Sentencia Social Nº 869/2014, Tribunal Superior de Justicia de Pais Vasco, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 615/2014 de 06 de Mayo de 2014

Encabezamiento

RECURSO Nº:Suplicación / E_Suplicación 615/2014

N.I.G. P.V. 48.04.4-13/008107

N.I.G. CGPJ48.020.44.4-2013/0008107

SENTENCIA Nº: 869/2014

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a seis de mayo de dos mil catorce.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, formada por los/as Iltmos/as. Sres/as. D. PABLO SESMA DE LUIS, Presidente en funciones, D. EMILIO PALOMO BALDA y Dª. ELENA LUMBRERAS LACARRA, Magistrados/as, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número diez de los de Bilbao, de fecha veintidós de enero de dos mil catorce , dictada en los autos núm. 802/13, seguidos a instancia de PROSINOR S.L.frente al ahora recurrente y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre Registro de Acuerdo sobre jubilación parcial (OSS).

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. EMILIO PALOMO BALDA, quien expresa el criterio de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

1).- La empresa Prosinor S.L., presento ante la Subdirección Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del INSS con fecha 12 de abril 2.013, acuerdo suscrito entre empresa y tres trabajadores de fecha 25 de marzo 2.013. Se da por reproducido el mismo al obrar en la prueba documental.

2).- Por el INSS mediante resolución de fecha 7-5-2013, se rechazó el registro del referido documento por entender que el 'Acuerdo que aportan es de carácter individual, solo lo han firmado 3 trabajadores'.

3).- Por la empresa se interpuso reclamación previa con fecha 29-5-13 incorporando 'acuerdo colectivo de empresa Prosinor S.L. para el establecimiento de plan de jubilación parcial', dicho documento es suscrito por las totalidad de los trabajadores (16) y fechado el 20 de marzo 2.013. Se da por reproducido el mismo al obrar en la prueba documental.

Dicho documento acuerdo colectivo fue presentado en la misma fecha 29-5-13.

4).- Por resolución del INSS de fecha 4-6-13 se denegó la misma y asimismo se hico constar que el acuerdo presentado con fecha 29-5-13 estaba presentado con posterioridad al plazo del 15-4-13.

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: Que, estimando la demanda presentada por Prosinor S.L. frente al INSS Y TGSS, debo revocar y revoco la resolución de fecha 4-6-2013, debiendo la Entidad Gestora admitir la documentación a que se hace mérito en el presente litigio, y por tal tener como inscritas las personas de los planes de jubilación parcial a que hace referencia el acuerdo colectivo, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración con los demás efectos legales inherentes.

TERCERO.-Frente a dicha sentencia se interpuso, por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, recurso de suplicación, que fue impugnado de contrario.

CUARTO.-Elevados, por el Juzgado de lo Social de referencia, los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, los mismos tuvieron entrada en esta Sala el 25 de marzo de 2014, fecha en la que se emitió diligencia de ordenación, acordando la formación del rollo correspondiente y la designación de Magistrado-Ponente.

QUINTO.-Por providencia dictada al efecto se señaló, para la deliberación y fallo del asunto, la audiencia del 29 de abril de 2014, en que tuvo lugar.

Fundamentos

PRIMERO.-La presente controversia se enmarca en el ámbito de la regulación transitoria que en materia de jubilación parcial estableció la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto , desarrollada por el artículo 4 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre , ambos en la redacción dada por el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, aplicable por razones cronológicas.

La primera de dichas normas dispone que 'se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos: ( ) c)Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013. En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine'.

Por su parte, la norma reglamentaria anteriormente reseñada prescribe, en lo que aquí interesa, que a los efectos señalados, 'los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas, dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social los planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, suscritos antes del día 1 de abril de 2013 ( ). 'En el caso de los convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, junto a la copia de los mismos se presentará escrito donde se hagan constar los siguientes extremos: ámbito temporal de vigencia del convenio o acuerdo, ámbito territorial de aplicación, si estos no estuvieran ya recogidos en los referidos convenios o acuerdos, y los códigos de cuenta de cotización afectados por el convenio o acuerdo'.

SEGUNDO.-Delimitado el marco normativo a considerar, la debida comprensión de las cuestiones suscitadas en el recurso de suplicación que aquí ha de analizarse, aconseja hacer una previa referencia a los términos en que la sentencia impugnada delimitó el litigio por ella enjuiciado y a las razones con que justificó su fallo.

a) Con fecha 12 de abril de 2013, y al amparo de las disposiciones anteriormente citadas, la mercantil accionante presentó, en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia, copia del 'acuerdo colectivo de empresa para el establecimiento de Plan de Jubilación Parcial' suscrito el 25 de marzo anterior con los tres trabajadores que cumplían o cumplirían los requisitos para acceder al mismo antes del 1 de enero de 2019.

b) La entidad gestora denegó la inscripción del referido acuerdo, dada su naturaleza individual, mediante resolución de 7 de mayo de 2013, contra la que el 29 de ese mismo mes, la empresa formuló reclamación previa, aportando un acuerdo de 20 de marzo de 2013, concertado con los 16 trabajadores que integran su plantilla. Reclamación que fue desestimada por resolución de 4 de junio de 2013 sobre la base de que el nuevo acuerdo se había presentado con posterioridad al plazo legalmente establecido.

c) La sentencia impugnada ha estimado la demanda formulada por la empresa, bajo el argumento de que la respuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social a la solicitud inicial de inscripción del acuerdo no se atuvo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que en su aparado primero señala que «Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42».

Para el juzgador, el Organismo demandado debió habilitar un trámite de subsanación de la falta apreciada, no obstante lo cual la empresa, en el plazo de los diez días que tenía para subsanar el defecto no sólo llevo a cabo la reclamación previa, sino que incorporó el acuerdo colectivo, lo que cumple las exigencias del artículo 71 de la Ley 30/1992 , por lo que procede su registro con valor al 12 de abril de 2013, a los efectos de que los trabajadores afectados pueden hacer valer los derechos que habilita.

TERCERO.-La representación procesal del Instituto Nacional de la Seguridad Social combate tal pronunciamiento a través de un único motivo, articulado al amparo del artículo 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , cuya lectura pone de manifiesto que la censura que formula se basa en un doble argumento: a) la vía que arbitra el artículo 71 de la Ley 30/1992 no es idónea para cumplir un requisito material no acreditado, como es la existencia de un acuerdo colectivo de empresa previo al 15 de abril de 2013; y, b) en todo caso, la pretendida subsanación no resulta admisible, pues la fecha en que ha de surtir efectos frente a la Seguridad Social es la de presentación del acuerdo de 20 de marzo de 2013 en el Registro Público, en el que tuvo entrada una vez transcurrido el plazo legal fijado en las disposiciones anteriormente transcritas, por lo que al no entenderlo así, el órgano de instancia vulneró lo previsto en el artículo 1227 del Código Civil .

En su escrito de impugnación del recurso la accionante alega, en esencia, que el primer acuerdo, firmado el 20 de marzo de 2013, cumplía todos los requisitos exigidos, y facultaba a los trabajadores afectados a suscribir un acuerdo simplificado, como hicieron cinco días después, así como a registrarlo en la autoridad administrativa competente, por lo que la presentación del acuerdo colectivo en sede de reclamación previa no constituye una subsanación fuera de plazo, sino la justificación de que el acuerdo no era individual, puesto que los tres trabajadores firmantes estaban previamente facultados por el resto del personal.

Explica la representación letrada de la parte recurrida que la razón por la que se procedió en la forma indicada, es porque 'resulta de todo punto inviable que si hubiera sido necesario realizar trámites adicionales, mayor concreción de los acuerdos adoptados o solicitudes complementarias a las acordadas, debieran firmar los 16 trabajadores de la empresa para una cuestión que solo afectaba a tres de ellos, por lo que estando todos los trabajadores de acuerdo en facilitar el registro, la tramitación e inscripción de dichos acuerdos colectivos ante el I.N.S.S., se facultara a los verdaderamente interesados para ello'.

Así centrado el recurso y entrando en el examen de la primera de las cuestiones planteadas, debemos señalar que el procedimiento administrativo aspira a asegurar el acierto de las decisiones de la Administración desde el punto de vista del interés público y al propio tiempo a garantizar el respeto a los derechos del administrado, inspirándose en principios antiformalistas, tendentes a la consecución de un resultado final de eficacia tuitiva de los derechos e intereses en juego, que dan lugar a que cuando en la solicitud inicial, o en el curso de su tramitación, se aprecien defectos subsanables, deba concederse al administrado la posibilidad de corregirlos, lo que resulta plenamente conforme con el reconocimiento que de los denominados derechos del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones Públicas, se efectúa en el artículo 35 de la Ley 30/1992 . Este precepto, en su apartado e), reconoce el derecho «a formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución»; y en su apartado g) consagra el derecho «a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar».

A la luz de esos principios, el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 , habilita, y obliga, a la Administración para facilitar al administrado el trámite de subsanación, el cual, en consecuencia, se configura como un derecho inalienable de todo particular en relación a cualquier procedimiento administrativo; y, consecuentemente, como un deber de la Administración, siempre que concurra alguno de los supuestos que en él se establecen, esto es:

1º) cuando la solicitud de iniciación no reúna los requisitos que se señalan en el artículo 70 de forma pormenorizada: a )nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones; b)hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud; c)lugar y fecha; d)firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio; y. e)órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

Este listado debe completarse con las menciones específicas exigidas en el concreto procedimiento de que se trate, que en el procedimiento que nos ocupa guardan relación con el ámbito temporal de vigencia del convenio o acuerdo y con el ámbito territorial de aplicación, si estos no estuvieran ya recogidos en los referidos convenios o acuerdos, así como con los códigos de cuenta de cotización afectados por el convenio o acuerdo.

2º) La solicitud de iniciación no vaya acompañada de «los documentos preceptivos». En el supuesto enjuiciado, la documentación necesaria era la copia del convenio colectivo o del acuerdo colectivo de empresa.

Pues bien, en la comunicación efectuada por la empresa el 12 de abril de 2013, y en la documentación anexa, no concurría ningún defecto susceptible de ser incardinado en el referido precepto, que facultase y forzase al Instituto Nacional de la Seguridad Social a articular el requerimiento de subsanación en él contemplado. Ello es así, porque en el escrito de solicitud figuraban todas las menciones del artículo 70.1 de la Ley 30/1992 , al igual que las reseñadas en el artículo 4 del Real Decreto 1716/2012 , y la peticionaria acompañó la copia del acuerdo. Además, ni en la citada solicitud ni en el acuerdo adjunto (al que se calificaba de colectivo) se hacía referencia alguna a un supuesto acuerdo previo con la totalidad del personal, afirmándose por el contrario que 'ambas partes' (el representante de la empresa y los tres trabajadores) se reúnen 'al efecto de suscribir el presente acuerdo de empresa para el establecimiento del Plan de Jubilación Parcial, reconociéndose mutuamente plena capacidad y legitimación para su adopción'.

Consiguientemente, al mencionado Organismo no se le puede imponer el cumplimiento de la obligación subsanadora prevista en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 , que sólo permite salvar defectos formales, no los de carácter material o sustancial, por lo que su decisión de denegar la petición de inscripción del acuerdo presentado por la empresa, por carecer del carácter colectivo atribuido por sus firmantes, resulta ajustada a derecho, lo que es razón suficiente para revocar la sentencia de instancia y estimar el recurso.

CUARTO.- A mayor abundamiento, no está de más señalar que la solución dada por la sentencia de instancia no se atiene a lo que para evitar que la anticipación intencionada de la fecha de un documento perjudique a quién no hubiere intervenido en el mismo, dispone el artículo 1227 del Código Civil . La resolución judicial acepta como válida, frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la data que figura en el acuerdo de 20 de marzo de 2013, a pesar de no estar incorporado a ningún registro público, no haber aportado la empresa demandante prueba alguna de que la fecha real de suscripción fuese la que en él figura, y no haber aceptado la Seguridad Social que ello fuese así, lo que conlleva que la fecha en que dicho documento surte efectos frente a la entidad recurrente es el 29 de mayo de 2013, y determina que en todo caso su presentación haya de considerarse extemporánea.

QUINTO.-Atendiendo a lo prevenido en el artículo 235.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción no procede efectuar pronunciamiento sobre las costas causadas por el recurso dado el signo del mismo.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

Fallo

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 10 de los de Bilbao de fecha 22 de enero del 2014 , que se revoca. En su lugar, desestimamos la demanda formulada por Prosinor S.L. frente a la entidad recurrente y la Tesorería General de la Seguridad Social, a los que absolvemos de las pretensiones deducidas en su contra. Sin costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al prepararel recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo de prepararel recurso, la consignación de un depósito de 600 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien en entidad bancaria del Banco Santander, o bien mediante transferencia o por procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del Banco Santander, se hará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-0615/14.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se hará en la cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta 4699-0000-66-0615/14.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.