Sentencia Social Nº 85/2010, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 5, Rec 4829/2009 de 11 de Febrero de 2010

Encabezamiento

RSU 0004829/2009

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.5

MADRID

SENTENCIA: 00085/2010

Sentencia nº 85

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 5ª

MADRID

Ilma. Sra. Dª Begoña Hernani Fernández :

Presidente :

Ilmo. Sr. D. José Ignacio de Oro Pulido Sanz :

Ilma. Sra. Dª Concepción Ureste García :

En Madrid, a 11 de febrero de 2010.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 85

En el recurso de suplicación 4829/09 interpuesto por CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID representado por el Letrado de la Comunidad de Madrid, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social NUM. 26 DE MADRID en autos núm. 852/08 siendo recurridas doña Coral y doña Eloisa representado por el Letrado don CANDIDO FERRERAS GOMEZ. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. DOÑA Concepción Ureste García.

Antecedentes

PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por doña Coral y doña Eloisa , contra CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID en reclamación sobre CANTIDAD Y DERECHOS en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha 11 de mayo de 2009 , en los términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.

SEGUNDO: En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

PRIMERO.- Las demandantes, Dña. Coral y Dña Eloisa , mayores de edad, cuyos demás datos personales constan en el encabezamiento de las demandas, y se dan por reproducidos.

Las actoras han prestado servicios para la demandada, como profesoras de la asignatura "Religión Católica" en los distintos centros y por los cursos escolares que figuran en el hecho primero de sus demandas, y que se dan por reproducidos. Estos hechos son admitidos y no discutidos por la parte demandada.

SEGUNDO.- Por Resolución de fecha de 2 de julio de 2007 de la Consejería demandada se notifica a las actoras, que en aplicación del RD. 696/2007, de 1 de junio, por la que se regula la relación laboral de los profesores de religión (LOE 2/2006, Disposición Adicional Tercera ), y se dispone que pasarán automáticamente a tener una relación laboral indefinida, si hubieran estado contratados temporalmente a la entrada en vigor de la Ley citada (expedientes administrativos de las actoras, donde consta la comunicación de conversión de su relación laboral en indefinida, a lo que nos remitimos).

TERCERO.- Las actoras solicitan el reconocimiento de los trienios por parte de la demandada, desde el inicio de la prestación de trabajo mediante el correspondiente contrato temporal, y solicitados, que constan en el hecho séptimo de las demandas, y sobre su cálculo, de estimarse la demanda, no se opone la parte demandada. Los periodos son de junio de 2007 a diciembre 2007; y de enero 2008 a mayo 2008.

CUARTO.- Las actoras presentaron la preceptiva reclamación previa, sin que hayan recibido respuesta a dicha reclamación, entendiendo que ha sido desestimada su petición.

TERCERO: En esta sentencia se emitió el siguiente fallo:

Que estimando la demanda interpuesta por Dª Coral y Eloisa , frente a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, debo reconocer el DERECHO de las actoras los trienios derivados del cómputo de los años de servicios prestados (cuatro trienios cada una), y que se corresponden con el certificado de servicios (expediente administrativo), e igualmente debo reconocer el derecho de las actoras a percibir la cantidad de 1.930,48 euros cada una y debo condenar y condeno a la demandada a su abono, y a estar y pasar por la presente resolución con todas las consecuencias jurídicas inherentes a la presente resolución.

CUARTO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos a Ponente para su examen y resolución.

Fundamentos

ÚNICO.- El Letrado de la COMUNIDAD DE MADRID interpone recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia que estimó la demanda sobre reconocimiento de trienios por los servicios prestados desde el inicio de la relación laboral como profesoras de religión, articulando un primer motivo al amparo del apartado c) del art. 191 TRLPL ; en él denuncia la infracción de la DA 3ª de la LO 2/06, de 3 de mayo, en relación con el art. 27 de la Ley 7/2007 de 12 de abril , que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y el art. 2.3 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la CAM, argumentando que ninguna norma reconoce a los profesores de religión derecho a trienios, y menos aún que se abonen en los términos previstos para los funcionarios interinos.

Con igual cobertura procesal denuncia el recurrente en el segundo punto de suplicación la vulneración del art. 9 de la Ley 7/2007, de 21 de diciembre , de medidas fiscales y administrativas de la CAM, en tanto que dicho precepto reconoce los trienios cuando los servicios se hubieren prestado en el ámbito de la CAM, y así al personal interino docente a partir del 1 de julio de 1999, fecha de efectos del traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la CAM, que debe operar en todo caso como último cómputo.

La Sala ha analizado el núcleo debatido en diversos pronunciamientos, así en sentencias de fechas en sentencias de fechas 16 y 10 de noviembre de 2009, 10 de marzo de 2009, de 29 de octubre y 27 de noviembre de 2008 , entre otras, señalando que: "La censura jurídica que así articula la recurrente no puede merecer acogida.

La D.A. 3ª.2 de la L.O. 2/2006 , de Educación, establece, respecto al profesorado de religión, que "Los profesores que, no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes, impartan la enseñanza de las religiones en los centros públicos lo harán en régimen de contratación laboral, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, con las respectivas Administraciones competentes. La regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los representantes del profesorado. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad. Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos".

Por su parte el art. 23 del EBEP establece, respecto a las retribuciones básicas de los funcionarios, que estas -las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado-, "estarán integradas única y exclusivamente por: a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio". Y a ello añade su art. 25 que, "1 . Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados b), c) y d) del art. 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre. Y 2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo".

Pues bien, y en aplicación de dichos preceptos, la demandante, -las dos actoras, en el caso de autos-, que ya impartía enseñanzas de religión cuando entró en vigor la LO 2/2006, de Educación, pasó a tener derecho a las retribuciones reconocidas a los profesores interinos, en los términos en que estas fueron establecidas en el EBEP, y entre ellas el derecho a percibir los trienios por los servicios prestados antes de su entrada en vigor, pasando desde entonces tal derecho a formar parte de las condiciones que rigen la prestación de sus servicios, con independencia de que tras la entrada en vigor del RD 696/2007, de 1 de junio, sea aplicable a la relación el E.T. y no el EBEP.

Así se argumenta en la sentencia de esta misma Sala, Sección 2ª, de fecha 29-10-2008, rec. 4549/2008 , estimatoria de una pretensión idéntica a la aquí enjuiciada, al señalar en su F. de D. Único que "Entrando esta Ley -el EBEP- en vigor, conforme a lo dispuesto en su Disposición Final Cuarta, al mes siguiente a partir de su publicación en e1 «Boletín Oficial del Estado» 89/2007, de 13 abril 2007 Ref Boletín: 07/07788, es decir el 13 de mayo de 2007, desde cuyo momento los hoy actores, que, como consta acreditado, ya prestaban servicios como profesores de religión tenían pleno derecho a percibir los trienios por los servicios prestados antes de su entrada en vigor, pasando tal derecho a formar parte de las condiciones que rigen la prestación de sus servicios, lo que no cambia con la posterior entrada en vigor del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio , por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de 1a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , en cuyo Artículo 2 , relativo a las Disposiciones Legales y Reglamentarias, se establece que: La contratación laboral de los profesores de religión se regirá por el Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por la disposición adicional tercera de 1a Ley Orgánica de Educación , por el presente real decreto y sus normas de desarrollo, por el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979 , suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, así como por los Acuerdos de Cooperación con otras confesiones que tienen un arraigo evidente y notorio en la sociedad española. Siendo, por tanto, ahora aplicable el Estatuto de los Trabajadores y no el Estatuto del Empleado Público, pero, la Disposición Adicional única del citado Real Decreto, establece 1o siguiente respecto de los Profesores de religión contratados en el curso escolar 2006/2007: Los profesores de religión no pertenecientes a los cuerpos de funcionarios docentes que a la entrada en vigor del presente real decreto estuviesen contratados pasaran automáticamente a tener una relación laboral por tiempo indefinido en los términos previstos en este real decreto, salvo que concurra alguna de las causas de extinción del contrato prevista en el art. 7 o que el contrato se hubiere formalizado de conformidad con el art. 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores , es decir, para sustituir al titular de la relación laboral. Reconociendo pues que su relación laboral pasa a convertirse en indefinida, manteniéndose por imperativo del Estatuto de los trabajadores las demás condiciones que regían dicha relación y, entre ellas, el derecho que hemos visto adquirieron a 1a retribución básica de trienios por antigüedad, que formaba ya parte de dichas condiciones, debiéndose de estar a lo que dispone el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores : Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una previa antigüedad del trabajador, ésta deberá computarse según los mismos criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de contratación".

De esta manera, y conforme así se razona en la resolución de instancia, el juego conjunto de ambas disposiciones, la 1ª equiparando los profesores de religión a los funcionarios interinos, y la 2ª reconociendo a estos los trienios en los términos dichos, debe conducir a la estimación de la demanda formulada en estos autos, ya que el hecho de que la norma colectiva excluya de su ámbito de aplicación al profesorado de religión, o que el RD 696/2007 nada proponga respecto a su retribución, no puede obstar al cumplimiento de las previsiones contenidas en el art. 25.2 del EBEP , durante el tiempo en que fueron de aplicación, en orden a que los servicios prestados antes de la entrada en vigor de dicha norma deban ser computados, sin perjuicio de que sus efectos retributivos se produzcan desde entonces, lo que significa, como con acierto señala la recurrida, que sólo desde la entrada en vigor del EBEP, y para los trabajadores que entonces estuviesen empleados, pueden reclamarse los efectos retributivos de los trienios, y "que estos serán aquellos que se hubieran generado durante toda la relación jurídica...".

Tal doctrina resulta plenamente aplicable al caso de autos, sin más que adicionar lo también expresado por la Sala en sentencia de fecha 22.06.2009 , respecto de la segunda línea argumental vertida por el recurrente: Es cierto que el artículo 9 de la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid establece, respecto al reconocimiento de trienios a los funcionarios interinos, que -nº 1- "Los funcionarios interinos devengarán los trienios por los servicios que presten a partir de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público, en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, órganos de gestión sin personalidad jurídica propia y demás entidades de Derecho público y entes del sector público de ella dependientes", y que -nº 2- "en iguales términos, se reconocerán los servicios prestados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyos efectos económicos, de proceder, serán en todo caso posteriores a su entrada en vigor", para concluir que -nº 3-, "mediante orden de la Consejería de Hacienda se regulará el procedimiento para hacer efectivo lo establecido en el presente precepto". Pero de dicho texto, y pese a su dicción literal, no cabe extraer la interpretación restrictiva que hace la recurrente, habida cuenta de que se trata de personal transferido, que prestaba y sigue prestando los mismos servicios de enseñanza, pues, y aunque las Administraciones por cuenta de las cuales se trabajó fuesen distintas, la razón de dicho cambio se debió exclusivamente al proceso de transferencias habido desde la Administración Central a la Autonómica, sin que los derechos del trabajador traspasado aparezcan limitados en los términos pretendidos en el recurso en los R.D. de transferencias.

Las precedentes consideraciones y razones de seguridad jurídica, imponen la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia, con la correlativa condena en costas de la parte recurrente, que incluirá los honorarios del letrado de la parte impugnante en cuantía de 300 euros; en su virtud,

Fallo

Desestimamos el recurso de suplicación formulado por la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID contra la sentencia de fecha 11 de mayo de 2009 dictada por el Juzgado de lo Social nº 26 de los de Madrid en autos 852/08 seguidos a instancia de doña Coral y doña Eloisa contra la recurrente, y en su consecuencia debemos confirmar y confirmamos la citada resolución. Se condena a la recurrente al pago de 300 Euros en concepto de honorarios al letrado impugnante.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2l9, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que el depósito de los 300,51 euros (50.000 pesetas) deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella en su cuenta nº 24l0 del Banco Español de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo nº 49, 28004-Madrid, por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 2876000000482909 que esta Sección Quinta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Angel nº 17, 28010-Madrid, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal, habiéndoseme hecho entrega de la misma por el Ilmo. Magistrado Ponente, firmada por los tres Magistrados en esta misma fecha para su notificación. Doy fe.