Sentencia Social 46/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Palencia, Rec. 614/2025 de 11 de marzo del 2026

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de la prueba documental obrante en autos y la testifical practicada en la vista, en el sentido que se expondrá en los siguientes fundamentos jurídicos.

SEGUNDO.-La actora solicita que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la decisión de imponer la excedencia forzosa por vulneración del derecho fundamental a la igualdad, no discriminación y a la conciliación; que se condene a la demandada a la reincorporación del actor, con abono de los salarios dejados de percibir; que se declare que el cómputo del 20% del artículo 37.3.d) ET debe efectuarse sobre la jornada ordinaria, si n que la reducción por guarda legal pueda perjudicar al trabajador; que se acuerde la inversión de la carga de la prueba; que se condene al pago de una indemnización por daños y perjuicios; subsidiariamente, que se declare no ajustada a derecho la excedencia forzosa; que se condene a la demandada a cesar en cualquier conducta obstaculizadora del ejercicio de la conciliación y a abstenerse de adoptar nuevas medidas de represalia, con advertencia de multas coercitivas.

La demandada se opone, planteando, en primer lugar, excepción de indebida acumulación de acciones, y en cuanto al fondo, manifiesta que se cumplen los requisitos para la adopción por la empresa de la excedencia forzosa y que ninguna vulneración de derechos fundamentales se ha producido, pues se han acordado las reducciones de jornada solicitadas y el disfrute del permiso parental, se han concedido los días de libre disposición en otras fechas distintas de las solicitadas por motivos de organización y que diferencias retributivas existentes, o se han abonado o están pendientes de resolución en otros procedimientos judiciales, sin que la disparidad de criterios de las partes en este sentido suponga ninguna vulneración de derechos fundamentales.

Dado traslado a la actora sobre la excepción planteada de contrario, manifiesta que no existe indebida acumulación de acciones porque va unida la decisión de la empresa de excedencia forzosa y la vulneración de derechos fundamentales alegada.

El Ministerio Fiscal no ha comparecido.

TERCERO.-Procede, con carácter previo, estimar la excepción de indebida acumulación de acciones, toda vez que el artículo 178 LRJS establece que el objeto del proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad. Es cierto, como alega la actora, que existe relación entre la vulneración del derecho fundamental reclamado y la excedencia forzosa acordada por la empresa, pero no es posible resolver en este procedimiento sobre el fondo de la cuestión de la alegada excedencia forzosa, por exceder de lo establecido en esta modalidad procesal y porque, además, existe un procedimiento ordinario seguido por esta cuestión el la Plaza 2 de esta Sección, PO 647/25, que se encuentra suspendido por litispendencia y cuyo objeto es la impugnación de la suspensión de la relación laboral por excedencia forzosa, siendo ese el cauce procesal correcto para resolver sobre esa cuestión.

CUARTO.-Entrando al fondo del asunto, considera la actora que la medida adoptada por la demandada de acordar la excedencia forzosa del trabajador penaliza o dificulta el ejercicio de la reducción de jornada por guarda legal y produce un trato desfavorable vulnerando los artículo 14 y 39 CE. La tutela de los derechos fundamentales se regula en los artículos 177 y siguientes LRJS, quedando limitado el conocimiento, como hemos dicho, a la lesión del derecho fundamental. Manifiesta la actora que desde que solicitó la reducción de jornada por guarda legal empezaron las represalias contra el trabajador, no concediéndole los días de permiso 30 y 31 de diciembre de 2024; no abono del complemento por festivo de los días 24 y 31 de diciembre de 2024; diferencias retributivas en el mes de enero de 2025; no abono del permiso parental del artículo 48 bis ET; y la excedencia forzosa. De la documental que obra en autos y de la testifical practicada en la vista se desprende que el actor trabajaba en Valladolid hasta el 8 de marzo de 2024, en un proyecto piloto que no existe en Palencia y que tiene otros requisitos (acont. 209). No teletrabajaba, tenía reducción de jornada y se le aportó por la empresa un ordenador y un teléfono móvil. El 11 de marzo de 2024 empieza a trabajar en Palencia como Coordinador. Tiene un ordenador de sobremesa y un teléfono móvil, como los demás Coordinadores. Y en relación a la reducción de jornada, consta documentalmente que tuvo reducción de jornada: Del 16 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024: concedida reducción de jornada por escrito de 15 de octubre de 2024. Concreción horaria: de lunes a viernes de 09:20 a 13:40 horas; Del 20 de enero de 2025 al 20 de junio de 2025: concedido respetando las vacaciones de 2 a 14 de enero de 2025 y los días 15 y 16 de enero, de libre disposición, por lo que variaron las fechas solicitadas de 15 de enero de 2025 a 23 de junio de 2025. Y, posteriormente, del 7 de julio de 25 al 31 de agosto de 2025 disfrutó disfrute del permiso del artículo 48 bis ET. Por tanto, todas las reducciones solicitadas se han acordado por la empresa y disfrutado por el trabajador. La última solicitada, cuyo inicio era para el 16 de septiembre de 2025, no se concede porque se inicia la excedencia forzosa el 3 de septiembre de 2025. No consta que se haya puesto ningún impedimento al actor.

El resto de cuestiones que se ponen de manifiesto en la demanda: los días de permiso 30 y 31 de diciembre de 2024; no abono del complemento por festivo de los días 24 y 31 de diciembre de 2024; diferencias retributivas en el mes de enero de 2025; y no abono del permiso parental del artículo 48 bis ET, son objeto de otros procedimientos de legalidad ordinaria, pero sin entrar en su fondo, por no ser objeto de este procedimiento, podemos afirmar que son cuestiones relacionadas con el ejercicio de la potestad de dirección del empleador o con discrepancias, sin que supongan vulneración de derechos fundamentales. Así, de las declaraciones testificales se deriva que los últimos días de diciembre nos e conceden a los Coordinadores como de permiso, por ser unas fechas con mucho trabajo, concediéndose a Auxiliares o la Responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, como ella misma declaró, por ser sus funciones distintas. No queda acreditada ningún perjuicio en esa denegación, siendo disfrutados unos días después, a mediados de enero. De las declaraciones testificales también se deriva que el actor tenía un ordenador de sobremesa, el portátil lo necesitaba en Valladolid por tener que prestar servicios fuera de su lugar de trabajo en algunas ocasiones, y tiene un teléfono móvil y un fijo, declarando la Responsable que la mayoría de llamadas que se hacen y atienden son con el teléfono fijo. En relación al teletrabajo, el trabajo del actor en Valladolid era presencial y en Palencia todos trabajan de manera presencial, salvo trabajadores de CLECE, que no son de ayuda a domicilio y teletrabajan los viernes. El resto de cuestiones citadas se refieren a meras discrepancias que se resolverán por este Juzgado en el procedimiento ordinario de reclamación de cantidad correspondiente y que no pueden suponer ninguna discriminación ni vulneración de derechos fundamentales.

Constan en autos, acont. 173 y 174, quejas presentadas contra el trabajo del actor: 14 de agosto de 2024 (presentada en el Ayuntamiento de Palencia); 29 de agosto de 2024 (presentada por correo electrónico y contestada); 5 de septiembre de 2024 (presentada por correo electrónico); 18 de septiembre de 2024; 27 de diciembre de 2024 (presentada por correo electrónico); 2 de abril de 2025 (presentada por correo electrónico); y 2 de mayo de 2025 (referida al retraso en la prestación de servicios). El Gerente de la UTE, que depuso en la vista, manifestó haber tenido una reunión con el actor el día 3 de noviembre de 2024 para comentar el asunto de las quejas, no admitiéndose por el demandante. No consta la existencia de ningún expediente abierto al actor por este motivo ni que se la haya sancionado.

Respecto a la cuestión principal, la excedencia forzosa, aparece regulada en los artículos 46.1 y 37.3.d) ET. Estamos ante un supuesto de excedencia forzosa por cumplimiento de un deber público, al ser el actor Procurador en las Cortes de Castilla y León. Se da este supuesto cuando no se puede realizar más del 20% de la jornada laboral durante tres meses. Sin entrar a determinar si el cómputo debe hacerse sobre la jornada total o la reducido, que será objeto de un procedimiento ordinario seguido ante la Plaza 2 de la Sección de lo Social, lo cierto es que el artículo 37.3.d) ET dice "podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el artículo 46.1".Por tanto. Es una posibilidad que tiene la empresa que se hecho efectiva en este supuesto y que, con independencia de que se haya realizado el cálculo del 20% correctamente o no, no tiene ninguna relación con las reducciones de jornada y no supone ninguna vulneración de derechos fundamentales su adopción porque no se ha presentado ningún indicio fundado al respecto y las pruebas que constan en autos no lo acreditan.

En los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, el artículo 181.2 LRJS recoge la inversión de la carga de la prueba, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido la violación del derecho fundamental, debiendo el demandado aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. En el mismo sentido el artículo 96.1 LRJS. Dicha inversión de la carga de la prueba no opera de forma automática, con la mera alegación del trabajador, siendo necesaria la aportación de indicios suficientes para su acreditación. La sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de junio de 2014 dice que el indicio no es una mera alegación, ni una invocación retórica, sino que son hechos que deben aportarse y acreditarse. Y la sentencia del mismo Tribunal, de 10 de septiembre de 2015 recuerda que deben ser considerados indicios no solo los hechos que claramente demuestren la lesión del derecho, sino también aquellos hechos que tengan simplemente entidad para hacer pensar que se ha podido producir la lesión del derecho. En el presente asunto, se ha hecho mención a la excedencia forzosa y a la reducción de jornada, pero no se ha aportado ningún indicio en el sentido dicho, pues del simple examen de la documental se deduce que se han reconocido las peticiones de reducción de jornada y que se cumplen los términos legales de la excedencia forzosa en cuanto a la posibilidad de que sea la empresa la que lo acuerde.

Por todo lo dicho, no cabe considerar que exista vulneración de derechos fundamentales, por lo que procede la desestimación de la demanda.

QUINTO.-Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación (art. 191 LJS).

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de la prueba documental obrante en autos y la testifical practicada en la vista, en el sentido que se expondrá en los siguientes fundamentos jurídicos.

SEGUNDO.-La actora solicita que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la decisión de imponer la excedencia forzosa por vulneración del derecho fundamental a la igualdad, no discriminación y a la conciliación; que se condene a la demandada a la reincorporación del actor, con abono de los salarios dejados de percibir; que se declare que el cómputo del 20% del artículo 37.3.d) ET debe efectuarse sobre la jornada ordinaria, si n que la reducción por guarda legal pueda perjudicar al trabajador; que se acuerde la inversión de la carga de la prueba; que se condene al pago de una indemnización por daños y perjuicios; subsidiariamente, que se declare no ajustada a derecho la excedencia forzosa; que se condene a la demandada a cesar en cualquier conducta obstaculizadora del ejercicio de la conciliación y a abstenerse de adoptar nuevas medidas de represalia, con advertencia de multas coercitivas.

La demandada se opone, planteando, en primer lugar, excepción de indebida acumulación de acciones, y en cuanto al fondo, manifiesta que se cumplen los requisitos para la adopción por la empresa de la excedencia forzosa y que ninguna vulneración de derechos fundamentales se ha producido, pues se han acordado las reducciones de jornada solicitadas y el disfrute del permiso parental, se han concedido los días de libre disposición en otras fechas distintas de las solicitadas por motivos de organización y que diferencias retributivas existentes, o se han abonado o están pendientes de resolución en otros procedimientos judiciales, sin que la disparidad de criterios de las partes en este sentido suponga ninguna vulneración de derechos fundamentales.

Dado traslado a la actora sobre la excepción planteada de contrario, manifiesta que no existe indebida acumulación de acciones porque va unida la decisión de la empresa de excedencia forzosa y la vulneración de derechos fundamentales alegada.

El Ministerio Fiscal no ha comparecido.

TERCERO.-Procede, con carácter previo, estimar la excepción de indebida acumulación de acciones, toda vez que el artículo 178 LRJS establece que el objeto del proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad. Es cierto, como alega la actora, que existe relación entre la vulneración del derecho fundamental reclamado y la excedencia forzosa acordada por la empresa, pero no es posible resolver en este procedimiento sobre el fondo de la cuestión de la alegada excedencia forzosa, por exceder de lo establecido en esta modalidad procesal y porque, además, existe un procedimiento ordinario seguido por esta cuestión el la Plaza 2 de esta Sección, PO 647/25, que se encuentra suspendido por litispendencia y cuyo objeto es la impugnación de la suspensión de la relación laboral por excedencia forzosa, siendo ese el cauce procesal correcto para resolver sobre esa cuestión.

CUARTO.-Entrando al fondo del asunto, considera la actora que la medida adoptada por la demandada de acordar la excedencia forzosa del trabajador penaliza o dificulta el ejercicio de la reducción de jornada por guarda legal y produce un trato desfavorable vulnerando los artículo 14 y 39 CE. La tutela de los derechos fundamentales se regula en los artículos 177 y siguientes LRJS, quedando limitado el conocimiento, como hemos dicho, a la lesión del derecho fundamental. Manifiesta la actora que desde que solicitó la reducción de jornada por guarda legal empezaron las represalias contra el trabajador, no concediéndole los días de permiso 30 y 31 de diciembre de 2024; no abono del complemento por festivo de los días 24 y 31 de diciembre de 2024; diferencias retributivas en el mes de enero de 2025; no abono del permiso parental del artículo 48 bis ET; y la excedencia forzosa. De la documental que obra en autos y de la testifical practicada en la vista se desprende que el actor trabajaba en Valladolid hasta el 8 de marzo de 2024, en un proyecto piloto que no existe en Palencia y que tiene otros requisitos (acont. 209). No teletrabajaba, tenía reducción de jornada y se le aportó por la empresa un ordenador y un teléfono móvil. El 11 de marzo de 2024 empieza a trabajar en Palencia como Coordinador. Tiene un ordenador de sobremesa y un teléfono móvil, como los demás Coordinadores. Y en relación a la reducción de jornada, consta documentalmente que tuvo reducción de jornada: Del 16 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024: concedida reducción de jornada por escrito de 15 de octubre de 2024. Concreción horaria: de lunes a viernes de 09:20 a 13:40 horas; Del 20 de enero de 2025 al 20 de junio de 2025: concedido respetando las vacaciones de 2 a 14 de enero de 2025 y los días 15 y 16 de enero, de libre disposición, por lo que variaron las fechas solicitadas de 15 de enero de 2025 a 23 de junio de 2025. Y, posteriormente, del 7 de julio de 25 al 31 de agosto de 2025 disfrutó disfrute del permiso del artículo 48 bis ET. Por tanto, todas las reducciones solicitadas se han acordado por la empresa y disfrutado por el trabajador. La última solicitada, cuyo inicio era para el 16 de septiembre de 2025, no se concede porque se inicia la excedencia forzosa el 3 de septiembre de 2025. No consta que se haya puesto ningún impedimento al actor.

El resto de cuestiones que se ponen de manifiesto en la demanda: los días de permiso 30 y 31 de diciembre de 2024; no abono del complemento por festivo de los días 24 y 31 de diciembre de 2024; diferencias retributivas en el mes de enero de 2025; y no abono del permiso parental del artículo 48 bis ET, son objeto de otros procedimientos de legalidad ordinaria, pero sin entrar en su fondo, por no ser objeto de este procedimiento, podemos afirmar que son cuestiones relacionadas con el ejercicio de la potestad de dirección del empleador o con discrepancias, sin que supongan vulneración de derechos fundamentales. Así, de las declaraciones testificales se deriva que los últimos días de diciembre nos e conceden a los Coordinadores como de permiso, por ser unas fechas con mucho trabajo, concediéndose a Auxiliares o la Responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, como ella misma declaró, por ser sus funciones distintas. No queda acreditada ningún perjuicio en esa denegación, siendo disfrutados unos días después, a mediados de enero. De las declaraciones testificales también se deriva que el actor tenía un ordenador de sobremesa, el portátil lo necesitaba en Valladolid por tener que prestar servicios fuera de su lugar de trabajo en algunas ocasiones, y tiene un teléfono móvil y un fijo, declarando la Responsable que la mayoría de llamadas que se hacen y atienden son con el teléfono fijo. En relación al teletrabajo, el trabajo del actor en Valladolid era presencial y en Palencia todos trabajan de manera presencial, salvo trabajadores de CLECE, que no son de ayuda a domicilio y teletrabajan los viernes. El resto de cuestiones citadas se refieren a meras discrepancias que se resolverán por este Juzgado en el procedimiento ordinario de reclamación de cantidad correspondiente y que no pueden suponer ninguna discriminación ni vulneración de derechos fundamentales.

Constan en autos, acont. 173 y 174, quejas presentadas contra el trabajo del actor: 14 de agosto de 2024 (presentada en el Ayuntamiento de Palencia); 29 de agosto de 2024 (presentada por correo electrónico y contestada); 5 de septiembre de 2024 (presentada por correo electrónico); 18 de septiembre de 2024; 27 de diciembre de 2024 (presentada por correo electrónico); 2 de abril de 2025 (presentada por correo electrónico); y 2 de mayo de 2025 (referida al retraso en la prestación de servicios). El Gerente de la UTE, que depuso en la vista, manifestó haber tenido una reunión con el actor el día 3 de noviembre de 2024 para comentar el asunto de las quejas, no admitiéndose por el demandante. No consta la existencia de ningún expediente abierto al actor por este motivo ni que se la haya sancionado.

Respecto a la cuestión principal, la excedencia forzosa, aparece regulada en los artículos 46.1 y 37.3.d) ET. Estamos ante un supuesto de excedencia forzosa por cumplimiento de un deber público, al ser el actor Procurador en las Cortes de Castilla y León. Se da este supuesto cuando no se puede realizar más del 20% de la jornada laboral durante tres meses. Sin entrar a determinar si el cómputo debe hacerse sobre la jornada total o la reducido, que será objeto de un procedimiento ordinario seguido ante la Plaza 2 de la Sección de lo Social, lo cierto es que el artículo 37.3.d) ET dice "podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el artículo 46.1".Por tanto. Es una posibilidad que tiene la empresa que se hecho efectiva en este supuesto y que, con independencia de que se haya realizado el cálculo del 20% correctamente o no, no tiene ninguna relación con las reducciones de jornada y no supone ninguna vulneración de derechos fundamentales su adopción porque no se ha presentado ningún indicio fundado al respecto y las pruebas que constan en autos no lo acreditan.

En los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, el artículo 181.2 LRJS recoge la inversión de la carga de la prueba, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido la violación del derecho fundamental, debiendo el demandado aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. En el mismo sentido el artículo 96.1 LRJS. Dicha inversión de la carga de la prueba no opera de forma automática, con la mera alegación del trabajador, siendo necesaria la aportación de indicios suficientes para su acreditación. La sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de junio de 2014 dice que el indicio no es una mera alegación, ni una invocación retórica, sino que son hechos que deben aportarse y acreditarse. Y la sentencia del mismo Tribunal, de 10 de septiembre de 2015 recuerda que deben ser considerados indicios no solo los hechos que claramente demuestren la lesión del derecho, sino también aquellos hechos que tengan simplemente entidad para hacer pensar que se ha podido producir la lesión del derecho. En el presente asunto, se ha hecho mención a la excedencia forzosa y a la reducción de jornada, pero no se ha aportado ningún indicio en el sentido dicho, pues del simple examen de la documental se deduce que se han reconocido las peticiones de reducción de jornada y que se cumplen los términos legales de la excedencia forzosa en cuanto a la posibilidad de que sea la empresa la que lo acuerde.

Por todo lo dicho, no cabe considerar que exista vulneración de derechos fundamentales, por lo que procede la desestimación de la demanda.

QUINTO.-Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación (art. 191 LJS).

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de la prueba documental obrante en autos y la testifical practicada en la vista, en el sentido que se expondrá en los siguientes fundamentos jurídicos.

SEGUNDO.-La actora solicita que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la decisión de imponer la excedencia forzosa por vulneración del derecho fundamental a la igualdad, no discriminación y a la conciliación; que se condene a la demandada a la reincorporación del actor, con abono de los salarios dejados de percibir; que se declare que el cómputo del 20% del artículo 37.3.d) ET debe efectuarse sobre la jornada ordinaria, si n que la reducción por guarda legal pueda perjudicar al trabajador; que se acuerde la inversión de la carga de la prueba; que se condene al pago de una indemnización por daños y perjuicios; subsidiariamente, que se declare no ajustada a derecho la excedencia forzosa; que se condene a la demandada a cesar en cualquier conducta obstaculizadora del ejercicio de la conciliación y a abstenerse de adoptar nuevas medidas de represalia, con advertencia de multas coercitivas.

La demandada se opone, planteando, en primer lugar, excepción de indebida acumulación de acciones, y en cuanto al fondo, manifiesta que se cumplen los requisitos para la adopción por la empresa de la excedencia forzosa y que ninguna vulneración de derechos fundamentales se ha producido, pues se han acordado las reducciones de jornada solicitadas y el disfrute del permiso parental, se han concedido los días de libre disposición en otras fechas distintas de las solicitadas por motivos de organización y que diferencias retributivas existentes, o se han abonado o están pendientes de resolución en otros procedimientos judiciales, sin que la disparidad de criterios de las partes en este sentido suponga ninguna vulneración de derechos fundamentales.

Dado traslado a la actora sobre la excepción planteada de contrario, manifiesta que no existe indebida acumulación de acciones porque va unida la decisión de la empresa de excedencia forzosa y la vulneración de derechos fundamentales alegada.

El Ministerio Fiscal no ha comparecido.

TERCERO.-Procede, con carácter previo, estimar la excepción de indebida acumulación de acciones, toda vez que el artículo 178 LRJS establece que el objeto del proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad. Es cierto, como alega la actora, que existe relación entre la vulneración del derecho fundamental reclamado y la excedencia forzosa acordada por la empresa, pero no es posible resolver en este procedimiento sobre el fondo de la cuestión de la alegada excedencia forzosa, por exceder de lo establecido en esta modalidad procesal y porque, además, existe un procedimiento ordinario seguido por esta cuestión el la Plaza 2 de esta Sección, PO 647/25, que se encuentra suspendido por litispendencia y cuyo objeto es la impugnación de la suspensión de la relación laboral por excedencia forzosa, siendo ese el cauce procesal correcto para resolver sobre esa cuestión.

CUARTO.-Entrando al fondo del asunto, considera la actora que la medida adoptada por la demandada de acordar la excedencia forzosa del trabajador penaliza o dificulta el ejercicio de la reducción de jornada por guarda legal y produce un trato desfavorable vulnerando los artículo 14 y 39 CE. La tutela de los derechos fundamentales se regula en los artículos 177 y siguientes LRJS, quedando limitado el conocimiento, como hemos dicho, a la lesión del derecho fundamental. Manifiesta la actora que desde que solicitó la reducción de jornada por guarda legal empezaron las represalias contra el trabajador, no concediéndole los días de permiso 30 y 31 de diciembre de 2024; no abono del complemento por festivo de los días 24 y 31 de diciembre de 2024; diferencias retributivas en el mes de enero de 2025; no abono del permiso parental del artículo 48 bis ET; y la excedencia forzosa. De la documental que obra en autos y de la testifical practicada en la vista se desprende que el actor trabajaba en Valladolid hasta el 8 de marzo de 2024, en un proyecto piloto que no existe en Palencia y que tiene otros requisitos (acont. 209). No teletrabajaba, tenía reducción de jornada y se le aportó por la empresa un ordenador y un teléfono móvil. El 11 de marzo de 2024 empieza a trabajar en Palencia como Coordinador. Tiene un ordenador de sobremesa y un teléfono móvil, como los demás Coordinadores. Y en relación a la reducción de jornada, consta documentalmente que tuvo reducción de jornada: Del 16 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024: concedida reducción de jornada por escrito de 15 de octubre de 2024. Concreción horaria: de lunes a viernes de 09:20 a 13:40 horas; Del 20 de enero de 2025 al 20 de junio de 2025: concedido respetando las vacaciones de 2 a 14 de enero de 2025 y los días 15 y 16 de enero, de libre disposición, por lo que variaron las fechas solicitadas de 15 de enero de 2025 a 23 de junio de 2025. Y, posteriormente, del 7 de julio de 25 al 31 de agosto de 2025 disfrutó disfrute del permiso del artículo 48 bis ET. Por tanto, todas las reducciones solicitadas se han acordado por la empresa y disfrutado por el trabajador. La última solicitada, cuyo inicio era para el 16 de septiembre de 2025, no se concede porque se inicia la excedencia forzosa el 3 de septiembre de 2025. No consta que se haya puesto ningún impedimento al actor.

El resto de cuestiones que se ponen de manifiesto en la demanda: los días de permiso 30 y 31 de diciembre de 2024; no abono del complemento por festivo de los días 24 y 31 de diciembre de 2024; diferencias retributivas en el mes de enero de 2025; y no abono del permiso parental del artículo 48 bis ET, son objeto de otros procedimientos de legalidad ordinaria, pero sin entrar en su fondo, por no ser objeto de este procedimiento, podemos afirmar que son cuestiones relacionadas con el ejercicio de la potestad de dirección del empleador o con discrepancias, sin que supongan vulneración de derechos fundamentales. Así, de las declaraciones testificales se deriva que los últimos días de diciembre nos e conceden a los Coordinadores como de permiso, por ser unas fechas con mucho trabajo, concediéndose a Auxiliares o la Responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, como ella misma declaró, por ser sus funciones distintas. No queda acreditada ningún perjuicio en esa denegación, siendo disfrutados unos días después, a mediados de enero. De las declaraciones testificales también se deriva que el actor tenía un ordenador de sobremesa, el portátil lo necesitaba en Valladolid por tener que prestar servicios fuera de su lugar de trabajo en algunas ocasiones, y tiene un teléfono móvil y un fijo, declarando la Responsable que la mayoría de llamadas que se hacen y atienden son con el teléfono fijo. En relación al teletrabajo, el trabajo del actor en Valladolid era presencial y en Palencia todos trabajan de manera presencial, salvo trabajadores de CLECE, que no son de ayuda a domicilio y teletrabajan los viernes. El resto de cuestiones citadas se refieren a meras discrepancias que se resolverán por este Juzgado en el procedimiento ordinario de reclamación de cantidad correspondiente y que no pueden suponer ninguna discriminación ni vulneración de derechos fundamentales.

Constan en autos, acont. 173 y 174, quejas presentadas contra el trabajo del actor: 14 de agosto de 2024 (presentada en el Ayuntamiento de Palencia); 29 de agosto de 2024 (presentada por correo electrónico y contestada); 5 de septiembre de 2024 (presentada por correo electrónico); 18 de septiembre de 2024; 27 de diciembre de 2024 (presentada por correo electrónico); 2 de abril de 2025 (presentada por correo electrónico); y 2 de mayo de 2025 (referida al retraso en la prestación de servicios). El Gerente de la UTE, que depuso en la vista, manifestó haber tenido una reunión con el actor el día 3 de noviembre de 2024 para comentar el asunto de las quejas, no admitiéndose por el demandante. No consta la existencia de ningún expediente abierto al actor por este motivo ni que se la haya sancionado.

Respecto a la cuestión principal, la excedencia forzosa, aparece regulada en los artículos 46.1 y 37.3.d) ET. Estamos ante un supuesto de excedencia forzosa por cumplimiento de un deber público, al ser el actor Procurador en las Cortes de Castilla y León. Se da este supuesto cuando no se puede realizar más del 20% de la jornada laboral durante tres meses. Sin entrar a determinar si el cómputo debe hacerse sobre la jornada total o la reducido, que será objeto de un procedimiento ordinario seguido ante la Plaza 2 de la Sección de lo Social, lo cierto es que el artículo 37.3.d) ET dice "podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el artículo 46.1".Por tanto. Es una posibilidad que tiene la empresa que se hecho efectiva en este supuesto y que, con independencia de que se haya realizado el cálculo del 20% correctamente o no, no tiene ninguna relación con las reducciones de jornada y no supone ninguna vulneración de derechos fundamentales su adopción porque no se ha presentado ningún indicio fundado al respecto y las pruebas que constan en autos no lo acreditan.

En los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, el artículo 181.2 LRJS recoge la inversión de la carga de la prueba, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido la violación del derecho fundamental, debiendo el demandado aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. En el mismo sentido el artículo 96.1 LRJS. Dicha inversión de la carga de la prueba no opera de forma automática, con la mera alegación del trabajador, siendo necesaria la aportación de indicios suficientes para su acreditación. La sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de junio de 2014 dice que el indicio no es una mera alegación, ni una invocación retórica, sino que son hechos que deben aportarse y acreditarse. Y la sentencia del mismo Tribunal, de 10 de septiembre de 2015 recuerda que deben ser considerados indicios no solo los hechos que claramente demuestren la lesión del derecho, sino también aquellos hechos que tengan simplemente entidad para hacer pensar que se ha podido producir la lesión del derecho. En el presente asunto, se ha hecho mención a la excedencia forzosa y a la reducción de jornada, pero no se ha aportado ningún indicio en el sentido dicho, pues del simple examen de la documental se deduce que se han reconocido las peticiones de reducción de jornada y que se cumplen los términos legales de la excedencia forzosa en cuanto a la posibilidad de que sea la empresa la que lo acuerde.

Por todo lo dicho, no cabe considerar que exista vulneración de derechos fundamentales, por lo que procede la desestimación de la demanda.

QUINTO.-Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación (art. 191 LJS).

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de la prueba documental obrante en autos y la testifical practicada en la vista, en el sentido que se expondrá en los siguientes fundamentos jurídicos.

SEGUNDO.-La actora solicita que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la decisión de imponer la excedencia forzosa por vulneración del derecho fundamental a la igualdad, no discriminación y a la conciliación; que se condene a la demandada a la reincorporación del actor, con abono de los salarios dejados de percibir; que se declare que el cómputo del 20% del artículo 37.3.d) ET debe efectuarse sobre la jornada ordinaria, si n que la reducción por guarda legal pueda perjudicar al trabajador; que se acuerde la inversión de la carga de la prueba; que se condene al pago de una indemnización por daños y perjuicios; subsidiariamente, que se declare no ajustada a derecho la excedencia forzosa; que se condene a la demandada a cesar en cualquier conducta obstaculizadora del ejercicio de la conciliación y a abstenerse de adoptar nuevas medidas de represalia, con advertencia de multas coercitivas.

La demandada se opone, planteando, en primer lugar, excepción de indebida acumulación de acciones, y en cuanto al fondo, manifiesta que se cumplen los requisitos para la adopción por la empresa de la excedencia forzosa y que ninguna vulneración de derechos fundamentales se ha producido, pues se han acordado las reducciones de jornada solicitadas y el disfrute del permiso parental, se han concedido los días de libre disposición en otras fechas distintas de las solicitadas por motivos de organización y que diferencias retributivas existentes, o se han abonado o están pendientes de resolución en otros procedimientos judiciales, sin que la disparidad de criterios de las partes en este sentido suponga ninguna vulneración de derechos fundamentales.

Dado traslado a la actora sobre la excepción planteada de contrario, manifiesta que no existe indebida acumulación de acciones porque va unida la decisión de la empresa de excedencia forzosa y la vulneración de derechos fundamentales alegada.

El Ministerio Fiscal no ha comparecido.

TERCERO.-Procede, con carácter previo, estimar la excepción de indebida acumulación de acciones, toda vez que el artículo 178 LRJS establece que el objeto del proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad. Es cierto, como alega la actora, que existe relación entre la vulneración del derecho fundamental reclamado y la excedencia forzosa acordada por la empresa, pero no es posible resolver en este procedimiento sobre el fondo de la cuestión de la alegada excedencia forzosa, por exceder de lo establecido en esta modalidad procesal y porque, además, existe un procedimiento ordinario seguido por esta cuestión el la Plaza 2 de esta Sección, PO 647/25, que se encuentra suspendido por litispendencia y cuyo objeto es la impugnación de la suspensión de la relación laboral por excedencia forzosa, siendo ese el cauce procesal correcto para resolver sobre esa cuestión.

CUARTO.-Entrando al fondo del asunto, considera la actora que la medida adoptada por la demandada de acordar la excedencia forzosa del trabajador penaliza o dificulta el ejercicio de la reducción de jornada por guarda legal y produce un trato desfavorable vulnerando los artículo 14 y 39 CE. La tutela de los derechos fundamentales se regula en los artículos 177 y siguientes LRJS, quedando limitado el conocimiento, como hemos dicho, a la lesión del derecho fundamental. Manifiesta la actora que desde que solicitó la reducción de jornada por guarda legal empezaron las represalias contra el trabajador, no concediéndole los días de permiso 30 y 31 de diciembre de 2024; no abono del complemento por festivo de los días 24 y 31 de diciembre de 2024; diferencias retributivas en el mes de enero de 2025; no abono del permiso parental del artículo 48 bis ET; y la excedencia forzosa. De la documental que obra en autos y de la testifical practicada en la vista se desprende que el actor trabajaba en Valladolid hasta el 8 de marzo de 2024, en un proyecto piloto que no existe en Palencia y que tiene otros requisitos (acont. 209). No teletrabajaba, tenía reducción de jornada y se le aportó por la empresa un ordenador y un teléfono móvil. El 11 de marzo de 2024 empieza a trabajar en Palencia como Coordinador. Tiene un ordenador de sobremesa y un teléfono móvil, como los demás Coordinadores. Y en relación a la reducción de jornada, consta documentalmente que tuvo reducción de jornada: Del 16 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024: concedida reducción de jornada por escrito de 15 de octubre de 2024. Concreción horaria: de lunes a viernes de 09:20 a 13:40 horas; Del 20 de enero de 2025 al 20 de junio de 2025: concedido respetando las vacaciones de 2 a 14 de enero de 2025 y los días 15 y 16 de enero, de libre disposición, por lo que variaron las fechas solicitadas de 15 de enero de 2025 a 23 de junio de 2025. Y, posteriormente, del 7 de julio de 25 al 31 de agosto de 2025 disfrutó disfrute del permiso del artículo 48 bis ET. Por tanto, todas las reducciones solicitadas se han acordado por la empresa y disfrutado por el trabajador. La última solicitada, cuyo inicio era para el 16 de septiembre de 2025, no se concede porque se inicia la excedencia forzosa el 3 de septiembre de 2025. No consta que se haya puesto ningún impedimento al actor.

El resto de cuestiones que se ponen de manifiesto en la demanda: los días de permiso 30 y 31 de diciembre de 2024; no abono del complemento por festivo de los días 24 y 31 de diciembre de 2024; diferencias retributivas en el mes de enero de 2025; y no abono del permiso parental del artículo 48 bis ET, son objeto de otros procedimientos de legalidad ordinaria, pero sin entrar en su fondo, por no ser objeto de este procedimiento, podemos afirmar que son cuestiones relacionadas con el ejercicio de la potestad de dirección del empleador o con discrepancias, sin que supongan vulneración de derechos fundamentales. Así, de las declaraciones testificales se deriva que los últimos días de diciembre nos e conceden a los Coordinadores como de permiso, por ser unas fechas con mucho trabajo, concediéndose a Auxiliares o la Responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, como ella misma declaró, por ser sus funciones distintas. No queda acreditada ningún perjuicio en esa denegación, siendo disfrutados unos días después, a mediados de enero. De las declaraciones testificales también se deriva que el actor tenía un ordenador de sobremesa, el portátil lo necesitaba en Valladolid por tener que prestar servicios fuera de su lugar de trabajo en algunas ocasiones, y tiene un teléfono móvil y un fijo, declarando la Responsable que la mayoría de llamadas que se hacen y atienden son con el teléfono fijo. En relación al teletrabajo, el trabajo del actor en Valladolid era presencial y en Palencia todos trabajan de manera presencial, salvo trabajadores de CLECE, que no son de ayuda a domicilio y teletrabajan los viernes. El resto de cuestiones citadas se refieren a meras discrepancias que se resolverán por este Juzgado en el procedimiento ordinario de reclamación de cantidad correspondiente y que no pueden suponer ninguna discriminación ni vulneración de derechos fundamentales.

Constan en autos, acont. 173 y 174, quejas presentadas contra el trabajo del actor: 14 de agosto de 2024 (presentada en el Ayuntamiento de Palencia); 29 de agosto de 2024 (presentada por correo electrónico y contestada); 5 de septiembre de 2024 (presentada por correo electrónico); 18 de septiembre de 2024; 27 de diciembre de 2024 (presentada por correo electrónico); 2 de abril de 2025 (presentada por correo electrónico); y 2 de mayo de 2025 (referida al retraso en la prestación de servicios). El Gerente de la UTE, que depuso en la vista, manifestó haber tenido una reunión con el actor el día 3 de noviembre de 2024 para comentar el asunto de las quejas, no admitiéndose por el demandante. No consta la existencia de ningún expediente abierto al actor por este motivo ni que se la haya sancionado.

Respecto a la cuestión principal, la excedencia forzosa, aparece regulada en los artículos 46.1 y 37.3.d) ET. Estamos ante un supuesto de excedencia forzosa por cumplimiento de un deber público, al ser el actor Procurador en las Cortes de Castilla y León. Se da este supuesto cuando no se puede realizar más del 20% de la jornada laboral durante tres meses. Sin entrar a determinar si el cómputo debe hacerse sobre la jornada total o la reducido, que será objeto de un procedimiento ordinario seguido ante la Plaza 2 de la Sección de lo Social, lo cierto es que el artículo 37.3.d) ET dice "podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el artículo 46.1".Por tanto. Es una posibilidad que tiene la empresa que se hecho efectiva en este supuesto y que, con independencia de que se haya realizado el cálculo del 20% correctamente o no, no tiene ninguna relación con las reducciones de jornada y no supone ninguna vulneración de derechos fundamentales su adopción porque no se ha presentado ningún indicio fundado al respecto y las pruebas que constan en autos no lo acreditan.

En los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, el artículo 181.2 LRJS recoge la inversión de la carga de la prueba, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido la violación del derecho fundamental, debiendo el demandado aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. En el mismo sentido el artículo 96.1 LRJS. Dicha inversión de la carga de la prueba no opera de forma automática, con la mera alegación del trabajador, siendo necesaria la aportación de indicios suficientes para su acreditación. La sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de junio de 2014 dice que el indicio no es una mera alegación, ni una invocación retórica, sino que son hechos que deben aportarse y acreditarse. Y la sentencia del mismo Tribunal, de 10 de septiembre de 2015 recuerda que deben ser considerados indicios no solo los hechos que claramente demuestren la lesión del derecho, sino también aquellos hechos que tengan simplemente entidad para hacer pensar que se ha podido producir la lesión del derecho. En el presente asunto, se ha hecho mención a la excedencia forzosa y a la reducción de jornada, pero no se ha aportado ningún indicio en el sentido dicho, pues del simple examen de la documental se deduce que se han reconocido las peticiones de reducción de jornada y que se cumplen los términos legales de la excedencia forzosa en cuanto a la posibilidad de que sea la empresa la que lo acuerde.

Por todo lo dicho, no cabe considerar que exista vulneración de derechos fundamentales, por lo que procede la desestimación de la demanda.

QUINTO.-Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación (art. 191 LJS).

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,