Sentencia Social 140/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 18 de Barcelona, Rec. 1283/2024 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de los elementos probatorios señalados en cada caso.

En cuanto al hecho probado cuarto, el mismo se extrae del informe del SGAM unido al expediente administrativo (página 33), teniendo en cuenta que en el citado informe del SGAM se analiza la documentación médica de la parte demandante obrante en las actuaciones, habiendo tenido en cuenta sus antecedentes médicos, además de las pruebas complementarias practicadas y la exploración directa, siendo un informe de gran valor probatorio teniendo en cuenta que el mismo proviene de un organismo de carácter público sujeto a los principios de imparcialidad y de objetividad, por lo que debe necesariamente prevalecer sobre el informe pericial de parte presentado por la parte actora.

En lo que respecta a los documentos médicos aportados por la parte actora, los mismos no ostentan suficiente valor probatorio para acreditar un cuadro patológico y limitaciones alternativas a las consideradas por el SGAM, teniendo en cuenta que todos ellos emanan de la sanidad privada.

En lo que respecta a la base reguladora, he partido de la reconocida por el INSS en la página 50 del expediente administrativo, con presunción de veracidad, sin que la misma haya sido desvirtuada mediante prueba objetiva en sentido contrario, siendo además que la resolución del INSS ha partido del certificado patronal de salarios anuales de la actora.

SEGUNDO.-Partiendo de las patologías sufridas por la parte demandante referenciadas en los hecho probado cuarto y valoradas en el primer fundamento de esta resolución, y puestas en relación con las tareas a desempeñar en su profesión habitual, debe considerarse que no se ha acreditado que las exigencias físicas o psíquicas de su trabajo sean en ningún caso incompatibles con su estado de salud, teniendo en cuenta que las patologías no le ocasionan limitaciones funcionales según los hechos probados y, por tanto, sin que pueda declararse su ineptitud para continuar ejecutándolo en las condiciones en las que venía prestándolo hasta la manifestación de aquéllas, compartiéndose el criterio del SGAM de que las patologías sufridas por la actora en ningún caso le ocasionan ningún tipo de limitación funcional (valoración en el párrafo segundo del primer fundamento).

En este sentido, no consta que la parte demandante haya acreditado mediante documentos con valor probatorio la existencia de graves limitaciones funcionales provenientes de su cuadro patológico que le pudieran ocasionar la imposibilidad de realizar cualquier trabajo, incluso los que lleven aparejada una carga bimanual constante como ocurre con la profesión de la actora de ayudante de cocina.

Concretamente, de las pruebas aportadas no consta en ningún caso que la actora tenga unas secuelas diferentes de las que dieron lugar al reconocimiento de las lesiones permanentes no invalidantes, no habiéndose aportado ninguna prueba con valor probatorio que determine que la limitación de la movilidad de la muñeca izquierda sea igual o superior al 50%, lo que se requeriría para atender la pretensión de incapacidad permanente para su profesión habitual con requerimiento de empleo de manos, teniendo en cuenta además que la extremidad superior izquierda no es la dominante.

En este sentido, no consta ningún documento médico de la sanidad pública que determine que ha existido un empeoramiento de la pérdida de fuerza de la actora, no constando tampoco ningún empeoramiento de su balance articular.

Concretamente, no se ha acreditado que la actora tenga la fuerza de pinza alterada en la mano izquierda, siendo que si bien consta disminuida la fuerza de garra no se determina que lo sea de carácter moderado susceptible de una incapacidad permanente en vez de lesiones permanentes no invalidantes.

Por todo ello, considero que en el caso que nos ocupa, y como se ha especificado en el fundamento jurídico de valoración de la prueba, no contamos con la existencia de prueba actual, objetiva, imparcial, independiente y especializada que determine que las dolencias físicas que padece la parte demandante le supongan de forma irremediable la imposibilidad de la misma para desempeñar su actividad laboral, en condiciones de normalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, por lo que todo ello sin perjuicio de incurrir en situaciones de incapacidad temporal o sufrir cierto dolor o presentar limitaciones a determinadas actividades laborales como de la vida diaria.

Finalmente, en lo que respecta a la incapacidad permanente parcial, lo cierto es que del análisis de las actuaciones no se desprende que la parte demandante haya indicado las tareas que puede y que no puede desempeñar, no constando absolutamente ninguna prueba de carácter técnico que determine que la actora padece una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma, no constando ninguna prueba que lo recoja por lo que en ningún caso puede estimarse la pretensión subsidiaria.

Por lo que a juicio de quien suscribe se considera desestimar la pretensión actora, debiendo confirmar la resolución dictada en su día por el INSS y siendo correcta en todos sus extremos la valoración médico-legal realizada por el SGAM.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de los elementos probatorios señalados en cada caso.

En cuanto al hecho probado cuarto, el mismo se extrae del informe del SGAM unido al expediente administrativo (página 33), teniendo en cuenta que en el citado informe del SGAM se analiza la documentación médica de la parte demandante obrante en las actuaciones, habiendo tenido en cuenta sus antecedentes médicos, además de las pruebas complementarias practicadas y la exploración directa, siendo un informe de gran valor probatorio teniendo en cuenta que el mismo proviene de un organismo de carácter público sujeto a los principios de imparcialidad y de objetividad, por lo que debe necesariamente prevalecer sobre el informe pericial de parte presentado por la parte actora.

En lo que respecta a los documentos médicos aportados por la parte actora, los mismos no ostentan suficiente valor probatorio para acreditar un cuadro patológico y limitaciones alternativas a las consideradas por el SGAM, teniendo en cuenta que todos ellos emanan de la sanidad privada.

En lo que respecta a la base reguladora, he partido de la reconocida por el INSS en la página 50 del expediente administrativo, con presunción de veracidad, sin que la misma haya sido desvirtuada mediante prueba objetiva en sentido contrario, siendo además que la resolución del INSS ha partido del certificado patronal de salarios anuales de la actora.

SEGUNDO.-Partiendo de las patologías sufridas por la parte demandante referenciadas en los hecho probado cuarto y valoradas en el primer fundamento de esta resolución, y puestas en relación con las tareas a desempeñar en su profesión habitual, debe considerarse que no se ha acreditado que las exigencias físicas o psíquicas de su trabajo sean en ningún caso incompatibles con su estado de salud, teniendo en cuenta que las patologías no le ocasionan limitaciones funcionales según los hechos probados y, por tanto, sin que pueda declararse su ineptitud para continuar ejecutándolo en las condiciones en las que venía prestándolo hasta la manifestación de aquéllas, compartiéndose el criterio del SGAM de que las patologías sufridas por la actora en ningún caso le ocasionan ningún tipo de limitación funcional (valoración en el párrafo segundo del primer fundamento).

En este sentido, no consta que la parte demandante haya acreditado mediante documentos con valor probatorio la existencia de graves limitaciones funcionales provenientes de su cuadro patológico que le pudieran ocasionar la imposibilidad de realizar cualquier trabajo, incluso los que lleven aparejada una carga bimanual constante como ocurre con la profesión de la actora de ayudante de cocina.

Concretamente, de las pruebas aportadas no consta en ningún caso que la actora tenga unas secuelas diferentes de las que dieron lugar al reconocimiento de las lesiones permanentes no invalidantes, no habiéndose aportado ninguna prueba con valor probatorio que determine que la limitación de la movilidad de la muñeca izquierda sea igual o superior al 50%, lo que se requeriría para atender la pretensión de incapacidad permanente para su profesión habitual con requerimiento de empleo de manos, teniendo en cuenta además que la extremidad superior izquierda no es la dominante.

En este sentido, no consta ningún documento médico de la sanidad pública que determine que ha existido un empeoramiento de la pérdida de fuerza de la actora, no constando tampoco ningún empeoramiento de su balance articular.

Concretamente, no se ha acreditado que la actora tenga la fuerza de pinza alterada en la mano izquierda, siendo que si bien consta disminuida la fuerza de garra no se determina que lo sea de carácter moderado susceptible de una incapacidad permanente en vez de lesiones permanentes no invalidantes.

Por todo ello, considero que en el caso que nos ocupa, y como se ha especificado en el fundamento jurídico de valoración de la prueba, no contamos con la existencia de prueba actual, objetiva, imparcial, independiente y especializada que determine que las dolencias físicas que padece la parte demandante le supongan de forma irremediable la imposibilidad de la misma para desempeñar su actividad laboral, en condiciones de normalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, por lo que todo ello sin perjuicio de incurrir en situaciones de incapacidad temporal o sufrir cierto dolor o presentar limitaciones a determinadas actividades laborales como de la vida diaria.

Finalmente, en lo que respecta a la incapacidad permanente parcial, lo cierto es que del análisis de las actuaciones no se desprende que la parte demandante haya indicado las tareas que puede y que no puede desempeñar, no constando absolutamente ninguna prueba de carácter técnico que determine que la actora padece una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma, no constando ninguna prueba que lo recoja por lo que en ningún caso puede estimarse la pretensión subsidiaria.

Por lo que a juicio de quien suscribe se considera desestimar la pretensión actora, debiendo confirmar la resolución dictada en su día por el INSS y siendo correcta en todos sus extremos la valoración médico-legal realizada por el SGAM.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de los elementos probatorios señalados en cada caso.

En cuanto al hecho probado cuarto, el mismo se extrae del informe del SGAM unido al expediente administrativo (página 33), teniendo en cuenta que en el citado informe del SGAM se analiza la documentación médica de la parte demandante obrante en las actuaciones, habiendo tenido en cuenta sus antecedentes médicos, además de las pruebas complementarias practicadas y la exploración directa, siendo un informe de gran valor probatorio teniendo en cuenta que el mismo proviene de un organismo de carácter público sujeto a los principios de imparcialidad y de objetividad, por lo que debe necesariamente prevalecer sobre el informe pericial de parte presentado por la parte actora.

En lo que respecta a los documentos médicos aportados por la parte actora, los mismos no ostentan suficiente valor probatorio para acreditar un cuadro patológico y limitaciones alternativas a las consideradas por el SGAM, teniendo en cuenta que todos ellos emanan de la sanidad privada.

En lo que respecta a la base reguladora, he partido de la reconocida por el INSS en la página 50 del expediente administrativo, con presunción de veracidad, sin que la misma haya sido desvirtuada mediante prueba objetiva en sentido contrario, siendo además que la resolución del INSS ha partido del certificado patronal de salarios anuales de la actora.

SEGUNDO.-Partiendo de las patologías sufridas por la parte demandante referenciadas en los hecho probado cuarto y valoradas en el primer fundamento de esta resolución, y puestas en relación con las tareas a desempeñar en su profesión habitual, debe considerarse que no se ha acreditado que las exigencias físicas o psíquicas de su trabajo sean en ningún caso incompatibles con su estado de salud, teniendo en cuenta que las patologías no le ocasionan limitaciones funcionales según los hechos probados y, por tanto, sin que pueda declararse su ineptitud para continuar ejecutándolo en las condiciones en las que venía prestándolo hasta la manifestación de aquéllas, compartiéndose el criterio del SGAM de que las patologías sufridas por la actora en ningún caso le ocasionan ningún tipo de limitación funcional (valoración en el párrafo segundo del primer fundamento).

En este sentido, no consta que la parte demandante haya acreditado mediante documentos con valor probatorio la existencia de graves limitaciones funcionales provenientes de su cuadro patológico que le pudieran ocasionar la imposibilidad de realizar cualquier trabajo, incluso los que lleven aparejada una carga bimanual constante como ocurre con la profesión de la actora de ayudante de cocina.

Concretamente, de las pruebas aportadas no consta en ningún caso que la actora tenga unas secuelas diferentes de las que dieron lugar al reconocimiento de las lesiones permanentes no invalidantes, no habiéndose aportado ninguna prueba con valor probatorio que determine que la limitación de la movilidad de la muñeca izquierda sea igual o superior al 50%, lo que se requeriría para atender la pretensión de incapacidad permanente para su profesión habitual con requerimiento de empleo de manos, teniendo en cuenta además que la extremidad superior izquierda no es la dominante.

En este sentido, no consta ningún documento médico de la sanidad pública que determine que ha existido un empeoramiento de la pérdida de fuerza de la actora, no constando tampoco ningún empeoramiento de su balance articular.

Concretamente, no se ha acreditado que la actora tenga la fuerza de pinza alterada en la mano izquierda, siendo que si bien consta disminuida la fuerza de garra no se determina que lo sea de carácter moderado susceptible de una incapacidad permanente en vez de lesiones permanentes no invalidantes.

Por todo ello, considero que en el caso que nos ocupa, y como se ha especificado en el fundamento jurídico de valoración de la prueba, no contamos con la existencia de prueba actual, objetiva, imparcial, independiente y especializada que determine que las dolencias físicas que padece la parte demandante le supongan de forma irremediable la imposibilidad de la misma para desempeñar su actividad laboral, en condiciones de normalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, por lo que todo ello sin perjuicio de incurrir en situaciones de incapacidad temporal o sufrir cierto dolor o presentar limitaciones a determinadas actividades laborales como de la vida diaria.

Finalmente, en lo que respecta a la incapacidad permanente parcial, lo cierto es que del análisis de las actuaciones no se desprende que la parte demandante haya indicado las tareas que puede y que no puede desempeñar, no constando absolutamente ninguna prueba de carácter técnico que determine que la actora padece una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma, no constando ninguna prueba que lo recoja por lo que en ningún caso puede estimarse la pretensión subsidiaria.

Por lo que a juicio de quien suscribe se considera desestimar la pretensión actora, debiendo confirmar la resolución dictada en su día por el INSS y siendo correcta en todos sus extremos la valoración médico-legal realizada por el SGAM.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.2 de la L.R.J.S. , se hace constar que los hechos que se declaran probados se desprenden de los elementos probatorios señalados en cada caso.

En cuanto al hecho probado cuarto, el mismo se extrae del informe del SGAM unido al expediente administrativo (página 33), teniendo en cuenta que en el citado informe del SGAM se analiza la documentación médica de la parte demandante obrante en las actuaciones, habiendo tenido en cuenta sus antecedentes médicos, además de las pruebas complementarias practicadas y la exploración directa, siendo un informe de gran valor probatorio teniendo en cuenta que el mismo proviene de un organismo de carácter público sujeto a los principios de imparcialidad y de objetividad, por lo que debe necesariamente prevalecer sobre el informe pericial de parte presentado por la parte actora.

En lo que respecta a los documentos médicos aportados por la parte actora, los mismos no ostentan suficiente valor probatorio para acreditar un cuadro patológico y limitaciones alternativas a las consideradas por el SGAM, teniendo en cuenta que todos ellos emanan de la sanidad privada.

En lo que respecta a la base reguladora, he partido de la reconocida por el INSS en la página 50 del expediente administrativo, con presunción de veracidad, sin que la misma haya sido desvirtuada mediante prueba objetiva en sentido contrario, siendo además que la resolución del INSS ha partido del certificado patronal de salarios anuales de la actora.

SEGUNDO.-Partiendo de las patologías sufridas por la parte demandante referenciadas en los hecho probado cuarto y valoradas en el primer fundamento de esta resolución, y puestas en relación con las tareas a desempeñar en su profesión habitual, debe considerarse que no se ha acreditado que las exigencias físicas o psíquicas de su trabajo sean en ningún caso incompatibles con su estado de salud, teniendo en cuenta que las patologías no le ocasionan limitaciones funcionales según los hechos probados y, por tanto, sin que pueda declararse su ineptitud para continuar ejecutándolo en las condiciones en las que venía prestándolo hasta la manifestación de aquéllas, compartiéndose el criterio del SGAM de que las patologías sufridas por la actora en ningún caso le ocasionan ningún tipo de limitación funcional (valoración en el párrafo segundo del primer fundamento).

En este sentido, no consta que la parte demandante haya acreditado mediante documentos con valor probatorio la existencia de graves limitaciones funcionales provenientes de su cuadro patológico que le pudieran ocasionar la imposibilidad de realizar cualquier trabajo, incluso los que lleven aparejada una carga bimanual constante como ocurre con la profesión de la actora de ayudante de cocina.

Concretamente, de las pruebas aportadas no consta en ningún caso que la actora tenga unas secuelas diferentes de las que dieron lugar al reconocimiento de las lesiones permanentes no invalidantes, no habiéndose aportado ninguna prueba con valor probatorio que determine que la limitación de la movilidad de la muñeca izquierda sea igual o superior al 50%, lo que se requeriría para atender la pretensión de incapacidad permanente para su profesión habitual con requerimiento de empleo de manos, teniendo en cuenta además que la extremidad superior izquierda no es la dominante.

En este sentido, no consta ningún documento médico de la sanidad pública que determine que ha existido un empeoramiento de la pérdida de fuerza de la actora, no constando tampoco ningún empeoramiento de su balance articular.

Concretamente, no se ha acreditado que la actora tenga la fuerza de pinza alterada en la mano izquierda, siendo que si bien consta disminuida la fuerza de garra no se determina que lo sea de carácter moderado susceptible de una incapacidad permanente en vez de lesiones permanentes no invalidantes.

Por todo ello, considero que en el caso que nos ocupa, y como se ha especificado en el fundamento jurídico de valoración de la prueba, no contamos con la existencia de prueba actual, objetiva, imparcial, independiente y especializada que determine que las dolencias físicas que padece la parte demandante le supongan de forma irremediable la imposibilidad de la misma para desempeñar su actividad laboral, en condiciones de normalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, por lo que todo ello sin perjuicio de incurrir en situaciones de incapacidad temporal o sufrir cierto dolor o presentar limitaciones a determinadas actividades laborales como de la vida diaria.

Finalmente, en lo que respecta a la incapacidad permanente parcial, lo cierto es que del análisis de las actuaciones no se desprende que la parte demandante haya indicado las tareas que puede y que no puede desempeñar, no constando absolutamente ninguna prueba de carácter técnico que determine que la actora padece una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma, no constando ninguna prueba que lo recoja por lo que en ningún caso puede estimarse la pretensión subsidiaria.

Por lo que a juicio de quien suscribe se considera desestimar la pretensión actora, debiendo confirmar la resolución dictada en su día por el INSS y siendo correcta en todos sus extremos la valoración médico-legal realizada por el SGAM.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,