Sentencia Social 155/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Cartagena, Rec. 182/2025 de 11 de mayo del 2026

PRIMERO.En el presente procedimiento la empresa demandante impugna la sanción impuesta por la comisión de una falta grave, por omisión de medidas de seguridad en relación con el accidente de trabajo en el que resultó lesionado el trabajador D. Marco Antonio.

Con carácter previo, hay que aclarar que el trabajador ha sido llamado al proceso en su condición de interesado, conforme al artículo 80 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pero no se ha deducido ninguna pretensión en su contra, por lo que no podrá ser directamente afectado por los pronunciamientos de esta sentencia.

SEGUNDO.Entrando en el estudio de los motivos de impugnación de la parte demandante, se plantea en primer lugar la excepción de prescripción de la sanción, por haber transcurrido más de cinco años (plazo establecido en el artículo 7.3 del Real Decreto 928/1998) entre la última actuación administrativa (notificación del acta de infracción) y la notificación de la desestimación del recurso de alzada.

Esta primera alegación será rechazada, ya que el plazo de cinco años de inactividad de la administración debería comenzar a computarse (como alegó la parte demandada en el acto del juicio) a partir de la fecha en que debió entenderse desestimado por silencio administrativo el recurso de alzada, es decir, a partir del 18-01-2020 (tres meses después de su interposición) y, como la resolución expresa de dictó el 28-11-2024, el cómputo del plazo quedó interrumpido antes de su finalización.

TERCERO.En cuanto al fondo del asunto, la parte demandante alega que el acta de la Inspección y la resolución sancionadora carecen de la necesaria motivación, puesto que no se recogen con precisión las medidas y dimensiones del muelle de carga en el que se produjo el accidente y tampoco justifican la relación de causalidad entre las supuestas infracciones de normas sobre seguridad en el trabajo y el accidente, argumentando que este no se produjo por atropello de un trabajador que circulaba a pie por un vehículo que operaba por la misma zona, sino que ocurrió al estacionar el trabajador accidentado la transpaleta que conducía y ser atropellado por otro vehículo, cuyo conductor no respetó las normas de seguridad en la conducción, ya que circulaba hacia adelante sin tener suficiente visibilidad.

Ante estas alegaciones, hay que señalar que el objeto de este procedimiento no es el recargo de prestaciones, ni una acción de responsabilidad civil, en los que resulta esencial la fijación de la relación de causalidad y la posible intervención de conductas negligentes de terceros o del propio trabajador accidentado, sino una sanción por incumplimiento de normas de seguridad en el trabajo, y este incumplimiento queda acreditado por los hechos constatados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que gozan de la presunción de certeza reconocida en el artículo 151.8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, consistentes en que la zona de carga en que se produjo el siniestro coincidían trabajadores a pie con vehículos en funcionamiento, y carecía de marcas viales que delimitaran las vías de circulación de vehículos y de personal a pie y de otras medidas para disminuir el riesgo de atropellos, como barreras de protección o zonas destinadas específicamente al estacionamiento de transpaletas, lo cual supone la infracción del artículo 3, apartados I y 4 del Real Decreto 1215/1997, de l8 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y, en especial, el punto 3 del apartado 2 del anexo II, que obliga a adoptar medidas de organización adecuadas para evitar que se encuentren trabajadores a pie en la zona de trabajo de equipos automotores.

CUARTO.Por último, la parte demandante solicitó, como pretensión subsidiaria, la rebaja de la cuantía de la sanción a 2.046 euros, tramo mínimo previsto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para las sanciones graves en grado mínimo.

Esta pretensión no puede ser estimada, ya que la infracción ya ha sido calificada en su grado mínimo y, dentro de este, la concreción del importe de la sanción corresponde al órgano administrativo sancionador, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y, en este caso, no se aprecian motivos para reducir la sanción impuesta.

QUINTO.Por todo lo expuesto, procede confirmar la sanción impuesta a la empresa y, en consecuencia, la desestimación de la demanda.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo