocaba realizar a FCC, según sus estipulaciones y sin justificar la carga de trabajo y/o la emergencia, vulnera el ejercicio de huelga de los trabajadores de la empresa FCC.

3.-Por resolución de la Segretaria de Relacions de Treball de la Generalitat de Catalunya de 23.10.14 se confirmó la sanción propuesta en dicha acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo.

4.-Interpuesta reclamación previa, fue desestimada por resolución de la Direcció General de Relacions de Treball de la Generalitat de Catalunya de 14.4.15 (reclamación y resolución que se dan aquí por íntegramente reproducidas).

5.-En los de 'contratos de Mantenimiento y Ejecución de Obra Nueva en REDES DE DISTRIBUCIÓN MT - BT' suscritos por ENDESA con las contratistas FCC y EMTE, sustancialmente idénticos pero referidos a distintos distritos de las poblaciones de Barcelona y Hospitalet de Llobregat, se contempla, como estipulación 5.3ª, la siguiente (docs. 1 y 2 actora, que se da por íntegramente reproducido):

'En caso de que, a petición de ENDESA, el contratista tuviera que desarrollar su actividad en otra área próxima a la suya, se le asignará con el coeficiente de Unidades de Obra superior entre el suyo propio y el del área donde lo deba efectuar, sin perjuicio de cualquier otro apoyo que pudiera encargarse en áreas no colindantes, en cuyo caso, será de aplicación un coeficiente específico para las actuaciones que se lleven a cabo'.

6.-En razón de tal cláusula, durante el año 2014 EMTE asumió el 3,8% de las averías de la zona asignada a la otra contratista, FCC, y ésta, a su vez, el 18% de las averías de EMTE, mientras que durante el año 2015 estos porcentajes han sido, respectivamente, del 2% y del 15,6% (doc. 10 actora)

7.-El día 1.4.14, a las pocas de horas de iniciarse la huelga convocada por los empleatdos de EMTE, se produjo la desconexión del alimentador PEPUTXET1 por actuación de sus protecciones, dejando el cable aislado para su ensayo, localización de avería, reparación y posterior puesta en servicio (doc. 4 actora). El alimentador PEPUTXET1 es un cable directo (feeder) entre la Subestación eléctrica PENITENTS y el Centro de Reparto PUTXET. En el centro de reparto PUTXET existe una doble barra, alimentada cada una de ellas por 2 circuitos directos desde la SE PENITENTS (PEPUTXET1, PEPUTXET2, PEPUTXET3 y PEPUTXET4) y, posteriormente, desde el centro de reparto salen 7 circuitos de distribución (FOLGUERA, SANTALO, ELIES, CASOLES, LUCA, BRUSI, BERTRAN). El conjunto de salidas del CR PUTXET da servicio a 13.762 clientes con una potencia contratada total de 91.898 kW, entre ellos clientes esenciales según el RD1955/2000.

9.-Una desconexión de este tipo comporta las siguientes consecuencias:

-Los 3 alimentadores que normalmente dan servicio a un 25% de la carga, pasan a alimentar un 33% de la carga. Mantener esta situación de forma prolongada puede provocar que alguno de ellos pueda trabajar en algún momento en régimen de sobrecarga y haga actuar alguna de sus protecciones.

-Mantener en sobrecarga a los alimentadores puede derivar en avería de alguno de ellos.

-La desconexión de otro alimentador provocaría que no se pueda mantener la explotación del CR con los otros 2, provocando una pérdida de mercado al no poder dar servicio a los más de 13.000 clientes que dependen de esta instalación.

-Para recuperar el mercado serían necesarias un gran número de maniobras en la red de Distribución, pasando a alimentar de forma no estándar otros circuitos, complicando su explotación y reduciendo su fiabilidad.

10.-La situación descrita es considerada una avería que requiere reparación 'extremadamente urgente', al afectar a 13.000 clientes (declaración testifical).

12.-Según comunicación de la contratista responsable de dicha reparación, FCC, del mismo día 1.4.14 (doc. 5 actora, que se da por íntegramente reproducido), 'con relación a la incidencia del Feeder PEPUTXET ...que nos fue comunicada a las 3.25 h. del día de hoy, les manifestamos que dicha incidencia ha resultado imposible de atender, derivada de la situación de huelga en la que se encuentra la plantilla de esta empresa. Lo cual les notificamos...con objeto de mantenerles informados de la incidencia ocurrida y ello motivado porque la huelga comenzó a las 0.00 horas de hoy mismo, 1.4.14'.

13.- Por correo electrónico remitido por FCC al responsable de explotación de Endesa, de fecha posterior, se especifica (doc. 6 actora):

'Buenos días, Javier

Mediante el presente correo quiero comunicarte la imposibilidad por parte de FCC industrial de atender, desde ayer por la tarde y durante el día de hoy, cualquier tipo de avería o incidencia en la red eléctrica, tanto de MT como de BT, de la zona de actuación a la que se vincula el contrato suscrito entre Endesa y FCC Industrial. La causa de esta imposibilidad de atención al servicio es que los Servicios Mínimos pactados con el Comité de Empresa por disposición del Departament de Treball no pueden salir a trabajar al encontrase todos los vehículos del Centro de Trabajo de Binéfar con las ruedas pinchadas. Estamos hablando de 11 furgonetas que tienen todas las ruedas pinchadas, 3 que tienen 3 ruedas pinchadas y 3 más que tienen dos ruedas pinchadas. Además, los 6 compresores de los que disponemos tienen a su vez las ruedas pinchadas y no pueden movilizarse.

Por todo ello, solicitamos vuestra colaboración con recursos para poder atender las incidencias en el servicio eléctrico en nuestro ámbito hasta que podamos restablecer los daños ocasionados por estos sabotajes, que consideramos exceden de los límites establecidos del derecho de huelga.

En espera de tu colaboración recibe un cordial saludo.'

14.-El mismo día 1.4.14, el técnico de guardia de ENDESA formuló denuncia por distintos cortes en el suministro eléctrico a 12 estaciones transformadoras de Sant Adriá del Besos y Barcelona, así como que un par de trabajadores de ENDESA habían recibido coacciones por parte de trabajadores en huelga de la contratista FCC, impidiéndoles el restablecimiento del suministro, pinchándoles las ruedas delanteras de su vehículo oficial, lanzándoles huevos y otros objetos (doc. 6.2 actora, que se da por íntegramente reproducido).

15.-La contratista FCC comunicó en fecha 13.6.14 a la demandante ENDESA que había procedido al despido disciplinario de dos empleados como responsables de distintos actos de sabotaje durante la huelga del 1 al 20 de abril de 2014 (doc. 7 demandante).

16.-Los trabajadores de la empresa Dirección y mantenimiento de Obras Públicas S.L. (DIMOP, subcontratista de EMTE SLU), identificados por la Inspección de Trabajo en la reparación que correspondía cubrir a FCC, acreditan una antigüedad en dicha subcontrata de 1.1.12 (doc. 11 actora).

17.-Por orden del Conseller d'Empresa de 27.3.14, los servicios mínimos en relación a la huelga convocada por el comité de empresa de la contratista FCC a partir del 1 al 20 de abril se habían fijado en el 50%,'atès que el servei de manteniment que presta l'empresa a les instal.lacions d'empreses subministradores d'energia elèctrica s'ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, perquè garanteix el funcionament normal d'activitats industrials, comercials, de serveis, sanitàries o domèstiques, ja que una avaria o un accident a la xarxa de subministrament elèctric podria tenir repercussions greus per a la població, els bens o el medi ambient, i afectar drets constitucionalment protegits com són el dret a la vida i a la integritat física, el dret a la seguretat i a la preservació del medi, entre d'altres, previstos als articles 15 , 17 i 45 de la Constitució , respectivament, drets fonamentals que, en conjunt, prevalen respecte del dret de vaga, que preveu l' art. 28.2 de la Constitució '(doc. 8 actora, que se da por íntegramente reproducido).'

TERCER.Contra aquesta sentència la part demandada va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària la qual el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.Enfront la Sentència d'instància, que estimà la demanda presentada per la part actora, sol.licitant s'anul.lés la sanció que li va imposar l'Autoritat Laboral per vulneració del dret de vaga, s'interposa pel aquesta Recurs de Suplicació.

Cal dir que el jutge d'instància va estimar la demanda per dues raons: En primer lloc perquè afirma que no va existir esquirolatge extern en l'actuació de l'actora, sinó que es va activar la previsió contractual que permet que una contractista realitzi actuacions en la zona d'una altra i en segon lloc perquè també calia tenir en compte, en la seva decisió, el caràcter essencial del servei (subministrament d'electricitat), que no es podia mantenir per la inoperativitat dels serveis mínims decretats per l'Autoritat governativa.

SEGON.En l'únic motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat c) de l' art. 193 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , el recurrent afirma que la sentència ha infringit l' art. 28 de la Constitució Espanyola , l' art. 4.1. e) de l'Estatut dels Treballadors i l ' art. 6.5 del R.D. Llei 17/1977 , sobre relacions de treball i la jurisprudència que els aplica i afirma que l'exercici del dret de vaga és un dret individual de cada treballador i la normativa i jurisprudència estableixen, com efecte de la vaga, que mentre aquesta duri l'empresari no pot recórrer a tècniques de substitució (internes o externes) dels treballadors vaguistes i en el cas present les dues contractistes de la demandant tenen la mateixa funció, el manteniment de la xarxa elèctrica i, per tant, el d'atendre avaries o accidents en la xarxa de subministrament, és a dir, el caràcter d'emergència o urgència de les tasques que realitzen aquestes empreses forma part de la seva tasca habitual i és precisament per aquest motiu que l'autoritat governativa estableix uns serveis mínims, els quals no es poden vulnerar sense desvirtuar el dret de vaga i en el cas present ENDESA va derivar directament l'avaria que corresponia a FCC, els treballadors de la qual es trobaven en situació de vaga, amb un serveis mínims del 50%, sense justificar ni la comunicació inicial a FCC, ni la càrrega de feina, ni l'emergència o urgència i, per tant va vulnerar el dret de vaga, en tractar-se d'un cas d'esquirolatge extern prohibit a l'art. 6.5. del RDLLei 17/1977.

Així mateix afirma que la sentència considera que es va produir una manca immediata de resposta per part de la mercantil FCC que havia de gestionar l'avaria, però de l'examen de la documentació aportada per la part actora, consta el document nº 6.2 la denúncia d'un treballador de l'actora per coaccions al personal d'aquesta mercantil, punxades de rodes, etc. i en el document nº 6 consta un correu electrònic en el qual FCC comunica que no pot atendre, 'desde ayer por la tarde y durante el día de hoy, cualquier tipo de avería o incidència en la red eléctrica', però cal tenir en compte que aquest document és de data 10.4.14, és a dir, de data bastant posterior als fets que ens ocupen, que van tenir lloc el dia 2.4.2014 i les accions denunciades en el primer document, són de tipus penal o disciplinari i havien de tenir conseqüències en els dits àmbits.

Com es pot comprovar ens trobem davant d'un litigi en el que s'haurà d'esbrinar si ha existit el que s'ha denominat 'esquirolatge extern', que és el concepte que han utilitzat els Tribunals per anomenar l'actuació d'una empresa que substitueix els treballadors que es troben en vaga per altres treballadors d'una empresa aliena al conflicte.

La STC 123/1992 de 28 de septiembre conté el següent raonament sobre el dret de vaga en general'El derecho de huelga, que hemos calificado ya como subjetivo por su contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole -como a todos los de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros ( arts. 53 , 81 y 161 C .E .)./ La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores '.

En relació al contingut del dret de vaga, la STC 33/2011, de 28 de mar ç, ha assenyalat:'Por otra parte, como dijéramos en la decisiva STC 11/1981, de 8 de abril , que ha inspirado de forma continua los pronunciamientos posteriores de este Tribunal en la materia: 'la huelga se consagra como un derecho constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el art. 1.1 de la Constitución , que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 de la Constitución , ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos sociales sean reales y efectivas ( art. 9.2 de la Constitución )'(FJ 9).

Pel que fa als límits del dret a la vaga, cal fer referència a la STC 184/2006, de 19 de juny , que assenyala el següent:'En relación con la fijación de los servicios esenciales el Tribunal Constitucional en sentencia 184/06, de 19 de junio ha establecido lo siguiente: 'a) El derecho de huelga puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio derivadas de su conexión con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, aunque nunca podrán rebasar su contenido esencial, hacerlo impracticable, obstruirlo más allá de lo razonable o despojarlo de la necesaria protección. Una de esas limitaciones, expresamente previstas en la Constitución, procede de la necesidad de garantizar los servicios esenciales de la comunidad ( SSTC 11/1981, de 8 de abril, FFJJ 7, 9 y 18; 51/1986, de 24 de abril , FJ 2 ; 53/1986, de 5 de mayo , FJ 3 ; 27/1989, de 3 de febrero , FJ 1 ; 43/1990, de 15 de marzo , FJ 5 a); 148/1993, de 29 de abril , FJ 5)'-.

Així mateix, la STC 33/2011, de 28 de mar ç afirma: 'Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977 ), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977 ). En estos dos supuestos, si los trabajadores designados para el mantenimiento de los referidos servicios se negaran o se resistieran a prestarlos, quedaría justificada su sustitución a tales efectos. No obstante, en la determinación de cuáles son los servicios mínimos esenciales para la comunidad, o cuáles son los servicios de seguridad y de mantenimiento requeridos, debe atenderse a ciertos límites, que impidan interpretaciones restrictivas del derecho fundamental ( SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 18 , y 80/2005, de 4 de abril , FFJJ 5 y 6). Si las cautelas frente a un entendimiento restrictivo del derecho de huelga se proyectan incluso sobre la ordenación de los servicios mínimos, no puede resultar incongruente que, en el ámbito que estamos examinando, la prohibición de la sustitución interna constituya el principal límite al ius variandi empresarial en situaciones de huelga'.

TERCER.En el cas que estem examinant, el precepte aplicable a la qüestió controvertida és l'art. 6.5. del RDLlei 17/1977, de 4 de març, que disposa 'En tanto dure la huelga el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuvieran vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número 7 de esta artículo'.

La redacció literal del precepte és clara i no admet dubtes interpretatives, és a dir, està prohibit que durant la vaga l'empresa substitueixi els treballadors que exerciten el seu dret a la vaga mitjançat la contractació de treballadors externs.

D'altra banda, el Tribunal Constitucional en les seves sentències 123/1992, de 28 de setembre i 33/2011, de 28 de mar ç, ha assenyalat que tampoc no és possible la substitució dels vaguistes per treballadors de la pròpia empresa, conegut com 'esquirolatge intern'

Així mateix, també s'ha plantejat si és possible la substitució de l'activitat realitzada pels treballadors en vaga, per mitjans mecànics o automàtics, és a dir, el que s'ha denominat 'esquirolatge tecnològic', el que ha estat decidit en sentit afirmatiu per la sentència del Tribunal Suprem de data 5.12.12 , argumentant que'no sólo en el supuesto de que se utilicen medios humanos (trabajadores asignados a la prestación de servicios mínimos) para la realización de actividades que exceden de los servicios decretados como esenciales, se lesiona el derecho de huelga, sino que también se lesiona este derecho cuando la empresa -como en el presente caso- emite publicidad por medios automáticos. El planteamiento absolutista de la recurrente que viene a sostener que, cumpliendo con los servicios mínimos puede ETB realizar otro tipo de emisiones, siempre que para ello no emplee ni a trabajadores huelguistas ni los sustituya, por otros trabajadores llamados para prestar dichos servicios, choca frontalmente con el derecho fundamental a la huelga -que el artículo 28.2 de nuestra Constitución proclama y garantiza-, en el caso de que la actuación empresarial, aún cuando sea mediante la utilización de medios mecánicos o tecnológicos, prive materialmente a los trabajadores de su derecho fundamental, vaciando su contenido esencial. Como ha señalado la doctrina el contenido esencial del derecho de huelga incorpora, además del derecho de los trabajadores a incumplir transitoriamente el contrato de trabajo, el derecho a limitar la libertad del empresario ( STC 11/1981 , FJ nº 10), de manera que no cabe el uso de las prerrogativas empresariales, aún amparadas en la libertad de empresa, para impedir la eficacia del derecho de huelga, y ello por la propia naturaleza de este derecho y también del de libertad de empresa que no incorpora a su contenido facultades de reacción frente al paro. Con el señalado planteamiento empresarial, quedaría legitimada una actuación en la que se emitieran también todos los programas de entretenimiento -películas, concursos, reportajes, etc. etc.- que constituyen el mayor porcentaje de la parrilla de programas de cualquier televisión y que están, en su inmensa mayoría pregrabados. Si a ello le añadimos la emisión en directo de los informativos -que siempre estará justificada por el debido respeto al derecho de comunicación e información y así se habrá establecido en la correspondiente norma de servicios mínimos- el resultado práctico no puede ser más evidente: se consigue ofrecer una apariencia de normalidad con lo que la realización de una huelga en este tipo de empresas puede llegar a tener una trascendencia social prácticamente nula y, consiguientemente, el ejercicio de ese derecho puede quedar prácticamente vaciado de contenido real, lo que no es admisible en términos del derecho constitucional a la huelga, todo lo que nos lleva a modificar la doctrina sentada hasta ahora en supuestos similares al presente -con la excepción del caso resuelto en la sentencia de 16 de marzo de 1998 (rec. casación 1884/1997- entre otras en las sentencias de 4 de julio de 2000 (rec. casación 75/2000); 9 de diciembre de 2003 (rec. casación 41/2003), 15 de abril de 2005 (rec. casación 133/2004), y más recientemente, en el fundamento de derecho primero de la sentencia de 11 de junio de 2012 (rec. Casación 110/2011)'.

I, per últim, el Tribunal Constitucional també ha estudiat el tema que s'examina en el present litigi, és a dir, si és possible la vulneració del dret de vaga per una empresa que no és l'empresària dels treballadors. Concretament, quan existeix una relació de contractual mercantil entre l'empresa en que es declara la vaga i l'empresa principal.

Concretament, la STC 75/2010, de 19 de octubre , ha assenyalat el següent:

'1. Por lo demás, este Tribunal ha declarado ya en diversas ocasiones que los derechos fundamentales de un trabajador pueden ser vulnerados por quien no es su empresario en la relación laboral pero interviene o interactúa con él 'en conexión directa con la relación laboral' ( STC 250/2007, de 17 de diciembre , FJ 5) o por otros compañeros de trabajo ( SSTC 126/1990, de 5 de julio , FJ 4 ; 224/1999, de 13 de diciembre, FJ 3 ; y 74/2007, de 16 de abril , FJ 5), así como, evidentemente en otro contexto muy diferente, la posibilidad de 'vulneraciones indirectas' de los derechos fundamentales (por todas, STC 91/2000, de 30 de marzo , FJ 6)'.

2.- Respecto a la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, entre ellos el derecho de huelga, por una empresa, que no es aquella en la que el trabajador presta servicios, se ha pronunciado el TC en un supuesto en el que la empresa principal rescinde el contrato mercantil que mantenía con la empresa para la que prestaban servicios los trabajadores huelguistas, como consecuencia de las actuaciones desarrolladas por dichos trabajadores -movilizaciones- lo que acarrea la extinción de los contratos por la empresa contratista. La STC 75/2010, de 19 de octubre de 2010 examina, como punto de partida, las peculiares situaciones que se generan en aquellos casos en los que se produce una fragmentación de la posición empresarial, en los supuestos de subcontratación y los efectos que la misma proyecta en los derechos fundamentales de los trabajadores.

La sentencia contiene el siguiente razonamiento: 'En el caso que ahora consideramos ha quedado plenamente acreditado que el trabajador demandante de amparo ha perdido su empleo como consecuencia del ejercicio de sus derechos fundamentales y, por tanto, con vulneración de los mismos. Pese a ello, las resoluciones judiciales recurridas han rechazado la existencia de cualquier responsabilidad de las dos empresas afectadas, impidiendo que dicha vulneración sea reparada a través de la garantía básica establecida por la legislación laboral a tal fin, esto es, la declaración de nulidad del despido. Y a este desamparo se llega, precisamente, como consecuencia de lo que constituye la esencia misma de los procesos de subcontratación, esto es la fragmentación de la posición empresarial en la relación de trabajo en dos sujetos, el que asume la posición de empresario directo del trabajador, contratando con éste la prestación de sus servicios, y el que efectivamente recibe éstos, de una manera mediata y merced a un contrato mercantil. En la práctica si no pudiese otorgar tutela jurisdiccional ante vulneraciones de derechos fundamentales en supuestos como éste, se originaría una gravísima limitación de las garantías de los derechos fundamentales de los trabajadores en el marco de procesos de descentralización empresarial, cuando no directamente a su completa eliminación, lo que resulta constitucionalmente inaceptable.

En el caso del derecho de huelga, cuyo ejercicio, por definición, se habrá de proyectar de manera principal sobre la actividad productiva de la empresa principal, a la que la contrata en sí misma sirve, la pretendida irresponsabilidad laboral de esta empresa respecto de cualquier actuación que pueda desarrollar con la finalidad de impedir, coartar o sancionar el legítimo ejercicio del derecho de huelga, al socaire de su invocada ajenidad a la relación laboral entre las partes, supondría la práctica eliminación del derecho de huelga en el ámbito de estas relaciones. En efecto, de poco servirían las prohibiciones, garantías y tutelas establecidas en la legislación laboral en relación con las actuaciones empresariales lesivas del derecho de huelga, si se admitiera que éstas alcancen únicamente al contratista, empresario directo en la relación laboral, y no al empresario principal, que es sobre quien habrán de recaer en última instancia los efectos económicos lesivos de la huelga y quien, por tanto, podrá estar igual o más interesado que el contratista en combatirla'.

3. - I davant l'absència de qualsevol previsió legal específica per a garantir els drets fonamentals dels treballadors, davant de vulneracions dels dits drets comesos per l'empresa principal, en supòsits de subcontractació, l'esmentada sentència assenyala:

'No existe en la vigente regulación legal de la subcontratación de obras y servicios previsión alguna que permita garantizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores de la contratista respecto de vulneraciones cometidas por la empresa principal, a salvo de la existencia de un supuesto de cesión ilegal de mano de obra que, según las Sentencias impugnadas, aquí no concurre. Las garantías establecidas en la legislación laboral, en función de lo que ha sido el propio desarrollo y evolución histórica de la figura de la subcontratación, se dirigen más bien a garantizar los derechos de los trabajadores frente a la empresa contratista, a cuyo efecto se establece en determinados supuestos la responsabilidad de la empresa principal -a la que se presume normalmente más estable y solvente- en relación con el incumplimiento por la contratista de algunas de sus obligaciones legales (por ejemplo, en materia de salarios o de Seguridad Social), así como a reforzar los instrumentos de protección en materia de salud y seguridad. Pero no existe en el art. 42 del Estatuto de los trabajadores una correlativa corresponsabilidad de la empresa contratista respecto de eventuales vulneraciones cometidas por la empresa principal, ni se reconoce a los trabajadores mecanismo alguno para acudir directamente contra ésta frente a sus propias actuaciones, quizás por entender que los trabajadores de la empresa contratista no pueden verse afectados en sus derechos por actuaciones de la empresa principal, con la que no les une vínculo alguno. Para el legislador, el ámbito de relaciones de la empresa principal se agota en el mercantil del contrato que le une a la contratista, de manera que ninguna afectación puede derivarse de sus actuaciones en el ejercicio por los trabajadores de los derechos derivados de su relación laboral. De ahí que cuando, como en el presente caso, no se aprecia la concurrencia de una conducta directamente imputable a la empresa contratista, cuya connivencia han descartado los órganos judiciales, se concluya la inatacabilidad por parte de los trabajadores de cualquier actuación de la empresa principal, que se considera ajena al contrato de trabajo.

Sin embargo, cuando de la tutela de los derechos fundamentales se trata, este Tribunal ha de garantizar dicha tutela sin que puedan existir espacios inmunes a la vigencia de los derechos fundamentales. Si a través de la técnica de la subcontratación se posibilita que trabajadores externos contratados por una empresa contratista se vinculen directamente a la actividad productiva de una empresa principal e, incluso, que la propia duración de su contrato de trabajo se haga depender directamente de la vigencia del contrato mercantil que vincula a ambas empresas, determinando, en virtud de todo ello, que la efectividad de los derechos de los trabajadores pueda verse afectada, no sólo por la actuación del contractista, sino también por la del empresario principal, del mismo modo habrá de salvaguardarse que en el ámbito de esas actuaciones los derechos fundamentales de los trabajadores no sean vulnerados. Pues no sería admisible que en los procesos de descentralización productiva los trabajadores carecieran de los instrumentos de garantía y tutela de sus derechos fundamentales con que cuentan en los supuestos de actividad no descentralizada, ante actuaciones empresariales lesivas de los mismos.

Para apreciar la existencia de una vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, causada de forma directa por la decisión empresarial de extinción de sus contratos de trabajo adoptada por la empresa para la que prestan servicios, pero derivada, de manera indirecta, de una previa decisión de la empresa principal en el marco del contrato mercantil suscrito entre ambas empresas,no es obstáculo el hecho de que ningún vínculo contractual ligue a dicha empresa principal con los trabajadores despedidos como consecuencia de su decisión. La posibilidad de que los trabajadores de una empresa contratista se vean afectados en sus derechos por decisiones y actuaciones cuya responsabilidad no corresponde a su empresario directo, sino al empresario que ha subcontratado con aquél una parte de su actividad, es precisamente lo que justifica la especial atención que a este fenómeno ha venido dedicando tradicionalmente la legislación laboral, plasmada actualmente en el conjunto de reglas en materia de garantías, responsabilidades y derechos de información y representación contenidas tanto en el art. 42 del Estatuto de los trabajadores , como en el art. 127 de la Ley general de la Seguridad Social y en el art. 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales '.

QUART.Aplicant la doctrina abans citada al present litigi, el motiu s'haurà d'estimar. Com hem dit abans, el magistrat d'instància fonamenta la seva decisió d'estimar la demanda afirmant que en el cas present no existeix cap tipus 'esquirolatge extern', com el contemplat en la Sentència del TCo de data 11.12.15 (Grup el Pais) o bé en la sentència d'aquesta Sala de data 29.4.15 (Grup Godó), perquè en aquest cas el que va succeí és que es va activar la previsió contractual que permet que una contractista faci feines en la zona de l'altra. I, en segon lloc, perquè el servei afectat per la vaga té el caràcter d'un servei essencial i no es pot deduir de l'acta de la Inspecció que l'avaria que s'havia de reparar pogués ser atesa de forma ràpida i efectiva pels propis serveis mínims de FCC, sinó que més aviat tot apunta al contrari.

Doncs bé, tenint en compte el relat fàctic de la sentència, i valorant especialment els successos que van tenir lloc durant la realització d'aquesta, els dits arguments no es comparteixen per la Sala, atès que en el present litigi l'actuació de l'actora entenem que va suposar que la vaga iniciada pels treballadors de l'empresa FCC quedés inoperativa perquè va existir esquirolatge extern. Ja hem indicat anteriorment què s'entén per aquest concepte. Existeix quan una empresa utilitza els serveis d'uns treballadors que no formen part de la seva plantilla, per a realitzar les tasques que feien els treballadors en vaga.

I això és exactament el que va succeir en el present cas, perquè l'empresa principal té subscrit un contracte de manteniment i execució d'obra nova amb l'empresa FCC per l'àmbit territorial de Barcelona districtes 5, 6, 7, 8, 9 i 10, així com Sant Adrià, Badalona i Santa Coloma. Així mateix també té un contracte subscrit amb l'empresa EMTE SLU per realitzar les mateixes feines, però la dita empresa té adjudicats els districtes 1, 2, 3 i 4 de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

Consta en el relat fàctic de la sentència que els treballadors de FCC van iniciar una vaga el dia 1 d'abril de 2014 (fet provat setè) i el mateix dia va sorgir una incidència en un dels districtes corresponents a la zona de l'empresa FCC i que l'empresa demandant va encarregar la reparació de la dita avaria a la contractista EMTE SLU, la qual té subcontractada a la mercantil DIMOP (fet provat segon), sense que consti en quin motiu va recolzar aquesta decisió, ja que en l'informe de la Inspecció de Treball es va demanar a l'actora que aportes el mail en que va comunicar a la mercantil FCC que havia sorgit l'esmentada avaria i no ho va poder acreditar. És a dir, sí que va existir esquirolatge extern, perquè per substituir a uns treballadors en vaga l'empresa principal va sol.licitar els serveis de l'altre contractista, quan l'avaria es trobava en un districte que no li tocava i sense que acredités la impossibilitat de que el treball es pogués complimentar per FCC.

És cert que no es tracta del mateix supòsit estudiat pel Tribunal Constitucional en les sentències abans citades, però el fet, en substància és el mateix, sense que es pugui acceptar l'afirmació del magistrat d'instància que en el present assumpte el dit esquirolatge no existeix perquè en el contracte subscrit amb les dues contractistes ja preveia la possibilitat de que ENDESA pogués assignar a un contractista que hagués de desenvolupar la seva activitat en un altre àrea pròxima a la seva (fet provat cinquè) i que de fet això s'havia fet en diverses ocasions, com explica el fet provat sisè, perquè aquesta clàusula té plena virtualitat sempre hi quan s'actualitzi en supòsits en que no està en qüestió un dret fonamental, però en cap cas es pot utilitzar per evitar que la vaga convocada aconsegueixi la seva finalitat, que és la de que els treballadors puguin defensar els seus drets laborals i això obliga tant a l'empresa empleadora com a la principal.

D'altra banda, tampoc es comparteix el raonament del magistrat 'a quo' de que en el present supòsit hi hagués una sobrecàrrega d'incidències en el manteniment del servei. És cert que FCC va posar en coneixement de l'actora que no li seria possible atendre la dita incidència, per la situació de vaga en que es trobava la plantilla de l'empresa (fet provat dotzè), però cal tenir en compte que no consta en el relat fàctic de la sentència que aquesta afirmació s'hagués acreditat. També és cert que li va comunicar posteriorment que no podrien atendre cap tipus d'avaria o incidència perquè tenien totes les furgonetes amb les rodes punxades (fet provat tretzè), però tal com afirma el recurrent, aquesta notificació és de data molt posterior als fets que s'estan judicant (concretament del dia 10 d'abril), quan l'emergència es va comunicar el primer dia de començament de la vaga (1 d'abril, fet provat setè).

CINQUÈ.Tampoc no es pot compartir el segon raonament del magistrat d'instància, relativa a que l'avaria que s'havia de reparar era una avaria que posava en perill la prestació d'un servei públic essencial per a la comunitat com és el subministrament de l'energia elèctrica, perquè la dita avaria, sinó es reparava ràpidament, podia comportar deixar sense electricitat a més de 13.000 clients.

És cert que el subministrament d'energia elèctrica, és un servei públic, motiu pel qual ja consta en el fet provat dissetè, que el Conseller d'Empresa, per Ordre de data 27.3.14, va fixar els serveis mínims que havien de complir els treballadors en vaga de FCC per a mantenir el dit servei, a partir de l'1 al 20 d'abril de 2014, en la quantitat d'un 50%. Doncs bé, no consta que aquests serveis mínims no es complissin, per la qual cosa és evident que no hi havia cap situació de necessitat perquè l'actora cridés a l'altra contractista per a reparar l'avaria que corresponia a FCC.

És cert que segons consta en el fet provat tretzè, la dita empresa va comunicar a la demandant que no podria complimentar cap tipus d'avaria o incidència a la xarxa elèctrica, argumentant que els serveis mínims pactats amb el Comitè d'Empresa per disposició del Departament de Treball 'no pueden salir a trabajar al encontrarse todos los vehículos del Centro de trabajo de Binèfar con las ruedas pinchadas..... Además, los 6 compresores de los que disponemos tienen a su vez las ruedas pinchadas y no pueden movilizarse', però també ho és, tal com hem assenyalat abans, que aquest escrit porta data del dia 10 d'abril, és a dir, en data molt posterior al moment dels fets que s'estan judicant.

En conseqüència, s'imposa l'estimació del motiu, i conseqüentment, del recurs, la qual cosa comporta la revocació de la resolució recorreguda, absolent al recurrent de les pretensions de la demanda.

VISTOS els preceptes legals citats, els concordants i la resta de disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

Que hem d'estimar i estimem el Recurs de Suplicació interposat pel DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ (DIR. GRAL. DELS SERVEIS TERRITORIALS), contra la Sentència dictada pel Jutjat Social 33 de Barcelona, en data 25 d'abril de 2016 que va recaure en les actuacions nº 561/2015, en virtut de demanda presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. contra l'esmentat Departament, i, per tant, hem de revocar i revoquem l'esmentada resolució, absolent al recurrent de les pretensions de la demanda.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER , a l'Oficina núm 6763 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social , quan així procedeixi, cal acreditar-la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte que la Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de 'ordenant' caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a 'beneficiari' ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a 'observacions o concepte de la transferència' cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.