Sentencia Social 66/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Cuenca, Rec. 371/2025 de 07 de abril del 2026

PRIMERO.- Prueba.

Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental incorporada a las actuaciones, y sustancialmente del expediente administrativo, de los certificados de formación incorporados en el escrito de demanda y de la testifical de DON Lucas, trabajador por cuya infracción fue sancionada la mercantil demandante, que asegura estar en posesión de titulación suficiente en materia de prevención de riesgos laborales y de utilización de máquinas excavadoras, tal y como acredita documentalmente la parte actora.

La prueba aportada en soporte audiovisual acredita que la maquina excavadora utilizada por el trabajador el día de la inspección, el 11 de enero de 2024, cuenta con sistema de cinturón en el asiento del conductor a la altura de la cintura.

SEGUNDO.- Objeto de la presente litis.

La empresa demandante actúa acogiéndose al criterio defendido en su escrito de demanda, al entender que la Administración ha sancionado el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, en atención a la fundamentación jurídica consignada en el Acta de infracción y ratificada al resolver el recurso de alzada, sin tomar en consideración la actitud activa de la mercantil para garantizar el cumplimiento de las referidas normas de prevención de riesgos laborales, mediante la formación continua al trabajador Don Lucas, tanto en dicha materia como en el uso de máquinas excavadoras, lo que le debe de eximir de la sanción impuesta por la Administración.

Por su parte, la representación procesal de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, alega en su derecho que la responsabilidad de la actuación del trabajador al no llevar puesto el cinturón es de cuenta del empresario por disposición expresa del RD 928/1998, de 14 de mayo; así como por lo establecido en el artículo 3 d) del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, establece la obligación del empresario no sólo de proporcionar gratuitamente los equipos de protección individual, sino que deberá "Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto", y por aplicación de lo establecido en el TRLISOS. Defendiendo la proporcionalidad de la sanción impuesta, pues dentro de las sanciones graves, ésta se impuso en su grado mínimo.

TERCERO.- Fondo del asunto.

La resolución administrativa impugnada impone una sanción por la comisión de una infracción grave tipificada en el art. 12.16.f) y el artículo 39.3 e) y h) de la LISOS, estableciendo el primer de los preceptos como infracción grave "Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de: f) Medidas de protección colectiva o individual".

Por su parte, el artículo 39.3 letras e) y h), contempla que "En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos.

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales".

Una vez establecida la legislación aplicable que interesa al presente litigio, es de reseñar que el mismo tiene por objeto la impugnación de resolución administrativa recaída en el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad laboral por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). La acción ejercitada se rige por lo dispuesto en los arts. 2 letra n) y 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Y en esta materia tiene especial importancia la presunción de veracidad de las actas de Inspección de Trabajo que deriva del artículo 53.2 LISOS según el cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

El Tribunal Supremo en sentencia de 17/03/2016 recuerda que la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes [ DA Cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14/Noviembre); y art. 53.2, párrafo segundo, del RD-Legislativo 5/2000, de 4/Agosto ( STS 22/05/12 -rco 76/11), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15 -rco 181/14).

Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho "son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril; 14/1997, de 28/Enero, FJ 7; y 35/2006, de 13/Febrero, FJ 6]» ( STC 82/2009, de 23/Marzo). En palabras de esta Sala, «... la actuación de la Inspección de Trabajo tiene un carácter informativo que conduce a la ulterior valoración por parte de quien juzga en instancia, como un medio probatorio más sin que quepa atribuirle efecto vinculante alguno y sin que pueda excluirse el análisis de los demás medios de prueba y, en suma, la necesaria convicción de quien juzga tras la valoración de todos ellos" ( STS SG 18/03/14 -rco 114/13).

Esa presunción de certeza se limita a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditativos por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, pero no alcanza a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas y se desplaza la carga de la prueba al administrado, de suerte que es éste quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la inspección, lo que no excluye un control jurisdiccional de los medios empleados por el inspector, exigiéndose asimismo que el contenido de las actas, ya sean de infracción o de liquidación, determine las "circunstancias del caso" y los "datos" que hayan servido para su elaboración ( TS ss. 29-1, 11-3-92).

No obstante lo anterior, y reseñando que esta Juzgadora da plena validez y credibilidad a los hechos consignados en el Acta de infracción realizado por la Administración en el ejercicio de su actividad inspectora, se discrepa en la interpretación de la norma en el momento de resolver las alegaciones realizadas por la empresa, que han culminado con la imposición de una sanción pecuniaria.

Ello es por las referencias consignadas en la resolución del recurso de alzada que toman como fundamento las alegaciones realizadas por el Subinspector Laboral de Seguridad y Salud de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca, por considerar que las mismas tiene un "carácter eminentemente técnico". Pues bien, se realiza en ellas una interpretación del artículo 39.3 del TRLISOS en los siguientes términos:

"lo que indica el artículo 39.3 del mencionado texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS) es que la propuesta de sanción se podrá agravarsegún los criterios de: e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden la prevención de los riesgos h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales".

Entendiendo esta Juzgadora que la interpretación realizada por el Subinspector encargado de la instrucción, respecto a la normativa aplicada, no es la acertada, pues como ya hemos indicado al inicio del presente Fundamento de Derecho, el artículo 39.3 establece que "En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación,se tendrán en cuenta los siguientes criterios (...)". De la dicción literal del artículo, se considera que cualquiera de los criterios enumerados a continuación del precepto, pueden tanto agravar como atenuar e incluso exonerar la responsabilidad del empresario, y no solo barajar la hipótesis de la agravación de la sanción como refiere el Subinspector. Ello es debido a que el precepto examinado solo habla de "graduación", lo cual no lo incardina exclusivamente en una interpretación al alza de la sanción, si no que deberá atender a criterios como el de "e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos"o "h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales",incluidos como criterios de graduación de la sanción, para considerar si la misma se debe agravar, atenuar o exonerar.

Ante dicha situación, y tomando en consideración que obra en autos documental que acredita la existencia de una conducta activa por parte de la empresa demandante orientada a la formación continuada en materia de prevención de riesgos laborales y en la utilización de máquinas excavadoras del trabajador Don Lucas, el cual fue sorprendido sin llevar abrochado el cinturón de seguridad de la máquina excavadora, sería desproporcionada cualquier imposición de sanción por parte de la Administración tras la acreditación por parte del empresario del cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas en el marco legal de la prevención de riesgos laborales, deviniendo el hecho infractor de la culpa exclusiva del trabajador Don Lucas, el cual fue percibido por el Inspector el día 11 de enero de 2024 y recogido en el Acta de infracción del día 6 de mayo de 2024.

Ante dichos hechos conviene traer a colación la Sentencia de la Sala de lo Social, del Tribunal Supremo, de 28 de febrero de 2019, (Roj: STS 983/2019 - ECLI:ES:TS:2019:983), en la que se establece en su Fundamento de Derecho Cuarto, que:

"Cuarta. Sobre la culpa "in vigilando".

Consecuentemente, la culpa fue exclusiva del encargado del trabajo, jefe de equipo, y no cabe imponer el recargo a la empresa que tomó las medidas de prevención necesarias y no es culpable de la negligencia grave con la que obró su empleado. La responsabilidad civil por los actos de los empleados que tiene su origen en el artículo 1.903 del Código Civil y que supone la obligación de reparar los daños causados culposamente por los auxiliares (empleados) del empresario para realizar su actividad, también llamada responsabilidad vicaria, supone el establecimiento de esa responsabilidad sin que intervenga la culpa del empleador, quien responde civilmente por los actos de su auxiliar que no respeten "el estándar de conducta exigible", que no actúe con la diligencia exigible y cause un daño. En estos casos de "responsabilidad vicaria" por el acto del empleado, pero sin culpa del empresario a quien se le hace responsable del acto de otro, por no haber controlado debidamente su actividad, resulta que la responsabilidad que se le impone es sin culpa.

Si ello es así, la llamada "culpa in vigilando" podrá justificar la reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios causados y así como la condena al pago de la misma. Pero una cosa es la responsabilidad civil por el acto de un empleado y otra diferente la responsabilidad penal y la administrativa por la comisión de infracciones penales o administrativas, cuya sanción requiere la culpa del infractor, cual sucede con el recargo de prestaciones que tiene naturaleza sancionadora, lo que obliga a interpretar esa responsabilidad de forma estricta ( STC 81/1995 ), esto es exigiendo la culpa de la empresa de forma más rigurosa que cuando responde civilmente por actos de sus empleados.

En apoyo de esta solución pueden citarse los artículos 4-2, 12-A y 16, números 1 y 2 del Convenio 155 de la OIT que nos dicen que deben tomarse medidas "razonables y factibles". Pues bien, dado que en el presente caso el siniestro acaeció cuando se sustituía una torre de un tendido eléctrico la pregunta es si era razonable y factible que el empresario (persona jurídica) estuviese allí controlando la operación, al igual que en otros lugares donde se estuvieran realizando actividades peligrosas o bastaba con haber enviado a realizar esa misión a personal formado y suficientemente cualificado con un jefe de servicio igualmente cualificado y con un protocolo de actuación conocido por todos. La respuesta es que no es razonable y factible esta exigencia, solución apuntada y seguida por la sentencia recurrida, porque sería diabólico exigir al titular de la empresa el don de la ubicuidad para estar presente en todos los lugares en que se desarrollan actividades de peligro. La LPRL no establece expresamente esa obligación, salvo aparentemente en su artículo 17 , que no parece que se violara en el presente caso usando los equipos adecuados y personal formado, sin que conste infracción alguna de lo dispuesto en los Reales Decretos 1215/1997, de 18 de Julio, sobre equipos de trabajo y 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección".

Acogiendo esta Juzgadora el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia meritada de nuestro Alto Tribunal, y atendiendo a las razones expuestas anteriormente, procede la íntegra estimación de la demanda dejando sin efecto la resolución de 6 de mayo de 2024, por resultar acreditado que la mercantil RECMAN EXCAVACIONES S.L. cumplió con las reglas de prevención de riesgos laborales en los términos exigidos en la ley, debiéndose los hechos recogidos en el Acta de infracción a una actuación individual y negligente del trabajador Don Lucas, eximiendo de responsabilidad a la parte actora en la presente litis.

CUARTO.- Recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g ) LRJS frente a esta resolución no cabe recurso alguno.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.- Prueba.

Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental incorporada a las actuaciones, y sustancialmente del expediente administrativo, de los certificados de formación incorporados en el escrito de demanda y de la testifical de DON Lucas, trabajador por cuya infracción fue sancionada la mercantil demandante, que asegura estar en posesión de titulación suficiente en materia de prevención de riesgos laborales y de utilización de máquinas excavadoras, tal y como acredita documentalmente la parte actora.

La prueba aportada en soporte audiovisual acredita que la maquina excavadora utilizada por el trabajador el día de la inspección, el 11 de enero de 2024, cuenta con sistema de cinturón en el asiento del conductor a la altura de la cintura.

SEGUNDO.- Objeto de la presente litis.

La empresa demandante actúa acogiéndose al criterio defendido en su escrito de demanda, al entender que la Administración ha sancionado el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, en atención a la fundamentación jurídica consignada en el Acta de infracción y ratificada al resolver el recurso de alzada, sin tomar en consideración la actitud activa de la mercantil para garantizar el cumplimiento de las referidas normas de prevención de riesgos laborales, mediante la formación continua al trabajador Don Lucas, tanto en dicha materia como en el uso de máquinas excavadoras, lo que le debe de eximir de la sanción impuesta por la Administración.

Por su parte, la representación procesal de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, alega en su derecho que la responsabilidad de la actuación del trabajador al no llevar puesto el cinturón es de cuenta del empresario por disposición expresa del RD 928/1998, de 14 de mayo; así como por lo establecido en el artículo 3 d) del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, establece la obligación del empresario no sólo de proporcionar gratuitamente los equipos de protección individual, sino que deberá "Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto", y por aplicación de lo establecido en el TRLISOS. Defendiendo la proporcionalidad de la sanción impuesta, pues dentro de las sanciones graves, ésta se impuso en su grado mínimo.

TERCERO.- Fondo del asunto.

La resolución administrativa impugnada impone una sanción por la comisión de una infracción grave tipificada en el art. 12.16.f) y el artículo 39.3 e) y h) de la LISOS, estableciendo el primer de los preceptos como infracción grave "Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de: f) Medidas de protección colectiva o individual".

Por su parte, el artículo 39.3 letras e) y h), contempla que "En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos.

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales".

Una vez establecida la legislación aplicable que interesa al presente litigio, es de reseñar que el mismo tiene por objeto la impugnación de resolución administrativa recaída en el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad laboral por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). La acción ejercitada se rige por lo dispuesto en los arts. 2 letra n) y 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Y en esta materia tiene especial importancia la presunción de veracidad de las actas de Inspección de Trabajo que deriva del artículo 53.2 LISOS según el cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

El Tribunal Supremo en sentencia de 17/03/2016 recuerda que la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes [ DA Cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14/Noviembre); y art. 53.2, párrafo segundo, del RD-Legislativo 5/2000, de 4/Agosto ( STS 22/05/12 -rco 76/11), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15 -rco 181/14).

Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho "son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril; 14/1997, de 28/Enero, FJ 7; y 35/2006, de 13/Febrero, FJ 6]» ( STC 82/2009, de 23/Marzo). En palabras de esta Sala, «... la actuación de la Inspección de Trabajo tiene un carácter informativo que conduce a la ulterior valoración por parte de quien juzga en instancia, como un medio probatorio más sin que quepa atribuirle efecto vinculante alguno y sin que pueda excluirse el análisis de los demás medios de prueba y, en suma, la necesaria convicción de quien juzga tras la valoración de todos ellos" ( STS SG 18/03/14 -rco 114/13).

Esa presunción de certeza se limita a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditativos por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, pero no alcanza a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas y se desplaza la carga de la prueba al administrado, de suerte que es éste quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la inspección, lo que no excluye un control jurisdiccional de los medios empleados por el inspector, exigiéndose asimismo que el contenido de las actas, ya sean de infracción o de liquidación, determine las "circunstancias del caso" y los "datos" que hayan servido para su elaboración ( TS ss. 29-1, 11-3-92).

No obstante lo anterior, y reseñando que esta Juzgadora da plena validez y credibilidad a los hechos consignados en el Acta de infracción realizado por la Administración en el ejercicio de su actividad inspectora, se discrepa en la interpretación de la norma en el momento de resolver las alegaciones realizadas por la empresa, que han culminado con la imposición de una sanción pecuniaria.

Ello es por las referencias consignadas en la resolución del recurso de alzada que toman como fundamento las alegaciones realizadas por el Subinspector Laboral de Seguridad y Salud de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca, por considerar que las mismas tiene un "carácter eminentemente técnico". Pues bien, se realiza en ellas una interpretación del artículo 39.3 del TRLISOS en los siguientes términos:

"lo que indica el artículo 39.3 del mencionado texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS) es que la propuesta de sanción se podrá agravarsegún los criterios de: e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden la prevención de los riesgos h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales".

Entendiendo esta Juzgadora que la interpretación realizada por el Subinspector encargado de la instrucción, respecto a la normativa aplicada, no es la acertada, pues como ya hemos indicado al inicio del presente Fundamento de Derecho, el artículo 39.3 establece que "En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación,se tendrán en cuenta los siguientes criterios (...)". De la dicción literal del artículo, se considera que cualquiera de los criterios enumerados a continuación del precepto, pueden tanto agravar como atenuar e incluso exonerar la responsabilidad del empresario, y no solo barajar la hipótesis de la agravación de la sanción como refiere el Subinspector. Ello es debido a que el precepto examinado solo habla de "graduación", lo cual no lo incardina exclusivamente en una interpretación al alza de la sanción, si no que deberá atender a criterios como el de "e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos"o "h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales",incluidos como criterios de graduación de la sanción, para considerar si la misma se debe agravar, atenuar o exonerar.

Ante dicha situación, y tomando en consideración que obra en autos documental que acredita la existencia de una conducta activa por parte de la empresa demandante orientada a la formación continuada en materia de prevención de riesgos laborales y en la utilización de máquinas excavadoras del trabajador Don Lucas, el cual fue sorprendido sin llevar abrochado el cinturón de seguridad de la máquina excavadora, sería desproporcionada cualquier imposición de sanción por parte de la Administración tras la acreditación por parte del empresario del cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas en el marco legal de la prevención de riesgos laborales, deviniendo el hecho infractor de la culpa exclusiva del trabajador Don Lucas, el cual fue percibido por el Inspector el día 11 de enero de 2024 y recogido en el Acta de infracción del día 6 de mayo de 2024.

Ante dichos hechos conviene traer a colación la Sentencia de la Sala de lo Social, del Tribunal Supremo, de 28 de febrero de 2019, (Roj: STS 983/2019 - ECLI:ES:TS:2019:983), en la que se establece en su Fundamento de Derecho Cuarto, que:

"Cuarta. Sobre la culpa "in vigilando".

Consecuentemente, la culpa fue exclusiva del encargado del trabajo, jefe de equipo, y no cabe imponer el recargo a la empresa que tomó las medidas de prevención necesarias y no es culpable de la negligencia grave con la que obró su empleado. La responsabilidad civil por los actos de los empleados que tiene su origen en el artículo 1.903 del Código Civil y que supone la obligación de reparar los daños causados culposamente por los auxiliares (empleados) del empresario para realizar su actividad, también llamada responsabilidad vicaria, supone el establecimiento de esa responsabilidad sin que intervenga la culpa del empleador, quien responde civilmente por los actos de su auxiliar que no respeten "el estándar de conducta exigible", que no actúe con la diligencia exigible y cause un daño. En estos casos de "responsabilidad vicaria" por el acto del empleado, pero sin culpa del empresario a quien se le hace responsable del acto de otro, por no haber controlado debidamente su actividad, resulta que la responsabilidad que se le impone es sin culpa.

Si ello es así, la llamada "culpa in vigilando" podrá justificar la reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios causados y así como la condena al pago de la misma. Pero una cosa es la responsabilidad civil por el acto de un empleado y otra diferente la responsabilidad penal y la administrativa por la comisión de infracciones penales o administrativas, cuya sanción requiere la culpa del infractor, cual sucede con el recargo de prestaciones que tiene naturaleza sancionadora, lo que obliga a interpretar esa responsabilidad de forma estricta ( STC 81/1995 ), esto es exigiendo la culpa de la empresa de forma más rigurosa que cuando responde civilmente por actos de sus empleados.

En apoyo de esta solución pueden citarse los artículos 4-2, 12-A y 16, números 1 y 2 del Convenio 155 de la OIT que nos dicen que deben tomarse medidas "razonables y factibles". Pues bien, dado que en el presente caso el siniestro acaeció cuando se sustituía una torre de un tendido eléctrico la pregunta es si era razonable y factible que el empresario (persona jurídica) estuviese allí controlando la operación, al igual que en otros lugares donde se estuvieran realizando actividades peligrosas o bastaba con haber enviado a realizar esa misión a personal formado y suficientemente cualificado con un jefe de servicio igualmente cualificado y con un protocolo de actuación conocido por todos. La respuesta es que no es razonable y factible esta exigencia, solución apuntada y seguida por la sentencia recurrida, porque sería diabólico exigir al titular de la empresa el don de la ubicuidad para estar presente en todos los lugares en que se desarrollan actividades de peligro. La LPRL no establece expresamente esa obligación, salvo aparentemente en su artículo 17 , que no parece que se violara en el presente caso usando los equipos adecuados y personal formado, sin que conste infracción alguna de lo dispuesto en los Reales Decretos 1215/1997, de 18 de Julio, sobre equipos de trabajo y 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección".

Acogiendo esta Juzgadora el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia meritada de nuestro Alto Tribunal, y atendiendo a las razones expuestas anteriormente, procede la íntegra estimación de la demanda dejando sin efecto la resolución de 6 de mayo de 2024, por resultar acreditado que la mercantil RECMAN EXCAVACIONES S.L. cumplió con las reglas de prevención de riesgos laborales en los términos exigidos en la ley, debiéndose los hechos recogidos en el Acta de infracción a una actuación individual y negligente del trabajador Don Lucas, eximiendo de responsabilidad a la parte actora en la presente litis.

CUARTO.- Recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g ) LRJS frente a esta resolución no cabe recurso alguno.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.- Prueba.

Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental incorporada a las actuaciones, y sustancialmente del expediente administrativo, de los certificados de formación incorporados en el escrito de demanda y de la testifical de DON Lucas, trabajador por cuya infracción fue sancionada la mercantil demandante, que asegura estar en posesión de titulación suficiente en materia de prevención de riesgos laborales y de utilización de máquinas excavadoras, tal y como acredita documentalmente la parte actora.

La prueba aportada en soporte audiovisual acredita que la maquina excavadora utilizada por el trabajador el día de la inspección, el 11 de enero de 2024, cuenta con sistema de cinturón en el asiento del conductor a la altura de la cintura.

SEGUNDO.- Objeto de la presente litis.

La empresa demandante actúa acogiéndose al criterio defendido en su escrito de demanda, al entender que la Administración ha sancionado el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, en atención a la fundamentación jurídica consignada en el Acta de infracción y ratificada al resolver el recurso de alzada, sin tomar en consideración la actitud activa de la mercantil para garantizar el cumplimiento de las referidas normas de prevención de riesgos laborales, mediante la formación continua al trabajador Don Lucas, tanto en dicha materia como en el uso de máquinas excavadoras, lo que le debe de eximir de la sanción impuesta por la Administración.

Por su parte, la representación procesal de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, alega en su derecho que la responsabilidad de la actuación del trabajador al no llevar puesto el cinturón es de cuenta del empresario por disposición expresa del RD 928/1998, de 14 de mayo; así como por lo establecido en el artículo 3 d) del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, establece la obligación del empresario no sólo de proporcionar gratuitamente los equipos de protección individual, sino que deberá "Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto", y por aplicación de lo establecido en el TRLISOS. Defendiendo la proporcionalidad de la sanción impuesta, pues dentro de las sanciones graves, ésta se impuso en su grado mínimo.

TERCERO.- Fondo del asunto.

La resolución administrativa impugnada impone una sanción por la comisión de una infracción grave tipificada en el art. 12.16.f) y el artículo 39.3 e) y h) de la LISOS, estableciendo el primer de los preceptos como infracción grave "Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de: f) Medidas de protección colectiva o individual".

Por su parte, el artículo 39.3 letras e) y h), contempla que "En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos.

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales".

Una vez establecida la legislación aplicable que interesa al presente litigio, es de reseñar que el mismo tiene por objeto la impugnación de resolución administrativa recaída en el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad laboral por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). La acción ejercitada se rige por lo dispuesto en los arts. 2 letra n) y 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Y en esta materia tiene especial importancia la presunción de veracidad de las actas de Inspección de Trabajo que deriva del artículo 53.2 LISOS según el cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

El Tribunal Supremo en sentencia de 17/03/2016 recuerda que la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes [ DA Cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14/Noviembre); y art. 53.2, párrafo segundo, del RD-Legislativo 5/2000, de 4/Agosto ( STS 22/05/12 -rco 76/11), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15 -rco 181/14).

Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho "son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril; 14/1997, de 28/Enero, FJ 7; y 35/2006, de 13/Febrero, FJ 6]» ( STC 82/2009, de 23/Marzo). En palabras de esta Sala, «... la actuación de la Inspección de Trabajo tiene un carácter informativo que conduce a la ulterior valoración por parte de quien juzga en instancia, como un medio probatorio más sin que quepa atribuirle efecto vinculante alguno y sin que pueda excluirse el análisis de los demás medios de prueba y, en suma, la necesaria convicción de quien juzga tras la valoración de todos ellos" ( STS SG 18/03/14 -rco 114/13).

Esa presunción de certeza se limita a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditativos por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, pero no alcanza a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas y se desplaza la carga de la prueba al administrado, de suerte que es éste quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la inspección, lo que no excluye un control jurisdiccional de los medios empleados por el inspector, exigiéndose asimismo que el contenido de las actas, ya sean de infracción o de liquidación, determine las "circunstancias del caso" y los "datos" que hayan servido para su elaboración ( TS ss. 29-1, 11-3-92).

No obstante lo anterior, y reseñando que esta Juzgadora da plena validez y credibilidad a los hechos consignados en el Acta de infracción realizado por la Administración en el ejercicio de su actividad inspectora, se discrepa en la interpretación de la norma en el momento de resolver las alegaciones realizadas por la empresa, que han culminado con la imposición de una sanción pecuniaria.

Ello es por las referencias consignadas en la resolución del recurso de alzada que toman como fundamento las alegaciones realizadas por el Subinspector Laboral de Seguridad y Salud de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca, por considerar que las mismas tiene un "carácter eminentemente técnico". Pues bien, se realiza en ellas una interpretación del artículo 39.3 del TRLISOS en los siguientes términos:

"lo que indica el artículo 39.3 del mencionado texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS) es que la propuesta de sanción se podrá agravarsegún los criterios de: e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden la prevención de los riesgos h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales".

Entendiendo esta Juzgadora que la interpretación realizada por el Subinspector encargado de la instrucción, respecto a la normativa aplicada, no es la acertada, pues como ya hemos indicado al inicio del presente Fundamento de Derecho, el artículo 39.3 establece que "En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación,se tendrán en cuenta los siguientes criterios (...)". De la dicción literal del artículo, se considera que cualquiera de los criterios enumerados a continuación del precepto, pueden tanto agravar como atenuar e incluso exonerar la responsabilidad del empresario, y no solo barajar la hipótesis de la agravación de la sanción como refiere el Subinspector. Ello es debido a que el precepto examinado solo habla de "graduación", lo cual no lo incardina exclusivamente en una interpretación al alza de la sanción, si no que deberá atender a criterios como el de "e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos"o "h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales",incluidos como criterios de graduación de la sanción, para considerar si la misma se debe agravar, atenuar o exonerar.

Ante dicha situación, y tomando en consideración que obra en autos documental que acredita la existencia de una conducta activa por parte de la empresa demandante orientada a la formación continuada en materia de prevención de riesgos laborales y en la utilización de máquinas excavadoras del trabajador Don Lucas, el cual fue sorprendido sin llevar abrochado el cinturón de seguridad de la máquina excavadora, sería desproporcionada cualquier imposición de sanción por parte de la Administración tras la acreditación por parte del empresario del cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas en el marco legal de la prevención de riesgos laborales, deviniendo el hecho infractor de la culpa exclusiva del trabajador Don Lucas, el cual fue percibido por el Inspector el día 11 de enero de 2024 y recogido en el Acta de infracción del día 6 de mayo de 2024.

Ante dichos hechos conviene traer a colación la Sentencia de la Sala de lo Social, del Tribunal Supremo, de 28 de febrero de 2019, (Roj: STS 983/2019 - ECLI:ES:TS:2019:983), en la que se establece en su Fundamento de Derecho Cuarto, que:

"Cuarta. Sobre la culpa "in vigilando".

Consecuentemente, la culpa fue exclusiva del encargado del trabajo, jefe de equipo, y no cabe imponer el recargo a la empresa que tomó las medidas de prevención necesarias y no es culpable de la negligencia grave con la que obró su empleado. La responsabilidad civil por los actos de los empleados que tiene su origen en el artículo 1.903 del Código Civil y que supone la obligación de reparar los daños causados culposamente por los auxiliares (empleados) del empresario para realizar su actividad, también llamada responsabilidad vicaria, supone el establecimiento de esa responsabilidad sin que intervenga la culpa del empleador, quien responde civilmente por los actos de su auxiliar que no respeten "el estándar de conducta exigible", que no actúe con la diligencia exigible y cause un daño. En estos casos de "responsabilidad vicaria" por el acto del empleado, pero sin culpa del empresario a quien se le hace responsable del acto de otro, por no haber controlado debidamente su actividad, resulta que la responsabilidad que se le impone es sin culpa.

Si ello es así, la llamada "culpa in vigilando" podrá justificar la reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios causados y así como la condena al pago de la misma. Pero una cosa es la responsabilidad civil por el acto de un empleado y otra diferente la responsabilidad penal y la administrativa por la comisión de infracciones penales o administrativas, cuya sanción requiere la culpa del infractor, cual sucede con el recargo de prestaciones que tiene naturaleza sancionadora, lo que obliga a interpretar esa responsabilidad de forma estricta ( STC 81/1995 ), esto es exigiendo la culpa de la empresa de forma más rigurosa que cuando responde civilmente por actos de sus empleados.

En apoyo de esta solución pueden citarse los artículos 4-2, 12-A y 16, números 1 y 2 del Convenio 155 de la OIT que nos dicen que deben tomarse medidas "razonables y factibles". Pues bien, dado que en el presente caso el siniestro acaeció cuando se sustituía una torre de un tendido eléctrico la pregunta es si era razonable y factible que el empresario (persona jurídica) estuviese allí controlando la operación, al igual que en otros lugares donde se estuvieran realizando actividades peligrosas o bastaba con haber enviado a realizar esa misión a personal formado y suficientemente cualificado con un jefe de servicio igualmente cualificado y con un protocolo de actuación conocido por todos. La respuesta es que no es razonable y factible esta exigencia, solución apuntada y seguida por la sentencia recurrida, porque sería diabólico exigir al titular de la empresa el don de la ubicuidad para estar presente en todos los lugares en que se desarrollan actividades de peligro. La LPRL no establece expresamente esa obligación, salvo aparentemente en su artículo 17 , que no parece que se violara en el presente caso usando los equipos adecuados y personal formado, sin que conste infracción alguna de lo dispuesto en los Reales Decretos 1215/1997, de 18 de Julio, sobre equipos de trabajo y 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección".

Acogiendo esta Juzgadora el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia meritada de nuestro Alto Tribunal, y atendiendo a las razones expuestas anteriormente, procede la íntegra estimación de la demanda dejando sin efecto la resolución de 6 de mayo de 2024, por resultar acreditado que la mercantil RECMAN EXCAVACIONES S.L. cumplió con las reglas de prevención de riesgos laborales en los términos exigidos en la ley, debiéndose los hechos recogidos en el Acta de infracción a una actuación individual y negligente del trabajador Don Lucas, eximiendo de responsabilidad a la parte actora en la presente litis.

CUARTO.- Recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g ) LRJS frente a esta resolución no cabe recurso alguno.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.- Prueba.

Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental incorporada a las actuaciones, y sustancialmente del expediente administrativo, de los certificados de formación incorporados en el escrito de demanda y de la testifical de DON Lucas, trabajador por cuya infracción fue sancionada la mercantil demandante, que asegura estar en posesión de titulación suficiente en materia de prevención de riesgos laborales y de utilización de máquinas excavadoras, tal y como acredita documentalmente la parte actora.

La prueba aportada en soporte audiovisual acredita que la maquina excavadora utilizada por el trabajador el día de la inspección, el 11 de enero de 2024, cuenta con sistema de cinturón en el asiento del conductor a la altura de la cintura.

SEGUNDO.- Objeto de la presente litis.

La empresa demandante actúa acogiéndose al criterio defendido en su escrito de demanda, al entender que la Administración ha sancionado el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, en atención a la fundamentación jurídica consignada en el Acta de infracción y ratificada al resolver el recurso de alzada, sin tomar en consideración la actitud activa de la mercantil para garantizar el cumplimiento de las referidas normas de prevención de riesgos laborales, mediante la formación continua al trabajador Don Lucas, tanto en dicha materia como en el uso de máquinas excavadoras, lo que le debe de eximir de la sanción impuesta por la Administración.

Por su parte, la representación procesal de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, alega en su derecho que la responsabilidad de la actuación del trabajador al no llevar puesto el cinturón es de cuenta del empresario por disposición expresa del RD 928/1998, de 14 de mayo; así como por lo establecido en el artículo 3 d) del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, establece la obligación del empresario no sólo de proporcionar gratuitamente los equipos de protección individual, sino que deberá "Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto", y por aplicación de lo establecido en el TRLISOS. Defendiendo la proporcionalidad de la sanción impuesta, pues dentro de las sanciones graves, ésta se impuso en su grado mínimo.

TERCERO.- Fondo del asunto.

La resolución administrativa impugnada impone una sanción por la comisión de una infracción grave tipificada en el art. 12.16.f) y el artículo 39.3 e) y h) de la LISOS, estableciendo el primer de los preceptos como infracción grave "Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de: f) Medidas de protección colectiva o individual".

Por su parte, el artículo 39.3 letras e) y h), contempla que "En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos.

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales".

Una vez establecida la legislación aplicable que interesa al presente litigio, es de reseñar que el mismo tiene por objeto la impugnación de resolución administrativa recaída en el ejercicio de la potestad sancionadora de la autoridad laboral por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). La acción ejercitada se rige por lo dispuesto en los arts. 2 letra n) y 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Y en esta materia tiene especial importancia la presunción de veracidad de las actas de Inspección de Trabajo que deriva del artículo 53.2 LISOS según el cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

El Tribunal Supremo en sentencia de 17/03/2016 recuerda que la presunción «iuris tantum» de veracidad que corresponde a las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente alcanza a las Actas de infracción sino que también se extiende a los informes [ DA Cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14/Noviembre); y art. 53.2, párrafo segundo, del RD-Legislativo 5/2000, de 4/Agosto ( STS 22/05/12 -rco 76/11), en el bien entendido que el privilegio probatorio únicamente se refiere a los «hechos» constatados por el Inspector actuante, no a la valoración que el mismo haga de los datos efectivamente comprobados ( STS SG 20/10/15 -rco 181/14).

Pero -como ha señalado el Tribunal Constitucional- tales afirmaciones de hecho "son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en Derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas [ SSTC 76/1990, de 26/Abril; 14/1997, de 28/Enero, FJ 7; y 35/2006, de 13/Febrero, FJ 6]» ( STC 82/2009, de 23/Marzo). En palabras de esta Sala, «... la actuación de la Inspección de Trabajo tiene un carácter informativo que conduce a la ulterior valoración por parte de quien juzga en instancia, como un medio probatorio más sin que quepa atribuirle efecto vinculante alguno y sin que pueda excluirse el análisis de los demás medios de prueba y, en suma, la necesaria convicción de quien juzga tras la valoración de todos ellos" ( STS SG 18/03/14 -rco 114/13).

Esa presunción de certeza se limita a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditativos por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, pero no alcanza a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas y se desplaza la carga de la prueba al administrado, de suerte que es éste quien debe acreditar con las pruebas precisas que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la inspección, lo que no excluye un control jurisdiccional de los medios empleados por el inspector, exigiéndose asimismo que el contenido de las actas, ya sean de infracción o de liquidación, determine las "circunstancias del caso" y los "datos" que hayan servido para su elaboración ( TS ss. 29-1, 11-3-92).

No obstante lo anterior, y reseñando que esta Juzgadora da plena validez y credibilidad a los hechos consignados en el Acta de infracción realizado por la Administración en el ejercicio de su actividad inspectora, se discrepa en la interpretación de la norma en el momento de resolver las alegaciones realizadas por la empresa, que han culminado con la imposición de una sanción pecuniaria.

Ello es por las referencias consignadas en la resolución del recurso de alzada que toman como fundamento las alegaciones realizadas por el Subinspector Laboral de Seguridad y Salud de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca, por considerar que las mismas tiene un "carácter eminentemente técnico". Pues bien, se realiza en ellas una interpretación del artículo 39.3 del TRLISOS en los siguientes términos:

"lo que indica el artículo 39.3 del mencionado texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS) es que la propuesta de sanción se podrá agravarsegún los criterios de: e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden la prevención de los riesgos h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales".

Entendiendo esta Juzgadora que la interpretación realizada por el Subinspector encargado de la instrucción, respecto a la normativa aplicada, no es la acertada, pues como ya hemos indicado al inicio del presente Fundamento de Derecho, el artículo 39.3 establece que "En las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a efectos de su graduación,se tendrán en cuenta los siguientes criterios (...)". De la dicción literal del artículo, se considera que cualquiera de los criterios enumerados a continuación del precepto, pueden tanto agravar como atenuar e incluso exonerar la responsabilidad del empresario, y no solo barajar la hipótesis de la agravación de la sanción como refiere el Subinspector. Ello es debido a que el precepto examinado solo habla de "graduación", lo cual no lo incardina exclusivamente en una interpretación al alza de la sanción, si no que deberá atender a criterios como el de "e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos"o "h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales",incluidos como criterios de graduación de la sanción, para considerar si la misma se debe agravar, atenuar o exonerar.

Ante dicha situación, y tomando en consideración que obra en autos documental que acredita la existencia de una conducta activa por parte de la empresa demandante orientada a la formación continuada en materia de prevención de riesgos laborales y en la utilización de máquinas excavadoras del trabajador Don Lucas, el cual fue sorprendido sin llevar abrochado el cinturón de seguridad de la máquina excavadora, sería desproporcionada cualquier imposición de sanción por parte de la Administración tras la acreditación por parte del empresario del cumplimiento de todas las obligaciones legales establecidas en el marco legal de la prevención de riesgos laborales, deviniendo el hecho infractor de la culpa exclusiva del trabajador Don Lucas, el cual fue percibido por el Inspector el día 11 de enero de 2024 y recogido en el Acta de infracción del día 6 de mayo de 2024.

Ante dichos hechos conviene traer a colación la Sentencia de la Sala de lo Social, del Tribunal Supremo, de 28 de febrero de 2019, (Roj: STS 983/2019 - ECLI:ES:TS:2019:983), en la que se establece en su Fundamento de Derecho Cuarto, que:

"Cuarta. Sobre la culpa "in vigilando".

Consecuentemente, la culpa fue exclusiva del encargado del trabajo, jefe de equipo, y no cabe imponer el recargo a la empresa que tomó las medidas de prevención necesarias y no es culpable de la negligencia grave con la que obró su empleado. La responsabilidad civil por los actos de los empleados que tiene su origen en el artículo 1.903 del Código Civil y que supone la obligación de reparar los daños causados culposamente por los auxiliares (empleados) del empresario para realizar su actividad, también llamada responsabilidad vicaria, supone el establecimiento de esa responsabilidad sin que intervenga la culpa del empleador, quien responde civilmente por los actos de su auxiliar que no respeten "el estándar de conducta exigible", que no actúe con la diligencia exigible y cause un daño. En estos casos de "responsabilidad vicaria" por el acto del empleado, pero sin culpa del empresario a quien se le hace responsable del acto de otro, por no haber controlado debidamente su actividad, resulta que la responsabilidad que se le impone es sin culpa.

Si ello es así, la llamada "culpa in vigilando" podrá justificar la reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios causados y así como la condena al pago de la misma. Pero una cosa es la responsabilidad civil por el acto de un empleado y otra diferente la responsabilidad penal y la administrativa por la comisión de infracciones penales o administrativas, cuya sanción requiere la culpa del infractor, cual sucede con el recargo de prestaciones que tiene naturaleza sancionadora, lo que obliga a interpretar esa responsabilidad de forma estricta ( STC 81/1995 ), esto es exigiendo la culpa de la empresa de forma más rigurosa que cuando responde civilmente por actos de sus empleados.

En apoyo de esta solución pueden citarse los artículos 4-2, 12-A y 16, números 1 y 2 del Convenio 155 de la OIT que nos dicen que deben tomarse medidas "razonables y factibles". Pues bien, dado que en el presente caso el siniestro acaeció cuando se sustituía una torre de un tendido eléctrico la pregunta es si era razonable y factible que el empresario (persona jurídica) estuviese allí controlando la operación, al igual que en otros lugares donde se estuvieran realizando actividades peligrosas o bastaba con haber enviado a realizar esa misión a personal formado y suficientemente cualificado con un jefe de servicio igualmente cualificado y con un protocolo de actuación conocido por todos. La respuesta es que no es razonable y factible esta exigencia, solución apuntada y seguida por la sentencia recurrida, porque sería diabólico exigir al titular de la empresa el don de la ubicuidad para estar presente en todos los lugares en que se desarrollan actividades de peligro. La LPRL no establece expresamente esa obligación, salvo aparentemente en su artículo 17 , que no parece que se violara en el presente caso usando los equipos adecuados y personal formado, sin que conste infracción alguna de lo dispuesto en los Reales Decretos 1215/1997, de 18 de Julio, sobre equipos de trabajo y 773/1997, de 30 de mayo, sobre equipos de protección".

Acogiendo esta Juzgadora el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia meritada de nuestro Alto Tribunal, y atendiendo a las razones expuestas anteriormente, procede la íntegra estimación de la demanda dejando sin efecto la resolución de 6 de mayo de 2024, por resultar acreditado que la mercantil RECMAN EXCAVACIONES S.L. cumplió con las reglas de prevención de riesgos laborales en los términos exigidos en la ley, debiéndose los hechos recogidos en el Acta de infracción a una actuación individual y negligente del trabajador Don Lucas, eximiendo de responsabilidad a la parte actora en la presente litis.

CUARTO.- Recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g ) LRJS frente a esta resolución no cabe recurso alguno.

En atención a lo expuesto,