Sentencia Social Nº 8099/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3835/2008 de 30 de Octubre de 2008

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RU

IL·LM. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

IL·LMA. SRA. Mª LOURDES ARASTEY SAHÚN

IL·LMA. SRA. LIDIA CASTELL VALLDOSERA

Barcelona, 30 d'octubre de 2008

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 8099/2008

En el recurs de suplicació interposat per Valentín i HAGALO S.A. a la sentència del Jutjat Social 12 Barcelona de data 28 de novembre de 2007 dictada en el procediment núm. 634/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part -F.G.S.- Fondo

de Garantía Salarial, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.

Antecedentes

Primer. En data 4-9-2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 28 de novembre de 2007, que contenia la decisió següent:

"Que estimando en parte la demanda formulada por D. Valentín contra la empresa HAGALO S.A., debo declarar y declaro improcedente el despido de que ha sido objeto el demandante y condeno a la empresa demandada a readmitirle inmediatamente en las mismas condiciones de trabajo que regían antes de producirse el despido, si tal readmisión fuera el acuerdo de ambas partes, o, en caso contrario, a que le abone la indemnización de 42.547'73 Euros. Y condeno al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL como responsable subsidiario, para el caso de insolvencia empresarial, al pago de dicha indemnización, con los límites legales a su cargo".

En data 21 de desembre de 2007 es va dictar interlocutoria d'aclariment de la Sentència amb la part dispositiva del tenor literal següent:

"Se acuerda: Aclarar el fallo de la Sentencia dictada en fecha 28 de Noviembre de 2.007, para hacer constar que donde dice " a que le abone la indemnización de 42.547,73 Euros" debe decir "a que le abone la indemnización de 44.386,44 Euros".

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

1º) El demandante acredita en la empresa demandada las siguientes circunstancias profesionales: antigüedad desde el 1-5- 2000, categoría de Director y salario bruto anual de 110.365'49 Euros (105.793'61 Euros en metálico y 4.571'88 Euros en especie en concepto de uso de vehículo), equivalente a 9.197'12 Euros mensuales. (La antigüedad es un hecho pacífico entre las partes, que resulta de la demanda y de la expresa conformidad de la empresa en este extremo manifestada en el juicio. La categoría resulta de los recibos de salarios del actor obrantes a los folios 278 a 358 y 745 a 762. Y el salario resulta del razonamiento que después se expondrá).

2º) La empresa se dedica a la actividad de compraventa al por mayor de artículos de ferretería, decoración y elementos de bricolaje. (Resulta, entre otros documentos, del informe de auditoría obrante a los folios 234-256, concretamente al folio 241).

3º) La relación entre las partes se inició en virtud de un contrato suscrito el 28-3-2000, redactado en idioma alemán, obrante a los folios 71-80 y 730-734, cuya traducción jurada obra a los folios 65-70 (presentada por la empresa) y 724-729 (presentada por el demandante), dándose aquí por reproducidos todos los citados documentos. (Resulta de la valoración conjunta de las confesiones judiciales de las partes y de los referidos documentos).

4º) Las funciones para las que fue contratado el actor en virtud del referido contrato, y que vino desempeñando desde el inicio, fueron las propias de un "gerente": en concreto la dirección comercial de la actividad social, bajo su mejor criterio y con iniciativa y autonomía propias, aunque siguiendo para ello las directrices de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Llevaba la dirección de todas las tiendas de la empresa y la dirección estratégica de las mismas, y tenía bajo su cargo a todo el personal de ellas, en número de unos 350 trabajadores, aunque inicialmente no se le otorgaron por parte de la empresa más poderes que los derivados del propio contrato. (Resulta de la valoración conjunta de las traducciones del referido contrato y de la confesión de las partes).

5º) Mediante escritura pública de 22-5-2001 la compañía demandada otorgó al actor los poderes que detalladamente se describen en el documento obrante a los folios 209-210, cuyo contenido se da aquí por reproducido en su integridad. En resumen, se trataba de poderes para: a) efectuar mancomunadamente con Dña. Esperanza cobros o pagos y disponer de saldos por importe limitado a 1.000.000'- de pesetas; b) efectuar mancomunadamente bien con D. Rodolfo o bien con D. Victor Manuel cobros o pagos y disponer de saldos por importe limitado a 5.000.000'- de pesetas, así como contratar y despedir a personal y fijar sus retribuciones; c) efectuar mancomunadamente con el (entonces) Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, D. Paulino , cobros o pagos y disponer de saldos por importe ilimitado, suscribir con Bancos y Cajas de Ahorro pólizas de crédito y solicitar préstamos; y d) mancomunadamente con D. Rodolfo : dirigir la organización comercial y administrativa de la sociedad; comprar, vender y enajenar bienes muebles; aprobar y rechazar cuentas por suministros de proveedores; llevar los libros de la sociedad; suscribir contratos de locales y almacenes; contratar y rescindir pólizas de seguro; contratar con las compañías suministradoras de servicios públicos; ostentar y llevar la representación de la sociedad ante la Administración de Aduanas; y comparecer ante Juzgados, Tribunales y organismos públicos, en cualquier concepto. (Resulta del documento obrante a los folios 207-211).

6º) Mediante escritura pública de 8-2-2006 el actor fue designado Administrador de la sociedad demandada, Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la misma, cargo éste último para el que fueron nombrados también otras dos personas, D. Abelardo y D. Íñigo , debiendo ejercerlo de forma mancomunada dos cualesquiera de ellos tres entre sí. (Resulta del documento obrante a los folios 181-186).

7º) Durante los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 los Administradores de la sociedad demandada no percibieron retribución alguna por su cargo. (Resulta de los informes de auditoria de cada uno de dichos ejercicios que obran a los folios 234 a 256 y 565 a 707, en concreto a los folios 704, 682, 657, 633, 609, 252 y 584, respectivamente).

8º) El 13-7-2007, mediante escrito de la misma fecha obrante a los folios 366 y 719, cuyo contenido se da por reproducido, el demandante comunicó al Sr. Abelardo , Consejero Delegado y representante de la propiedad de la empresa, su intención de causar baja en la misma el 31-12-2008. (Es un hecho pacífico entre las partes, que resulta de la confesión judicial de ambas y del referido documento).

9º) El 14-7-2007 el mismo demandante comunicó también mediante correo electrónico obrante a los folios 367 y 723, cuyo contenido se da por reproducido, la misma decisión a su equipo de trabajo. (Es igualmente un hecho pacífico, que resulta del referido documento y de la confesión judicial de las partes).

10º) La empresa remitió al demandante el 17-7-2007, mediante burofax, la carta que obra a los folios 129-132 y 715-716, cuyo contenido se da aquí por reproducido, que fue recibida por éste el 20-7-2007. En ella le comunicaba, en síntesis: a) su cese como Consejero y como Consejero Delegado de la sociedad; b) la terminación con efectos de 30-8-2007 del contrato suscrito el 28-3-2000; c) que desde la notificación de dicha carta quedaba liberado de la obligación de prestar servicios, sin perjuicio alguno de sus derechos económicos, debiendo no obstante permanecer a disposición de la empresa hasta el 30-8-2007 y debiendo realizar antes de dicha fecha las vacaciones que tuviera pendientes; d) que en fecha 30-8-2007 se le efectuaría la liquidación de las cantidades que le correspondieran por la terminación del contrato; e) que con fecha 9-7-2007 quedaban revocados todos los poderes y facultades que le habían sido conferidos en su día para actuar en nombre y representación de la sociedad; f) que con la terminación del contrato cesaba automáticamente en todos los cargos que ostentara o pudiera ostentar en cualquier otra sociedad del grupo BAUHAUS, BAUHAUS AG y BAHAG AG; y g) que debía hacer entrega inmediata de cuantos bienes y documentación estuvieran en su poder y fueran propiedad de la empresa. (Es un hecho pacífico entre la partes, que resulta del referido documento y de la confesión judicial de las mismas).

11º) Mediante escritura pública de 3-8-2007 la empresa demandada elevó a públicos los acuerdos de cesar al demandante, con efectos del 9-7-2007, en los cargos de Consejero, Consejero Delegado y Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, así como revocar y dejar sin efecto los poderes que le habían sido otorgados mediante escritura pública de 22-5-2001. (Resulta del documento obrante a los folios 157-163).

12º) La decisión de la empresa referida en los dos anteriores hechos fue como respuesta al comunicado que el actor había remitido el 14-7-2000 a personas de la empresa anunciándoles que era su intención cesar en la misma el 31-12-2008. (Resulta de la confesión judicial Don. Abelardo , en representación de la empresa).

13º) El actor agotó sin éxito el preceptivo trámite de conciliación administrativa. (Folio 16)

14º) No ha ostentado en la empresa cargo de representación legal o sindical. (Resulta de la propia demanda)

Tercer. Contra aquesta sentència la part actora Sr. Valentín i la part demandada HAGALO S.A. van interposar un recurs de suplicació, que van formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i les esmentades parts el van impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.- Enfront la Sentència d'instància, que estimà en part la demanda presentada per la part actora, considerant que la seva relació de treball amb la demandada era de naturalesa laboral, però especial d'alta direcció i declarà improcedent el seu acomiadament, amb les conseqüències legals inherents a tal declaració, s'interposa per ambdues parts Recurs de Suplicació. El recurs de l'empresa s'estructura en nou motius, els cinc primers dedicats a demanar la revisió dels fets provats i els quatre últims a examinar les infraccions de normes substantives o de la jurisprudència que s'hi han comès. L'esmentat recurs ha estat objecte d'impugnació per la part actora.

El recurs de la part actora consta d'un únic motiu dedicat a denunciar la violació de la normativa legal. S'entrarà a examinar, en primer lloc, el recurs presentat per l'empresa, atès que, com s'ha dit abans, s'hi demana la revisió del relat fàctic.

SEGON.- Abans d'entrar a examinar els cinc primers motius d'impugnació, correctament emparats en l'apartat b) de l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral , en els quals es sol.licita la revisió dels fets declarats provats, cal posar de relleu que el legislador ha configurat el procés laboral com un procés al qual es consubstancial la regla de l'única instància, la qual cosa significa que no existeix un doble grau de jurisdicció, i ha construït el recurs de suplicació com un recurs extraordinari, que no constitueix una segona instància i que participa d'una certa naturalesa cassacional, tal com afirma la Sentència del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de gener. Aquesta naturalesa es manifesta, fonamentalment, en la limitació de la impugnació de la resolució d'instància, en el sentit que aquesta només es pot impugnar per alguna de les causes establertes per la Llei.

Concretament, la Llei de Procediment Laboral, estableix els motius d'impugnació en l'article 191. L'apartat b ) d'aquest article disposa que es podran revisar els fets declarats provats a la vista de les proves documentals i pericials practicades. En la interpretació d'aquest article, el Tribunal Suprem exigeix, perquè pugui tenir èxit la revisió, els següents requisits: a) La concreció exacta del que s'hagi de revisar, especificant la supressió, modificació o addició que es proposi, especificant la nova redacció que es proposa, sempre que no es demani la seva supressió total i b) Es requereix també que la revisió sigui transcendent per modificar la decisió.

D'altra banda, i pel que fa a la forma de realitzar-ne la revisió, se ha de tenir en compte el següent: a) S'ha d'assenyalar específicament el document o perícia objecte de la revisió; b) cal que l'errada del jutge sigui evident del document o perícia assenyalats, de tal manera que es demostri aquesta sense que el recorrent realitzi hipòtesis, raonaments o deduccions més o menys lògics, per la qual cosa no es poden incloure afirmacions, valoracions o judicis crítics sobre la prova practicada. Això significa que l'error ha de ser evident, i que aquesta evidència s'ha de destacar per ella mateixa, superant la valoració conjunta de les proves practicades que hagi pogut realitzar el magistrat d'instància; i c) no poden ser combatuts els fets provats, si aquests han estat obtinguts pel magistrat en el mateix document en que la part pretén l'emparament del recurs.

TERCER.- Tenint en compte els anteriors principis, cal ara examinar els motius al.legats per la recurrent. En el primer motiu es sol.licita la modificació del fet provat primer, únicament en el sentit de substituir la paraula "salario" per "retribución" i també la paraula "categoría" per "funciones", en entendre que aquestes paraules suposen una clara predeterminació de la decisió, perquè pressuposen una relació laboral.

Aquesta petició ha de ser desestimada totalment, perquè el fet que el magistrat hagi utilitzat aquestes paraules no suposa, en cap cas, una predeterminació de la decisió, atès que aquestes consten expressament en els rebuts de salaris que es van aportar com a prova a les actuacions i això amb independència, evidentment, de la valoració que es pugui fer dels citats rebuts i de la resta de documents, quan s'entra a analitzar el fons de la qüestió, tal com correctament va fer la sentència d'instància.

En el segon motiu es demana la modificació del fet tercer, en el sentit de que s'afegeixi que el contracte subscrit entre les parts el dia 28.3.2000 era "denominado de servicios" i "con efectos al 1.5.2000". Es fonamenta en els mateixos documents en que s'ha basat el jutge d'instància. També aquesta modificació ha de ser desestimada, perquè el que consti la denominació del contracte per les parts no pot tenir cap incidència per a modificar la decisió de la sentència. El mateix cal dir de que consti en l'esmentat fet provat la data d'efectes. D'altra banda s'ha d'observar que en dit fet provat el magistrat ja es remet al contracte citat, donant per reproduït el document.

En el tercer motiu del recurs es demana s'afegeixi en el fet provat cinquè que l'atorgament de poders a l'actor fou "por acuerdo social de 14.2.2001, elevado a escriptura pública el 22.5.2001". En el mateix sentit, en el motiu quart es demana s'afegeixi al fet provat sisè que l'actor fou designat pels càrrecs que es citen "mediante acuerdo social alcanzado en fecha 13.12.2005, posteriormente elevado a escritura pública en fecha 8.2.2006".

Ambdues peticions han de ser desestimades, en primer lloc perquè no tenen cap transcendència per la modificació de la decisió de la sentència i, en segon lloc, perquè els documents en que es fonamenten els fets es donen per reproduïts pel jutge d'instància.

Per últim, en el motiu cinquè es demana s'afegeixi un nou fet provat, que seria el desè, en el qual consti que les companyies WERKHAUS, S.L., SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE, WERKHAUS, S.L. I BRICOM BARNASUD, S.A. van atorgar poders a l'actor, en les dates que es diuen i amb el contingut que s'especifica.

De nou hem de refusar aquesta pretensió perquè la petició no té cap transcendència per a modificar la decisió de la resolució recorreguda, perquè es refereix a empreses alienes al present plet i per tant no interessa en absolut que consti en el relat fàctic de la sentència la mena de relacions jurídiques que mantenia l'actor amb les citades empreses o els poders que aquestes li van atorgar.

QUART.- Com s'ha dit anteriorment, els cinc motius següents estan dedicats a denunciar la infracció de normes jurídiques i de la jurisprudència i es troben correctament emparats en l'apartat c) de l'article 191 de la Llei de Procediment Laboral .

En el motiu cinquè la recurrent afirma que la sentència infringeix el que disposen els articles 1.3 c) i 2.1 a) de l'Estatut dels Treballadors , el primer per inaplicació i el segon per aplicació indeguda i al.lega, en síntesi, que la jurisdicció laboral és incompetent per a conèixer del present litigi, atès que la relació jurídica que unia a les parts en el moment del cessament en el treball no era laboral, sinó de naturalesa jurídica mercantil, ja que des del primer moment l'actor no només era Director de l'empresa, sinó més aviat el seu apoderat general i que el 13.12.2005, la Junta d'Accionistes el va nomenar Administrador de la Societat i a la mateixa data el Consell d'Administrador el va nomenar Conseller Delegat mancomunat, juntament amb els altres consellers Srs. Abelardo y Íñigo , que són de nacionalitat alemanya, per la qual cosa ha simultaniejat el càrrec de personal d'alta direcció (Director General) amb les funcions de gerència i administració (Apoderat General i Conseller Delegat), per la qual cosa en aplicació de la doctrina del Tribunal Suprem, preval la relació mercantil sobre la laboral, fent referència a una sèrie de sentències del l'alt Tribunal sobre el tema citat.

Aquest motiu s'ha d'examinar juntament amb l'únic motiu del recurs interposat per la part actora, en el qual, desglossant de forma clara i entenedora les diferents situacions jurídiques en que s'ha desenvolupat la relació de serveis de l'actor amb la demandada afirma que aquesta relació s'ha de qualificar com relació laboral comú, perquè en el primer i últim tram de la seva relació amb l'empresa no ostentava poders de cap classe per part de la demandada i no tenia cap presència en els seus òrgans d'administració. Argumenta l'actor que durant aquest període la seva relació laboral era comú i no especial d'alta direcció perquè les seves funcions eren les pròpies d'un Director General i no podia exercitar "poders inherents a la titularitat jurídica de l'empresa". Situació que no es va alterar quan se li van donar poders el 22.5.2001, perquè aquests eren limitats (sempre d'exercici mancomunat), per la qual cosa no tenia autonomia i el mateix cal dir quan a partir del 8.2.2006 va entrar a formar part de l'òrgan d'Administració de l'empresa, perquè també aquest càrrec s'havia d'exercir de forma mancomunada amb algun dels altres dos membres del Consell d'Administració.

Per poder resoldre la qüestió a debat, tal com correctament raona la sentència d'instància, és a dir, identificar la relació de treball que mantenien les parts, caldrà tenir en compte la doctrina del Tribunal Suprem relativa als requisits que s'han de complir per afirmar que el contracte d'un treballador és una relació especial de treball d'alta direcció, una relació laboral comú o bé si es tracta d'una relació estrictament mercantil, exclosa, en conseqüència de la relació laboral. En aquest sentit, s'ha de fer referència a la sentència d'aquesta Sala de data 3 de desembre de 2.005, recaiguda en el R. 5775/2005, en la qual es fa esment de la sentència del Tribunal Suprem de data 4 de juny de 1999, en la qual, recollint el que el mateix Tribunal ha assenyalat en sentències anteriors, s'afirma el següent:

"a) Uno de los elementos indiciarios de la relación especial de servicios de los empleados de alta dirección es que las facultades otorgadas «además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos trascendentales de sus objetivos, con dimensión territorial plena o referida a zonas o centros de trabajo nucleares para dicha actividad». Ello es así porque este contrato especial de trabajo se define en el art. 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, de un lado por la inexistencia de subordinación en la prestación de servicios (autonomía y plena responsabilidad), y de otro lado por el ejercicio de los poderes que corresponden a decisiones estratégicas para el conjunto de la empresa y no para las distintas unidades que la componen (poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma) (SSTS/Social 24-1-1990, 12-9-1990, 2-1-1991 y STS/IV 22-4-1997 -recurso 3321/1996-).

b) Es exigencia para atribuir a una relación laboral el carácter especial que es propio de las de alta dirección y que explícitamente figura en el mencionado art. 1.2 Real Decreto 1382/1985 , que la prestación de servicios haya de ejercitarse asumiendo, con autonomía y plena responsabilidad, poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativa a los objetivos generales de la misma, y que «el alto cargo, en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de gozar, además, de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la titularidad de la empresa, por lo que, normalmente, habrá de entenderse excluido del ámbito de aplicación del referido Real Decreto y sometido a la legislación laboral común, aquellos que reciban tales instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común, ya que la calificación de alto cargo requiere la concurrencia de las circunstancias expuestas, en tanto que definitorios de tal condición, a tenor del repetidamente citado art. 2.1» (STS/Social 12-9-1990).

c) No cabe confundir el ejercicio de determinadas funciones directivas por algunos trabajadores -fenómeno de delegación de poder siempre presente en las organizaciones dotadas de cierta complejidad- con la alta dirección que delimita el art. 1.2 Real Decreto 1382/1985 en relación con el art. 2.1 a) ET , «en concepto legal, que, en la medida en que lleva la aplicación de un régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el ordenamiento otorga a los trabajadores, no puede ser objeto de una interpretación extensiva» (SSTS/Social 13-3-1990 y 11-6-1990).

Així mateix, també el Tribunal Suprem ha anat delimitant la naturalesa jurídica de la relació de serveis entre l'Administrador únic d'una Societat i aquesta i afirma que:

1. No és laboral el vincle entre societat anònima o limitada d'Administrador únic que desenvolupa les facultats i funcions inherents a un membre de l'òrgan d'administració, i, per tant, nega la coexistència en una mateixa persona del càrrec de Conseller-Delegat o Administrador Executiu (relació mercantil) i una relació laboral especial d'Alta Direcció (STS 29.1.1997 14.5.1997 i 20.11.2002, amb cita d'altres anteriors). Perquè en aquest cas, com assenyala el Tribunal Suprem, «Hay que tener en cuenta que las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad son las actividades típicas y específicas de los órganos de administración de las compañías mercantiles, cualquiera que sea la forma que éstos revistan, bien se trate de Consejo de Administración, bien de Administrador único, bien de cualquier otra forma admitida por la Ley; y así, en el ámbito de la sociedad anónima, los órganos de esta clase, que se comprendían en los artículos 71 a 83 de la Ley 17 julio 1951 y actualmente se recogen en los artículos 123 a 143 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre, tiene precisamente como función o misión esencial y característica la realización de esas actividades, las cuales están residenciadas fundamentalmente en tales órganos, constituyendo su competencia particular y propia. Por ello es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la dirección y la representación de la compañía. Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan "la realización de cometidos inherentes" a la condición de administradores de la sociedad, y encajan plenamente en el "desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad", de ahí que se incardinen en el mencionado artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores ».

2. Per contra sí que s'admet la possibilitat d'exercir al mateix temps el càrrec mercantil en la societat amb una relació laboral de caràcter comú, com posen de manifest les Sentències del Tribunal suprem de data 22 de febrer i 24 d'octubre de 1988, de 14 de juny de 1994, de 14 i 20 d'octubre de 1998 i de 30 d'agost i 24 d'octubre de 2000.

CINQUÈ.- L'aplicació de la doctrina citada al cas que ens ocupa comporta que s'hagin d'examinar molt acuradament les funcions que realitzava l'actor durant la seva prestació de serveis, per tal de determinar la naturalesa de la seva relació jurídica amb la demandada.

La relació laboral es va iniciar es va iniciar l'1 de maig de 2.000 i va durar fins el 31 d'agost de 2.007. Durant tota la prestació de serveis ambdues parts estan d'acord en que les funciones que realitzava l'actor eren de Gerent i Director Comercial (fet quart). El que va variar és que posteriorment, el 22 de maig de 2.001 fins el 7.2.2006, l'empresa li va donar poders, l'amplitud dels quals consten resumidament en el fet provat cinquè, els quals s'havien d'utilitzar mancomunadament, amb les persones que figuren en l'esmentat fet i per últim, l'actor va ser designat mitjançant acord social de data 13.12.2005, elevat a escriptura pública el 8.2.2006, Administrador de la societat demandada, Secretari del Consell d'Administració i Conseller Delegat d'aquest, juntament amb altres dues persones, el Sr. Abelardo i el Sr. Íñigo , amb els quals l'havia d'exercir de forma mancomunada, amb un dels dos.

La tasca que realitzava l'actor, durant tots els anys en que va prestar serveis a l'empresa, també consta en el fet provat quart i era la següent: Portava la direcció comercial de l'activitat social, sota el seu millor criteri i amb iniciativa i autonomia pròpies, encara que seguint les directrius de la Junta d'Accionistes i del Consell d'Administració. Tenia sota la seva responsabilitat la direcció de totes les tendes de l'empresa i la seva direcció estratègica i tot el personal d'aquestes estava sota la seva direcció, en nombre d'uns 350 treballadors.

Doncs bé, tenint en compte aquestes dades, la Sala ha de compartir totalment el criteri del jutge d'instància quan raona en la seva sentència que la relació de treball de l'actor des l'inici de la seva relació laboral l'1 de maig de 2000 fins, com a mínim, el dia 8.2.2006, va ser una relació laboral, però no comú, sinó especial d'alta direcció. Això és així perquè tenia un càrrec molt important a l'empresa, que realitzava amb autonomia i plena responsabilitat, tal com es diu en el fet provat abans citat i només estava limitat per les directrius de l'òrgan d'administració. És cert que no tenia la direcció de tota l'empresa, sinó únicament del Departament Comercial, però aquest requisit no és essencial per poder qualificar una relació com d'alta direcció, atès que -com s'ha dit abans- el Tribunal Suprem ja ha assenyalat que un dels indicis d'aquesta relació laboral és que la responsabilitat del treballador ha d'afectar a àrees funcionals d'indiscutible importància per a la vida de l'empresa o aspectes transcendentals dels seus objectius, com és el cas que s'està examinant, en que l'actor era el responsable de tota l'àrea comercial d'una empresa dedicada precisament al comerç minorista, és a dir, d'una àrea central nuclear de l'activitat de l'empresa, amb una plantilla a les seves ordres d'uns 350 treballadors, que es referia a tot el territori nacional i que dirigia aquesta activitat amb tota autonomia.

Així doncs, s'ha de desestimar el motiu del recurs presentat per l'actor, atès que no es pot compartir la seva tesi de que la relació laboral de l'actor era de caràcter comú pels raonaments abans exposats.

SISÈ.- Identificada la relació laboral de l'actor com laboral d'alta direcció des de l'inici de la relació laboral, s'haurà d'esbrinar seguidament quina incidència va tenir en aquesta relació el fet que l'actor fos nomenat administrador de la societat, Secretari del Consell d'Administració i Conseller Delegat d'aquest, tenint en compte que per quest últim càrrec també foren nomenats els Srs. Abelardo i Íñigo i que havien d'exercir les funcions de forma mancomunada, com a mínim dos d'aquests Srs. En analitzar aquesta nova situació, la sentència d'instància entén que la relació laboral d'alta direcció no va ser modificada per aquest nomenament i això ho fonamenta en dos fets: 1) que en realitat va seguir realitzant les mateixes funcions que havia fet fins el moment i 2) que mai no va cobrar cap retribució per exercir els càrrecs abans citats.

Aquest raonament no es pot compartir per la Sala. Tal com al.lega l'empresa recurrent, el Tribunal Suprem ha posat de relleu en multitud de sentències, tal com abans s'ha assenyalat, que no es pot compatibilitzar el càrrec d'Administrador o formar part del Consell d'Administració d'una societat, amb la relació laboral d'alta direcció i això per la raó, com es diu en la sentència del TS de 20 de desembre de 2.002, amb cita de la sentència de 22.12.1994, que en interpretar l' art. 1.3 c) de l'Estatut dels Treballadors , cal tenir en compte que les activitats de direcció, gestió, administració i representació de la societat són les activitats típiques i específiques dels òrgans d'administració de les companyies mercantils, qualsevol que sigui la forma que aquestes adoptin, tant si es tracta de Consell d'Administració, com d'Administrador únic, o qualsevol altre forma admesa per la Llei, i d'acord amb els articles 123 a 143 de la Llei de Societats Anònimes , tenen precisament com a funció o missió essencial i característica la realització d'aqueixes activitats, les quals són de la seva competència privativa, per la qual cosa és equivocat i contrari a la veritable essència dels òrgans d'administració de la societat, entendre que aquests s'han de limitar a portar a terme funcions merament consultives o de simple consell u orientació, sinó que, pel contrari, els correspon l'actuació directa i executiva, l'exercici de la gestió, la direcció i la representació de la companyia.

En conseqüència, totes aquestes actuacions comporten la realització d'activitats inherents a la condició d'administradors de la societat i encaixen plenament en el "desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empreses que revistan la forma jurídica de sociedad", per la qual cosa s'han d'incloure en el citat article 1.3 c) de l'ET .

El Tribunal Suprem ha resolt també la qüestió que es planteja quan es compatibilitzen funcions de Conseller Delegat i de personal d'alta direcció, en les sentències de 21 de gener, 13 de maig, 3 de juny i 18 de juny de 1991, 27 de gener de 1992, 11 de març i 20 de desembre de 1994 i ha establert que en aquests supòsits, el que determina la qualificació de la relació com mercantil o laboral, no és el contingut de les funcions, sinó la naturalesa del vincle que uneix a les parts, per la qual cosa si existeix una relació d'integració orgànica en el camp de l'administració social i les facultats que aquesta administració implica s'exerceixen directament o mitjançant delegació interna, la relació no és laboral, sinó mercantil.

Aplicant aquesta doctrina al present litigi, s'ha d'arribar a la conclusió de que la relació laboral de l'actor amb la demandada va passar a ser de caràcter mercantil, a partir de l'elevació a escriptura pública dels Acords del Consell d'Administració en que se'l va designar Administrador de la Societat demandada, Secretari del Consell d'Administració i Conseller Delegat d'aquest. No és obstacle a aquesta qualificació el que l'actor hagués d'actuar de forma mancomunada amb algun dels altres dos consellers delegats, perquè aquest requisit no desnaturalitza la naturalesa del vincle, ni tampoc que el càrrec societari no fos retribuït. Aquestes circumstàncies són accessòries, perquè la Llei de Societats Anònimes disposa que la retribució dels Administradors s'haurà de fixar en els Estatuts, sense que imposi cap tipus de retribució, per la qual cosa no té cap influència en el vincle societari i també ho és que hagués d'actuar mancomunadament amb un altre dels dos Consellers Delegats perquè l' art. 136 de la Llei de Societat Anònimes estableix que l'administració es pot confiar conjuntament a més de dues persones, i en aquest cas aquestes constituiran el Consell d'Administració, és a dir, que precisament la característica d'aquest tipus d'òrgan d'administració és actuar conjuntament amb altres persones. El que realment s'ha de valorar és que l'actor va acceptar entrar a formar part de l'òrgan administratiu de la societat, encara que seguís realitzant la seva feina anterior, que com s'ha dit abans, s'ha de qualificar d'alta direcció i el cert és que no es pot compatibilitzar aquestes dues funcions.

La conseqüència del que s'ha assenyalat és que l'actor no ostentava una relació laboral amb la demandada en el moment en que va comunicar a l'empresa la seva decisió de causar-hi baixa, per la qual cosa el coneixement del present litigi, l'objecte del qual és precisament el seu cessament com a Conseller i Conseller Delegat de la Societat i l'acabament amb efectes del 30.8.2007 del contracte subscrit el 28.3.2000, no és competència de la jurisdicció laboral.

SETÈ.- L'estimació del motiu comporta la del recurs i la revocació de la sentència d'instància, sense que calgui a entrar a examinar la resta dels motius de l'esmentat recurs, declarant la incompetència de la jurisdicció social per entendre del present plet, atès que la relació de treball que unia a les parts no es pot qualificar com de laboral, el que suposa la revocació de la sentència recorreguda, així com que s'hagi de decretar la devolució a la recurrent de les quantitats dipositada i consignada en el moment d'anunciar el recurs de suplicació, d'acord amb el que estableix l' article 201.2 de la Llei de Procediment Laboral .

VISTOS els preceptes legals citats, els concordants i la resta de disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

Que hem d'estimar i estimem el Recurs de Suplicació interposat per HÁGALO, S.A. i hem de desestimar i desestimem el recurs presentat pel Don. Valentín contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 12 de Barcelona, en data 28 de novembre de 2.007, que va recaure en les Actuacions 634/2007 , en virtut de demanda presentada per l'esmentat Sr. contra l'empresa citada i el FONS DE GARANTIA SALARIAL, en reclamació per acomiadament i, per tant, hem de revocar i revoquem l'esmentada resolució, declarant la incompetència de la Jurisdicció Social per entendre del present litigi, absolent a la demandada de les pretensions de la demanda. Es decreta la devolució de les quantitats dipositada i consignada per l'empresa, en el moment d'anunciar el present recurs.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de doctrina, que s'ha de preparar en aquesta Sala en els deu dies següents a la notificació, amb els requisits previstos als números 2 i 3 de l'article 219 de la Llei de procediment laboral .

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el/la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.