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Última revisión
19/08/2021
Sentencia SOCIAL Nº 83/2021, Juzgado de lo Social - Burgos, Sección 3, Rec 392/2020 de 10 de Marzo de 2021
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Orden: Social
Fecha: 10 de Marzo de 2021
Tribunal: Juzgado de lo Social Burgos
Ponente: GOMEZ GIRALDA, MARTA
Nº de sentencia: 83/2021
Núm. Cendoj: 09059440032021100012
Núm. Ecli: ES:JSO:2021:820
Núm. Roj: SJSO 820:2021
Encabezamiento
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
AVDA. REYES CATÓLICOS (EDIFICIO DE JUZGADOS), PLANTA 1-SALA 2
Equipo/usuario: MIV
Modelo: N02700
Procedimiento origen: /
Sobre: DESPIDO
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
En BURGOS, a diez de marzo de dos mil veintiuno.
Dª MARTA GOMEZ GIRALDA Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 de BURGOS y su Provincia, tras haber visto los presentes autos sobre DESPIDO, seguidos a instancia de DOÑA Luz, que comparece asistida por el Letrado Roberto Javier Portilla Arnaiz contra C&CBURGOS,S.A., C&C PUBLICIDAD, S.A., EUROCASTALIA COMUNICACIÓN, S.A., CANTABRIA GABINETE DE COMUNICACIÓN, S.L., BRAVE GROUP SA DE COMUNICACIONES, INVERSIONES CHIO, S.L. y DIMARKMARKETING DIRECTO, S.A., asistidas por la Letrada Dª María del Mar Revenga Nieto sin la asistencia del MINISTERIO FISCAL, que fue citado en legal forma.
Ha pronunciado la siguiente
Antecedentes
PRIMERO.- DOÑA Luz presentó demanda de procedimiento de DESPIDO contra C&CBURGOS,S.A., C&C PUBLICIDAD, S.A., EUROCASTALIA COMUNICACIÓN, S.A., CANTABRIA GABINETE DE COMUNICACIÓN, S.L., BRAVE GROUP SA DE COMUNICACIONES, INVERSIONES CHIO, S.L. y DIMARKMARKETING DIRECTO, S.A., en la que exponía los hechos en que fundaba su pretensión, haciendo alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso y finalizando con la súplica de que se dicte sentencia accediendo a lo solicitado.
SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se ha celebrado el acto de juicio con el resultado que obra en las actuaciones, quedando los autos vistos para sentencia.
Hechos
-INVERSIONES CHIO S.L. 71,74% (D. Victoriano), 8,34% (D. Vidal), 8,34% (D. Jose Manuel),11,58 % (INVERSIONES CHIO)
- C&C PUBLICIDAD S.A: 1000 (INVERSIONES CHIO)
- EUROCASTALIA S.A: 99,77% (BRAVE GROUP), 0,23%(INVERSIONES CHIO)
- BRAVE GROUP S.A: 94%(INVERSIONES CHIO), 6% (BRAVE GROUP)
- DIMARK MARKETING DIRECTO S.A: 98% (INVERSIONES CHIO), 1%
(D. Victoriano), 1% (Dña. Edurne)
- IC CANTABRIA S.L: 100% (INVERSIONES CHIO)
-INVERSIONES CHIO S.L: Servicios de publicidad mediante anuncios, carteles, folletos, películas publicitarias a través de la prensa, radio, televisión, publicidad aérea, etc. Promoción y desarrollo de proyectos a empresas relacionadas con el objeto.
- EUROCASTALIA COMUNICACIÓN S.A: La prestación de servicios de publicidad, mediante anuncios, carteles, folletos, películas publicitarias a través de la prensa, radio, televisión, etc. Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. Estudios de mercado y de opinión, promoción inmobiliaria, servicios administrativos para trabajos administrativos de archivos y similares. Servicios de seguridad, custodio y protección. Restauración de obras de arte. Conservación.
- IC CANTABRIA S.L: Prestación de servicios de asesoramiento en comunicación e imagen, relaciones públicas, estudios de mercado, publicidad, sociología, ciencias políticas y periodismo. Actividades inmobiliarias, servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones, estudios de mercado y de opinión. Promoción inmobiliaria. Servicios administrativos para trabajos administrativos de archivos y similares. Servicios de seguridad, custodia y protección. Restauración de obras de arte. Conservación.
- C&C PUBLICIDAD S.A: La prestación de servicios de publicidad, mediante anuncios, carteles, folletos, películas, publicitarios a través de la prensa, radio, televisión, etc. Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. Estudios de mercado y de opinión, promoción inmobiliaria, servicios administrativos para trabajos administrativos de archivos y similares. Servicios de seguridad, custodio y protección. Restauración de obras de arte. Conservación.
- INVERSIONES CHIO S.L y PUBLICIDAD S.A; INVERSIONES CHIO S.L Y C&C BURGOS S.A; INVERSIONES CHIO y I.C CANTABRIA comparten órganos sociales en sus respectivos órganos de gobierno.
- INVERSIONES CHIO S.L y EUROCASTALIA COMUNICACIÓN S.A comparten el órgano social Victoriano
- INVERSIONES CHIO S.L y BRAVE GROUP S.A DE COMUNICACIONES comparten el órgano social Edurne.
Fundamentos
Se alega por la parte actora que ha tenido lugar un traslado colectivo al amparo del artículo 40 del ET realizado en fraude de ley, sin respetar los elementos formales previstos por el legislador; que la trabajadora no optó voluntariamente por la extinción de la relación laboral, sin existir razón económica, técnica, organizativa o de producción que lo justifique, siendo el único objetivo de la empresa amortizar los puestos de trabajo. Alega que al no haber optado la actora por la extinción voluntaria de su contrato, pues manifestó su no conformidad a la decisión de la empresa de cerrar el centro de trabajo, ha tenido lugar un despido que debe ser declarado nulo por no respetar el procedimiento legalmente establecido para la movilidad geográfica, habiendo tratado la empresa de vulnerar la tutela judicial efectiva de la trabajadora para privarle de acción judicial contra ella, alegando vulneración de derecho fundamental de no discriminación, integridad moral y garantía de indemnidad de la trabajadora. Interesa además el abono de una indemnización adicional de 25.000 euros por vulneración de derechos fundamentales. Subsidiariamente solicita la declaración de improcedencia del despido.
Se alega además la existencia de grupo de empresas entre las codemandadas, interesando la condena solidaria de todas ellas.
Las demandadas niegan la existencia de grupo empresarial a efectos laborales, alegando que hay un grupo de empresas mercantil. Alegan que el periodo de consultas previo a la movilidad geográfica se llevó a cabo correctamente, que había motivo para el cierre del centro de trabajo de Burgos y que no ha tenido lugar un despido, pues la trabajadora solicitó voluntariamente a la extinción de su contrato al no aceptar el traslado a Santander. Se alega que en la carta entregada a la trabajadora se explicaron los motivos del traslado, habiendo disminuido notablemente los clientes de Burgos, lo que unido a la situación de pérdidas motivó el cierre del centro de Burgos y traslado de los trabajadores a Santander. Niega que se hayan vulnerado derechos fundamentales de la trabajadora.
Debemos partir de la base de que la situación en la que se encuentra la actora viene precedida por la decisión de la empresa del cierre de su centro de trabajo en Burgos ofreciendo a sus trabajadores la opción de incorporarse al centro de trabajo que la empresa tiene abierto en Santander, esto es un supuesto de movilidad geográfica regulado en el artículo 40 del ET, alegando la demandante que dicho proceso no se ha llevado a cabo correctamente por la empresa.
Dispone el artículo 40 del ET que
Nos encontramos en el caso de autos, ante un traslado con el consiguiente cierre del centro de trabajo, que ha afectado a todos los trabajadores de la empresa C&C PUBLICIDAD, siendo estos más de 5 trabajadores, por lo que se acudió al procedimiento previsto en el artículo 40.2 del ET. Los trabajadores tenían la opción de impugnar el traslado por la vía del conflicto colectivo, pero no lo hicieron, sin perjuicio de las acciones individuales que les correspondían, al amparo del artículo 40.1 del ET.
Existen discrepancias entre las partes sobre la manera en que se llevó a cabo el periodo de consultas, alegando la trabajadora que la empresa no les entregó ninguna documentación sobre los datos económicos. Por el contrario, los testigos que han depuesto a instancia de la demandada, han manifestado en el acto de la vista, que se puso la documentación oportuna a disposición de los trabajadores en las sucesivas reuniones celebradas durante el periodo de consultas. En cualquier caso, dicho procedimiento de traslado no ha sido impugnado a pesar de haber finalizado sin acuerdo; no obstante cabe señalar que tal y como establece el artículo 40.2 del ET, tras la finalización del periodo de consultas, el empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre el traslado, que deberá cumplir con los requisitos de comunicación previstos para el traslado individual. Pero en el caso de autos, pese a que se había expuesto en las reuniones que ya se comunicaría a los trabajadores la decisión final sobre el traslado, la empresa no entregó a la trabajadora comunicación con dicha decisión, sino que se limitó a entregarle en fecha 17-3-2020, al incorporarse a su puesto de trabajo tras el disfrute de sus vacaciones, una comunicación por la que ella optaba por la extinción del contrato de trabajo con derecho a 20 días de indemnización.
La voluntad de un trabajador para extinguir su contrato de trabajo ha de ser clara e inequívoca, sin que conste acreditado dicha voluntad por parte de la trabajadora, pues si esa hubiera sido su intención, no hubiera firmado dicha carta como no conforme.
Por tanto, la empresa no actuó correctamente al no notificarle tras la finalización del periodo de consultas su decisión de efectuar definitivamente el traslado, que es lo que debería haber hecho el 17-3-2020, dándole la opción de aceptar dicho traslado o extinguir su contrato, con la posibilidad, en cualquier caso, a pesar de la ejecutividad del traslado, de su impugnación ante la jurisdicción social.
En consecuencia, no se puede considerar como sostiene la parte demandada, que la actora extinguió voluntariamente su contrato de trabajo, pues no existen indicios de la existencia de una voluntad inequívoca de extinción de la relación a instancia de la trabajadora, siendo el empresario quien debe acreditar que la actitud de la trabajadora es indudablemente la manifestación de su intención de dar por concluida la relación laboral, de manera que nos encontramos ante un despido que se ha efectuado eludiendo los requisitos de forma y fondo previstos en el E.T y no ante una extinción voluntaria de la trabajadora.
Se alega en la demanda la declaración de nulidad por no respetar el procedimiento legalmente establecido para la movilidad geográfica, habiendo tratado la empresa de vulnerar la tutela judicial efectiva de la trabajadora para privarle de acción judicial contra ella, alegando vulneración de derecho fundamental de no discriminación, integridad moral y garantía de indemnidad de la trabajadora.
Respecto al no cumplimiento del procedimiento legalmente establecido para la movilidad geográfica, como ya se ha expuesto en el procedimiento anterior, cabe señalar que dicho procedimiento se regula en el artículo 40 del ET, el cual no ha sido impugnado judicialmente por la trabajadora, por la modalidad prevista en el artículo 138 de la LJS. Es en dicho procedimiento en el que se podría determinar la nulidad de la decisión adoptada al amparo de lo previsto en el artículo 138.7 de la LJS. En cualquier caso, sí que han tenido lugar en el seno de la empresa varias reuniones los días 3 y 10 de marzo con todos los trabajadores al haber renunciado ellos mismos al nombramiento de la comisión representativa, tal y como consta documentado en las actuaciones, y se ha puesto de relieve el acto de la vista. El único defecto que se aprecia en el periodo de consultas es que la empresa no notificó a la trabajadora su decisión final; si bien ello por sí solo no es motivo para decretar la nulidad.
Tampoco se ha aportado por la trabajadora ningún indicio de prueba de que se hayan vulnerado sus derechos fundamentales, ni el derecho a discriminación ni integridad moral, habiendo afectado la decisión del traslado a todos los trabajadores del centro de trabajo sin distinción alguna, y menos aún la garantía de indemnidad de la trabajadora ni la tutela judicial efectiva.
Es cierto que la empresa no actuó correctamente el día 17 de marzo colmo ya se ha indicado. Pero no por ello se le ha privado de su derecho a ejercitar las acciones correspondientes, pues igual que ha presentado la demanda de despido, podía perfectamente haber impugnado la decisión del traslado por los motivos que tuviera por conveniente.
En este sentido, como viene reiterando la jurisprudencia,
No habiéndose acreditado por tanto, indicio alguno de vulneración de derechos fundamentales, no ha lugar a declarar la nulidad del despido de la trabajadora, el cual debe ser declarado improcedente al no haber cumplido la empresa los requisitos formales establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, pues no la entregó carta de despido explicando las causas de la extinción, sino que solo le proporcionó a la trabajadora una comunicación por la que ella misma optaba por la extinción del contrato, habiendo explicado en el Fundamento Segundo, que no hubo voluntad inequívoca de la trabajadora de extinguir su contrato de trabajo.
El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 12/12/2005 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución y como fecha final el día de extinción de la relación laboral 17/03/2020 El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo sentencias del TS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008, ECLI:ES:TS:2009:5261; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011
La indemnización correspondiente al periodo anterior al 12 de febrero de 2012 se calcula a razón de 'cuarenta y cinco días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año' ( disposición transitoria undécima del Estatuto de los Trabajadores). Ello significa que debemos contabilizar 74 meses en este primer periodo y que por cada uno de ellos se devengan 3,75 días indemnizatorios (45 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año). Debido a que los días indemnizatorios del primer periodo no superan los 720, también debe computarse el periodo de prestación de servicios posterior al 12 de febrero de 2012.
En el segundo periodo opera una indemnización de 'treinta y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año' ( disposición transitoria undécima del Estatuto de los Trabajadores). En consecuencia, debemos contabilizar 98 meses en el segundo periodo. Por cada uno de ellos se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año). Sumando las indemnizaciones de ambos periodos, con el tope de 720 días, la indemnización por despido improcedente se cifra en 29.621,26 euros. De esa cuantía debe deducirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir la parte actora.
La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.
En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera. De conformidad con el artículo 110.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social la opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría del Juzgado de lo social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, sin esperar a la firmeza de la misma.
No apreciándose vulneración de derechos fundamentales conforme se ha expuesto, no procede el abono de indemnización alguna, sin que sean suficientes las manifestaciones del Letrado respecto a que con el despido de la trabajadora se le ha privado de su salario de forma injusta, pues ésta ha percibido a cambio la prestación de desempleo. Tampoco se puede exigir a la empresa como éste pretende que hubiera acudido a un ERTE al amparo de lo previsto en el RDL 8/2020 ( art. 22 y 23) y RDL 9/2020 que se refieren a las Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, pues la decisión del traslado fue adoptada con anterioridad al estado de alarma y a la publicación de dichos Decretos.
Si bien en cualquier caso, la STS de 17 de julio de 2014 (Recurso: 32/2014) indica que
Respecto a la existencia o no de grupo empresarial, la sentencia del Supremo Sala 4ª, de 27-5-2013 o la de 25-9-2013 refleja los requisitos exigidos para que se pueda apreciar la existencia de un grupo de empresas, siendo criterios constantes de la Sala:
1º) Que «no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales», porque «los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como persona jurídicas independientes que son» ( SSTS 30/01/90; 09/05/90; 10/06/08; 25/06/09; y 23/10/12).
2º) Que la dirección unitaria de varias entidades empresariales no es suficiente para extender a todas ellas la responsabilidad, pues tal dato tan sólo será determinante de la existencia del grupo empresarial, no de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas (aparte de otras ya citadas, SSTS 26/01/98; 26/09/01; 20/01/03; 03/11/05; y 21/07/10).
3º) Que tampoco determina esa responsabilidad solidaria la existencia de una dirección comercial común, porque ni el control a través de órganos comunes, ni la unidad de dirección de las sociedades de grupos son factores suficientes para afirmar la existencia de una «unidad empresarial» ( SSTS 30/04/99; 27/11/00; 04/04/02; 03/11/05; y 23/10/12); como el que una empresa tenga acciones en otra o que varias empresas lleven a cabo una política de colaboración no comporta necesariamente la pérdida de su independencia a efectos jurídico- laborales ( SSTS 03/05/90; 29/10/97; 03/11/05; y 23/10/12); como la coincidencia de algunos accionistas en las empresas del grupo carece de eficacia para ser determinante de una condena solidaria, en contra de la previsión del art. 1137 CE, teniendo en cuenta que todas y cada una de las Sociedades tienen personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios ( SSTS 21/12/00; 20/01/03; 1524/2002; y 03/11/05); y tampoco cabe exigir esa responsabilidad solidaria por el sólo dato de que el Administrador único de una empresa sea representante legal de otra, pues «pues la mera coincidencia de un administrador en ambas, aunque comportara una dirección unitaria, no determinaría sino la existencia de un grupo de empresas y no la responsabilidad solidaria de aquéllas» ( STS 26/12/01).
Siendo necesario, como se recuerda en muchas de las sentencias ya referidas (así, entre otras, la SSTS 26/01/98; 04/04/02; 20/01/03; 03/11/05; 10/06/08; 25/06/09; 21/07/10; y 12/12/11), que para lograr aquel efecto de responsabilidad solidaria, hace falta un componente adicional que esta Sala ha residenciado tradicionalmente, sin que sea preciso la concurrencia de todos ellos:
a) Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas en grupo; que implica que las sociedades no actúan de manera independiente o autónoma, sino que el funcionamiento en las empresas del grupo viene determinado por la sociedad dominante.
b) Confusión de plantillas, esto es prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, a favor de varias de las empresas del grupo;
c) Creación de empresas aparentes sin sustento real, con las que se pretende la dispersión o elusión de responsabilidades laborales;
d) Confusión de patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección, que se manifiesta en que la toma de decisiones se realiza desde la sociedad dominante del grupo y posteriormente se aplica de manera vertical, en el resto de las empresas del grupo, de tal forma que son los mismos criterios empresariales los que informan la actividad económica del grupo.
Relato de componentes adicionales -determinantes de responsabilidad solidaria- respecto de los que deben hacerse las siguientes precisiones: a) que no ha de considerarse propiamente adicional la apariencia externa de unidad, porque ésta es un componente consustancial del grupo, en tanto que no representa más que la manifestación hacia fuera de la unidad de dirección que es propia de aquél; b) que el funcionamiento unitario de las organizaciones empresariales, tiene una proyección individual (prestación de trabajo indistinta) o colectiva (confusión de plantillas) que determinan una pluralidad empresarial (las diversas empresas que reciben la prestación de servicios); c) que la confusión patrimonial no es identificable en la esfera del capital social, sino en la del patrimonio, y tampoco es necesariamente derivable -aunque pueda ser un indicio al efecto- de la mera utilización de infraestructuras comunes; d) que la caja única hace referencia a lo que en doctrina se ha calificado como «promiscuidad en la gestión económica» y que al decir de la jurisprudencia - STS 28/03/83 - alude a la situación de «permeabilidad operativa y contable»; e) que con elemento «creación de empresa aparente» -íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas- se alude a la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, que es la que consiente la aplicación de la doctrina del «levantamiento del velo»; y f) que la legítima dirección unitaria puede ser objeto de abusivo ejercicio - determinante de solidaridad- cuando se ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante.
En todo caso parece oportuno destacar ( STS 20/Marzo/13) que «
Aplicando la anterior doctrina al caso de autos, de la prueba practicada en las actuaciones, no ha resultado acreditado que concurran los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apreciar que existe un grupo de empresas a efectos laborales, sino un grupo de empresas de naturaleza mercantil. Cierto es que las empresas codemandadas tienen unidad de dirección y están todas ellas participadas entre sí como se ha puesto de relieve en los hechos probados, con una misma actividad centrada en el sector de la publicidad, si bien de las manifestaciones vertidas en el acto de la vista, ha resultado probado que la actora solo prestaba servicios para la empresa C&C PUBLICIDAD, y aunque entre las empresas hubiera algún proyecto publicitario compartido, lo cierto es que se aprecia independencia entre todas ellas, pues cada una tiene su propia cartera de clientes, sus propios trabajadores, y los encargos que en alguna ocasión se hayan podido realizar entre las empresas del grupo, han sido pertinentemente facturados, como resulta de los Modelos 347 aportados por la entidad demandada, así como de los movimientos bancarios. Por otra parte, del informe de vida laboral de las empresas codemandadas, tampoco se observa que haya habido trasvase de trabajadores entre las distintas empresas del grupo, ni unidad de caja, siendo abonados tanto los salarios de la trabajadora como la indemnización por su empleadora, C&C PUBLICIDAD S.L. y nunca por ninguna de las otras empresas del grupo.
En consecuencia, a la vista de lo expuesto, no concurriendo los requisitos exigidos por la jurisprudencia del TS para declarar la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales, debe desestimarse esta pretensión de la demanda, con absolución de las empresas codemandadas, siendo C&C PUBLICIDAD S.L. la responsable del pago de la indemnización.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
ESTIMO PARCIALMENTE en su pretensión subsidiaria, la demanda presentada por DOÑA Luz frente a las empresas C&CBURGOS,S.A., C&C PUBLICIDAD, S.A., EUROCASTALIA COMUNICACIÓN, S.A., CANTABRIA GABINETE DE COMUNICACIÓN, S.L., BRAVE GROUP SA DE COMUNICACIONES, INVERSIONES CHIO, S.L. y DIMARKMARKETING DIRECTO, S.A., DECLARO IMPROCEDENTE el despido operado con fecha 17-3-2020, y CONDE
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,
- Contra esta sentencia pueden
- En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado,
-Igualmente, y en cumplimiento de la ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se deberá acompañar, en el momento de interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al modelo oficial debidamente validado.
-En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta tal omisión fuese subsanada.
Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.