Sentencia Social 134/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Burgos, Rec. 983/2025 de 10 de abril del 2026

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la apreciación conjunta de la prueba documental, valorada libremente según las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO. -La parte demandante del presente Conflicto Colectivo pretende que se dicte Sentencia estimatoria por la que se: 1. se modifique la antigüedad que cada trabajador y trabajadora tiene hasta la fecha reconocida en nómina, por la fecha en la que realmente inició la prestación de servicios en la empresa mediante cualquier tipo de contrato; 2. Se abonen las cantidades que pudieran corresponder a cada uno de los afectados, en concepto de diferencias por antigüedad, correspondientes al último año desde el 18 de octubre de 2024, si a resultas de lo solicitado en el apartado anterior correspondiera una nueva fecha de alta en la empresa y, por consiguiente, se hubieran generado nuevos trienios. A la pretensión ejercitada se adhirió el Letrado de CCOO.

La empresa demandada se opuso a la estimación de la demanda esgrimiendo la excepción de inadecuación de procedimiento porque estamos ante un conflicto plural y no colectivo, no existe un interés general común a todos los trabajadores, ni siquiera a los que se detallan en la documentación aportada y la pretensión ejercitada requiere de un examen detallado de cada circunstancia personal de cada trabajador.

TERCERO. -La primera cuestión que ha de resolverse se centra en determinar si estamos ante un conflicto colectivo o un conflicto plural porque de estimarse la excepción de inadecuación de procedimiento no procedería entrar a analizar el resto de cuestiones planteadas, excepción a la que se opuso el Letrado de la parte demandante por entender que sí estamos ante un conflicto homogéneo susceptible de ser encauzado por el presente procedimiento.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 699/2024 de 21 May. 2024, Rec. 184/2022 argumenta lo siguiente: "TERCERO. - 1.- Lo expuesto evidencia que el procedimiento adecuado para las pretensiones formuladas en la demanda no era el de conflicto colectivo porque, como se concluye acertadamente en la instancia, no estamos en presencia de un conflicto colectivo, sino de uno plural.

2.- En efecto, la clave para establecer la diferencia entre un conflicto individual o plural y uno colectivo no reside, ni ha residido nunca, en el número de sujetos que quedan afectados por la controversia. Por el contrario, la diferencia entre unos y otros se ha venido situando en las características y alcance del interés discutido: si el interés en juego es el propio, personal e individual de cada uno de los trabajadores, se ha considerado que estamos bien ante un conflicto individual -cuando el afectado era un trabajador- o bien ante un conflicto plural -cuando los afectados individualmente eran varios trabajadores-; en cambio, si como afirmaba el art. 151.1 LPL -y reitera el art. 153.1 LRJS-, el interés en litigio es el general de un grupo genérico de trabajadores, se ha estimado que el conflicto era colectivo, con independencia de que fueran muchos o pocos los afectados.

Junto a la existencia de un grupo genérico de trabajadores, que aquí no se discute, la existencia de un verdadero conflicto colectivo requiere la simultánea concurrencia del llamado elemento objetivo, manifestado en el art. 153.1 LRJS por la exigencia de que las demandas afecten a "intereses generales" del grupo genérico de trabajadores. La clave que resulta decisiva y determinante para diferenciar cuando estamos ante un conflicto colectivo y cuando ante un conflicto plural o individual consiste en atender al tipo de valoraciones, más o menos concretas, que el examen y resolución de la cuestión planteada requieren: si la pretensión formulada puede resolverse de forma abstracta, sin atender a situaciones particulares de cada trabajador, habrá que considerar adecuada la vía del proceso de conflicto colectivo; por el contrario, cuando estemos ante demandas cuya solución exija tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los sujetos afectados, entonces la tramitación habrá de realizarse por la vía del proceso ordinario o el que, en su caso, corresponda.

Así, nuestra jurisprudencia ha reiterado que las pretensiones que excedan de la declaración del alcance de un precepto, y cuya resolución exija, además, una valoración de circunstancias particulares para distintos miembros del grupo de trabajadores, deben encauzarse por la vía del proceso ordinario, y no por la vía del proceso de conflicto colectivo, pues no se da entonces el elemento objetivo de este proceso especial de afectación indiferenciada o por igual de la totalidad de los miembros del grupo, con abstracción de rasgos o circunstancias particulares (entre otras, SSTS de 18 de noviembre de 1992, Rec. 2629/1991; de 4 de marzo de 1998, Rec. 2969/1997; de 4 de octubre de 2016, Rec. 232/2015; de 6 de octubre de 2016, Rcud.269/2015 y de 23 de noviembre de 2016, Rec. 285/2015).

Son muchas las sentencias del Tribunal Supremo que en último término acaban sirviéndose de este factor para pronunciarse sobre la adecuación o no de la vía procesal utilizada desde la perspectiva de que el proceso de conflicto colectivo se encuentra subordinado a que el reconocimiento del derecho sea interesado no para cada uno de los trabajadores individualmente considerados, sino para ellos en cuanto colectivo y sean cualesquiera los trabajadores singulares comprendidos en él ( SSTS de 27 de enero de 1995, Rcud.1033/1994; de 10 de marzo de 1995, Rcud.1081/1994; de 31 de marzo de 1999, Rec. 2437/1998; o de 8 de julio de 2005, Rec.144/2004). Pero es que, además, en relación a la materia que nos ocupa, ante la pretensión de que se delimiten las funciones propias de un determinado puesto de trabajo, en tanto la determinación de tales cometidos depende de diversos factores -fecha de ingreso, forma de acceso a la categoría, etc.- y estas circunstancias no resultan idénticas en todos los trabajadores que lo desempeñan ha señalado que "por ello, no estamos en presencia de un auténtico conflicto colectivo, sino de un conflicto "plural", que afecta a unos 300 trabajadores, pero que no todos ellos se encuentran en la misma situación, por lo que no es posible arbitrar una solución unitaria para todos los aludidos trabajadores" ( STS de 9 de noviembre de 2009, Rec. 152/2008). También se ha descartado la viabilidad del conflicto colectivo, respecto a la pretensión de que se efectúe una nueva valoración de la ocupación asignada a una determinada categoría profesional, bajo el argumento de que no todos los trabajadores de esta categoría han realizado las mismas funciones ( SSTS de 22 de febrero de 2006, Rec. 176/2004 ó 17/2022, de 14 de marzo, Rcud.14/2021). Y asimismo, se ha descartado la adecuación de esta modalidad procesal respecto a la declaración de que determinados puestos de trabajo no se ajustan al sistema de clasificación profesional previsto en el convenio, en atención a la incidencia directa de la decisión sobre los trabajadores concretos que ocupan dichos puestos y su imposibilidad de ejercer el derecho de defensa: "es claro y evidente el directo interés que estos trabajadores tienen en el actual pleito, dado que lo que se pretende en el mismo es que se declare inexistente y nula la categoría que tienen reconocida y el puesto que ocupan, y además que se deje sin efecto el nivel retributivo que tienen asignado [...], sin haber tenido la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa. No se niega que la problemática planteada en este proceso tenga aspectos o elementos de carácter colectivo, pero resulta indiscutible que los efectos individuales y singularizados que de este pleito se derivan presentan una especial intensidad y vigor" ( SSTS de 29 de junio de 2006, Rec.216/2004; de 24 de abril de 2002, Rec.1166/2001 y de 22 de septiembre de 2003, Rec. 158/2002).

Pues bien, atendiendo a la petición que efectúa la parte demandante, el concepto de antigüedad al que circunscribe su pretensión es al previsto en el artículo 31 del Convenio Colectivo en vigor para los años 2024 y 2025 que dispone: "A partir del 1 de enero de 2024 se podrán devengar hasta un máximo de tres trienios. La cuantía anual del complemento por antigüedad citado será idéntica para todos los grupos profesionales, pasando a ser de 500 euros brutos/año en 2024, y quedando vinculado a los incrementos en tablas desde el 1 de enero de 2025. La fecha inicial del cómputo será la que corresponda al alta en la empresa y se devengará desde el día primero del mes siguiente a su cumplimiento".

Como se desprende de la dicción literal del precepto, aunque existan más de 200 trabajadores con interrupciones de sus contratos y que se puedan ver afectados por el conflicto, lo determinante no es el número de trabajadores afectados, sino que habrá que estar a las circunstancias laborales concretas de cada uno de ellos para valorar como corresponde efectuar el cómputo de antigüedad y si la empresa lo computa de manera correcta conforme al Convenio. Es decir, no es posible efectuar un pronunciamiento genérico para todos ellos porque no hay un elemento genérico constatado que permita definir un interés indivisible entre todos los trabajadores, sino que cada uno de ellos es identificable en función de sus condiciones laborales. De hecho, ni siquiera en la demanda se concreta a qué trabajadores no se les computa la antigüedad como pretende que se haga, afirmando de manera genérica: " Que, a pesar de todo lo anterior, desde los representantes legales de los trabajadores del sindicato UGT se ha podido comprobar que la antigüedad en nómina de parte de la plantilla no coincide con la fecha de alta inicial en la prestación de servicios para la empresa, constando, en la mayoría de casos analizados, como fecha de antigüedad la de comienzo del último contrato de duración determinada que se transformó en indefinido o la de inicio del último contrato vigente, indefinido, realizado".

En palabras del TSJ de Castilla y León, recurso de suplicación nº 261/2025: "El interés es, en virtud de lo expuesto, claramente singularizable entre los afectados y los mismos pueden accionar individualmente o en grupo en reclamación de su derecho, pero la pretensión deducida en los términos expuestos en proceso de conflicto colectivo resulta inadecuada, ya que no hay una decisión o práctica de empresa que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores sino practicas distintas para diferentes trabajadores, lo que determina, efectivamente, la inadecuación del procedimiento empleado y, con ello, la desestimación del recurso".

Por lo expuesto ha de estimarse la excepción planteada por la empresa, dejando imprejuzgadas el resto de cuestiones planteadas.

CUARTO. -Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación de conformidad con el artículo 191 de la LJS.

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la apreciación conjunta de la prueba documental, valorada libremente según las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO. -La parte demandante del presente Conflicto Colectivo pretende que se dicte Sentencia estimatoria por la que se: 1. se modifique la antigüedad que cada trabajador y trabajadora tiene hasta la fecha reconocida en nómina, por la fecha en la que realmente inició la prestación de servicios en la empresa mediante cualquier tipo de contrato; 2. Se abonen las cantidades que pudieran corresponder a cada uno de los afectados, en concepto de diferencias por antigüedad, correspondientes al último año desde el 18 de octubre de 2024, si a resultas de lo solicitado en el apartado anterior correspondiera una nueva fecha de alta en la empresa y, por consiguiente, se hubieran generado nuevos trienios. A la pretensión ejercitada se adhirió el Letrado de CCOO.

La empresa demandada se opuso a la estimación de la demanda esgrimiendo la excepción de inadecuación de procedimiento porque estamos ante un conflicto plural y no colectivo, no existe un interés general común a todos los trabajadores, ni siquiera a los que se detallan en la documentación aportada y la pretensión ejercitada requiere de un examen detallado de cada circunstancia personal de cada trabajador.

TERCERO. -La primera cuestión que ha de resolverse se centra en determinar si estamos ante un conflicto colectivo o un conflicto plural porque de estimarse la excepción de inadecuación de procedimiento no procedería entrar a analizar el resto de cuestiones planteadas, excepción a la que se opuso el Letrado de la parte demandante por entender que sí estamos ante un conflicto homogéneo susceptible de ser encauzado por el presente procedimiento.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 699/2024 de 21 May. 2024, Rec. 184/2022 argumenta lo siguiente: "TERCERO. - 1.- Lo expuesto evidencia que el procedimiento adecuado para las pretensiones formuladas en la demanda no era el de conflicto colectivo porque, como se concluye acertadamente en la instancia, no estamos en presencia de un conflicto colectivo, sino de uno plural.

2.- En efecto, la clave para establecer la diferencia entre un conflicto individual o plural y uno colectivo no reside, ni ha residido nunca, en el número de sujetos que quedan afectados por la controversia. Por el contrario, la diferencia entre unos y otros se ha venido situando en las características y alcance del interés discutido: si el interés en juego es el propio, personal e individual de cada uno de los trabajadores, se ha considerado que estamos bien ante un conflicto individual -cuando el afectado era un trabajador- o bien ante un conflicto plural -cuando los afectados individualmente eran varios trabajadores-; en cambio, si como afirmaba el art. 151.1 LPL -y reitera el art. 153.1 LRJS-, el interés en litigio es el general de un grupo genérico de trabajadores, se ha estimado que el conflicto era colectivo, con independencia de que fueran muchos o pocos los afectados.

Junto a la existencia de un grupo genérico de trabajadores, que aquí no se discute, la existencia de un verdadero conflicto colectivo requiere la simultánea concurrencia del llamado elemento objetivo, manifestado en el art. 153.1 LRJS por la exigencia de que las demandas afecten a "intereses generales" del grupo genérico de trabajadores. La clave que resulta decisiva y determinante para diferenciar cuando estamos ante un conflicto colectivo y cuando ante un conflicto plural o individual consiste en atender al tipo de valoraciones, más o menos concretas, que el examen y resolución de la cuestión planteada requieren: si la pretensión formulada puede resolverse de forma abstracta, sin atender a situaciones particulares de cada trabajador, habrá que considerar adecuada la vía del proceso de conflicto colectivo; por el contrario, cuando estemos ante demandas cuya solución exija tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los sujetos afectados, entonces la tramitación habrá de realizarse por la vía del proceso ordinario o el que, en su caso, corresponda.

Así, nuestra jurisprudencia ha reiterado que las pretensiones que excedan de la declaración del alcance de un precepto, y cuya resolución exija, además, una valoración de circunstancias particulares para distintos miembros del grupo de trabajadores, deben encauzarse por la vía del proceso ordinario, y no por la vía del proceso de conflicto colectivo, pues no se da entonces el elemento objetivo de este proceso especial de afectación indiferenciada o por igual de la totalidad de los miembros del grupo, con abstracción de rasgos o circunstancias particulares (entre otras, SSTS de 18 de noviembre de 1992, Rec. 2629/1991; de 4 de marzo de 1998, Rec. 2969/1997; de 4 de octubre de 2016, Rec. 232/2015; de 6 de octubre de 2016, Rcud.269/2015 y de 23 de noviembre de 2016, Rec. 285/2015).

Son muchas las sentencias del Tribunal Supremo que en último término acaban sirviéndose de este factor para pronunciarse sobre la adecuación o no de la vía procesal utilizada desde la perspectiva de que el proceso de conflicto colectivo se encuentra subordinado a que el reconocimiento del derecho sea interesado no para cada uno de los trabajadores individualmente considerados, sino para ellos en cuanto colectivo y sean cualesquiera los trabajadores singulares comprendidos en él ( SSTS de 27 de enero de 1995, Rcud.1033/1994; de 10 de marzo de 1995, Rcud.1081/1994; de 31 de marzo de 1999, Rec. 2437/1998; o de 8 de julio de 2005, Rec.144/2004). Pero es que, además, en relación a la materia que nos ocupa, ante la pretensión de que se delimiten las funciones propias de un determinado puesto de trabajo, en tanto la determinación de tales cometidos depende de diversos factores -fecha de ingreso, forma de acceso a la categoría, etc.- y estas circunstancias no resultan idénticas en todos los trabajadores que lo desempeñan ha señalado que "por ello, no estamos en presencia de un auténtico conflicto colectivo, sino de un conflicto "plural", que afecta a unos 300 trabajadores, pero que no todos ellos se encuentran en la misma situación, por lo que no es posible arbitrar una solución unitaria para todos los aludidos trabajadores" ( STS de 9 de noviembre de 2009, Rec. 152/2008). También se ha descartado la viabilidad del conflicto colectivo, respecto a la pretensión de que se efectúe una nueva valoración de la ocupación asignada a una determinada categoría profesional, bajo el argumento de que no todos los trabajadores de esta categoría han realizado las mismas funciones ( SSTS de 22 de febrero de 2006, Rec. 176/2004 ó 17/2022, de 14 de marzo, Rcud.14/2021). Y asimismo, se ha descartado la adecuación de esta modalidad procesal respecto a la declaración de que determinados puestos de trabajo no se ajustan al sistema de clasificación profesional previsto en el convenio, en atención a la incidencia directa de la decisión sobre los trabajadores concretos que ocupan dichos puestos y su imposibilidad de ejercer el derecho de defensa: "es claro y evidente el directo interés que estos trabajadores tienen en el actual pleito, dado que lo que se pretende en el mismo es que se declare inexistente y nula la categoría que tienen reconocida y el puesto que ocupan, y además que se deje sin efecto el nivel retributivo que tienen asignado [...], sin haber tenido la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa. No se niega que la problemática planteada en este proceso tenga aspectos o elementos de carácter colectivo, pero resulta indiscutible que los efectos individuales y singularizados que de este pleito se derivan presentan una especial intensidad y vigor" ( SSTS de 29 de junio de 2006, Rec.216/2004; de 24 de abril de 2002, Rec.1166/2001 y de 22 de septiembre de 2003, Rec. 158/2002).

Pues bien, atendiendo a la petición que efectúa la parte demandante, el concepto de antigüedad al que circunscribe su pretensión es al previsto en el artículo 31 del Convenio Colectivo en vigor para los años 2024 y 2025 que dispone: "A partir del 1 de enero de 2024 se podrán devengar hasta un máximo de tres trienios. La cuantía anual del complemento por antigüedad citado será idéntica para todos los grupos profesionales, pasando a ser de 500 euros brutos/año en 2024, y quedando vinculado a los incrementos en tablas desde el 1 de enero de 2025. La fecha inicial del cómputo será la que corresponda al alta en la empresa y se devengará desde el día primero del mes siguiente a su cumplimiento".

Como se desprende de la dicción literal del precepto, aunque existan más de 200 trabajadores con interrupciones de sus contratos y que se puedan ver afectados por el conflicto, lo determinante no es el número de trabajadores afectados, sino que habrá que estar a las circunstancias laborales concretas de cada uno de ellos para valorar como corresponde efectuar el cómputo de antigüedad y si la empresa lo computa de manera correcta conforme al Convenio. Es decir, no es posible efectuar un pronunciamiento genérico para todos ellos porque no hay un elemento genérico constatado que permita definir un interés indivisible entre todos los trabajadores, sino que cada uno de ellos es identificable en función de sus condiciones laborales. De hecho, ni siquiera en la demanda se concreta a qué trabajadores no se les computa la antigüedad como pretende que se haga, afirmando de manera genérica: " Que, a pesar de todo lo anterior, desde los representantes legales de los trabajadores del sindicato UGT se ha podido comprobar que la antigüedad en nómina de parte de la plantilla no coincide con la fecha de alta inicial en la prestación de servicios para la empresa, constando, en la mayoría de casos analizados, como fecha de antigüedad la de comienzo del último contrato de duración determinada que se transformó en indefinido o la de inicio del último contrato vigente, indefinido, realizado".

En palabras del TSJ de Castilla y León, recurso de suplicación nº 261/2025: "El interés es, en virtud de lo expuesto, claramente singularizable entre los afectados y los mismos pueden accionar individualmente o en grupo en reclamación de su derecho, pero la pretensión deducida en los términos expuestos en proceso de conflicto colectivo resulta inadecuada, ya que no hay una decisión o práctica de empresa que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores sino practicas distintas para diferentes trabajadores, lo que determina, efectivamente, la inadecuación del procedimiento empleado y, con ello, la desestimación del recurso".

Por lo expuesto ha de estimarse la excepción planteada por la empresa, dejando imprejuzgadas el resto de cuestiones planteadas.

CUARTO. -Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación de conformidad con el artículo 191 de la LJS.

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la apreciación conjunta de la prueba documental, valorada libremente según las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO. -La parte demandante del presente Conflicto Colectivo pretende que se dicte Sentencia estimatoria por la que se: 1. se modifique la antigüedad que cada trabajador y trabajadora tiene hasta la fecha reconocida en nómina, por la fecha en la que realmente inició la prestación de servicios en la empresa mediante cualquier tipo de contrato; 2. Se abonen las cantidades que pudieran corresponder a cada uno de los afectados, en concepto de diferencias por antigüedad, correspondientes al último año desde el 18 de octubre de 2024, si a resultas de lo solicitado en el apartado anterior correspondiera una nueva fecha de alta en la empresa y, por consiguiente, se hubieran generado nuevos trienios. A la pretensión ejercitada se adhirió el Letrado de CCOO.

La empresa demandada se opuso a la estimación de la demanda esgrimiendo la excepción de inadecuación de procedimiento porque estamos ante un conflicto plural y no colectivo, no existe un interés general común a todos los trabajadores, ni siquiera a los que se detallan en la documentación aportada y la pretensión ejercitada requiere de un examen detallado de cada circunstancia personal de cada trabajador.

TERCERO. -La primera cuestión que ha de resolverse se centra en determinar si estamos ante un conflicto colectivo o un conflicto plural porque de estimarse la excepción de inadecuación de procedimiento no procedería entrar a analizar el resto de cuestiones planteadas, excepción a la que se opuso el Letrado de la parte demandante por entender que sí estamos ante un conflicto homogéneo susceptible de ser encauzado por el presente procedimiento.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 699/2024 de 21 May. 2024, Rec. 184/2022 argumenta lo siguiente: "TERCERO. - 1.- Lo expuesto evidencia que el procedimiento adecuado para las pretensiones formuladas en la demanda no era el de conflicto colectivo porque, como se concluye acertadamente en la instancia, no estamos en presencia de un conflicto colectivo, sino de uno plural.

2.- En efecto, la clave para establecer la diferencia entre un conflicto individual o plural y uno colectivo no reside, ni ha residido nunca, en el número de sujetos que quedan afectados por la controversia. Por el contrario, la diferencia entre unos y otros se ha venido situando en las características y alcance del interés discutido: si el interés en juego es el propio, personal e individual de cada uno de los trabajadores, se ha considerado que estamos bien ante un conflicto individual -cuando el afectado era un trabajador- o bien ante un conflicto plural -cuando los afectados individualmente eran varios trabajadores-; en cambio, si como afirmaba el art. 151.1 LPL -y reitera el art. 153.1 LRJS-, el interés en litigio es el general de un grupo genérico de trabajadores, se ha estimado que el conflicto era colectivo, con independencia de que fueran muchos o pocos los afectados.

Junto a la existencia de un grupo genérico de trabajadores, que aquí no se discute, la existencia de un verdadero conflicto colectivo requiere la simultánea concurrencia del llamado elemento objetivo, manifestado en el art. 153.1 LRJS por la exigencia de que las demandas afecten a "intereses generales" del grupo genérico de trabajadores. La clave que resulta decisiva y determinante para diferenciar cuando estamos ante un conflicto colectivo y cuando ante un conflicto plural o individual consiste en atender al tipo de valoraciones, más o menos concretas, que el examen y resolución de la cuestión planteada requieren: si la pretensión formulada puede resolverse de forma abstracta, sin atender a situaciones particulares de cada trabajador, habrá que considerar adecuada la vía del proceso de conflicto colectivo; por el contrario, cuando estemos ante demandas cuya solución exija tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los sujetos afectados, entonces la tramitación habrá de realizarse por la vía del proceso ordinario o el que, en su caso, corresponda.

Así, nuestra jurisprudencia ha reiterado que las pretensiones que excedan de la declaración del alcance de un precepto, y cuya resolución exija, además, una valoración de circunstancias particulares para distintos miembros del grupo de trabajadores, deben encauzarse por la vía del proceso ordinario, y no por la vía del proceso de conflicto colectivo, pues no se da entonces el elemento objetivo de este proceso especial de afectación indiferenciada o por igual de la totalidad de los miembros del grupo, con abstracción de rasgos o circunstancias particulares (entre otras, SSTS de 18 de noviembre de 1992, Rec. 2629/1991; de 4 de marzo de 1998, Rec. 2969/1997; de 4 de octubre de 2016, Rec. 232/2015; de 6 de octubre de 2016, Rcud.269/2015 y de 23 de noviembre de 2016, Rec. 285/2015).

Son muchas las sentencias del Tribunal Supremo que en último término acaban sirviéndose de este factor para pronunciarse sobre la adecuación o no de la vía procesal utilizada desde la perspectiva de que el proceso de conflicto colectivo se encuentra subordinado a que el reconocimiento del derecho sea interesado no para cada uno de los trabajadores individualmente considerados, sino para ellos en cuanto colectivo y sean cualesquiera los trabajadores singulares comprendidos en él ( SSTS de 27 de enero de 1995, Rcud.1033/1994; de 10 de marzo de 1995, Rcud.1081/1994; de 31 de marzo de 1999, Rec. 2437/1998; o de 8 de julio de 2005, Rec.144/2004). Pero es que, además, en relación a la materia que nos ocupa, ante la pretensión de que se delimiten las funciones propias de un determinado puesto de trabajo, en tanto la determinación de tales cometidos depende de diversos factores -fecha de ingreso, forma de acceso a la categoría, etc.- y estas circunstancias no resultan idénticas en todos los trabajadores que lo desempeñan ha señalado que "por ello, no estamos en presencia de un auténtico conflicto colectivo, sino de un conflicto "plural", que afecta a unos 300 trabajadores, pero que no todos ellos se encuentran en la misma situación, por lo que no es posible arbitrar una solución unitaria para todos los aludidos trabajadores" ( STS de 9 de noviembre de 2009, Rec. 152/2008). También se ha descartado la viabilidad del conflicto colectivo, respecto a la pretensión de que se efectúe una nueva valoración de la ocupación asignada a una determinada categoría profesional, bajo el argumento de que no todos los trabajadores de esta categoría han realizado las mismas funciones ( SSTS de 22 de febrero de 2006, Rec. 176/2004 ó 17/2022, de 14 de marzo, Rcud.14/2021). Y asimismo, se ha descartado la adecuación de esta modalidad procesal respecto a la declaración de que determinados puestos de trabajo no se ajustan al sistema de clasificación profesional previsto en el convenio, en atención a la incidencia directa de la decisión sobre los trabajadores concretos que ocupan dichos puestos y su imposibilidad de ejercer el derecho de defensa: "es claro y evidente el directo interés que estos trabajadores tienen en el actual pleito, dado que lo que se pretende en el mismo es que se declare inexistente y nula la categoría que tienen reconocida y el puesto que ocupan, y además que se deje sin efecto el nivel retributivo que tienen asignado [...], sin haber tenido la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa. No se niega que la problemática planteada en este proceso tenga aspectos o elementos de carácter colectivo, pero resulta indiscutible que los efectos individuales y singularizados que de este pleito se derivan presentan una especial intensidad y vigor" ( SSTS de 29 de junio de 2006, Rec.216/2004; de 24 de abril de 2002, Rec.1166/2001 y de 22 de septiembre de 2003, Rec. 158/2002).

Pues bien, atendiendo a la petición que efectúa la parte demandante, el concepto de antigüedad al que circunscribe su pretensión es al previsto en el artículo 31 del Convenio Colectivo en vigor para los años 2024 y 2025 que dispone: "A partir del 1 de enero de 2024 se podrán devengar hasta un máximo de tres trienios. La cuantía anual del complemento por antigüedad citado será idéntica para todos los grupos profesionales, pasando a ser de 500 euros brutos/año en 2024, y quedando vinculado a los incrementos en tablas desde el 1 de enero de 2025. La fecha inicial del cómputo será la que corresponda al alta en la empresa y se devengará desde el día primero del mes siguiente a su cumplimiento".

Como se desprende de la dicción literal del precepto, aunque existan más de 200 trabajadores con interrupciones de sus contratos y que se puedan ver afectados por el conflicto, lo determinante no es el número de trabajadores afectados, sino que habrá que estar a las circunstancias laborales concretas de cada uno de ellos para valorar como corresponde efectuar el cómputo de antigüedad y si la empresa lo computa de manera correcta conforme al Convenio. Es decir, no es posible efectuar un pronunciamiento genérico para todos ellos porque no hay un elemento genérico constatado que permita definir un interés indivisible entre todos los trabajadores, sino que cada uno de ellos es identificable en función de sus condiciones laborales. De hecho, ni siquiera en la demanda se concreta a qué trabajadores no se les computa la antigüedad como pretende que se haga, afirmando de manera genérica: " Que, a pesar de todo lo anterior, desde los representantes legales de los trabajadores del sindicato UGT se ha podido comprobar que la antigüedad en nómina de parte de la plantilla no coincide con la fecha de alta inicial en la prestación de servicios para la empresa, constando, en la mayoría de casos analizados, como fecha de antigüedad la de comienzo del último contrato de duración determinada que se transformó en indefinido o la de inicio del último contrato vigente, indefinido, realizado".

En palabras del TSJ de Castilla y León, recurso de suplicación nº 261/2025: "El interés es, en virtud de lo expuesto, claramente singularizable entre los afectados y los mismos pueden accionar individualmente o en grupo en reclamación de su derecho, pero la pretensión deducida en los términos expuestos en proceso de conflicto colectivo resulta inadecuada, ya que no hay una decisión o práctica de empresa que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores sino practicas distintas para diferentes trabajadores, lo que determina, efectivamente, la inadecuación del procedimiento empleado y, con ello, la desestimación del recurso".

Por lo expuesto ha de estimarse la excepción planteada por la empresa, dejando imprejuzgadas el resto de cuestiones planteadas.

CUARTO. -Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación de conformidad con el artículo 191 de la LJS.

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la apreciación conjunta de la prueba documental, valorada libremente según las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO. -La parte demandante del presente Conflicto Colectivo pretende que se dicte Sentencia estimatoria por la que se: 1. se modifique la antigüedad que cada trabajador y trabajadora tiene hasta la fecha reconocida en nómina, por la fecha en la que realmente inició la prestación de servicios en la empresa mediante cualquier tipo de contrato; 2. Se abonen las cantidades que pudieran corresponder a cada uno de los afectados, en concepto de diferencias por antigüedad, correspondientes al último año desde el 18 de octubre de 2024, si a resultas de lo solicitado en el apartado anterior correspondiera una nueva fecha de alta en la empresa y, por consiguiente, se hubieran generado nuevos trienios. A la pretensión ejercitada se adhirió el Letrado de CCOO.

La empresa demandada se opuso a la estimación de la demanda esgrimiendo la excepción de inadecuación de procedimiento porque estamos ante un conflicto plural y no colectivo, no existe un interés general común a todos los trabajadores, ni siquiera a los que se detallan en la documentación aportada y la pretensión ejercitada requiere de un examen detallado de cada circunstancia personal de cada trabajador.

TERCERO. -La primera cuestión que ha de resolverse se centra en determinar si estamos ante un conflicto colectivo o un conflicto plural porque de estimarse la excepción de inadecuación de procedimiento no procedería entrar a analizar el resto de cuestiones planteadas, excepción a la que se opuso el Letrado de la parte demandante por entender que sí estamos ante un conflicto homogéneo susceptible de ser encauzado por el presente procedimiento.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 699/2024 de 21 May. 2024, Rec. 184/2022 argumenta lo siguiente: "TERCERO. - 1.- Lo expuesto evidencia que el procedimiento adecuado para las pretensiones formuladas en la demanda no era el de conflicto colectivo porque, como se concluye acertadamente en la instancia, no estamos en presencia de un conflicto colectivo, sino de uno plural.

2.- En efecto, la clave para establecer la diferencia entre un conflicto individual o plural y uno colectivo no reside, ni ha residido nunca, en el número de sujetos que quedan afectados por la controversia. Por el contrario, la diferencia entre unos y otros se ha venido situando en las características y alcance del interés discutido: si el interés en juego es el propio, personal e individual de cada uno de los trabajadores, se ha considerado que estamos bien ante un conflicto individual -cuando el afectado era un trabajador- o bien ante un conflicto plural -cuando los afectados individualmente eran varios trabajadores-; en cambio, si como afirmaba el art. 151.1 LPL -y reitera el art. 153.1 LRJS-, el interés en litigio es el general de un grupo genérico de trabajadores, se ha estimado que el conflicto era colectivo, con independencia de que fueran muchos o pocos los afectados.

Junto a la existencia de un grupo genérico de trabajadores, que aquí no se discute, la existencia de un verdadero conflicto colectivo requiere la simultánea concurrencia del llamado elemento objetivo, manifestado en el art. 153.1 LRJS por la exigencia de que las demandas afecten a "intereses generales" del grupo genérico de trabajadores. La clave que resulta decisiva y determinante para diferenciar cuando estamos ante un conflicto colectivo y cuando ante un conflicto plural o individual consiste en atender al tipo de valoraciones, más o menos concretas, que el examen y resolución de la cuestión planteada requieren: si la pretensión formulada puede resolverse de forma abstracta, sin atender a situaciones particulares de cada trabajador, habrá que considerar adecuada la vía del proceso de conflicto colectivo; por el contrario, cuando estemos ante demandas cuya solución exija tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los sujetos afectados, entonces la tramitación habrá de realizarse por la vía del proceso ordinario o el que, en su caso, corresponda.

Así, nuestra jurisprudencia ha reiterado que las pretensiones que excedan de la declaración del alcance de un precepto, y cuya resolución exija, además, una valoración de circunstancias particulares para distintos miembros del grupo de trabajadores, deben encauzarse por la vía del proceso ordinario, y no por la vía del proceso de conflicto colectivo, pues no se da entonces el elemento objetivo de este proceso especial de afectación indiferenciada o por igual de la totalidad de los miembros del grupo, con abstracción de rasgos o circunstancias particulares (entre otras, SSTS de 18 de noviembre de 1992, Rec. 2629/1991; de 4 de marzo de 1998, Rec. 2969/1997; de 4 de octubre de 2016, Rec. 232/2015; de 6 de octubre de 2016, Rcud.269/2015 y de 23 de noviembre de 2016, Rec. 285/2015).

Son muchas las sentencias del Tribunal Supremo que en último término acaban sirviéndose de este factor para pronunciarse sobre la adecuación o no de la vía procesal utilizada desde la perspectiva de que el proceso de conflicto colectivo se encuentra subordinado a que el reconocimiento del derecho sea interesado no para cada uno de los trabajadores individualmente considerados, sino para ellos en cuanto colectivo y sean cualesquiera los trabajadores singulares comprendidos en él ( SSTS de 27 de enero de 1995, Rcud.1033/1994; de 10 de marzo de 1995, Rcud.1081/1994; de 31 de marzo de 1999, Rec. 2437/1998; o de 8 de julio de 2005, Rec.144/2004). Pero es que, además, en relación a la materia que nos ocupa, ante la pretensión de que se delimiten las funciones propias de un determinado puesto de trabajo, en tanto la determinación de tales cometidos depende de diversos factores -fecha de ingreso, forma de acceso a la categoría, etc.- y estas circunstancias no resultan idénticas en todos los trabajadores que lo desempeñan ha señalado que "por ello, no estamos en presencia de un auténtico conflicto colectivo, sino de un conflicto "plural", que afecta a unos 300 trabajadores, pero que no todos ellos se encuentran en la misma situación, por lo que no es posible arbitrar una solución unitaria para todos los aludidos trabajadores" ( STS de 9 de noviembre de 2009, Rec. 152/2008). También se ha descartado la viabilidad del conflicto colectivo, respecto a la pretensión de que se efectúe una nueva valoración de la ocupación asignada a una determinada categoría profesional, bajo el argumento de que no todos los trabajadores de esta categoría han realizado las mismas funciones ( SSTS de 22 de febrero de 2006, Rec. 176/2004 ó 17/2022, de 14 de marzo, Rcud.14/2021). Y asimismo, se ha descartado la adecuación de esta modalidad procesal respecto a la declaración de que determinados puestos de trabajo no se ajustan al sistema de clasificación profesional previsto en el convenio, en atención a la incidencia directa de la decisión sobre los trabajadores concretos que ocupan dichos puestos y su imposibilidad de ejercer el derecho de defensa: "es claro y evidente el directo interés que estos trabajadores tienen en el actual pleito, dado que lo que se pretende en el mismo es que se declare inexistente y nula la categoría que tienen reconocida y el puesto que ocupan, y además que se deje sin efecto el nivel retributivo que tienen asignado [...], sin haber tenido la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa. No se niega que la problemática planteada en este proceso tenga aspectos o elementos de carácter colectivo, pero resulta indiscutible que los efectos individuales y singularizados que de este pleito se derivan presentan una especial intensidad y vigor" ( SSTS de 29 de junio de 2006, Rec.216/2004; de 24 de abril de 2002, Rec.1166/2001 y de 22 de septiembre de 2003, Rec. 158/2002).

Pues bien, atendiendo a la petición que efectúa la parte demandante, el concepto de antigüedad al que circunscribe su pretensión es al previsto en el artículo 31 del Convenio Colectivo en vigor para los años 2024 y 2025 que dispone: "A partir del 1 de enero de 2024 se podrán devengar hasta un máximo de tres trienios. La cuantía anual del complemento por antigüedad citado será idéntica para todos los grupos profesionales, pasando a ser de 500 euros brutos/año en 2024, y quedando vinculado a los incrementos en tablas desde el 1 de enero de 2025. La fecha inicial del cómputo será la que corresponda al alta en la empresa y se devengará desde el día primero del mes siguiente a su cumplimiento".

Como se desprende de la dicción literal del precepto, aunque existan más de 200 trabajadores con interrupciones de sus contratos y que se puedan ver afectados por el conflicto, lo determinante no es el número de trabajadores afectados, sino que habrá que estar a las circunstancias laborales concretas de cada uno de ellos para valorar como corresponde efectuar el cómputo de antigüedad y si la empresa lo computa de manera correcta conforme al Convenio. Es decir, no es posible efectuar un pronunciamiento genérico para todos ellos porque no hay un elemento genérico constatado que permita definir un interés indivisible entre todos los trabajadores, sino que cada uno de ellos es identificable en función de sus condiciones laborales. De hecho, ni siquiera en la demanda se concreta a qué trabajadores no se les computa la antigüedad como pretende que se haga, afirmando de manera genérica: " Que, a pesar de todo lo anterior, desde los representantes legales de los trabajadores del sindicato UGT se ha podido comprobar que la antigüedad en nómina de parte de la plantilla no coincide con la fecha de alta inicial en la prestación de servicios para la empresa, constando, en la mayoría de casos analizados, como fecha de antigüedad la de comienzo del último contrato de duración determinada que se transformó en indefinido o la de inicio del último contrato vigente, indefinido, realizado".

En palabras del TSJ de Castilla y León, recurso de suplicación nº 261/2025: "El interés es, en virtud de lo expuesto, claramente singularizable entre los afectados y los mismos pueden accionar individualmente o en grupo en reclamación de su derecho, pero la pretensión deducida en los términos expuestos en proceso de conflicto colectivo resulta inadecuada, ya que no hay una decisión o práctica de empresa que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores sino practicas distintas para diferentes trabajadores, lo que determina, efectivamente, la inadecuación del procedimiento empleado y, con ello, la desestimación del recurso".

Por lo expuesto ha de estimarse la excepción planteada por la empresa, dejando imprejuzgadas el resto de cuestiones planteadas.

CUARTO. -Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación de conformidad con el artículo 191 de la LJS.