Sentencia Social 131/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Albacete, Rec. 566/2025 de 20 de abril del 2026

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión.

Solicita la actora, Dª Brigida, que se proceda a la extinción de la relación laboral en virtud de lo dispuesto en la demanda, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración y se condene a la parte demandadas al pago de una indemnización adicional por daños y perjuicios por importe de 18.000€. Considera la parte actora que se le han vulnerado sus derechos fundamentales a una adecuada protección de su salud e integridad física.

La parte demandada, la entidad Consorcio de Servicios Sociales de la provincia de Albacete, se opone a las pretensiones mantenidas por la parte actora; todo ello con base a las alegaciones que tuvo por convenientes.

El Ministerio Fiscal presentó escrito con fecha 15 de septiembre de 2025, por el alegó que no asistiría al acto del juicio.

SEGUNDO.- Fuentes probatorias.

Los hechos declarados probados, según preceptúa el art.97.2 de la LJS, resultan de una valoración conjunta de la prueba practicada, concretamente de la documental aportada por las partes, que ha sido concretada en los hechos probados de esta resolución.

TERCERO.- Extinción de contrato y vulneración de Derechos Fundamentales.

Es sabido que la resolución del contrato de trabajo a instancia del trabajador expresamente prevista en el art. 50.1.c del ET por «cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario» requiere de la existencia de un incumplimiento contractual del empresario que deba calificarse como grave, lo que debe analizarse en el supuesto de autos si ha ocurrido respecto a la trabajadora demandante.

Y cuando se invoca la lesión de derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, desde la STC 38/81, copiosa y unánime doctrina constitucional, ha establecido unos criterios respecto a las reglas sobre la distribución de la carga de la prueba, que vienen a tener su reflejo legal actual en los artículos 96.1 y 181.2 LRJS. Así, partiendo de la especial dificultad de probar la lesión de derechos fundamentales, para garantizar su adecuada protección, se establece una modulación o flexibilización de la carga de la prueba que normalmente recae sobre el demandante, exigiéndosele solo la aportación de indicios de que se ha producido una lesión del derecho fundamental, y una agravación de la que pesa sobre el demandado, al que, una vez cumplido el anterior presupuesto, corresponde la aportación de una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Sólo una vez que resulte cumplido ese primer e inexcusable deber por parte del demandante, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

De la prueba practicada en el presente procedimiento, ha quedado probado, que la Sra. Brigida ha permanecido en situación de Incapacidad Temporal, por contingencias comunes por diferentes patologías, siendo la más relevantes que padece: poliquistosis renal bilateral, tendinitis lateral codo derecho, trocanteritis ambas caderas y fibrilación aricular. Finalizado el proceso de Incapacidad Permanente de la actora, el día 2 de abril de 2025 y tras encontrarse de vacaciones disfrutando de su período vacaciones como consecuencia de la Incapacidad Temporal, la demandante entre el 3 de abril de 2025 y el 1 de junio de 2025, fue examinada por Quirón Prevención en el marco de evaluación de Prevención de Riesgos del Puesto de Trabajo, a fin de determinar las limitaciones que pudiera presentar para el desarrollo de su puesto de trabajo. Tras su examen Quirón Prevención emitió un completo "Informe de Salud de Examen de Salud", Medicina del Trabajo, de la actora (documento nº 3 de la demanda), en el que se recogen sus antecedentes generales, hábitos personales: fisiológicos, tóxicos, otros datos médicos de interés; la exploración clínica practicada a la trabajadora, las pruebas complementarias practicadas, analíticas, cuestionarios y recomendaciones, así como aptitud laboral, valoración nutricional de la demandante y valoración psicoemocional.

Concluyó Quirón Salud en dicho Informe, tras los análisis y reconocimientos llevados a cabo, que considerando los protocolos de vigilancia de la salud AGENTES BIOLÓGICOS, CONDUCCION DE VEHICULOS, DERMATOSIS LABORAL, MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, POSTURAS FORZADAS, PSICOSOCIAL, RIESGO QUIMICO, TRABAJOS EN ALTURAS según la evaluación de riesgos específicos en función de su puesto de trabajo, y la información sanitaria, y laboral disponible, permite calificarle como APTO/APTA CON LIMITACIONES, revisión al año.

Evitar Manipulación Manual de Cargas (levantamiento, tracción y empuje) › 5 Kgs de forma continuada.

- No debe realizar manipulación manual de usuarios/as que impliquen el levantamiento o traslado de los/as mismos/as sin ayuda de medios técnicos o de otros/as compañeros/as salvo que el usuario/a pueda colaborar en dicha movilización.

- No debe realizar tareas que impliquen elevación del miembro superior izquierdo por encima del hombro.

Se informa a la EMPRESA de la obligación de adaptar las condiciones de trabajo atendiendo a las limitaciones contenidas en este documentola aplicación Dª Brigida; informe a la empresa que se remite el día 14 de mayo de 2025. La empresa tras dicho informe de prevención emite Resolución sobre "Adaptación del Puesto de Trabajo de la actora", en el que, atendiendo a sus limitaciones, se acuerda que deje de prestar servicio a las/os usuarias/os determinados como incompatibles a partir del día 2 de junio de 2025, inclusive (informe de adaptación que se da por reproducido). A los usuarios a los que asiste la demandante, que son 10, a todos ellos les tiene que hacer tareas de limpieza de la casa, sin que conste que sean tareas de limpieza complicadas, estimándose estas tareas compatibles con las limitaciones del informe del Servicio de Vigilancia de la Salud. Dos de estos usuarios se asean ellos mismos, no teniendo la actora que asearlos. Cinco usuarios, no necesitan aseo personal. Y los 3 restantes usuarios, el aseo personal es realizado por el propio usuario con la supervisión de la Auxiliar de Ayuda a Domicilio, pero sin intervención de ésta; siendo por tanto el puesto de trabajo de la actora, adaptado conforme a las limitaciones del informe del SVS, al ser APTA con limitaciones; limitaciones que han sido observadas por la empresa.

La representación de la parte actora entiende que, con esta adaptación del puesto de trabajo, la empresa no ha hecho cambio alguno con las tareas que la actora venía realizando y no se cumple lo dispuesto en los artículos 14, 15, 22, 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al no garantizarse la seguridad y salud de la trabajadora frente a los riesgos a los que está expuesta durante el tiempo de prestación de servicios en la empresa. Considera que la actora se encuentra en una situación de especial sensibilidad, derivada de su estado de salud y no es compatible su estado físico actual con la prestación de servicios para usuarios en actividades como limpieza cuando no se ha especificado como realizar la misma, al no poder mover peso superior a 5 Kgs. ni realizar actividades que supongan levantar el brazo izquierdo por encima del hombro, o no movilizar a usuarios sin ayuda. La parte actora entiende que con el proceder de la parte demandada se conculca el derecho a una eficaz política de prevención de riesgos laborales y su derecho fundamental a la integridad física, derechos plasmados en el artículo 4.2 d) del ET, por lo que interesa la resolución de a relación laboral, conforme a lo establecido en el artículo 50.1 b) del ET, con las consecuencias previstas en el artículo 50.2 del ET.

Pero, como ya se ha señalado, en el informe de adaptación del puesto de trabajo que realiza la entidad demandada, se establece que, la actora tiene que realizar trabajos de limpieza, que en ningún caso comportarán el levantamiento de peso superior a 5 Kgs. (como señala el informe de examen de salud), ni tampoco realizar actividades de levantamiento del brazo izquierdo por encima del hombro, no teniendo que movilizar a ningún usuario como señala el propio informe de adaptación. Debe considerarse, que la resolución de adaptación del puesto de trabajo de la Sra. Brigida es adecuada conforme a lo establecido en el informe de examen de salud elaborado por Quirón Prevención. Por tanto, no puede estimarse que la entidad demandada, haya conculcado el derecho de la actora a una eficaz política de prevención de riesgos laborales,pues cumple al adaptarle su puesto de trabajo, con las limitaciones de la demandante (apta con limitaciones), establecidas en el Informe de Examen de Salud, de Quirón Prevención, analizando la parte demandada el puesto de trabajo de la actora y los usuarios asignados; señalando la empresa que funciones puede hacer al adaptarle el puesto de trabajo.

Al ser la trabajadora declarada, apta con limitaciones puede continuar prestando servicios en la entidad demandada con la adaptación del puesto establecida por ésta; sin que exista ineptitud sobrevenida de la trabajadora ni tampoco se ha probado por la parte actora, que exista un incumplimiento grave por parte de la parte demandada al adaptarle su puesto de trabajo. La parte actora parece discrepar del criterio médico que adopta Quirón Prevención, basado en el informe de examen de salud de la demandante respecto a su trabajo, criterio que el Consorcio de Servicios Sociales aplica a la hora de adaptar el puesto de trabajo, sin que se haya probado que no se ha producido la adecuada adaptación.

Asimismo, no puede considerarse que la empresa incumpliese el artículo 15 de la C.E., pues ha amparado en todo momento el derecho a la integridad físicade la trabajadora, a la que se le practicaron todos los reconocimientos médicos oportunos, las pruebas complementarias y estudios pertinentes dados sus problemas de salud y tras la emisión del pertinente informe se le adaptó su puesto de trabajo; sin que se haya aportado un indicio de prueba, acreditativo de la vulneración de su derecho a la integridad física.

Tampoco, se puede estimar vulnerado su derecho a la salud,pues el servicio de prevención ajeno de la empresa, examinó como ya se ha expuesto, médicamente a la trabajadora, para comprobar su estado de salud, teniendo en cuenta los procesos de I.T. de larga duración que había tenido, le adaptó su puesto de trabajo, cuando fue declarada Apta con limitaciones, por lo que ningún reproche puede hacerse a la entidad demandada, en este sentido, que sí cabe considerar se preocupó por la salud de la trabajadora y por la adaptación de su puesto de trabajo.

En consecuencia, no puede achacarse al Consorcio de Servicios Sociales de la provincia de Albacete, un incumplimiento grave de sus obligaciones para con la trabajadora, pues la empresa tomó las medidas oportunas y necesarias con la Sra. Brigida, tras ser revisada y ser declarada "No Apta con limitaciones", al haberle adaptado la empresa el puesto de trabajo teniendo en cuenta las limitaciones que fueron constatadas por Quirón Prevención

La entidad demandada no podía tramitar una ineptitud sobrevenida, porque la demandante fue declarada apta con unas limitaciones concretas y por eso le fue adaptado su puesto de trabajo. Ni tampoco podía cambiarla de puesto de trabajo, al ser auxiliar de ayuda a domicilio, siendo que con sus limitaciones procedía la adaptación de su puesto, tomando la empresa las medidas necesarias para adaptarle su puesto de trabajo, como así lo verificó. Es por ello, que la empresa cumplió con la adaptación del puesto que desarrollaba, a la vista del examen de salud de la demandante; sin que la parte actora haya probado por prueba objetiva alguna que el puesto de trabajo no le fue adaptado de acuerdo con sus limitaciones o que no pueda desarrollar el puesto de trabajo conforme le fue adaptado.

Por todo ello, considerando que no estamos ante ningún incumplimiento grave de la entidad demandada, de los artículos 50.1 b) ni 50.1 c), al no haber sido probado por la parte actora un incumplimiento de la entidad demandada que de lugar a la extinción del contrato de trabajo de la actora. Ni tampoco se puede entender vulnerado por la parte demandada ningún derecho fundamental de la trabajadora demandante; por lo que la acción de resolución del contrato de trabajo a instancia de la trabajadora debe ser desestimada, así como la pretendida vulneración de derechos fundamentales.

CUARTO.- Indemnización adicional de 18.000€ por daños y perjuicios.

Se reclama en la demanda, junto a la acción de extinción de la relación labores, la reclamación de daños y perjuicios de 18.000€, a la vista del perjuicio sufrido por la actora.

No procede otorgar indemnización alguna a la parte actora, dado que no se considera vulnerado ningún derecho de los alegados en la demanda, ni tampoco se ha probado que la demandante haya sufrido daño o perjuicio alguno.

En consecuencia, no puede tener favorable acogida la indemnización solicitada ni ninguna otra.

Por todo lo expuesto, las pretensiones de la parte actora, deben desestimarse, lo que conlleva la íntegra desestimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,