Sentencia Social 167/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 1 de Valladolid, Rec. 468/2025 de 04 de mayo del 2026

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados se han deducido de la prueba documental obrante en autos y testificales, en el sentido que se expondrá en los siguientes fundamentos jurídicos.

SEGUNDO.-La parte actora alega en su demanda que la actuación de la empresa para con el trabajador vulnera su derecho a la libertad sindical, manifestando, en síntesis, que venía percibiendo una retribución bruta mensual de 2583,33 euros, y que en el mes de marzo de 2025, ha visto reducido el salario en un tercio, a la suma de 1958,33 euros, sin razón alguna. Manifiesta que fue elegido delegado sindical por el sindicato CCOO, quedando como suplente en las elecciones de 14/12/2023, y que con motivo del cese en la empresa, en febrero de 2025, de un trabajador y miembro del comité de empresa, pasó automáticamente a ostentar dicha condición, circunstancia conocida por la empresa y oportunamente comunicada a la OTT en 5/3/2025 por parte del Secretario General de CCOO de Industria de Valladolid. Sostiene, en síntesis, que la reducción salarial es una medida de presión por su condición de delegado de personal por CCOO, y como aviso para que renuncie a su elección, suponiendo un impedimento para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical prevista en el art. 28 CE. Alega que en las nóminas de abril y mayo de 2025 se ha vuelto a abonar el referido complemento, si bien ninguna respuesta se le ha dado para la reducción de la nómina en el mes de marzo, solicitando por tanto su abono, más una indemnización por daños morales, habiendo tenido que solicitar un préstamo familiar, y que con remisión a la LISOS, cifra en 9000 euros. En el acto del juicio alega como hechos nuevos que desde julio de 2025 y hasta la fecha de la celebración del juicio nuevamente se le ha dejado de abonar la cuantía de 625 euros en nómina, reclamando ocho mensualidades que asciende a 5000 euros. Añade que desde septiembre se ha incrementado la presión sobre el trabajador, y el Secretario Regional de CCOO ha interpuesto denuncia recientemente ante la Inspección de Trabajo.

La empresa se opone a la estimación de la demanda, alegando que el concepto que reclama el demandante es un variable, que se retribuye en función de unos parámetros de productividad, motivo por el cual no se abona los meses que no se consigue el objetivo. En cuanto al salario anual, alega que la retribución bruta mensual fija asciende a 23500 euros según acuerdo suscrito con el trabajador, a abonar en 14 pagas, y el resto es un variable que venía percibiendo desde antes de la subrogación, y que se actualizó en 2019, según los parámetros allí fijados, y con remisión a las tablas sobre productividad del actor en 2024 y 2025, alega que en la nómina de marzo se eliminó la variable, ya que en el mes de febrero no se llegó al 80%, de manera que si no se llega a ese mínimo no se abona la variable, que en todo caso no es una cantidad fija, ni se abona a todos los trabajadores ni en todos los meses.

TERCERO.-Recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sala de lo Social, de fecha 15/4/2024, recurso de suplicación 622/24:

"Para realizar el análisis requerido hemos de recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, reproduciendo la misma (sentencia 2/2009, de 12 de enero ):

"Ya desde la STC 38/1981, de 23 de noviembre , hemos reconocido la necesidad de articular garantías a fin de preservar de cualquier injerencia u obstáculo el ejercicio de la libertad sindical. Entre ellas figura la garantía de indemnidad, que integra el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno en su situación profesional o económica en la empresa; menoscabo que se produce si el desempeño legítimo de la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la realiza (entre otras muchas, SSTC 137/2008, de 27 de octubre, FJ 2 ; 200/2007, de 24 de septiembre, FJ 2 ; 257/2007, de 17 de diciembre, FJ 2 ; 183/2007, de 10 de septiembre, FJ 4 ; 168/2006, de 5 de junio, FJ 4 ; y 17/2005, de 1 de febrero , FJ 2). Para la determinación de si la medida acordada por la empresa... responde a una motivación discriminatoria vulneradora del derecho a la libertad sindical, es preciso partir, una vez más, de la doctrina sentada por este Tribunal acerca de la importancia que tiene la regla de la distribución de la carga de la prueba en orden a garantizar este derecho frente a posibles actuaciones empresariales que puedan lesionarlo. En efecto, la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales pasa por considerar la especial dificultad que ofrece la operación de desvelar, en los procedimientos judiciales correspondientes, la lesión constitucional encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial, necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan las facultades organizativas y disciplinarias del empleador (por todas, STC 183/2007, de 10 de septiembre , FJ 4, y 168/2006, de 5 de junio , FJ 4). Por esta razón hemos señalado reiteradamente la necesidad de que el trabajador aporte un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido. Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto puede hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales, lo que dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria. La ausencia de prueba trasciende así el ámbito puramente procesal y determina que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental (por todas, STC 168/2006, de 5 de junio , FJ 4). En definitiva, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio, sobre la parte demandada recaerá la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por tales indicios (SSTC 183/2007, de 10 de septiembre, FJ 4; 168/2006, de 10 de noviembre, FJ 4 ; 17/2005, de 1 de febrero, FJ 3; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 2 ; y 29/2002, de 11 de febrero , FJ 3, por todas)".

Vistas las posiciones de las partes, de la prueba practicada ha resultado acreditado que el actor, que ya había sido delegado de personal por CCOO en las anteriores elecciones a representantes de los trabajadores, antes de la subrogación, quedó, en las elecciones celebradas en diciembre de 2023 como suplente, habiendo resultado elegidos tres delegados de personal por la candidatura de UGT. Consta que, con motivo de la baja de uno de ellos en la empresa, producida el 7/2/2025, el actor pasó a ostentar la condición de delgado de personal, circunstancia que fue comunicada por CCOO a la OTT en fecha 5/3/2025. Consta que el trabajador, desde antes de la subrogación venía percibiendo una retribución variable, que se viene abonando en la empresa actual bajo el concepto de "comisiones", y que desde junio de 2024 ascendía a la suma de 625 euros, concepto y cantidad que le fue suprimida en la nómina del mes de marzo de 2025, y que ha sido objeto de reclamación reiteradamente por el actor, en la inicial creencia de tratarse de un error, sin obtener contestación. Consta, asimismo, que se le volvió a abonar dicho concepto en las nóminas de abril, mayo y junio de 2025, y que desde el mes de julio de 2025 ha vuelto a ser suprimido en las correspondientes nóminas sucesivas.

Pues bien, existe un panorama indiciario más que suficiente para producir la inversión de la carga de la prueba, ya que la eliminación de la partida en nómina coincide con su acceso a la condición de delegado de personal por el sindicato por el que se presentó (CCOO) tras el cese de un trabajador, delegado de personal por UGT y al haber quedado el demandante en condición de suplente. Pese a la reanudación en su abono en las tres nóminas siguientes, consta que tras la presentación de la demanda (junio de 2025), el concepto ha vuelto a ser eliminado en todas las nóminas desde el mes de julio de 2025.

Por tanto, y siguiendo con la doctrina constitucional, plasmada en el artículo 181.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, lo que debe comprobarse es si la empresa ha superado la exigencia de aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la medida adoptada y su proporcionalidad. Para ello la empresa alega que dicho complemento es una retribución variable que se abona en función de la productividad alcanzada, y que en el mes de marzo y restantes que se han dejado de abonar, el actor no ha alcanzado el 80%, necesario para su devengo, con remisión a una tablas mensuales que aporta, referida a todos los trabajadores de mecánica del periodo de mayo de 2024 a diciembre de 2025. Pues bien, dicha prueba se ha aportado de manera extemporánea, conforme alega la parte actora, en aplicación de cuanto dispone el art. 82.5 LJS, ya que estando el juicio señalado para el día 2 de febrero, se aportó el día 26 de enero de 2026. Frente a ello alega la empresa que tampoco ha tenido acceso a la prueba presentada por la parte actora hasta la fecha de la celebración del juicio, ya que se presentó en plazo pero con solicitud de no dar traslado a la contraria hasta el día de la vista, habiendo tenido acceso únicamente al índice de tal documental. Sin perjuicio de dicha alegación, la diligencia que tuvo por aportada la prueba del demandante, de 16/1/2026 se limitó a decir "se tienen por hechas las manifestaciones"; y de cualquier modo, ninguna manifestación hizo la empresa sobre la falta de acceso a la documental aportada por la actora, pudiendo hacerlo, ni dicha circunstancia, de haber concurrido, le eximía de su obligación de dar cumplimiento a cuanto dispone la norma en materia de plazos. Subsidiariamente, dichos parámetros no llevan firma ni sello de la empresa, y tampoco ha resultado debidamente explicado el cálculo realizado al objeto de determinar la procedencia del abono de las comisiones a través de la testifical prestada por el Jefe Postventas de la empresa, que ha manifestado que en cada departamento existe un sistema distinto de determinación del variable, siendo necesario, en el caso de Luis Pedro, un mínimo de productividad del 80%, realizando él la evaluación de todos los trabajadores, con quienes negocia directamente, y enviando mensualmente a RRHH los correspondientes resultados a través de correo electrónico; comunicaciones que no constan. Se hace referencia por el testigo y se aportan (también de manera extemporánea, por lo que no procede su admisión) nóminas de otros trabajadores en los que también varían las comisiones o no se perciben en algunos casos, desconociendo si las referencias que se hacen son trabajadores del mismo departamento que el demandante, y si los pactos alcanzados, en su caso, son los mismos, ya que no consta que el trabajador hubiera firmado ningún sistema de objetivos con la empresa, y habiendo manifestado tanto el Jefe postventas como la delegada por UGT que ha declarado como testigo que cada uno de los trabajadores ha negociado sus comisiones; comisiones que, en el caso del actor, venía percibiendo de manera pacífica desde antes de la subrogación, y en cuantía actualizada a 625 euros desde junio de 2024, sin que conste que tuviera conocimiento del sistema de productividad que se ha explicado en el acto del juicio, ni que se le comunicaran los resultados, ni tan siquiera en respuesta a sus repetidos correos interesando información por la supresión del concepto en la nómina de marzo de 2025. En suma, no puede considerarse que la empresa haya aportado una "justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la medida adoptada y su proporcionalidad" con relación a la supresión de dicha partida en las nóminas referidas.

CUARTO.-Dispone el artículo 182.1 de la LJS:

"La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado y, en caso de estimación de la demanda, según las pretensiones concretamente ejercitadas:

a) Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.

b) Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

c) Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.

d) Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera en los términos señalados en el artículo 183".

Procede, por lo expuesto, estimar la demanda y declarar que se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical del trabajador demandante mediante la reducción de sus retribuciones, condenando a la empresa a cesar en tal actuación, y reponiendo al mismo en la situación anterior, condenándola a abonar al trabajador la suma de 5000 euros, según ampliación realizada en el acto del juicio, correspondiente al importe de 625 euros indebidamente descontados durante ocho mensualidades hasta la fecha de la celebración de la vista.

En relación con la reclamación de la cantidad de 9000 euros en concepto de daños morales, recuerda la STS 875/2025, 2 de Octubre de 2025:

"Para ello, conviene tener presentes tres aspectos esenciales que hemos declarado en reiteradas sentencias de esta Sala IV del Tribunal Supremo sobre la cuantificación de la indemnización por el daño moral derivado de la vulneración de derechos fundamentales.

Por un lado, ha de tenerse en cuenta que, ante la especial dificultad que supone la estimación detallada del importe de estos daños morales por la vulneración de derechos fundamentales, deben flexibilizarse las exigencias para la determinación de la cuantía de la indemnización, lo que conlleva un mayor margen de discrecionalidad en su valoración, como declararon, entre otras, las SSTS 356/2022, de 20 de abril (Rcud 2391/2019 ), 214/2022, de 9 de marzo (Rcud 2269/2019 ), 179/2022, de 23 de febrero (Rcud 4322/2019 ) y, 768/2017, de 5 de octubre (Rcud 2497/2015 ).

Por otro lado, es idónea la utilización del criterio orientador del importe de las sanciones pecuniarias previstas por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para la infracción consistente en la vulneración de derechos fundamentales, lo que no supone su aplicabilidad directa, sino la consideración de que el importe de la sanción se considera razonable como cuantía de la indemnización por el daño moral, ponderándose, de este modo, tanto el aspecto resarcitorio como el preventivo de la indemnización. En este sentido, se pronunciaron, entre otras, las SSTS 1056/2018, de 13 de diciembre (Rec 3/2018 ), 1025/2017, de 19 de diciembre ( Rcud 624/2016), de 2 de febrero de 2015 ( Rec 279/2013), de 8 de julio de 2014 (Rec 282/2013 ) y de 15 de febrero de 2012 (Rec 67/2011 ). Este criterio también ha sido objeto de reconocimiento constitucional, entre otras, en la STC 247/2006, de 24 de julio (Rec 6074/2003 ).

Y, por último, debido a la extensión económica o a la amplia horquilla económica permitida para imponer las sanciones previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, en estos supuestos, debe también atenderse a las concretas circunstancias concurrentes en cada caso, tales como las que puso de manifiesto, entre otras, la STS 242/2025, de 25 de marzo (Rcud 1178/2024 ), a saber, la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal o social del trabajador o del sujeto titular del derecho infringido, la posible reincidencia en conductas vulneradoras, el carácter pluriofensivo de la lesión, el contexto en el que se haya podido producir la conducta, o una actitud tendente a impedir la defensa y protección del derecho transgredido".

En este caso concreto debemos atender a la petición efectuada en la demanda, 9000 euros, con remisión al intervalo entre 7501 a 30000 euros fijado en el artículo 40.1c) de la norma, para las infracciones previstas en el art. 8.1, 8.5 y 8.12 de la LISOS, que cita el actor, y si bien la norma invocada, como se ha dicho, no es de automática y de necesaria aplicación, ello no significa sin más despreciarla como parámetro orientador de la cuantía de la indemnización que, recordamos, tiene una doble función tanto para resarcir el daño, como para servir de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones del derecho fundamental. De este modo, considerando tanto la antigüedad del trabajador, como la situación económica que supone la reducción de sus ingresos y que le ha llevado a la necesidad de contratación de un préstamo familiar, y la presentación de denuncia ante la Inspección de Trabajo, la empresa a estos efectos no ofrece otro parámetro alternativo que juzgase más adecuado al caso, revelándose proporcionada la cuantía solicitada (cercana al mínimo dentro de la horquilla prevista), a la reparación del daño moral padecido.

CUARTO.-Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación (art. 191 LJS) .

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,