Sentencia Social Nº 799/2015, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 355/2015 de 16 de Octubre de 2015

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 01 de lo Social

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 , Planta Baja - 28010

Teléfono: 914931977

Fax: 914931956

34002650

NIG: 28.079.00.4-2013/0014819

Procedimiento Recurso de Suplicación 355/2015

ORIGEN:Juzgado de lo Social nº 37 de Madrid Seguridad social 353/2013

Materia: Incapacidad permanente

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL - SECCIÓN PRIMERA

Recurso número: 355/15

Sentencia número: 799/15

G.

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER

Ilma. Sra. Dª. MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de octubre de dos mil quince, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 355/15 formalizado por el Sr. Letrado de la Seguridad Social en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia de fecha 25 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social número 37 de MADRID , en sus autos número 353/13, seguidos a instancia de Dª. Dulce frente a los recurrentes, en reclamación por seguridad social, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

Antecedentes

PRIMERO:Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO:En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

Primero.-'DÑA. Dulce , nacida el NUM000 .1963, con DNI NUM001 , afiliada al Régimen General de la Seguridad Social con el número NUM002 , ha venido desarrollando su actividad laboral como limpiadora, siendo la última empresa para la que prestó servicios, KERDOS, S.L.U., para la que prestó servicios hasta el 12.07.10, como camarera de pisos.

Segundo.-Las tareas propias de su trabajo consisten en la limpieza de baños, mobiliario, suelos, etc., hacer camas, montar carro, atender lencería, recoger objetos olvidados, avisar de averías y desperfectos.

Tercero.-La base reguladora para IPT no discutida es de 436,64 €/mes y para IPP la misma.

Cuarto.-El 01.10.12 se emitió informe médico legal por el Dr. Gabriel , médico especialista en medicina forense, folios 11-13 por reproducidos, en el que realiza las siguientes consideraciones médico-legales:

'1ª- Paciente de 49 años, que presenta una lumboartrosis con discopatía que origina una lumbociatalgia bilateral de incremento mecánico, sobrecarga y esfuerzo; artrosis cervical con cervicalgia; vértigos; mareos; acúfenos; síndrome bilateral de hombro doloroso por tendinitis del supraespinoso.

2ª- El tratamiento aplicado es paliativo, no curativo, no susceptible de cirugía, y la patología descrita es crónica y permanente.

3ª- La patología le limita para hacer esfuerzos físicos, cargar pesos, transportarles, movilizar el tronco, las EESS y subirse a alturas, actividades todas ellas que desarrolla en su trabajo de limpiadora'.

Quinto.-Iniciado a instancia de la propia demandante expediente de IP, el 27.12.12 el EVI emitió dictamen-propuesta recogiendo el siguiente cuadro clínico residual:

'CERVICOARTROSIS. PINZAMIENTO C5-C6. DISCOPATÍA L4-L5 Y L5-S1. PROTUSIÓN L4-L5 Y L5-SA, SIN RADICULOPATÍA. TENDINITIS SUPRAESPINOSO IZQDO'.

Y proponiendo:

'La no calificación del trabajador referido como incapacitado permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral'.

Sexto.-La Dirección Provincial del INSS acepta íntegramente el contenido del dictamen del EVI y lo eleva a definitivo con fecha 02.01.13, dictándose en fecha 10.01.13 resolución de la Directora Provincial del INSS, denegando la prestación por incapacidad permanente.

Séptimo.-Frente a la resolución denegatoria de la Directora Provincial del INSS la interesada presentó reclamación previa el 06.02.13, que no prosperó (resolución desestimatoria de 25.02.13).

Octavo.-El 28.05.14, el Dr. Leon , Médico Forense, evacuó informe forense respecto de la demandante, cuyo contenido, obrante a los folios 37-38 de las actuaciones, se da aquí por reproducido, y del que cabe destacar los siguientes extremos:

'CONSIDERACIONES MÉDICO-FORENSES:

Que la capacidad laboral está limita significativamente, como consecuencia de estas enfermedades.

La patología que sufre tiene carácter crónico e irreversible, por lo que su repercusión laboral es definitiva, e incluso podrá agravarse con el paso del tiempo.

Que esta patología le impide realizar tareas que implique sobrecarga funcional de la columna cervical y dorsolumbar, como movimientos repetitivos de flexo-extensión, permanecer en bipedestación o deambulación prolongada, cargar con peso en ambos brazos, etc... Tampoco puede realizar actividades laborales que impliquen movimientos repetitivos de los hombros o movilidad por encima de la horizontal.

Consideramos que estas limitaciones le impiden realizar las tareas esenciales de su profesión habitual.

Que su capacidad funcional residual le permite realizar actividades laborales de tipo sedentario, que no impliquen sobrecarga funcional de la columna cervical y lumbar, y de los hombros.

CONCLUSIONES MÉDICO-FORENSES:

Que la situación funcional laboral, consecutivamente a la patología anteriormente descrita, condiciona una limitación para realizar las tareas esenciales de su profesión habitual.

Que podría, sin embargo, realizar algún otro tipo de actividad laboral, que no implicara realizar las actividades anteriormente descritas y para las que a nuestro juicio está impedido'.

Noveno.-La demandante padece de cervicoartrosis, que le ocasiona cervicalgia, así como lumboartrosis, con discopatía L4-L5 y L5-S1 y protrusión L4-L5 y L5-Sa, sin radiculopatía, que le ocasiona lumbociatalgia, estando descartado tratamiento quirúrgico; padece además tendinitis de supraespinoso en ambos hombros, con síndrome bilateral de hombro doloroso, todo ello le provoca una limitación de la movilidad cervical en extensión, lateralidad y rotación a ambos lados, y de la movilidad dorsolumbar con distancia dedo suelo de 30 cms., limitación marcada en lateralidad a ambos lados, dificultad para marcha de talones y puntillas, Lassegue bilateral a 30º, limitación de la movilidad de ambos hombros, con antepulsión de 90º, abducción de 120º, rotación externa que apenas llega a nuca y rotación interna que llega a región glútea. Todo ello le impide realizar tareas que impliquen sobrecarga funcional de columna cervical y dorsolumbar, como movimientos repetitivos de flexo-extensión, bipedestación o deambulación prolongadas, cargar peso, movimientos repetitivos de los hombros y movilidad de los MMSS por encima de la horizontal.'

TERCERO:En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

'ESTIMO la demanda interpuesta por DÑA. Dulce , frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, y en consecuencia, DECLARO a la demandante en situación de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual como limpiadora, y CONDENO a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración y a que abonen a la actora una prestación económica consistente en una pensión vitalicia equivalente al 55% de la base reguladora de 436,64 € mensuales, con efectos iniciales y de devengo desde el 27.12.12.'

CUARTO:Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO:Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección Primera en fecha 5 de mayo de 2015, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

SEXTO:Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio en fecha 30 de septiembre de 2015 señalándose el día 14 de octubre de 2015 para los actos de votación y fallo.

SEPTIMO:En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

Fundamentos

PRIMERO.-Interpone recurso de suplicación el letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre del INSS y de la TGSS, contra sentencia que estimó la demanda rectora de autos, declarando a la trabajadora afecta de IPT para su profesión habitual de limpiadora, con derecho al percibo de la correspondiente pensión, destinando el motivo inicial, con correcto amparo en el apartado b) del art. 193 LRJS , a la revisión del hecho probado noveno, para su redactado en la forma que ofrece, por discrepar de las consideraciones del médico forense tenidas en cuenta por la iudex a quo, con soporte en los informes del EVI y médico de síntesis que identifica en autos, que entiende deben prevalecer, proponiendo la redacción literal que sigue:

' La demandante padece de cervicoartrosis por pinzamiento C5-C6; a nivel lumbar presenta lumboatrosis por discopatía L4-L5 y L5-S1, con protusiones L4-L5 y L5-S1, sin radiculopatía. Tendinitis del supraespinoso Izquierdo.

Estas lesiones que se manifiestan en forma de dolor a nivel lumbar y cervical referido por la paciente (cervicalgia y lumbociatalgia) no tienen por su entidad alcance invalidante actual, ni repercusión laboral'.

El motivo, ya lo adelantamos, viene abocado al fracaso, no solo por introducir juicios de valor incompatibles con su ubicación en sede fáctica, sino porque ante informes médicos contradictorios es a la iudex a quo a quien corresponde elegir aquel en que basar su convicción, teniendo en cuenta las amplias facultades que para la valoración de la prueba le reconoce el art. 97 LRJS , en cuanto tercera imparcial ajena al proceso revestida de independencia garantizada constitucionalmente, y desde luego el informe emitido por la clínica médico forense reúne la necesaria objetividad y valor científico como para poder ser tenido en cuenta en la convicción finalmente alcanzada, al menos al mismo nivel de credibilidad que el informe del EVI y médico de síntesis.

A este respecto debe recordarse, en línea con reiterada doctrina judicial de la que por todas citaremos la STSJ de La Rioja de 4 Septiembre 2007, Rec. 169/2007 , que para que pueda prosperar en suplicación la revisión de los hechos declarados probados por el Magistrado de instancia, han de cumplirse los siguientes requisitos:

1) Han de concretarse los documentos o pericias en los que se base. No es, entonces, suficiente la usual remisión a la documental o pericial «en su conjunto» o a «la que obra en autos», sin especificar el concreto folio o folios en los que ésta consta. La documental ha de ser pública o privada reconocida en juicio. La pericial, en conformidad con el principio de contradicción, debe estar ratificada, salvo en el caso de dictámenes oficiales que obren dentro del mismo expediente administrativo del que forman parte (como sucede en los procesos de incapacidad permanente con los informes del Equipo de Valoración de Incapacidades).

2) No son admisibles la testifical, la confesión (incluida la ficta confessio) o la prueba indiciaria, porque contraen su eficacia a la instancia y, en concreto, a su práctica dentro del juicio oral, con la inmediación, oralidad y concentración que caracteriza a éste.

3) Tampoco la confesión o la testifical cuando aparezcan enmascaradas de documental, lo que es frecuente (declaración de una de las partes que obra en escritura pública, informe de detective privado, declaración de autoridad o funcionario público, pero respecto de hechos que no constan en los archivos que tiene a su cargo, etc.).

4) La indicación del concreto hecho que se trata de modificar o suprimir es necesaria y, en su caso, la redacción del texto alternativo que se pretende para el mismo. Esta última es exigencia no prevista específicamente en la ley, pero que facilita a la otra parte la contradicción y permite a la Sala que pueda obrar en correspondencia con lo pedido. Tal rigorismo puede salvarse, pero sólo cuando del recurso se desprende claramente lo pretendido por la parte.

5) La revisión ha de ser trascendente para el signo del fallo, es decir, ha de constituir un elemento de hecho que tenga relevancia, más o menos inmediata, para la parte dispositiva de la sentencia. Es contrario a la economía procesal la constancia de datos que ninguna relación guardan con el objeto litigioso o que tan sólo guardan una relación lejana.

6) La prueba ha de ser fehaciente, es decir, debe reflejar la verdad por sí sola, y con ello el error del Juzgador, sin otras consideraciones colaterales, hipótesis o conjeturas, porque, si éstas se admitieran, la Sala se encontraría suplantando al Juez de lo Social en la valoración de la prueba, como si de un nuevo juicio se tratara (una mera apelación) y no resolviendo un recurso que tiene naturaleza extraordinaria. En este sentido, no son admisibles tampoco los motivos de recurso basados en deducciones u operaciones matemáticas de cierta complejidad.

7) Puede solicitarse la revisión de cuanto tenga contenido fáctico y obre, sin embargo, de forma indebida en los Fundamentos de Derecho de la sentencia del Juez de lo Social. Al contrario, los conceptos jurídicos o predeterminantes del fallo se tendrán por no puestos, y de ser solicitada su constancia, serán rechazados por la Sala.

8) Siempre que exista un mínimo de actividad probatoria, que haya permitido la valoración judicial, resulta inadmisible la llamada prueba negativa, es decir, la revisión fundada en la simple alegación de la carencia de pruebas referidas al hecho de que se trate.

9) Los errores materiales o aritméticos pueden ser subsanados a través del recurso de aclaración, sin acudir a la vía de la suplicación más que cuando aquél fuese desestimado.

10) Puede solicitarse la constancia de los hechos sobre los que las partes mantuvieran verdadera y estricta conformidad, sin necesidad de que estuvieran avalados por prueba documental o pericial alguna.

Sentado lo anterior, el motivo ha de ser rechazado por las siguientes razones:

a) Porque la modificación pretendida por la parte recurrente tiene por base y fundamento documentos valorados por el juzgador de instancia, quien en el razonamiento jurídico primero de la resolución que se combate estableció que los hechos que se declaran probados han quedado acreditados por la valoración conjunta de la prueba practicada, en particular por la documental obrante en autos y pericial practicada, incluido el expediente administrativo, informe médico forense y pericial, lo que supone la específica valoración de los informes médicos aportados a las actuaciones, y por ello de aquellos en los que la parte recurrente basa su petición de modificación.

Como es sabido, en el caso de dictámenes médicos contradictorios, debe aceptarse, en principio, el que haya servido de base a la resolución recurrida, es decir, el admitido como prevalente por el Juez 'a quo', a no ser que se demostrase palmariamente el error en que éste hubiere podido incurrir en su elección, por tener el postergado o rechazado una mayor credibilidad, dada la categoría científica del facultativo que lo haya emitido o por gozar de mayor fuerza de convicción, cosa que en el caso enjuiciado no ocurre.

b) Por el hecho de que la valoración imparcial y objetiva efectuada por el Juez de instancia no puede ser sustituida por la valoración subjetiva e interesada de la parte recurrente, y la propuesta que presenta el recurso es, en definitiva, la sustitución del criterio valorativo del Magistrado de instancia, que aprecia la totalidad de lo actuado desde su imparcialidad, por la valoración de la parte interesada con apoyo de, sólo, los aspectos probatorios que estima son proclives a sus pretensiones materiales, lo cual no es posible salvo cuando queda evidenciado, de manera plena y sin contradicción, el error de evaluación, lo que aquí no sucede a la vista de la diversidad de informes aportados, y sin que pueda tacharse a la valoración judicial de errónea por haber otorgado mayor preponderancia a unos informes sobre otros de los obrantes en los autos.

c) Por el hecho de que, como hemos expuesto en el apartado anterior, no se aprecia error alguno en la valoración realizada por el Juez 'a quo', determinante del éxito de la variación que se postula. El juez que preside la práctica de la totalidad de las pruebas es quien se encuentra facultado para sopesar unas y las otras, así como para apreciar los elementos de convicción con libertad de criterio, debiendo aceptarse, en los casos en los que existan dictámenes contradictorios, aquel que sirvió de base a la resolución recurrida.

El motivo fáctico alegado debe ser así desestimado.

SEGUNDO.- Ya en sede del Derecho aplicado, el segundo motivo lo destina, con correcto amparo en el apartado c) del art. 193 LRJS , a denunciar infracción del art. 137.4 LGSS , en la consideración de que las lesiones que padece la actora no son tributarias del grado de IPT reconocido para su profesión habitual de limpiadora.

Conforme se deduce del art. 136 LGSS , en su modalidad contributiva, es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Tres son, por tanto, las notas características que definen el concepto de invalidez permanente: 1) Que las reducciones anatómicas o funcionales sean objetivables («susceptibles de determinación objetiva»), es decir, que se puedan constatar médicamente de forma indudable, no basándose en la mera manifestación subjetiva del interesado; 2) Que sean «previsiblemente definitivas», esto es, incurables, irreversibles; siendo suficiente una previsión seria de irreversibilidad para fijar el concepto de invalidez permanente, ya que, al no ser la Medicina una ciencia exacta, sino fundamentalmente empírica, resulta difícil la absoluta certeza del pronóstico, que no puede emitirse sino en términos de probabilidad; y 3) Que las reducciones sean graves desde la perspectiva de su incidencia laboral, hasta el punto de que disminuyan o anulen su capacidad laboral en una escala gradual que va desde el mínimo de un 33% de disminución en su rendimiento para la profesión habitual -incapacidad permanente parcial- a la que impide la realización de todas o las fundamentales tareas de la misma -incapacidad permanente total- hasta la abolición del rendimiento normal para cualquier profesión u oficio que el mercado laboral pudiera ofrecer - incapacidad permanente absoluta-. ( SSTSJ Extremadura 10-6-05, rec. 203/05 , Navarra 31-10-03, rec. 334/03 , Madrid 25-7-03, rec. 2949/03 , Castilla-La Mancha 28-12-01, rec. 1024/01 , Cataluña 31-1-00, rec. 2013/99 ).

Debe valorarse el binomio lesiones-función, de manera que la invalidez supone situación individualizada para cada sujeto, dado que se valora una capacidad concreta, para un trabajo concreto, en un sujeto concreto y en un momento concreto. ( STSJ Valencia 25-2-92, rec. 1489/90 ).

En la valoración de las lesiones que conforman las reducciones anatómicas funcionales graves, con incidencia en la capacidad de trabajo, no cabe tener en cuenta otros aspectos ajenos al factor sicofísico de alteración de la salud, como serían, por ejemplo, las deficiencias culturales, conflictos de carácter familiar, la edad como obstáculo para acceder al mercado de trabajo, ya que las dificultades que pueda tener el trabajador para encontrar empleo por razón de su falta de conocimientos o preparación, ya vienen contempladas en nuestras leyes, las cuales han establecido que, de concurrir en persona mayor de 55 años y pensionista de incapacidad total por un régimen de Seguridad Social protector de los trabajadores asalariados, dé lugar a que, mientras no se tenga empleo, se tenga derecho a cobrar un incremento en la cuantía de esa pensión, ( STSJ País Vasco, 20-6-2000, rec. 839/2000 ) de tal forma que se percibe calculada en función del 75% de la base reguladora, en lugar de hacerlo con el 55% de la misma. ( Art. 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio en relación con el art. 139.2 LGSS ).

Se entiende por incapacidad permanente total ( art. 137.4 LGSS ) la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta, con un mínimo de eficacia, y con rendimiento económico aprovechable, y sin que se trate de la mera posibilidad del ejercicio esporádico de una determinada tarea, sino de su realización conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia.

Reiterada doctrina judicial ( STSJ Madrid 30-5-05, rec.1153/05 ) pone de manifiesto que, a los efectos de la declaración de incapacidad en el grado de total, ha de partirse de los siguientes presupuestos:

A).La valoración de la invalidez permanente ha de hacerse atendiendo fundamentalmente a las limitaciones funcionales derivadas de los padecimientos del trabajador, en cuanto tales restricciones son las que determinan la efectiva restricción de la capacidad de ganancia.

B).Han de ponerse en relación las limitaciones funcionales resultantes con los requerimientos de las tareas que constituyen el núcleo de la concreta profesión.

C).La aptitud para el desempeño de la actividad laboral habitual de un trabajador implica la posibilidad de llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación, rendimiento y eficacia, sin que el desempeño de las mismas genere 'riesgos adicionales o superpuestos' a los normales de un oficio o comporte el sometimiento a 'una continuación de sufrimiento' en el trabajo cotidiano.

D).No es obstáculo a la declaración de tal grado de incapacidad que el trabajador pueda realizar otras actividades distintas, más livianas y sedentarias, o incluso pueda desempeñar tareas 'menos importantes o secundarias' de su propia profesión habitual o cometidos secundarios o complementarios de ésta, siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y conserve una aptitud residual que 'tenga relevancia suficiente y trascendencia tal que no le impida al trabajador concretar relación de trabajo futuro'.

E).Debe entenderse por profesión habitual no un determinado puesto de trabajo, sino aquella que el trabajador está cualificada para realizar y a la que la empresa le haya destinado o pueda destinarle en la movilidad funcional.

La incapacidad permanente total para la profesión habitual, se caracteriza por un doble elemento: primero, por su carácter profesional lo que implica que, para su calificación jurídica, habrá de valorarse más que la índole y naturaleza de los padecimientos que presenta el trabajador, la limitación que ellos generen en cuanto impedimentos reales, esto es ,susceptibles de determinación objetiva y suficiente para dejar imposibilitado a quien los padece, de iniciar y consumar las tareas propias de su oficio, por cuanto son esas limitaciones funcionales las que determinan la efectiva reducción de la capacidad de ganancia; y segundo, por su carácter de permanencia que implica la necesidad de estabilización de su estado residual en el sentido que las patologías o secuelas tengan un carácter previsiblemente definitivo dado que la posibilidad de recuperación clínica se estima médicamente como incierta o a largo plazo. ( STSJ Asturias 19-10-00, rec.3246/00 ).

Precisa realizar un riguroso análisis comparativo de dos términos fácticos: el de las limitaciones funcionales y orgánicas que producen al trabajador las lesiones que padece y el de los requerimientos psíco-físicos de su profesión habitual. ( STSJ la Rioja, 25-5-00, rec. 147/00 ).

TERCERO.- En el caso enjuiciado tenemos, según se advierte del firme hecho probado noveno, que el cuadro de cervicoartrosis, cervicalgia, lumboatrosis, con discopatía L4-L5 y L5-S1, y protusión L4-L5-Sa, sin radiculopatía, ocasiona lumbociatalgia, estando descartado el tratamiento quirúrgico, padeciendo además la trabajadora tendinitis de supraespinoso en ambos hombros, con síndrome bilateral de hombro doloroso, cuadro que en su conjunto reviste entidad, con limitación de la movilidad cervical en extensión, lateralidad y rotación en ambos lados, y de la movilidad dorsolumbar con distancia dedo suelo de 30 cms, limitación marcada en la lateralidad de ambos lados, dificultad para marcha de talones y puntillas, lassegue bilateral a 30º, limitación de la movilidad de ambos hombros, antepulsión de 90º, abducción de 120º, rotación externa que apenas llega a la nuca y rotación interna que llega a región glútea, todo lo cual le impide realizar tareas que impliquen sobrecarga funcional de columna cervical y dorsolumbar, movimientos repetitivos de flexo-extensión, bipedestación o deambulación prolongada, cargar pesos, movimientos repetitivos de los hombros y movilidad de MMSS por encima de la horizontal, y puestas en conexión tales dolencias y limitaciones con el núcleo de las funciones de una limpiadora consideramos coherente y ajustado a Derecho su calificación en el grado de IPT reconocido por la sentencia de instancia, ya que la profesión habitual de limpiadora exige de un esfuerzo físico moderado y constante a nivel vertebral y extremidades superiores, además de continuada bipedestación, incompatible con su estado clínico, por lo que se impone confirmar la sentencia de instancia con previa desestimación del recurso.

CUARTO.- De acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial de la que es expresión, por ejemplo, la STS de 27-9-2000 , no ha lugar a condenar en costas a la Entidad Gestora recurrente, solicitada por la parte demandante en su escrito de impugnación. Y ello es así, porque el artículo 19.3 de la vigente Ley General de la Seguridad Social dispone: ' Las Entidades Gestoras gozarán del beneficio de justicia gratuita a efectos jurisdiccionales'. Por su parte, la Ley 1/1996 de 10 de Enero, reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, establece con respecto al ámbito personal de su aplicación, en el art. 2 que tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita: 'b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso'.

Fallo

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentencia de fecha 25 de julio de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social número 37 de MADRID , en sus autos número 353/13, seguidos a instancia de Dª. Dulce frente a los recurrentes, en reclamación por seguridad social. En su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia, sin hacer expreso pronunciamiento en costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 220 , 221 y 230 de la LRJS .

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000000 nº recurso que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco de Santander, sita en el Paseo del General Martínez Campos 35, Madrid, 28010 de Madrid,

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco de Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF/CIF de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el campo 'observaciones o concepto de la transferencia', se consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento 2826000000 nº recurso.

Pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito.

Cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, el condenado al pago de la misma deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital-coste de la pensión o el importe de la prestación a la que haya sido condenado en el fallo, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala ( art. 230/2 de la LRJS ).

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia el , por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, doy fe.