Sentencia Social 154/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de León, Rec. 678/2025 de 16 de abril del 2026

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia.- Se declara la jurisdicción y competencia de esta Plaza Judicial de lo Social del Tribunal de Instancia de León, tanto por razón de la condición de los litigantes, como por la materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 6 y 10 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social ( LRJS, en adelante), en relación con los artículos 9.5 y 93 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial ( LOPJ, en adelante).

SEGUNDO.- Motivación fáctica: prueba.- 1.Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la precitada Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, hemos de expresar que los hechos probados de esta sentencia, se han deducido del expediente administrativo, de la documental aportada por la parte actora, valoradas todas ellas conforme a las reglas de la sana crítica,con el resultado que consta en los hechos probados, y, que se explicará, en lo que no resulte obvio, en los siguientes fundamentos de derecho.

2.En todo caso, es preciso establecer ahora que los hechos probados de esta sentencia se apoyan fundamentalmente, en el acta de infracción levantada por la ITSS y en el valor probatorio de la misma, conforme a lo dispuesto en el art. 53 de la LISOS y normativa concordante. En tal sentido, es preciso recordar que, conforme a lo dispuesto en el art. 53.2 LISOS, "...los hechos constatados por los referidos funcionarios de la ITSS que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados"...;en similar sentido, el párrafo segundo de dicho precepto, referido a los informes de la ITSS; en definitiva, presuncióniuris tantum de certeza de dichos hechos.

TERCERO.- Fondo del asunto.- 1.La empresa actora ha sido sancionada por la Administración demandada en materia laboral, en concreto en materia de Seguridad y Salud (prevención de riesgos laborales)y en este proceso -tramitado por la modalidad procesal de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social excluidos los prestacionales( art. 151 y ss LRJS-, novedad competencial atribuida a la jurisdicción social por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social) , dicha empresa se alza contra referida sanción, por los motivos que detallados en su demanda, que serán analizados a continuación.

2.En la demanda y en el acto del juicio se ha insistido en las alegaciones realizadas en el expediente administrativo, y que ha tenido cumplida y adecuada respuesta en las resoluciones administrativas impugnadas, a las que nos remitimos. De modo que, en relación con las demás alegaciones -distintas de la que trataremos a continuación-,y para evitar reiteraciones innecesarias, damos por reproducidas las acertadas consideraciones jurídicas explayadas en la Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León de 22 de septiembre de 2025 y en el de la Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo León en León de 6 de mayo de 2025, que se confirma en aquélla, si bien rebaja el importe de las multas a imponer.

3.En relación con la primera de las infraccionesy partiendo de los hechos probados, compartimos el fundado criterio de la Inspectora actuante del ITSS, en el sentido de que la situación apreciada en la visita de inspección "... generaba un riesgo grave y continuado de producción de accidentes tanto leves como graves, derivados de la falta de limpieza habitual del lugar de trabajo, ya fuera por resbalones y caídas al mismo nivel, con la consiguiente producción de fracturas, fuertes contusiones y golpes...";ello partiendo de que en dicha visita de inspección la propia inspectora actuante pudo constatar que "...Al transitar por las dependencias del centro de trabajo, la Inspectora ITSS actuante pudo comprobar el estado de suciedad extrema de la práctica totalidad de las mismas, salvo la zona destinada a oficinas administrativas, de tal manera que se producían continuos resbalones al intentar caminar por el interior de la nave. Describe el lugar diciendo que el suelo del taller es de hormigón y está prácticamente cubierto en su cuasi totalidad por cartones, mientras que el del local de descanso y de los servicios higiénicos es de terrazo, todos ellos muy resbaladizos; existen cables, cubos, bidones y medios de manutención mecánica desperdigados por todo el centro de trabajo, lo cual, unido a la suciedad del mismo y en especial de los pavimentos generaba a mayores un riesgo de producción de golpes y/o cortes de las extremidades inferiores de los trabajadores...";de todo ello se concluye que no se trata de un hecho puntual -como pretende la parte actora- sino de una suciedad persistente en el lugar de trabajo y, lo más importante, que la misma genera riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores, que es finalmente el bien jurídico protegido por el tipo sancionador aplicado (la evitación de dichos riesgos a los trabajadores);en definitiva, se acredita la infracción los artículos 3. 5 y el Anexo II del Rea Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo e incurriendo en una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales tipificada en el artículo 12.17 de la LISOS.

4.En relación con la segunda de las infraccionesy partiendo de los hechos probados, compartimos el fundado criterio de la Inspectora actuante del ITSS, en el sentido de que la situación apreciada como consecuencia de la visita de inspección generaba "... una situación de grave riesgo en el centro de trabajo derivada de la instalación, disposición , utilización y mantenimiento tanto del lugar de trabajo visitado como de los equipos de trabajo en el mismo dispuestos e utilizados, puesto que no se habían registrado los niveles de exposición a agentes químicos de distinto tipo en el proceso productivo a la vez que se habían inutilizado y/o carecido de los adecuados mecanismos de extracción localizada y general del polvo concurrente en la nave y en los equipos de trabajo en la mismas dispuestos, lo cual generaba graves riesgos de producción de enfermedades profesionales tanto respiratorias como dérmicas...",teniendo en cuenta lo apreciado por la Inspectora actuante en la vistita de inspección, así como el resultado del examen de la documentación por la misma se constata que por parte de la empresa no se había procedido a realizar estudio alguno del nivel de polvo concurrente en el centro laboral por el proceso productivo desde el inicio de su actividad (año 2010); y, tampoco constan estudios de los riesgos químicos desde el año 2023.

En relación con estos hechos y el tipo sancionador aplicado ( art. 12. 165 LISOS) , es preciso recordar -como ya hemos dicho en varias sentencias anteriores, de las que se hace eco la Resolución Administrativa impugnada-, que se trata un tipo de los denominados de "peligro abstracto",que ni siquiera exige la prueba del "riesgo concreto", y menos aún exige un resultado lesivo (en cuyo caso, estaríamos ante un tipo sancionador de resultado o lesión figura infrecuente en el derecho sancionador administrativo); es decir, es un tipo sancionador que "adelanta" la barrera de protección del bien jurídico protegido(la salud del trabajador). Además, procede recordar que la calificación del riesgo, depende única y exclusivamente de las características del propio riesgo (no de la mayor o menor gravedad de las lesiones sufridas por los trabajadores en caso de que dicho riesgo se actualice y se produzca un accidente). Por consiguiente, lo que debe valorarse a a hora de calificar un riesgo no es la gravedad de las lesiones (lesiones que ni siquiera tienen por qué existir puesto que es perfectamente posible que exista una situación de riesgo grave o muy grave y, sin embargo, el riesgo no llegue a actualizarse nunca y no llegue a producirse un accidente) sino la mayor o menor ausencia de medidas de prevención frente al riesgo.

Pues bien, partiendo de cuanto antecede, en el presente caso, ha quedado acreditado que no existen mediciones de polvo desde el inicio de la actividad (año 2010) y que tampoco existen mediciones de agentes químicos desde el año 2023 hasta a visita inspectora, así como que las medidas de protección colectiva (extractores y ventiladores) tampoco estaban funcionando, de tal manera que no había certeza de que las protecciones respiratorias que alega la empresa que se estaban usando fueran suficientes para evitar daños en la salud de los trabajadores, toda vez que el tipo de sustancias con las que estaban en contacto podían causar enfermedades profesionales, como acertadamente razona la resolución de la Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo León en León de 6 de mayo de 2025 impugnada, que damos por reproducida.

5.Por cuanto antecede, consideramos conforme a derecho la calificación efectuada por la ITSS y las resoluciones administrativas impugnadas, como dos infracción graves en materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con lo previsto en los artículos 12.17 y 12.16.b ) e, i) LISOS ,respectivamente, conforme a lo razonado por la resolución de la Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo León en León de 6 de mayo de 2025 y normativa concordante, y también consideramos conforme a los artículos 39.1 y concordantes LISOS, el importe de las sanciones impuestas, conforme a lo razonado en la Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León de 22 de septiembre de 2025; en criterio que también procede confirmar, por ser conforme a Derecho.

En consecuencia con cuanto antecede, y conforme a lo dispuesto en el art. 151.9.b) LRJS, procede la íntegra desestimación de la demanda, al ser ajustada a derecho la resolución administrativa impugnada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación