Sentencia Social 162/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Coruña (A), Rec. 649/2024 de 29 de abril del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados han resultado de la valoración conjunta de la prueba, y en especial :

-Hecho probado primero, del acta de infracción obrante al expediente (folio 2 y ss del expediente).

-Hecho probado segundo, de la propuesta de resolución (folio 20 del expediente).

-Hecho probado tercero, de la resolución (folio 28 del expediente).

-Hecho probado cuarto, del recurso de reposición (folio 31 del expediente) y de la resolución que lo desestima (folio 46 del expediente).

-Hecho probado quinto y sexto, del acta de infracción (folio 2 y ss del expediente).

-Hecho probado séptimo, del contrato aportado con la demanda.

SEGUNDO.-POSICIONES DE LAS PARTES.

En el presente procedimiento la empresa demandante impugna la resolución de la Subdelegación de Gobierno de A Coruña en que se impuso la sanción de 10.016,85 euros por una infracción muy grave prevista en el art. 54.1.d de la Lo 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Basa dicha pretensión, en síntesis, en que no existe relación laboral o contratación entre la demandante y Doña Rita, y que existía un contrato de arrendamiento por el que la última arrendaba una habituación en el inmueble identificado en el acta de infracción como centro de trabajo.

Frente a dicha pretensión se alza la demandada que se ratifica en la resolución impugnada, y en los hechos constatados por la Subinspectora en el acta de infracción.

TERCERO.-PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DEL ACTA DE INFRACCIÓN. NOTAS DE LABORALIDAD.

En cuanto al fondo, y como punto de partida conviene recordar que las actas de infracción gozan de presunción de veracidad o certeza respecto de los hechos reflejados en las mismas que hayan sido constatados por el funcionario actuante. Así indica el artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) que "los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados". Y en el mismo sentido el art. 23.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los supuestos concretos a que se refiere la Ley.

En este sentido, la STS de 4 de diciembre de 2009, con cita de la anterior de 8 de mayo de 2000, recuerda que la presunción de veracidad atribuida a las Actas e Informes de la Inspección se encuentra en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante ( sentencias, entre otras, de 18 de enero y 18 de marzo de 1991). La presunción de certeza es perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia ( artículo 24.2 Constitución Española) y tiene su justificación por la existencia de una actividad de comprobación realizada por órganos de la administración de actuación especializada, en aras del interés público y con garantías encaminadas a asegurar la necesaria imparcialidad; es por ello bastante para desvirtuar la presunción de inocencia y para trasladar a la parte que niega los hechos la carga de desvirtuarlos ( Sentencia de 2 de julio de 1996 ).

Y es también reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha limitado el valor atribuible a las actas de inspección, limitando la presunción de certeza sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( STS de 24 de junio de 1991). En cualquier caso, esta presunción de certeza desplaza, como se acaba de señalar, la carga de la prueba al administrado, de suerte que es éste quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección ( STS de 9 de julio de 1991).

Desde este punto de vista los hechos constatados en el acta de infracción admiten prueba en contrario, pero en el presente caso no se ha desplegado prueba suficiente que destruya la presunción de certeza por parte de la empresa demandante. Así la Subinspectora plasmó en acta el resultado de la vista al centro de trabajo, el día de la visita al local, actuando con la objetividad que se presume a dicha funcionaria pública. En el acta se refleja la identificación de Doña Rita, que se encontraba dentro del citado centro de trabajo, que manifestó a la Subinspectora que se encontraba trabajando para la empresaria demandante (relación de dependencia) y en qué horario, constatándose posteriormente que carecía de autorización para trabajar el España. Asimismo, consta que luego compareció la empresaria demandante en este litis y que reconoció a la Subinspectora que Doña Rita trabajaba para ella.

Es cierto que el acta de infracción es parca o sucinta en la descripción de las notas o requisitos de laboralidad, pero ello no impide apreciar que las mismas concurren, puesto que la propia trabajadora manifiesta a la Inspección que estaba trabajando para la empresa y el horario que tenía, presuponiendo que lo hacía a cambio de una contraprestación, pues de lo contrario no manifestaría que estaba trabajando para la empresa. No cabe confundir brevedad del acta con insuficiencia, siendo suficientemente expresiva de que concurren hechos que pueden ser tipificados como la infracción muy grave del art. 54.1.d) de la LO 4/2000, hechos que han sido constatados mediante observación directa, manifestaciones de la trabajadora y comprobaciones posteriores de los permisos y autorizaciones para trabajar.

No destruye la citada presunción de certeza del acta de infracción el único documento que aporta la actora consistente en un contrato de arrendamiento de habitación, puesto que la Subinspectora que visitó el centro de trabajo no consigna en el acta la existencia de ningún mobiliario o enser propio de una estancia dedicada a vivienda, expresando que el centro era un centro de masajes, y que en horario de apertura al público (11.15 horas) sólo estaba presenta la trabajadora Doña Rita. El hecho de que empresaria y trabajadora firmen un contrato de alquiler de habitación no es prueba suficiente para destruir la presunción de certeza citada, máxime cuando no se aporta foto, testigo u otro medio de prueba que permita comprobar que la habitación supuestamente alquilada por la trabajadora estaba destinada a vivienda.

Por todo ello no cabe más que desestimar la demanda.

CUARTO.-Por razón de la materia y de la cuantía, no cabe interponer recurso de suplicación contra esta sentencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 191.3.g de la Ley Reguladora de Jurisdicción Social.