Sentencia SOCIAL Nº 85/2020, Juzgado de lo Social - Palma de Mallorca, Sección 5, Rec 699/2019 de 04 de Marzo de 2020

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 5

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00085/2020

C/TRAVESSA DEN BALLESTER Nº 20 -PALMA-

Tfno:971 678711

Fax:971 678712

Correo Electrónico:

Equipo/usuario: FIN

NIG:07040 44 4 2019 0003575

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000699 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre: ORDINARIO

DEMANDANTE/S D/ña: Alvaro

ABOGADO/A:FRANCISCO MONTALVÁ RIBERA

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:PUBLIDIRECT BALEAR, S.L

ABOGADO/A:

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a cuatro de marzo de dos mil veinte.

VISTOpor mi D. Ricardo Martín Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cincode Palma de Mallorca, el presente Juicio seguido a instancia de D. Alvaro asistido del Letrado D. Enrique Sampol Ballester en sustitución de su compañero D. Francisco Montalvá Ribera contra la empresa Publidirect Balear S.L. representada por el Letrado D. Alejandro Bernat Serrano en materia de despido y reclamación de cantidad.

Antecedentes

PRIMERO.En fecha 14 de agosto de 2019 tuvo entrada en el Juzgado Decano demanda presentada por la parte actora cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado por turno de reparto, en la que después de alegar los hechos que creyó oportunos, suplicó a este Juzgado dictase sentencia de acuerdo con los pedimentos vertidos en el suplico de la misma.

SEGUNDO.Admitida a trámite la demanda y señalado día y hora para la celebración de los actos de conciliación y juicio, estos tuvieron lugar en la fecha señalada con la presencia de ambas partes. No alcanzado acuerdo de conciliación se dio inicio al acto de juicio. Abierto el juicio la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda, realizando las alegaciones que estimó pertinentes. La parte demandada contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma interesando su desestimación. Practicadas las pruebas propuestas y admitidas y evacuado trámite de conclusiones quedaron los autos pendientes de dictar sentencia.

TERCERO.En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Hechos

1º.- El demandante D. Alvaro, titular del DNI num. NUM000 ha venido prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa Publidirect Balear S.L. con antigüedad de 25 de febrero de 2019 en virtud de contrato de trabajo de duración temporal por obra o servicio determinado a tiempo parcial y en jornada de 20 horas semanales con categoría profesional de repartidor de publicidad percibiendo un salario mensual bruto con inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias de 538,64 €.

2º.- El contrato de trabajo describe la obra o servicio objeto del mismo en los siguientes términos: La realización de la obra o servicio consistente en tareas de reparto publicitario de las empresas Conforama, Muebles Jysk, Merkamueble, Mil y un Sofás, Ca`n Barato, Media Markt, La Tienda en Casa y otras esporádicas.

3º.- La actividad económica de la empresa demandada consiste en el reparto de los folletos de publicidad facilitados por sus empresas clientes.

4º.- La empresa demandada dejó de repartir la publicidad de las empresas Conforama y Muebles Jysk. Continúa repartiendo la publicidad de las empresas Ca`n Barato, Mil y un Sofás, Merkamueble y Media Markt.

5º.- La empresa demandada comunicó al demandante la finalización de su contrato de trabajo con efectos de 3 de julio de 2019, cesando el actor en la prestación de sus servicios en dicha fecha.

6º.-El Convenio Colectivo de aplicación a la relación laboral es el de Empresas de Reparto sin Direccionar publicado en el BOE de 11 de mayo de 2011.

7º.- De entenderse que el demandante no disfrutó de vacaciones durante la vigencia de la relación laboral, el importe de la compensación económica por vacaciones no disfrutadas ascendería a 126,06 €.

8º.- El demandan no ha ostentado la condición de representante legal o sindical de los Trabajadores durante el último año.

9º.- En fecha 9 de julio de 2019 el demandante presentó papeleta de conciliación ante el TAMIB celebrándose el acto conciliatorio el día 29 del mismo mes sin acuerdo.

Fundamentos

PRIMERO.El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración de los medios de prueba practicados en acto de juicio consistentes en documental aportada por el trabajador junto con la demanda, dentro de la que destacan el contrato de trabajo y las nóminas, documentos que acreditan la relación laboral y las circunstancias propias de ésta. Así mismo se ha tenido en cuenta la documentación aportada por la empresa y las manifestaciones de la representante de la empresa en prueba de interrogatorio de parte.

Impugna el trabajador demandante el cese de la prestación de sus servicios el día 3 de julio de 2019, cese que califica como despido improcedente, alegando en primer lugar, la existencia de un despido verbal y en segundo lugar, que el contrato de trabajo de duración temporal por obra o servicio determinado suscrito por el demandante no obedecía a la finalidad perseguida por el Legislador para este tipo de contratos, razón por la cual debe entenderse celebrado en fraude de Ley de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 ET. Afirma la parte demandante la naturaleza indefinida de la relación laboral que unió a las partes.

La parte demandada se opuso a la demanda defendiendo la validez del contrato de trabajo celebrado por las partes y la extinción del mismo como consecuencia de la finalización de la obra o servicio que motivó la contratación.

SEGUNDO.La demanda debe prosperar. Y ello por cuanto, si bien la parte actora no ha logrado probar el despido verbal que afirma, sí que existen elementos suficientes para entender que el contrato por obra o servicio celebrado por el demandante perseguía, en realidad, atender la actividad normal y ordinaria de la empresa. Como ya declaró la STSJ Castilla-La Mancha de 14 de diciembre de 2010 'El artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, después de decir que el contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indefinido o por una duración determinada, seguidamente declara que 'podrán celebrarse contratos de duración determinadas en los siguientes supuestos', entre los cuales se encuentra la posibilidad de contratar a un trabajador para la realización de una obra o servicio determinado, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, puede ser en principio de duración incierta ( art. 15.1.a) ET en relación con el art. 2.1 del Real Decreto 2720/1998).

Los convenios colectivos pueden identificar los trabajos que pueden cubrirse con contratos de esta naturaleza, pero no otorgar dicha calificación a actividades distintas de las establecidas en la ley, porque la determinación de los supuestos de contratación temporal y sus requisitos, recogidos en los artículos 11 y 15 del Estatuto de los Trabajadores, constituyen un núcleo de derecho necesario indisponible para las partes (por todas, STS 7 octubre 1999). La mera consignación o enumeración de tales puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados mediante contratación temporal para obra o servicio determinado, no resultaría vinculante, ni extraería del control jurisdiccional el examen de la adecuación del contrato con la actividad de que se trate ( STS 4 octubre 2007). En todo caso, la identificación de las tareas con 'sustantividad propia' en el convenio colectivo supone 'una garantía adicional que debe valorarse a la hora de enjuiciar la licitud de las cláusulas incorporadas a los contratos individuales, pues equivale a la aceptación por parte de los representantes de los trabajadores de las necesidades objetivas que justifican en estos casos la limitación de la vigencia de los contratos en atención a las características del trabajo en el sector y la incorporación de otras medidas, como los compromisos de empleo en caso de sucesión de contratas, que permiten, dentro de esas limitaciones, lograr un cierta estabilidad en el empleo' ( SSTS 15 enero 2007 y 4 octubre 2007).

Es requisito de validez del contrato que se identifique suficientemente su objeto y que el trabajador sea ocupado en la obra correspondiente, no en otras tareas ( STS 10 diciembre 1996). La duración de este contrato será la necesaria para la realización de la obra o servicio contratado; las partes pueden fijar un plazo o un término, pero sólo con carácter meramente orientativo, pues se trata de una modalidad contractual 'a plazo indeterminado' ( STS 17 julio 2008), de manera que el contrato mantendrá su vigencia hasta la terminación de la obra o servicio objeto del mismo.

La extinción del contrato para obra o servicio determinado se produce cuando concluye dicha obra o servicio; y en caso de obras complejas, con la terminación de la fase de obra o la especialidad para la que el trabajador hubiera sido contratado. Nada impide que se celebre a continuación otro contrato para obra o servicio determinado con la misma empresa si su objeto es diferente al anterior y tiene autonomía y sustantividad propia (TS 10 noviembre 1994). En caso de realizarse sucesivamente distintos trabajos bajo un mismo contrato, éste se hace indefinido (TS 30 octubre 1992).

En esencia, pues, el contrato para obra o servicio determinado se caracteriza -entre otras notas- porque la actividad a realizar por la empresa responde a necesidades autónomas y no permanentes de la producción, por lo que no cabe el recurso a esta modalidad contractual para ejecutar tareas de carácter permanente y duración indefinida en el tiempo, que han de mantenerse y perdurar por no responder a circunstancias excepcionales que pudieran conllevar su limitada duración, sino que forman parte del proceso productivo ordinario, lo que en su caso determinaría que la contratación hubiese de reputarse fraudulenta ( art. 6.4 CC) y que, consecuentemente, según lo dispuesto en el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores , la primitiva relación laboral haya de ser calificada como indefinida (así, SSTS 1 enero 2001 , 22 abril 2002 , 4 octubre 2007 , 21 febrero 2008 y 21 julio 2008).

En el caso que nos ocupa, el contrato de trabajo por obra o servicio determinado celebrado por las partes no se ajusta los requisitos que el art. 15.1.a) ET y el art. 2 del RD 2.720/1.998 por el que se desarrolla el precepto estatutario citado establecen para este tipo de contratos ni las prescripciones establecidas por la doctrina de los Tribunales sobre la materia. Y ello por cuanto la identificación de la causa que motivó la contratación es tan amplia atendiendo al número de empresas clientes enumeradas, que no cabe sino concluir que la contratación del demandante vino motivada, no por una necesidad autónoma y no permanente de trabajo, sino por la necesidad de atender la actividad productiva ordinaria de la demanda. Por lo tanto, debe afirmarse que el contrato de trabajo no tenía naturaleza temporal, sino indefinida, de acuerdo con lo establecido en el Art. 15.3 ET.

Pero aun cuando no se entendería así y se considerara que el contrato por obra o servicio suscrito por el actor se ajustó a la legalidad, lo cierto es que, a la vista de la identificación que en el contrato se hace de la causa que motivó la contratación, a la fecha de proceder la empresa al cese del actor dicha causa de temporalidad no había desaparecido. Y ello por cuanto, a tenor de las manifestaciones de la representante de la empresa, si bien la empleadora había perdido como clientes a las empresas Conforama y Muebles Jysk, sí conservaba como clientes a las empresas Ca`n Barato, Mil y un Sofás, Merkamueble y Media Markt, siendo que el reparto de folletos de publicidad de estas empresas se consigna también como causa de la contratación.

En consecuencia, el cese del actor debe ser calificado como despido improcedente

Conforme a lo dispuesto en el Art. 56.1 ET 'Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

Por lo que respecta al cálculo de la indemnización que establece el Art. 56.1 ET hemos de partir de la no controvertida fecha de antigüedad del 25 de febrero de 2019 y del salario regulador acreditado y que resulta de las nóminas del trabajador demandante y que equivale a 17,70 € brutos diarios con la inclusión de la prorrata de pagas extraordinarias. Salvo error u omisión, el importe indemnizatorio asciende a 243,38 €.

De efectuarse opción por la readmisión, en trámite de ejecución de sentencia se liquidará el importe de los salarios de tramitación.

TERCERO.Acumula la parte actora en el escrito de demanda a la acción de despido y conforme admite el art. 26.3 LRJS una acción de reclamación de cantidad dirigida a obtener el cobro de la compensación económica por vacaciones no disfrutadas al término de la finalización del contrato. La parte demandada se opuso a dicha pretensión argumentando que la empresa había computado como días de vacaciones, días libres que el actor se había tomado, pronunciándose en el mismo sentido la representante legal de la empresa en prueba de interrogatorio. Tal motivo de oposición no puede prosperar por cuanto la empresa no ha acreditado que el actor haya disfrutado de periodo alguno de vacaciones, circunstancia Además que resulta poco verosímil teniendo en cuenta la corta duración de la relación laboral. El derecho al disfrute de vacaciones periódicas y retribuidas se encuentra reconocido por la Constitución Española (Art. 40.2) así como por el Convenio 132 de la OIT. Desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, el derecho al disfrute de vacaciones se encuentra amparado en el Art. 38 ET. No cabe que la empresa pretenda compensar con vacaciones los supuestos días de ausencia al trabajo del actor. De haberse ausentado el demandante injustificadamente al trabajo, lo que no ha quedad probado por cuanto los registros de jornada aportados, aun cuando firmados por el actor, no han sido adverados por ningún otro tipo de prueba, ni siquiera por el interrogatorio del propio demandante, la empresa hubiera debido proceder a la aplicación de la potestad disciplinaria que le corresponde. No es admisible en ningún caso la imposición unilateral y forzada de vacaciones, acto que conculca la regulación que se contiene en el Art. 38 ET y en el convenio colectivo de aplicación, cuyo Art. 28 establece que la empresa propondrá a sus trabajadores las fechas más apropiadas para el disfrute de sus vacaciones haciendo coincidir al menos quince días con los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Además, establece el convenio que el trabajador habrá de conocer las fechas de disfrute de vacaciones que le correspondan con dos meses al menos de antelación a su disfrute.

Procede, en consecuencia, la estimación de la pretensión del actor. La empresa demandada no cuestionó la cuantía reclamada en la demanda para el caso de estimación de la acción, ni tampoco ofreció una cantidad diferente para este supuesto. Por tal motivo debe condenarse a la demandada al pago de la cantidad de 126,06 €, suma que se incrementará en el interés moratorio del diez por ciento de lo adeudado que se establece en el Art. 29.3 ET y que asciende a 12,60 €.

Interesó la parte actora en acto de juicio la condena de la empresa por temeridad, petición que debe ser rechazada por cuanto la oposición a las pretensiones ejercitadas en la demanda no supone actuación temeraria alguna, ni ha apreciado el Juzgador en dicha oposición razones para imponer a la demandada la sanción que se solicita.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

QUE ESTIMANDO LA DEMANDAinterpuesta por D. Alvaro contra la empresa Publidirect Balear S.L. debo declarar y declaro la improcedencia del despidodel trabajador demandante efectuado por la empresa demandada con efectos de 3 de julio de 2018 CONDENANDOa la empresa demandada a optar en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución entre la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo, con abono de una cantidad igual al importe de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y la fecha de notificación de la presente sentencia a razón de 17,70 € brutos diarios, cuyo importe se liquidará en trámite de ejecución de sentencia o bien a indemnizarle en la cantidad de 243,38 €. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza de la presente resolución, advirtiendo a las demandadas de que, en el caso de no efectuar opciónen el plazo y forma indicados, se entenderá que lo hace por la readmisión. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo que entenderá producida en la fecha de cese de la prestación de los servicios.

Así mismo, debo condenar y condeno a la empresa Publidirect Balear S.L. a pagar al actor la cantidad de 126,06 € incrementada en el interés moratorio que establece el Art. 39.3 del Estatuto de los Trabajadores y que asciende a 12,60 €.

Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE SUPLICACION ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Baleares, que deberá anunciarse dentro de los CINCO días siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado o representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su Abogado o representante ante este Juzgado dentro del indicado plazo.

Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social intente entablar el recurso de Suplicación consignará como depósito la cantidad de 300 euros en BANCO SANTANDER en la cuenta 'Depósitos y consignaciones del Juzgado de lo Social Nº 5 de Palma de Mallorca'. El recurrente deberá hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

Al propio tiempo será indispensable que el recurrente que no gozara del beneficio de justicia gratuita acredite al anunciar el recurso de Suplicación haber consignado en el BANCO SANTANDER en la cuenta abierta a nombre del Juzgado de lo Social Nº 5 la cantidad objeto de la condena pudiendo sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que deberá hacer constar la responsabilidad solidaria del avalista y su duración indefinida en tanto por este Juzgado no se autorice su cancelación. La acreditación se hará mediante presentación del resguardo de la consignación en metálico o en su caso, el documento de aseguramiento.

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgado lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Ilmo Sr. Magistrado Juez de lo Social que la suscribe, estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimoniada en los autos. Doy fe.