Sentencia Social 98/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Ceuta, Rec. 545/2024 de 15 de abril del 2026

PRIMERO.-La parte actora ejercitó una acción declarativa como es el reconocimiento de una categoría superior a la indicada en su contrato.

Como punto de partida debe indicars, conforme una constante y reiterada jurispurdencia, que la naturaleza de la sentencia de clasificación profesional no es constitutiva, porque no crea, modifica o extingue una situación, sino que es de naturaleza declarativa al limitarse a constatar una situación preexistente, que tiene efectos retroactivos desde la fecha que se acredite la realización de funciones superiores a las reconocidas.

Por tanto, en el presente caso no es determinante acreditar si la actora desarrolló las funciones propias de una conductora de día a partir del 1 de septiembre del 2024, cuando comenzó su vinculación con la empresa municipal demandada; sino que basta con probar que ya cumplía con los requisitos exigidos en su ámbito para haberle sido reconocido dicha categoría superior, cuando estaba vinculado con la UTE, constituida por sociedades de responsabilidad límitada no públicas.

Para resolverse dicha cuestión, debe partirse de los hechos fijados como no controvertidos en el acto del juicio, constituido por la antigüedad, categoría fijada en el contrato, su salario mensual, y esencialmente el hecho de que desde el mes de julio del 2023 del 2023, la actora desarrollaba funciones de una categoría superior el de conductora de día percibiendo por ello un salario superior al de peón, que es la categoría indicada en el contrato.

Partiendo de estos hechos, debe estarse al artículo 39 del ET que establece "en el caso de encomiendo de funciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso...".No obstante, no basta el transcurso del plazo fijado para que de forma inmediata sea posible el reconocimiento y consolidación de una categoría superior al trabajador, ya que si continuamos leyendo el referido precepto se indica "... el ascenso, si ello no obsta lo dispuesto en Convenio Colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuidicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente",es decir que dicho reconocimiento y el acceso a la categoría superior está siempre condicionado a lo que se indique en el Convenio.

En el convenio de aplicación, que se encuentra publicado en el BOCCE el 5 de agosto del 2022, establece en su art. 45; "Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional o las de categorías equivalentes por un periodo superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el/la trabajador/a podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de las vacantes correspondientes a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente".

Por tanto, la posibilidad de consolidar una categoría superior, mientras la actora aun desarrollaba funciones para la UTE conforme al convenio de aplicación, tampoco se produce con el mero transcurso del tiempo indicado, que en el presente caso cumple la trabajadora, sino que además ello debe ser coherente con la política de ascensos y el sistema de cobertura de vacantes fijado en el Convenio de aplicación.

El sistema de cobertura de vacantes se encuentra contenido en el art. 55 del convenio de aplicación, y en el mismo se exige la cobertura por el personal fijo de fines de semana y festivos en el caso de existir, rigiéndose por los criterios de antigüedad y continuidad, previo acuerdo entre la representación de la empresa y la de los trabajadores y solo en el caso de que no hubiera personal de fines de semana y festivos podrían ser desinados por la empresa, de acuerdo con los criterios que se fijen por la empresa y el comité de empresa.

En el supuesto enjuiciado, resulta importante la declaración del Sr. Alejo, integrante del departamento jurídico, que afirmó que se estaban intentado aprobar una serie de procesos para cubrir vacantes, y que no se había conseguido, hasta en dos ocasiones, derivadas de las dificultades de negociación por todos los integrantes del consejo de Administración y miembros del comité de Empresa, pero que éste era un objetivo prioritario para la entidad Servilimpce que no se había conseguido dada la creación reciente de la sociedad. Por tanto, existe una iniciativa de la sociedad para iniciar procesos de ascensos, que se estaba negociando en el momento de la celebración del juicio, conforme a los principios que rigen el acceso al empleo público.

En relación a la UTE, lo cierto es que la misma se regía conforme al art. 55 del Convenio de aplicación, que regula la cobertura de plazas vacantes, existiendo tal y como declaró el Sr. Juan Ramón, miembro del comité de empresa, una serie de bolsas, sin que se haya alegado por la parte actora que dicha entidad no cumplió con las normas contenidas en el mismo en materia de ascensos.

En definitiva, el Convenio de aplicación establece una serie de requisitos para la atribución de una determinada vacante, siguiendo una serie de criterios concretos, sin que sea suficiente el desarrollo durante un periodo de tiempo determinado de ciertas funciones para el reconocimiento de una determinada categoría; lo que implica que debe ser desestimada la pretensión del actor.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación

Fallo