Sentencia SOCIAL Nº 941/2020, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2686/2018 de 11 de Marzo de 2020

Encabezamiento

Recurso nº 2686/2018-B Sent. Núm. 941/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO SOCIAL
SEVILLA
ILMOS. SRES.
D. EMILIO PALOMO BALDA
Dª. EVA MARIA GOMEZ SANCHEZ
Dª. RAFAELA HORCAS BALLESTEROS
En Sevilla, a 11 de marzo de 2020.
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres.
citados al margen,
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA Nº 941/2020
En el recurso de suplicación interpuesto por Consejería de Educación de la Junta de Andalucía contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de los de Córdoba, autos nº 927/17, ha sido Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado DON EMILIO PALOMO BALDA.

Antecedentes

PRIMERO: Según consta en autos, se presentó demanda por Dª Esther contra Consejería de Educación de la Junta de Andalucía , sobre contrato de trabajo, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 13 de abril de 2018 por el Juzgado de referencia, en la que se estimó la demanda.



SEGUNDO: En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes: ' UNICO.- La actora, cuyas circunstancias personales se tienen por reproducidas, presta servicios como Personal Laboral temporal para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía desde el 25-1-2012, en el CEIP Azahara de Córdoba, con la categoría profesional de Ayudante de Cocina, bajo la cobertura de un contrato de trabajo de interinidad por vacante de RPT Fijo-discontinuo, para la cobertura 'de puesto de trabajo temporal hasta su cobertura por los procedimientos reglamentarios', con duración 'hasta que el puesto sea cubierto, a través de los procedimientos establecidos en la Ley 6/85, de 28 de Noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y el vigente Convenio Colectivo en forma legal'.



TERCERO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, que no fue impugnado de contrario.

Fundamentos

PRIMERO.-I.- La actora del proceso viene prestando servicios para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía desde el 25 de enero de 2012 mediante contrato de interinidad para cubrir una plaza de ayudante cocina fija discontinua que se encontraba vacante en el Colegio de Educación Infantil y Primaria 'Azahara ' ubicado en la localidad de Villarrubia.

En fecha 28 de julio de 2017 formuló la demanda declarativa origen de las actuaciones, de la que correspondió conocer al Juzgado de lo Social núm. 2 de Córdoba, que el 13 de abril de 2018 dictó sentencia estimatoria de su pretensión, reconociéndole la condición de trabajadora indefinida no fija y condenando a su empleadora a estar y pasar por esa declaración. Fundó su decisión en que la duración del contrato había superado el plazo máximo de tres años establecido en el art. 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin que a ello fuese óbice lo dispuesto en las sucesivas Leyes de Presupuestos.



SEGUNDO.-I.- Contra la resolución judicial de instancia la Administración Pública demandada formula dos motivos de suplicación por el cauce que ofrece el art. 193 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, susceptibles de estudio conjunto, en los que denuncia la infracción de un lado de los arts. 15 del Estatuto de los Trabajadores, 4 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, 70.1 del EBEP y 18.1 del convenio colectivo aplicable, así como de la doctrina jurisprudencial que cita, y, de otro, las previsiones contenidas en las Leyes de Presupuestos.

II. - La cuestión planteada ha sido abordada reiteradamente por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, primero en la sentencia, de Pleno, de de 24 de abril de 2019 (Rec. 1001/17) y, después, en numerosas resoluciones posteriores, entre las que cabe destacar la de 4 de julio de 2019 (Rec. 2357/18), dictada nuevamente en Sala General, poniendo de manifiesto que la relación laboral del trabajador interino por vacante no se transforma en indefinida por el mero hecho de que su duración rebase el umbral que establece el art.

70.1 del EBEP.

Para el órgano de casación social, dicho precepto hace referencia a 'la ejecución de la oferta de empleo público', no pudiendo entenderse 'en general como una garantía inamovible pues la conducta de la entidad empleadora puede abocar a que antes de que transcurra dicho plazo, se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con las consecuencias que cada situación pueda comportar, al igual que en sentido inverso, el plazo de tres años no puede operar de modo automático. En suma, son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta conclusión.' Según señala el Tribunal Supremo, el contrato de interinidad por vacante deviene indefinido cuando tiene una duración inusualmente larga y durante su vigencia la Administración empleadora no ha promovido ninguna actuación tendente a la cobertura reglamentaria de la plaza o a su amortización, supuesto en el que el mantenimiento de la contratación temporal carece de validez jurídica. En definitiva, la mera prolongación de la relación de interinidad por vacante durante un período superior a tres años no encuentra encaje en el concepto jurídico indeterminado y abierto que representa la 'duración inusualmente larga' y para su concreción es necesario analizar tanto el tiempo transcurrido desde su suscripción como otras circunstancias valorables a fin de determinar si ha existido un uso abusivo o fraudulento de esa modalidad contractual, como la eventual complejidad de la convocatoria de la plaza, el comportamiento del empleador, la posible aplicación de disposiciones legales que impidan o restrinjan la incorporación de nuevo personal durante la totalidad o parte de la vigencia de la relación, etc.

III.- Interesa resaltar que entre las resoluciones más recientes en las que la Sala 4ª del Tribunal Supremo ha aplicado la doctrina referenciada se encuentran las dictadas el 20 de noviembre y el 5 de diciembre de 2019 ( Rec. 2732/18 y 1986/18) y el 5 de febrero de 2020 (Rec. 2246/18), conociendo de litigios en los que ejercitaban igual pretensión a la aquí deducida otros trabajadores interinos por vacante de la Junta de Andalucía contratados el 23 de enero de 2012, el 21 de julio de 2011 y el 1 de febrero de 2006 respectivamente.



TERCERO.-I.- A la luz de los criterios fijados por el Tribunal Supremo y a la vista de las concretas circunstancias del caso de autos, la censura que formula la Junta debe prosperar por cuanto que: 1º) Frente a lo resuelto en la instancia la superación del plazo de tres años de duración del contrato de interinidad por vacante suscrito por las partes el 25 de enero de 2012 no determina la conversión automática de la relación laboral en indefinida no fija.

2º) En el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015 la Junta de Andalucía estuvo sometida a la prohibición de incorporar nuevo personal, establecida en los siguientes preceptos: art. 3 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, art. 23.1 de las Leyes Generales de Presupuestos 2/2012, de 29 de junio y 17/2012, de 27 de diciembre, y art. 21.1 de las Leyes 22/2013, de 23 de diciembre, y 36/2014, de 26 de diciembre, lo que supone que en la fecha en que la demandante fue contratada estaba en vigor dicha interdicción.

3º) Desde que finalizó el citado mandato legal, el 1 de enero de 2016, hasta la presentación de la demanda rectora de autos transcurrieron 19 meses, lo que atendiendo a las pautas fijadas por el Tribunal Supremo no puede considerarse una duración 'inusualmente larga', calificación que tampoco merecería aunque se sumasen los ocho meses y medio que mediaron hasta el acto de juicio.

II.- Las razones expuestas impiden apreciar un uso abusivo o fraudulento de la modalidad contractual de interinidad por vacante por parte de la Administración demandada, que no se aprecia en la sentencia de instancia que se limita a analizar las consecuencias derivadas de la superación del plazo de tres años, y nos lleva a estimar el recurso y a revocar la resolución judicial combatida, con la consiguiente desestimación de la demanda formulada, sin que haya lugar a pronunciamiento en materia de costas al no haberse presentado escrito de impugnación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

Fallo

Debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía contra la sentencia de fecha 13 de abril de 2018, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Córdoba en los autos núm. 927/2017, seguidos a instancia de Dª. Esther frente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en materia de Reconocimiento de derecho y, en su consecuencia, revocando la resolución de instancia desestimamos la demanda formulada por la actora y absolvemos a la ahora recurrente de las pretensiones deducidas en su contra.

No ha lugar a pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra ella, cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, firmado por abogado -caso de no constar previamente, el abogado firmante deberá acreditar la representación de la parte-, con tantas copias como partes recurridas, expresando el propósito de la parte de formalizar el recurso; y en el mismo deberá designarse un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53 LRJS .

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se archivará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.