Sentencia Social Nº 8631/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 467/2008 de 24 de Noviembre de 2009

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

RU

IL·LM. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO

IL·LMA. SRA. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL PURCALLA BONILLA

Barcelona, 24 de novembre de 2009

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 8631/2009

En el recurs de suplicació interposat per Justiniano i BATTENFELD IBERICA SAa la sentència del Jutjat Social 1 Sabadell de data 5 de desembre de 2008 dictada en el procediment núm. 467/2008 en el qual s'ha recorregut contra la part FONDO DE GARANTIA SALARIAL, i WITTMANN

BATTENFELD , GMBH, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.

Antecedentes

Primer. En data 28 de juliol de 2008 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament disciplinari, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 5 de desembre de 2008, que contenia la decisió següent:

"ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por Justiniano contra BATTENFELD IBERICA S. A., WITTMANN BATTENFELD GMBH y el FOGASA y DECLARO PROCEDENTE la extinción de la relación laboral de Alta Dirección establecida entre las partes y CONDENO a la empresa BATTENFELD IBERICA S. A. a pagar al actor 20.407,06 ? en concepto de diferencia de indemnizción y ABSUELVO a la demandada WITTMANN BATTENFELD GMBH de toda pretensión declarativa y de condena ejercitada frente a ella y ABSUELVO asimismo al FOGASA, sin perjuicio de sus responsabilidades legales".

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

PRIMERO.- El actor y la empresa demandada suscribieron en fecha 1 de junio de 2008 un contrato redactado en lengua inglesa que denominaron "Employement Contract" (Contrato de Trabajo) en el que fijaron, entre otras, las condiciones siguientes: 1. Desde el 1 de junio de 1990, el Sr. Justiniano iniciará su prestación de servicios par Battenfeld como Director Gerente de Battenfeld Ibérica S. A. 2. El Sr. Justiniano reportará directamente al Sr. Teodulfo , Presidente del Consejo de Administración de Battenfeld Holding GMBH, siendo ésta la accionista de Battenfeld Ibérica S. A. 5. El presente contrato tendrá una vigencia de 2 años y puede, desde entonces, extinguirse por cualquiera de las partes preavisando con 12 meses. El preaviso debe comunicarse por escrito (folios 97 y 101).

SEGUNDO.- El día 15 de junio de 1990 el actor fue nombrado administrador de la sociedad como miembro del consejo de administración por acuerdo de la Junta General de accionistas y en fecha 19 de junio de 1990 por el mencionado órgano de administración fue designado Presidente del Consejo de Administración de la sociedad y consejero delegado con facultades mancomunadas (folios 126 vuelto y 127).

El 23 de octubre de 1990 el Consejo de Administración acepta la dimisión presentada por el Sr. Justiniano como Presidente del Consejo, ratificando su nombramiento de consejero delegado con facultades mancomunadas (folio 127 vuelto).

En fecha 2 de junio de 1998 la Junta General de accionistas de la sociedad acepta la renuncia presentada por el actor (folio 139 vuelto) y en la misma fecha el Consejo de Administración le otorga poderes de representación para actuar de forma mancomunada con las siguientes facultades, entre otras (folio 140): 1) Acordar las amortizaciones que se estimen convenientes para los valores del activo social. 2) Examinar la marcha de la sociedad, los libros, la documentación y la correspondencia de la misma, así como la gestión de los apoderados, empleados y demás personal y pedir cuentas de su actuación. 3) Representar a la Sociedad ante toda clase de Tribunales, Autoridades o personas naturales o jurídicas, pudiendo otorgar toda clase de poderes al efecto. 4) Redactar los Reglamentos de régimen interior de la Compañía. 5) Nombrar y acordar, otorgando y revocando los oportunos poderes, el cese de apoderados, técnicos y empleados de la sociedad, fijar los honorarios, sueldos y gratificaciones que deban percibir así como las condiciones de su admisión o despido. 6) Contratar y obligarse en representación de la Compañía, acordando y otorgando toda clase de documentos necesarios incluso escritura públicas de cualquier clase y sea cual fuere su objeto. 7) Adquirir, enajenar, gravar, arrendar, hipotecar toda clase de muebles e inmuebles, así como derechos reales, concertar y cancelar préstamos de toda clase e incluso hipotecas en general; contratar toda clase de créditos y negocios bancarios o jurídicos con cualquier entidad o corporación incluso el Banco de España y el Banco Hipotecario de España. 8) Cobrar y pagar cuantas cantidades acredite o adeude la Sociedad en relación con particulares y toda clase de Sociedades y entidades como también con Corporaciones del Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales, Forales, Sindicales u Organismos Autónomos, incluyendo el cobre de libramientos de hacienda tanto del Estado como Autonómica o Local.... 10) Formular toda clase de contratos de adquisición de Patentes, procedimientos, primeras materias y suministros, tanto en España como en el extranjero, así como formular los contratos de venta que crea oportunos en las condiciones que tenga por más convenientes a los intereses de la sociedad. 11) Acordar las compras de mercancías, precio de ellas y regular del de ventas, determinando las condiciones en que deba efectuarse (folio 140).

Mediante reunión del Consejo de Administración de fecha 31 de diciembre de 2006 se revocaron las facultades otorgadas al demandante, apoderándosele nuevamente de forma mancomunada con la siguientes facultades, entre otras: 2) Comprar y vender bienes muebles, mercancías, primeras materias y géneros elaborados y contratar el suministro de los mismos, así como rescindir, modificar o cancelar dichos contratos de suministro y ejercitar los derechos que de aquellos contratos se deriven en favor de la compañía mandante, todo ello sin limitación cuantitativa alguna; 3) vender mercancías propias del giro y tráfico de la Empresa, firmar facturas y notas de abono, concurrir a subastas y concursos oficiales y particulares, formular proposiciones y aceptar adjudicaciones provisionales y definitivas, pudiendo suscribir al efecto los documentos y declaraciones públicos o privados pertinentes. 4) Efectuar cobros y pagos relacionados con la actividad, giro y tráfico de la Empresa, firmando recibos y demás documentos liberatorios. ... 10) Representar a la Sociedad ante los centros, oficinas, dependencias y funcionarios del Estado, Provincia, Municipio, la Generalidad y demás Comunidades Autónomas...14) Nombrar y despedir personal técnico, dependiente y obrero, factores y empleados.

TERCERO.- El día 17 de junio de 2008 la empresa demandada entregó al actor una carta por la que se comunicó "la decisión de proceder a la finalización del contrato de Alta Dirección suscrito con Vd., por pérdida de confianza en las gestiones por Vd. desarrolladas como máximo responsable de la compañía, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1 del RD 1382/1985, de 1 de agosto , procediendo, pues, al desistimiento unilateral del contrato suscrito con Vd. desde el pasado mes de junio de 1990".

En dicha carta se puso a disposición del actor la indemnización de 21.115,34 ? correspondientes a la falta de preaviso y 29.714,45 ? "que equivale a siete (7) días de su salario por año trabajado" (folio 120).

CUARTO.-Se celebró el acto de conciliación administrativa sin avenencia (folio núm. 28).

Tercer. Contra aquesta sentència la part actora Don. Justiniano i codemandada van interposar un recurs de suplicació, que van formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que el va impugnar en forma les esmentades parts. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

Primer. L'empresa condemnada i el demandant plantegen ambdós recursos de suplicació contra la Sentència que estima en part la pretensió i declara l'extinció de la relació laboral d'Alta Direcció amb condemna de l'ocupadora Battenfeld Ibèrica SA. a abonar la diferència de la indemnització que fa constar.

L'objecte dels dos recursos és revisar els fets declarats provats i examinar les infraccions de normes substantives o de la jurisprudència en empara en l'article 191 b) i c) de la vigent Llei de Procediment Laboral, el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d'abril .

Segon. L'empresa postula la revisió del fet provat segon, segon paràgraf, que es refereix a què el dia 23 d'octubre de 1990 el Consell d'Administració accepta la dimissió presentada pel demandant com a President del Consell, ratificant el seu nomenament com a conseller delegat amb facultats mancomunades. Proposa un text alternatiu que digui: " el 23 d'octubre de 1990 el Consell d'Administració accepta la dimissió presentada pel Sr. Justiniano com a President del Consell, i simultàniament se'l confirma de nou en el seu càrrec de Conseller delegat amb facultats mancomunades, ratificant-li la delegació de totes les facultats del Consell d'Administració legalment delegables."

Basa la modificació en el document que cita.

També postula la modificació del segon paràgraf del fet provat tercer de la sentència, que, referint-se a la decisió de desistiment empresarial per carta lliurada el dia 17 de juny de 2008, assenyala que en la carta es va posar a disposició del demandant la indemnització per manca de preavís i l'import d'indemnització equivalent a set dies de salari, en els valors que consten. Proposa un text alternatiu que exposi el text literal del paràgraf de la carta, a fi de que consti " la indemnització neta de 29.714,45 euros que equival a set (7) dies del seu salari per any treballat, un cop practicades les corresponents deduccions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques." Basa la modificació en la carta de desistiment.

Al seu torn, el demandant postula la modificació de l'error material que consta en el primer fet provat respecte a la data de signatura del contracte de treball, que ha de ser la de l'1 de juny de 1990 com consta en el contracte aportat per les dues parts, i no de 2008. També postula que en el fet provat es digui el salari anual de 142.544,41 euros que la sentència recull en el Fonament Jurídic quart amb valor fàctic.

Postula l'addició d'un fet provat segon bis que digui: " El dia 1 de gener de 1995, l'empresa Battenfeld Ibérica SA va comunicar al demandant les Limitacions Permanents als poders que ostentava en aquell moment, el contingut literal del qual era del següent tenor literal: Considerant que els accionistes i el Consell d'Administració poden adoptar limitacions permanents de l'autoritat del director Gerent per controlar i gestionar les operacions i assumptes de la Societat, el Director Gerent, per la present, adopta i accepta les regles i reglamentacions següents: destaca entre altres la prohibició de comprometre a l'empresa en contractes o acords que afecte assumptes que impliquen quantitats superiors a Pts. 8.000.000 per any, o contractar o acomiadar empleats si la decisió implica una compensació anual en metàl lic que excedeix de Pts. 5.000.000, ni préstecs a l'empleat que excedeixin d'un salari mensual. També en data de 5 de desembre de 2005, tal com recull l'Acta de reunió del Consell -VES de Battenfeld Ibérica, SA. de la mateixa data, el demandant va demanar una inversió per substituir quatre ordinadors portàtils. El Sr. Ceferino va qüestionar el cost elevat de la inversió. El Sr. Esteban va aprovar en principi la petició, si be va demanar a VES la revisió dels costos d'equipament i la remissió d'una petició revisada per la Sra. Dürnbeck. El Sr. Justiniano demandant i el Sr. Heraclio , ex Director Financer de l'ocupadora, habitualment demanaven a diferents càrrecs de l'empresa matriu demandada l'aprovació dels pressupostos del renting de cotxes, de processadors electrònics de dades, pantalles d'ordinador, USB per als tècnics i quaderns de notes. El demandant habitualment demanava al Sr. Teodulfo , Director Regional de Vendes de l'empresa matriu indicacions i/o aprovació de preus de venda, terminis de lliurament i percentatges a aplicar als clients." Basa la modificació en els documents que cita.

Postula la modificació del fet provat tercer de la sentència que es refereix a la carta de dimissió empresarial rebuda el dia 17 de juny de 2008 en la qual es posa a disposició la indemnització que hi consta per a què s'addicioni un tercer paràgraf que digui " El demandant no ha rebut cap import en concepte d'indemnització ni de preavís, malgrat la posada a disposició o oferiment realitzat per l'empresa en la carta." Basa la modificació en la carta citada.

La doctrina jurisprudencial pacífica dels Tribunals laborals i d'aquesta Sala, manté que únicament de manera excepcional els Tribunals superiors poden fer ús de la facultat de modificar i fiscalitzar la valoració de les proves feta pel jutge de la instància, ja què aquesta facultat els hi està atribuïda únicament per a supòsits en què els elements esmentats com a revisors ofereixin una força de convicció molt gran que a judici de la Sala manifestin un error de fet clar del jutge en l'apreciació de la prova. També la Sala ha establert en aplicació de la doctrina jurisprudencial reiterada i pacífica, que per a què la pretensió revisora tingui èxit els errors o omissions denunciats han de ser suficientment transcendents per a variar el signe de la part dispositiva de la resolució judicial.

Considerem, en aplicació d'aquesta doctrina, que les addicions postulades per l'empresa no responen a un error greu de l'apreciació judicial de la prova i dels elements de convicció, ni són rellevants per a variar el sentit del pronunciament judicial, atès que els textos alternatius confirmen el sentit nuclear dels fets provats segon i tercer en què consten les facultats apoderades, i es basen en els mateixos documents que el magistrat de la instància també ha valorant en la facultat que li atorga l'article núm. 97.2 de la Llei de procediment Laboral . En aplicació de la doctrina transcrita, hem de desestimar aquest objecte del recurs de l'empresa.

Respecte a la correcció de l'error material involuntari en la constància de la data del contracte de prestació de serveis entre les parts, és evident i concordant amb els documents, i constitueix un fet conforme, de manera que acceptem la correcció. La constància del salari en el fet provat primer que es refereix a les condicions laborals, és procedent per major claredat i rigor de l'exposició fàctica, tot i que la seva constància en el Fonament de Dret Quart de la sentència te aquest valor de fet provat encara que en lloc no adequat (Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem de 27 de juliol de 1992 per totes). L'import del salari no ha sigut atacat per l'empresa en el seu recurs, de manera que hem d'estar al que consta en la sentència de 142.544,41 euros anuals. Per tant estimem aquestes modificacions, i també la limitació de facultats establertes en els poders conferits que consta en la proposta de text fàctic a addicionar com un fet segon bis, ja què la relació fàctica de la sentència no en fa referència i entenem que és un fet transcendent per a examinar i valorar la pretensió del demandant sobre la naturalesa ordinària o comuna de la relació de treball entre les parts. Contràriament considerem que l'addició postulada al fet tercer no és rellevant per a variar el sentit de la decisió judicial sobre la qualificació jurídica de la relació de treball, sense perjudici dels efectes indemnitzadors que corresponguin a la nostra decisió. Per tant estimem parcialment aquest objecte del recurs del demandant.

Tercer. En l'altre objecte de suplicació l'empresa denuncia la infracció de l'article núm. 1.3 c) de l'Estatut dels Treballadors ( R. Decret Legislatiu 1/1995 ) que exclou l'activitat que es limiti pura i simplement a l'activitat del càrrec de conseller o membre dels òrgans d'administració de les persones jurídiques de societat i que la seva activitat a l'empresa comporti actes inherents al càrrec. Parteix de què ha quedat acreditat que el demandant va cessar en el càrrec en el Consell de Direcció el dia 2 de juny de 1998, que compatibilitzava amb el de Gerent. Cita doctrina jurisprudencial que considera que durant aquest període des de l'inici de la relació fins la data citada la relació no es pot considerar laboral perquè el factor determinant no és el contingut de les funcions que desplegui, sinó la naturalesa del vincle en la integració orgànica de l'administració social, amb les facultats que exerceix directament o per delegació interna. Conclou que els anys de servei a tenir en compte per al càlcul de la indemnització que correspongui al demandant com a persona acollida al règim laboral especial d'Alta Direcció ha de ser des del dia 2 de juny de 1998 fins al moment del desistiment empresarial, que calcula en 10,05 anys, i postula la indemnització bruta de 26.458,63 euros que converteix en neta per un total de 17.991,86 euros.

Al seu torn, el demandant denuncia la infracció per aplicació indeguda de l'article núm. 2.1 a) de l'Estatut dels Treballadors i de l'article núm. 1.2 del R. Decret 1382/1985 que regula la relació especial de treball de personal d'Alta Direcció. També denuncia la infracció de l'article núm.1.1 de l'Estatut dels Treballadors i jurisprudència en la matèria, així com els articles núm. 55 i núm. 56 de la mateixa norma estatutària . Resumidament, combat el criteri del magistrat de la instància que considera que tota la relació de treball des del dia 1 de juny de 1990 ha sigut de naturalesa laboral especial d'alta direcció atenent als poders amplis atorgats. Considera que les activitats que duia a cap no són pròpies dels objectius generals de l'empresa ni afecten matèries fonamentals rellevants per als objectius i resultats empresarials, perquè mai va tenir autonomia suficient per exercir les facultats de l'apoderament, perquè sempre havia de demanar autorització prèvia a càrrecs directius de l'empresa matriu. Cita i transcriu en part doctrina jurisprudencial per mantenir que el caràcter ordinari o especial d'alta direcció de la relació laboral es resol en base a si l'empleat exercita amb autonomia plena i plena responsabilitat poders inherents a la titularitat de l'empresa i si aquestes facultats d'apoderament es refereixen als objectius generals. Argumenta que la relació laboral ordinària o comuna existeix perquè els càrrecs que ostentava eren merament teòrics i formals, atesa la limitació expressa i la impossibilitat efectiva d'exercir les facultats i poders amplis inherents als càrrecs, ja que tenia limitades les facultats i havia de demanar autorització de l'empresa matriu per a les operacions de contingut econòmic més ínfim. Parteix de que l'empresa ocupadora espanyola és únicament una sucursal subordinada a les decisions de gestió de la matriu austríaca, qui fixava els objectius generals de l'empresa espanyola que ell es limitava a executar sense autonomia, perquè era l'empresa matriu qui fixava els objectius, preus i condicions de venda i terminis de lliurament, i autoritzava les adquisicions de material de l'oficina. Aquesta manca d'autonomia incideix directament en la manca de confiança fins el punt que els poders i facultats conferides eren sempre mancomunades amb altres persones que ostentaven càrrecs de direcció. Conclou que no ha exercit la facultat de disposició o administració de bens de l'ocupadora, que no ha adoptat decisions amb l'autonomia deguda i que no ha intervingut en els objectius generals de l'ocupadora. Sent la relació de treball comuna o ordinària per aquestes raons, la decisió empresarial constitueix un acomiadament sense causa que s'ha de qualificar d'improcedent d'acord amb l'article núm. 55 i 56 de l'Estatut dels Treballadors , amb dret a la indemnització de quaranta cinc dies per any d'antiguitat i l'import del preavís de dotze mensualitat de salari pactat. En aquest punt també denuncia la infracció dels articles núm. 1256 i núm. 1281 del Codi Civil en relació al preavís de 12 mesos de l'extinció de la relació de treball acordat entre les parts en el contracte de treball signat el dia 1 de juny de 1990 en clàusula clara que no admet dubtes d'interpretació. Finalment invoca la infracció dels articles núm. 55 i núm. 56 de l'Estatut dels Treballadors i subsidiàriament l'article núm. 11.1 del R. Decret 1382/1985 per referir-se a què la corresponent indemnització s'ha de fixar en la quantia legal íntegra sense cap descompte de l'import brut, perquè no ha rebut cap quantitat de l'ocupadora, de manera que combat la decisió de la sentència en aquest sentit, ja que el seu manteniment pot comportar un perjudici per a ell i un enriquiment injust de l'ocupadora.

Quart.- El nucli de la controvèrsia dels dos recursos és determinar la naturalesa de la relació laboral, si ordinària o especial d'alta direcció, i el període en que s'ha estès, si durant tota la relació de treball des del inici, el dia 1 de juny de 1990, o des que el demandant va deixar d'ostentar càrrecs en el Consell d'Administració de l'ocupadora, el dia 2 de juny de 1998. Segons quina sigui la nostra decisió haurem de determinar la indemnització legal corresponent a una dimissió empresarial en la relació especial o a l'acomiadament improcedent respectivament, a més de resoldre sobre el preavís pactat en el contracte de 1 de juny de 1990 per l'extinció de la relació de treball per qualsevol de les parts de forma unilateral.

La relació fàctica modificada i els fets conformes ens porten a haver de considerar que des del dia 1 de juny de 1990 el demandant va ostentar el càrrec de Director Gerent de l'ocupadora i despatxava directament amb el President del Consell d'Administració de l'empresa matriu austríaca, accionista de l'ocupadora. Que el dia 15 de juny de 1990 va ser anomenat Administrador de la societat espanyola i membre del Consell d'Administració per Acord de la Junta General d'Accionistes, i el dia 19 de juny va ser designat President del Consell d'Administració de l'ocupadora i Conseller delegat amb facultats mancomunades per la seva Junta General. El dia 23 d'octubre de 1990 va dimitir del càrrec d'Administrador, sent ratificat en el càrrec de Conseller delegat amb facultats mancomunades. El dia 1 de gener de 1995 l'ocupadora va comunicar al demandant les Limitacions Permanents del Director Gerent sobre els poders que ostentava, consistents en la prohibició d'adoptar contractes o acords per valor superior als vuit milions de pessetes l'any, o contractar o acomiadar treballadors si la mesura comportava un cost superior als cinc milions l'any, o de donar préstecs als empleats que excedissin l'import del salari mensual. En data 2 de juny de 1998 la Junta General d'accionistes de la mercantil ocupadora va acceptar la renúncia del demandant de formar part del Consell d'Administració i li atorga poders de representació per actuar de forma mancomunada, amb les facultats i limitacions efectives que consten en la relació fàctica. Facultats que consten modificades per Acord del Consell d'Administració de 31 de desembre de 2006. El dia 17 de juny de 2008 l'empresa ocupadora va lliurar una carta en la qual comunicava la seva decisió de finalitzar el contracte d'alta direcció per pèrdua de confiança en les gestions; desistiment unilateral del contracte amb efectes de 1 de juny de 1990. Posava a la seva disposició la indemnització que consta per manca de preavís i la equivalent a set dies de salari per any treballat, sense especificar el càlcul ni el salari, i subjecte als descomptes fiscals que aplicava supeditat a les correccions procedents.

Sobre la naturalesa de la relació de treball del recurrent hem de recordar que des de la STS. de 29 de setembre de 1988 ( RJ. 1988,7143) la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem ha entès que la determinació de la qualificació de la relació de treball d'un Conseller Delegat o un Administrador executiu de societat mercantil es qualifica en funció del vincle jurídic que uneix les parts i no en base a les concretes tasques que aquests càrrecs societaris duguin a cap en la mercantil. L'anomenada " teoria del vincle" exclou doncs la relació de treball per compte d'altre perquè el conseller delegat o l'administrador executiu es troba integrat en l'òrgan suprem de govern societari, que impedeix la separació entre les funcions de direcció i de gestió, atès que l'òrgan d'administració de la societat te assignades funcions internes d'administració en sentit estricte i funcions externes de representació davant de tercers. En conseqüència totes les activitats que responen a les funcions pròpies de l'òrgan d'administració es duen a cap per l'administrador executiu com a competència de l'òrgan de govern de la societat mercantil, i es configuren com a pròpies d'una relació mercantil que resulta incompatible amb el vincle laboral de caràcter especial d'alta direcció, perquè les funcions que es poden exercir per un o altre títol constitueixen l'exercici de les funcions de direcció pròpies de l'òrgan de govern de la societat. Aquesta doctrina jurisprudencial seguida de forma consolidada i pacífica ( SSTS de 21 de gener de 1991, de 27 de gener de 1992, de 22 de desembre de 1994 ) ha sigut reiterada en la Sentència de 20 de novembre de 2002 (rec.337/2002 RJ. 2003,2699) que explicita en el FD. 8è: " La Sentencia de 22-12-1994 ( rec. 2889/1993 ), al interpretar el art. 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores , señala que «Hay que tener en cuenta que las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad son las actividades típicas y específicas de los órganos de administración de las compañías mercantiles, cualquiera que sea la forma que éstos revistan, bien se trate de Consejo de Administración, bien de Administrador único, bien de cualquier otra forma admitida por la Ley; y así, en el ámbito de la sociedad anónima, los órganos de esta clase, que se comprendían en los artículos 71 a 83 de la Ley de 17 de juliol de 1952 ( RCL 1951, 811, 945) y actualmente se recogen en los artículos 123 a 143 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 diciembre ( RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) , tiene precisamente como función o misión esencial y característica la realización de esas actividades, las cuales están residenciadas fundamentalmente en tales órganos, constituyendo su competencia particular y propia. Por ello es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la dirección y la representación de la compañía. Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan "la realización de cometidos inherentes" a la condición de administradores de la sociedad, y encajan plenamente en el "desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad", de ahí que se incardinen en el mencionado artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores ». Partiendo de la anterior premisa, esta Sala ha resuelto la cuestión que se plantea cuando se compatibilizan funciones de Consejero Delegado y alto cargo, en el sentido asumido por la sentencia referencial. Las Sentencias de 21 de enero ( RJ 1991, 65) , 13 mayo ( RJ 1991, 3906) y 3 junio ( RJ 1991, 5123) y 18 junio 1991 ( RJ 1991, 5152) , 27-1-1992 (rec. 1368/1991 [ RJ 1992, 76] ) y 11 de marzo de 1994 ( rec. 1318/1993 [ RJ 1994, 2287] ) han establecido que en supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de administración de la Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido de las funciones sino la naturaleza de vínculo, por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva a que, como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y de una relación de carácter laboral."

També la incompatibilitat entre càrrecs d'administració de societat mercantil o del consell d'Administració amb les funcions directives en règim laboral d'alta Direcció s'ha reiterat en la STS. de 26 de novembre de 2007 ( Rec. 1652/2006), respecte a un Administrador Gerent com en aquest cas. En el 2on. FD. exclou la nota de laboralitat perquè : " ( la relación laboral) ...puede venir excluida, al amparo del art. 1.3 c) ET , por falta de dependencia en el trabajo, cuando se trata de personas que forman parte del órgano máximo de dirección de la empresa, como ocurre con el demandante del presente pleito, en cuanto, además de ser titular de un tercio del capital social, era administrador solidario junto con los otros dos socios, siendo función típica de estas personas que forman parte del órgano de gobierno de la empresa la representación y suprema direccion de la misma, sin que su relación nazca de un contrato de trabajo sino de una designación o nombramiento por parte del máximo órgano de gobierno, de modo que su relación tiene carácter mercantil. Es cierto que la jurisprudencia admite que esas personas puedan tener al mismo tiempo una relación laboral con su empresa, pero ello sólo sería posible para realizar trabajos que podrían calificarse de comunes u ordinarios; no así cuando se trata de desempeñar al tiempo el cargo de consejero y trabajos de alta direccion (Gerente, Director General, etc.) dado que en tales supuestos el doble vínculo tiene el único objeto de la suprema gestión y administración de la empresa, es decir, que el cargo de administrador o consejero comprende por sí mismo las funciones propias de alta dirección. Y en este sentido existe una doctrina reiterada de la Sala, como por ejemplo en las sentencias de 29 de septiembre de 1988 ( RJ 1988, 7143) , de 16 de diciembre de 1991 ( RJ 1991, 9073) (Rº 810/90), de 22 de diciembre de 1994 ( RJ 1994, 10221) (Rº 2889/93), doctrina reiterada por otras muchas y que podemos resumir, con la sentencia de 20 de noviembre de 2002 ( RJ 2003, 2699) (Rec. 337/02)..." que ja hem citat.

Per tant la única compatibilitat que permet la doctrina jurisprudencial entre els òrgans de govern d'una societat mercantil i una relació laboral per compte d'altre, és l'establerta o en l'article núm. 1.1 de l'Estatut dels Treballadors , o sigui la comuna o ordinària, o en l'article núm. 2.1. a) d'alt càrrec com a director General o Gerent, si es tracta de lloc de directiu diferenciat dels òrgans d'administració social a la vista dels Estatuts de l'empresa en els quals la Direcció General és un òrgan distint que el Consell d'Administració i subordinada a aquest sense cap regla que impedeixi designar a un dels seus membres ( STS. de 13 de maig de 1991 ( RJ.1991,3906; de 25 de juliol de 1989, RJ. 1989,5916; o de 25 d'octubre de 1990, RJ. 1990,7714; o la de 6 d'octubre de 1990, 1990,7928).

La naturalesa de relació de treball ordinària que manté el recurrent no pot prosperar, perquè el contracte de treball de 1 de juny de 1990 ja determina el càrrec de Director Gerent de l'empresa espanyola i la única subordinació serà amb els òrgans de govern de l'empresa matriu austríaca, de manera que s'incardina dintre de la relació laboral especial d'Alta Direcció, amb retribució anual en correlació amb el càrrec de direcció general de l'empresa espanyola. Els poders que tenia conferits són amplis tal com recull la relació fàctica, encara que l'any 1995 es limitessin, no tan les facultats sinó el seu abast d'aplicació. Entenem que el que les facultats atorgades hagin sigut sempre mancomunats no implica una limitació material de les facultats conferides. Respecte a la dependència que planteja el demandant recurrent degut a què havia de tenir la corresponent autorització de l'empresa matriu per a poder adoptar decisions de gestió i infraestructura, no podem acceptar que l'empresa espanyola fos una senzilla sucursal de l'estrangera tal com argumenta el Sr. Justiniano en el seu recurs, perquè hem de partir de que aquest control venia imposat per la societat mare austríaca com ja consta previst i acordat en el contracte de treball entre les parts l'any 1990. La doctrina jurisprudencial en la STS. de 13 de novembre de 1991 ( 1991,8219) considera que aquesta intervenció és una conseqüència normal de la integració de l'ocupadora demandada a l'empresa matriu, que és la accionista i propietària. Aquesta supervisió prevista i efectiva no afecta la situació de directiu del demandant en l'ocupadora demandada ni en la seva relació amb el Consell d'Administració de la seva empresa, en la qual actua amb autonomia, sinó que afecta les relacions entre les dues societats. La dependència que al ludeix el recurs del demandant per mantenir que ens trobem davant una relació laboral ordinària no és produeix, perquè les funcions directives del demandant es troben únicament limitades pels criteris i instruccions directes de la persona o dels òrgans superiors de govern i d'administració de l'entitat que te aquesta titularitat, tal com estableix l'article núm. 1.2 del R. Decret 1382/1985 .

Amb la sentència de la instància hem de concloure per tant que la naturalesa de la relació de treball del demandant era laboral d'Alta Direcció acollida a la normativa del R. Decret 1382/1985 que la regula .

Cinquè.- La primera conseqüència d'aquesta afirmació és que la dimissió empresarial te cobertura en l'article núm. 11.1 del R. Decret . Als efectes de determinar l'antiguitat de la relació laboral especial, en aplicació de la doctrina jurisprudencial transcrita i citada, contràriament al criteri que segueix la sentència de la instància, entenem que hem de descomptar el període en què el demandant va ostentar els càrrecs d'Administrador i Conseller delegat dels òrgans de govern de la societat mercantil ocupadora, perquè són incompatibles amb aquesta relació laboral especial de personal d'Alta Direcció. És així pel que ens determina la doctrina jurisprudencial sobre la " teoria del vincle" citada, que ens porta a entendre que, com a alt directiu, el Sr. Justiniano tenia facultats inherents a la titularitat de l'empresa que estaven incloses en el cercle de decisions fonamentals o estratègiques en les àrees generals de l'entitat ocupadora referides a la seva activitat íntegra; facultats indispensables per a la vida de la pròpia societat espanyola, i actuava amb autonomia i responsabilitat dintre del seu àmbit en aquesta mercantil, sense que els límits imposats per la matriu austríaca i els poders mancomunats desnaturalitzin aquesta situació. De manera que des del dia 1 de juny de 1990 fins el dia 2 de juny de 1998 no podem entendre que el Sr. Justiniano tingués relació de treball amb la societat espanyola perquè predomina la seva relació de caràcter mercantil aliena a l'ordre social de la jurisdicció.

Per tant, en aquest punt hem de desestimar el motiu del demandant i estimar el de l'empresa, i determinar que la relació laboral especial d'alta direcció que ostentava el demandant s'estén des del dia 2 de juny de 1998 fins el dia 17 de juny de 2008 en que l'òrgan de govern de l'ocupadora va decidir el desistiment empresarial.

Sisè.- Correspon per tant la indemnització de set dies per any amb el límit de sis mensualitats segons l'apartat 1 de l'article núm. 11 del R Decret . La indemnització resultant és de 71.272,20 euros bruts, que resulten de l'import de 7 dies per any a raó de 390,53 euros / dia del salari anual provat de 142.544,41 euros, i dona el producte, a raó de set dies/ mes de 27.337,2 euros mensuals que pels deu anys de prestació de serveis excedeixen del topall límit de l'import de sis mesos establert en l'article núm. núm. 11, 1 del R. Decret 1382/1985 , de manera que l'import màxim que li correspon és la meitat del salari anual declarat provat o sigui els 71.272,20 euros.

Per tant, amb estimació de la pretensió subsidiària del demandant i desestimació de l'argument de l'ocupadora, haurem de condemnar l'empresa a abonar aquesta indemnització bruta íntegra, sense perjudici dels descomptes que corresponguin en el tràmit d' execució de la nostra decisió un cop ferma la sentència, en cas d'haver abonat algun import per aquest concepte d'indemnització, i tenint en compte que la relació laboral especial es troba rescindida des del dia 17 de juny de 2008, sense que aquesta jurisdicció hagi d'entrar a pronunciar-se sobre els descomptes procedents de l'impost del rendiment personal atribuïts a l'ordre contenciós administratiu de la jurisdicció ( STS. de 2 d'octubre de 2007, rec. 2635/06), en relació amb la Llei 35/2006.

Respecte al preavís d'extinció de la relació per qualsevol de les parts pactat en el contracte de 1 de juny de 1990, hem d'estar als seus termes, ja què l'article núm. 3 del R. Decret 1382/1995 que regula la relació especial de personal d'alta direcció, estableix que els drets i obligacions d'aquesta relació es regularan per voluntat de les parts amb subjecció a les normes del R. Decret. L'article núm. 11, 1 segon paràgraf del R. Decret disposa que en cas de desistiment empresarial i incompliment total o parcial del preavís, l'alt directiu tindrà dret a una indemnització equivalent als salaris corresponents a la duració del període incomplit. Tal com recull el contracte de treball entre les parts i el fet provat primer de la sentència no atacat per l'empresa, les parts van pactar un preavís de dotze mesos en cas d'extingir-se la relació de serveis per qualsevol de les parts. Es van comprometre a un preavís superior als sis mesos que estableix la norma específica en l'exercici de la seva lliura voluntat, d'acord amb l'article núm. 1254 del Codi Civil , sense que l'extensió del període de preavís sigui contrari a la regulació específica del personal d'alta direcció, en base a l'article núm. 1255 del Codi Civil , com així ho ha entès criteri jurisprudencial ( STSJ. de Madrid de 8 de juny de 2004, Rj. 2607) sobre la procedència un pacte de preavís d'un any en aquesta relació especial.

En el cas present l'empresa va incomplir la totalitat del període de preavís, de manera que, d'acord amb l'article núm. 11.1 del R. Decret 1382/1995 , haurà d'abonar el seu import íntegre a raó del salari declarat provat. Per tant estimem aquest motiu del recurs del demandant, i haurem de condemnar l'ocupadora a abonar 142.544,41 euros per aquest concepte .

Setè.- En aplicació de l'article núm. 233 de la Llei de Procediment Laboral no correspon condemnar l'empresa a les costes perquè estimem parcialment els dos recursos.

Atesos els fonaments de dret precedents i els preceptes invocats d'especial i general aplicació,

Fallo

Estimar en part el recurs de l'empresa Battenfeld Ibérica, SA. i també estimar en part el recurs del demandant Don. Justiniano contra la Sentència de 5 de desembre de 2008 dictada pel Jutjat social núm. 1 de Sabadell en el procediment núm. 467/2008, seguit a instància Don. Justiniano contra l'esmentada empresa i Wittmann Battenfeld GMBH i Fogasa, la qual mantenim en part, excepte en què condemnem l'empresa a abonar 71.272,20 euros en concepte d'indemnització bruta íntegra corresponent al període de relació laboral especial de personal d'alta direcció comprès entre el dia 2 de juny de 1998 i el dia 17 de juny de 2008, i en què també la condemnem a pagar al demandant l'import de 142.544,41 euros bruts en concepte de preavís pactat.

Doni's al dipòsit i resta d'assegurances econòmiques el curs legal.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de doctrina, que s'ha de preparar en aquesta Sala en els deu dies següents a la notificació, amb els requisits previstos als números 2 i 3 de l'article 219 de la Llei de procediment laboral .

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el/la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.