Sentencia Social Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 153/2005 de 19 de Septiembre de 2006

Han señalado las sentencias del Tribunal Constitucional 187/1987, y 164/1993 que "No toda reducción de las posibilidades de acción o de la capacidad de obrar sindical puede calificarse de vulneración de la libertad sindical, sino que es preciso que estas eventuales restricciones sean arbitrarias, injustificadas o contrarias a la ley" y, posteriormente la sentencia de dicho tribunal 308/2000, de 18 de diciembre vino a establecer que "cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental, pero para que opere este desplazamiento al demandado del `onus probandi? no basta que el actor la tilde de discriminatoria, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún injustificar su ilicitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales, siendo por tanto, exigible `un principio de prueba revelador de la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de los que surjan la sospecha vehemente de una discriminación por razones sindicales?".