Sentencia Social 115/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Coruña (A), Rec. 595/2024 de 12 de abril del 2026

PREVIO.-Alegadas por la parte demandada las excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por vulneración del artículo 80 de la LRJS; la de cosa juzgada o falta de acción; y, la de prescripción de todos los hechos anteriores en 1 año a la presentación de la demanda el 31-07-2024; las dos primeras ya han sido resueltas a medio del Auto de fecha 11-04-2025 y del de fecha 30-06-2025 que resuelte el recurso de reposición planteado frente a aquel, los cuales obran a los acontecimientos 190 y 225, respectivamente, del expediente digital, y mediante los cuales son desestimadas ambas excepciones, dándose ambos íntegramente por reproducidos.

PRIMERO.-La parte actora mantiene que la conducta de la demandada con sanciones y advertencias reiteradas obstructivas de la labor sindical del actor como delegado de la Ciga y delegado de prevención de riesgos laborales, y siendo la última de estas la comunicación de fecha 19-06-2023, constituyen una vulneración de su derecho a la libertad sindical; sostiene, además, que la demandada también ha vulnerado derecho su derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de garantía de indemnidad en cuanto en la nómina del mes de agosto de 2023 le ha detraído un día de salario como represalia a la reclamación de derechos en materia de prevención de riesgos laborales, al haber hecho reclamación en materia de riesgos laborales por el mal estado de los neumáticos de la furgoneta en la que tenía que hacer los desplazamientos entre los distintos centros de trabajo del cliente Autopistas del Atlántico; también, que se ha vulnerado su derecho constitucional a la integridad física, imponiéndose una carga de trabajo inasumible durante el mes de agosto de 2023, la cual precisó asistencia médica por el desgaste físico sufrido y motivó el inicio de un periodo de incapacidad temporal, en fecha 04-09-2023, por "estrés laboral". Y, finalmente, que todo ello, en su conjunto, evidencia una sistemática persecución por parte de la empresa al trabajador, que vulnera los siguientes derechos fundamentales: a la libertad sindical, a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, a la igualdad y a no ser discriminado por razón de su afiliación sindical ni por razón del cargo sindical, a la integridad física y, a la dignidad, habiéndole causado un daño moral o psíquico conexo a la vulneración de los derechos fundamentales denunciada que cifra en la cuantía de 50.000 € que reclama en concepto de daños y perjuicios, al amparo de la LISOS y de la Ley 15/2022.

Por su parte la demandada, se opone a la demanda, insiste en la prescripción ya alegada por haber transcurrido más de 1 año desde el último hecho denunciado y la presentación de la demanda que dio origen a las presentes actuaciones que fue el 31-07-2024, virtud a lo dispuesto en el artículo 179.2 de la LRJS, en relación con el artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores; y, en cuando a los hechos, discrepa con el relato factico de la demanda, que tacha de parcial e incompleto; expone que, si bien, es cierto que el actor trabajaba para Sacyr Facilities SA, como limpiador en los centros de trabajo de Audasa, en la AP-9 y que ostentaba el puesto de delegado de personal y de prevención de riesgos laborales, en vitud del cual, realizaba visitas a diferentes centros de trabajo de Sacyr Facilities y de terceras empresas en las que Sacyr Facilities prestaba servicios, también lo es, que el actor dejó de prestar servicios para la demandada el 30-09-2023, al ser subrogado por la entidad EULEN que fue adjudicataria del servicio de limpieza de la autopista AP-9 donde prestaba servicios el actor; asimismo, que Sacyr fue adquirida por el grupo SERVEO en diciembre de 2023, motivo por el cual, su denominación pasó a ser SERVEO FACILITY MANAGEMENT SA, siendo actualmente una empresa totalmente diferente a cuando el actor formaba parte de Sacyr, tal como se acredita con los documentos 4 y 19 que va a aportar; también, que el actor presentó su demanda en fecha 31-07-2024, esto es, 10 meses después de su salida de la empresa, lo que evidencia que lo que se afirma en la demanda en cuanto a que el trabajador forma parte de la demandada no es correcto.

Dicho lo anterior, alega que no es cierto que haya vulnerado derechos fundamentales del demandante, oponiéndose particularmente a lo alegado en el hecho tercero de la demanda, dado que no es cierto que la comunicación de 26-06-2023, entregada al trabajador, tenga carácter sancionador, no siendo más que un recordatorio de incumplimientos previos y del procedimiento que el actor tiene que seguir para poder visitar los centros de Audasa ya que ésta empresa exigía aviso con antelación a la visita para que pudiesen tener lugar las visitas del actor; alega vulneración del principio de buena fe procesal y de la doctrina de los propios actos, dado que después de afirmar falta de acción en relación con la comunicación de 26-03-2023 y desistir del procedimiento en la conciliación previa del Juicio, de un procedimiento de sanción seguido en el juzgado de lo social nº 6 de A Coruña, diez meses después entabla la presente demanda cuyo hecho tercero reproduce dicha demanda; afirma que la empresa no puso impedimento alguno a que el actor realizase visitas en calidad de delegado de personal y de prevención, siendo lo único que se le requería era cumplir con el procedimiento establecido por el cliente para autorizar dichas visitas, siendo Audasa quien exigía autorización previa para la realización de las visitas del demandante, al realizarse cabinas de peaje con tráfico rodado, por razones de organización interna y seguridad, lo que era conocido por el actor; que la actora siempre se accedió a las visitas comunicadas por el actor que nunca se plantearon problemas por ello, a salvo, en las visitas de centros de terceros que era clientes de la demandada que exigían autorización previa, fundamentalmente con Audasa; que una vez recibida autorización del cliente, ninguna objeción se hacia al actor, pese a lo cual, el actor, visitó dichos centros en algunas ocasiones sin la referida autorización previa, concretamente de Audasa lo que motivó quejas de dicho cliente por ese motivo; que sólo, en una ocasión, hubo un despiste en la tramitación de una de las visitas solicitadas por el actor, la del 15 de junio de 2023, y ello, después de contestar que se procedía a solicitar autorización del cliente, pero. aún así, el actor visitó igualmente las instalaciones de Audasa, exigiendo además que no se le cobrase peaje por el uso de la autopista, causando problemas con los trabajadores de Audasa.

En cuanto al descuento salarial en la nómina del mes de agosto de 2023, niega la existencia de represalia alguna por supuestas reclamaciones en materia de prevención de riesgos laborales efectuadas por el actor, sino que obedece a que el demandante se negó a prestar servicios el día 2 de agosto de 2023, quedándose en el almacén de la empresa y no realizando las tareas de limpieza encomendadas para Audasa, afirmando falsamente que las ruedas de la furgoneta no le permitían usarla para desplazarse al centro de trabajo en Audasa, estando plenamente justificado el descuento salarial ya que el actor de forma injustificada ese día no prestó servicios, ni accedió a recuperar otro día esas horas de trabajo dejadas de trabajar.

En cuando a la excesiva carga de trabajo, también es negada por la demandada, que pone de manifiesto que lejos de aumentar desde la incorporación del trabajador a la empresa disminuyó con la implantación de las cabinas de autocobro en los peajes, entre otras cuestiones.

Y, finalmente, por la demandada se afirma que lejos de perseguir al demandante, antes las quejas que recibía, opto por ofrecerle un cambio de puesto de trabajo, concretamente, al contrato de limpieza de Correos en A Coruña, con mejora sustancial de condiciones.

Y, por todo ello, entiende no procede la indemnización de 50.000 € solicitada por el actor y, previo recibimiento a prueba, solicita la desestimación de la demanda.

El Ministerio Fiscal, además de mantener la prescripción de los hechos contemplados que el Hecho Sexto a) de la demanda, interesa la desestimación de la demanda por considerar no se ha acreditado la vulneración de derechos fundamentales denunciada en la demanda.

SEGUNDO.-La anterior relación fáctica se estima acreditada en tanto que no ha sido controvertida, así como, de la documental aportada por la parte actora y demandada y de las testificales practicadas en el acto de la vista, valoradas de acuerdo con las reglas de sana critica, particularmente, las indicadas en cada uno de los hechos declarados probados. Cabiendo significar que la documental no impugnada constituye prueba plena.

TERCERO.-Alega la empresa demandada que concurre el instituto de la prescripción en relación a los hechos que tuvieron lugar con anterioridad al 31 de julio de 2023, en aplicación del artículo 179.2 de la LRJS en relación con el artículo 59.1 del ET, dado que la demanda de este procedimiento fue presentada el 31 de julio de 2024.

Y, cierto es que en sede de la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas dispone, en su punto número 2, el artículo 179 de la LRJS que "La demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los que se concrete la lesión del derecho fundamental o libertad pública." Siendo también cierto que a tener del artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones que nazcan con ocasión del contrato de trabajo es de un año.

Ahora bien, en el caso presente, la cronología relevante para resolver la cuestión planteada en atención a la invocación del instituto hecha por la empresa demandada y los hechos de la demanda es la siguiente:

- Mediante carta de 26-06-2023 de advierte al trabajador que no vuelva a realizar visitas no programadas ni autorizadas por el cliente de la AP-9 en sus instalaciones.

- En la nómina del mes de agosto de 2023 se le descuenta 1 día de trabajo al demandante.

- En el mes de agosto de 2023 el trabajador denuncia en el libro registro de trabajo (o libro de actas) que está sometido a sobrecarga de trabajo.

- Mediante escrito de fecha 26-07-2023 el demandante formula demanda en materia de sanción y vulneración de derechos fundamentales frente a la empresa Sacyr Facilities SA en base a la referida carta de 26-03-2023.

- La anterior demanda dio lugar al procedimiento seguido en el Juzgado de lo Social nº 6 de A Coruña bajo el número 582/2023, en el que convocadas las partes a los actos de conciliación y juicio, en sede de conciliación las partes llegaron al siguiente acuerdo: la empresa considera no ha impuesto ninguna sanción y el trabajador acepta dicha explicación y, ante la misma, desiste de la demanda, por falta de acción. Y, se dicta el consiguiente Decreto de desistimiento en fecha 16-11-2023.

- En fecha 31-07-2024 el trabajador demandante interpone la demanda que dio origen al presente procedimiento.

Así las cosas, la clave de la controversia radica en determinar si con la interposición con la demanda de 26 de julio de 2023 que dio lugar al procedimiento seguido en el Juzgado de lo Social nº 6 de A Coruña bajo el número 582/2023 y hasta que en fecha 16-11-2023 se dicta Decreto teniendo por desistido al actor de la demanda en su día entablada, se vio interrumpido el plazo de prescipción de 1 año, tal como sostiene el demandante y, la solución no puede ser otra, que, efectivamente, la interrupción de la prescripción se produjo, y la acción ejercitada en este procedimiento no está prescrita en relación con los hechos relatados en la demanda como acaecidos el 26-06-2023 -con base en los antecedentes que cita- y, por ende, tampoco, en relación con los posteriores a dicha fecha, por resultar de aplicación a estos efectos el art. 1973 CC, según el cual la prescripción de las acciones "se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor".

En consecuencia, interrumpida la prescripción el 26 de julio de 2023, con la consiguiente pérdida del plazo transcurrido, el inicio del nuevo plazo de prescripción ha de situarse en el 16-11-2023, fecha en que se tiene al demandante por desistido del procedimiento entablado y la acción ejercitada por el actor no estaría prescrita hasta el 16-11-2024, por lo que, entablada demanda el 31-07-2024, ni la conducta vulneradora de derechos fundamentales que se afirma acaecida el 26-06-2023 ni las posteriores estaría prescrita.

CUARTO:El art. 177 LRJS, en concordancia con lo previsto en el Art. 53.2 de la CE, dispone que " Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento".

Se trata de un procedimiento de cognición limitada tal como se infiere del art. 178.1. LRJS al establecer que "El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad".

En cuanto a las reglas que regulan la tramitación del procedimiento, en el Art. 181.2 LRJS se contempla un mecanismo de defensa del derecho fundamental relativo a la prueba pues "En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

Sentado lo anterior y comenzando por la alegada vulneración del derecho a la libertad sindical, que se llevaría a cabo mediante la comunicación de la advertencia de 26-06-2023 (con los antecedentes que cita) ha de indicarse que el artículo 28 de la CE consagra el derecho de la libertad sindical, derecho, que a su vez, es protegido por Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, en cuyos artículos 8 a 15 se contempla la acción sindical y la tutela de la libertad sindical.

El artículo 8.1 b y c) de la LOLS dispone que los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, "distribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa" y "recibir la información que le remita su sindicato".

Por su parte, el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, dispone: los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes legales de los trabajadores tendrán, a salvo de lo que se disponga en los convenios colectivos, las siguientes garantías

"...d) Expresar, colegiadamente si se trata del comité, con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa".

A nivel jurisprudencial, cabe citar la Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 329/2016 de 26 Abr. 2016, Rec. 113/2015 y Sentencia 1033/2020 de 25 de noviembre; también la STC 281/2005 que vienen a sentar:

Las organizaciones sindicales tienen derecho a que el empresario asuma las obligaciones y cargas que las normas legales o pactadas o sus previos actos le impongan para promocionar la eficacia del derecho de libertad sindical en la empresa (contenido adicional).

Como expresión de la acción sindical, el derecho a informar a los representados, afiliados o no, forma parte del contenido esencial del derecho fundamental, puesto que la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales. En definitiva, constituye un "elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical" ( STC 94/1995, de 19 de junio, FJ 3), una expresión central, por tanto, de la acción sindical y, por ello, del contenido esencial del derecho fundamental.

El empresario tiene obligación de no obstaculizar injustificada o arbitrariamente el ejercicio del derecho de libertad sindical en su vertiente de actividad sindical, en cualquiera de sus distintas manifestaciones.

El flujo de la información sindical resultará objetivamente perjudicado si el empleo de los instrumentos prácticos o medios materiales que pueden favorecerla es obstruido" injustificadamente por el empresario.

La "negativa a la puesta a disposición de los instrumentos de transmisión de información existentes en la empresa... (que)... constituya una mera resistencia pasiva", no justificada "en razones productivas" o en razones financieras, lesiona el derecho de libertad sindical.

El juicio de ponderación que permite en este tipo de casos apreciar si ha existido o no una obstaculización de las funciones representativas del sindicato sin provecho alguno se ha de establecer mediante un test en el que se pueda apreciar si la comunicación sindical a través de tales medios de la empresa puede "perturbar la actividad normal" de la misma.

(...)".

Pues bien, partiendo de dicha doctrina, ha examinarse si la advertencia al actor contenida en la comunicación escrita de la empresa de fecha 26-06-2023 de que podría ser sancionado disciplinariamente si volvía a realizar visitas no programadas ni autorizadas por Audasa en sus instalaciones se encontraba justificada o no.

En este sentido, de la prueba practicada ha resultado acreditado que la actividad sindical del actor no se realizaba exclusivamente en los centros de trabajo de Audasa (hecho probado tercero), la advertencia se refiere exclusivamente a los centros de trabajo de Audasa (hecho probado quinto), por parte de Audasa que era cliente de la empresa demandada (no se cuestiona) se exigía previa comunicación y autorización de las visitas del actor, exigencia incumplida en ocasiones por el actor quién pese a ser conocedor de tales exigencias (hechos probados tercero y cuarto) y a que la empresa cursaba las comunicaciones que le hacía el actor en relación a las visitas que iba a realizar a Audasa a fin de obtener la correspondiente autorización, en diversas ocasiones no esperó por la autorización correspondiente girando la visita a Audasa sin la autorización de ésta que cursaba quejas por ello a la empresa demandada (hecho probado cuarto) de que el actor había acudido a sus instalaciones sin tal autorización llegando a plantear problemas en alguna ocasión a sus trabajadores, reforzado por las testificales en el acto de la vista de Paulino y Cesareo, quienes en consonancia con los correos cruzados y aportados al procedimiento manifestaron que Audasa exigía autorización previa para poder acceder a sus instalaciones por razones de seguridad y se había quejado de que el actor había acudido a sus instalaciones sin tal autorización.

Por ello, pese a los antecedentes litigiosos que cita el actor en su demanda, por cierto, todos ellos, por hechos anteriores a 07-06-2022, fecha en la que el dema ndante es elegido delegado de personal y delegado de prevención de riesgos laborales, de la empresa Sacyr Facilities y, por tanto, ajenos a la actividad sindical del mismo, que evidencian que las relaciones entre ambas partes, desde hacía tiempo, no eran, desde luego, de lo más fluido, por más que no fuera la primera advertencia, no puede inferirse que hubiese una conducta por parte de la empresa de impedir al trabajador el ejercicio de actividad sindical o vulneradora de la garantía de indemnidad, y ello, aún cuando es cierto que anunciada visita a las instalaciones de Audasa para el 15 de junio de 2023 y manifestando la empresa que daba el tramite correspondiente a la comunicación, no solicitara la correspondiente autorización a Audasa, dado que se trató un hecho puntual y que, sin recordatorio ni más comunicación el actor giró igualmente la visita sin la correspondiente autorización.

En definitiva, teniendo en cuenta que la exigencia de autorización previa para el acceso a las instalaciones de Audasa era una exigencia de ésta ultima empresa, que se justifica en razones de seguridad dada la naturaleza de las instalaciones y las operaciones que tienen lugar en la misma, tal exigencia resulta enervadora de la presunción sobre limitación o impedimento del desempeño de la actividad sindical del actor y/o vulneración de la garantía de indemnidad, así como, de cualquier eventual vulneración de su dignidad profesional y de la concurrencia de trato discriminatorio por razón de su filiación al sindicato CIG.

Por otra parte, en cuanto a que se ha vulnerado derecho su derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de garantía de indemnidad en cuanto en la nómina del mes de agosto de 2023 le ha detraído un día de salario como represalia a la reclamación de derechos en materia de prevención de riesgos laborales y de integridad física, al haber hecho reclamación en materia de riesgos laborales por el mal estado de los neumáticos de la furgoneta en la que tenía que hacer los desplazamientos entre los distintos centros de trabajo del cliente Autopistas del Atlántico y de salud por sobrecarga de trabajo, ha de indicarse que no resulta suficiente cualquier queja por parte de un trabajador hacia la empresa, por más que sea delegado de personal y delegado de prevención de riesgos laborales, para activar la garantía de indemnidad y, lo cierto, es que en el caso ha resultado acreditado (hechos probados sexto y séptimo) que la detracción del día de salario obedece a que el trabajador después de indicar que las ruedas del vehículo con el que se trasladaba a su trabajo estaban en estado deplorable, en lugar de desplazarse a realizar las funciones propias de su puesto de trabajo, decidió permanecer en el almacén de la empresa durante su jornada de trabajo o al menos fue lo que comunico a la demandada, quién no recibió queja alguna por el estado de las ruedas del trabajador que realizó el siguiente turno de trabajo utilizando dicho vehículo y constató que las ruedas estaban aptas para recorrer dos o tres mil kilómetros más (testifical de Feliciano) y además le requirió previamente para que señalase día y hora para recuperar las horas no trabajadas con carácter previo a la decisión de detraer de su nómina 1 día de trabajo.

En consecuencia la privación de un día de salario aparece justificada en la no recuperación de las horas no trabajadas en un día, al dejar de prestar, gratuitamente y por decisión propia, un día del mes de agosto, los servicios propios de su función y no se aprecia vulneración de la garantía de indemnidad.

Finalmente, por lo que se refiere a la vulneración de su derecho constitucional a la integridad física, por el uso de medios materiales deficientes e imponerle una carga de trabajo inasumible durante todo el mes de agosto de 2023, pese a las reiteradas indicaciones que hizo el trabajador durante ese mes y que sostiene dio lugar a asistencia médica por el desgaste físico sufrido y al inicio de un periodo de incapacidad temporal, en fecha 04-09-2023, por "estrés laboral". Lo cierto, es que ya de dejó indicado que las ruedas del vehículo que utilizaba el actor eran aptas para circular dos o tres mil kilómetros más y, además, se cambiaron; y, no existe indicio alguno de que la empresa aumentara la carga de trabajo al demandante, ni el trabajador lo ha acreditado, más allá de quejarse en el libro de actas de sobrecarga de trabajo, sin concretar el motivo (hecho séptimo) y de forma reiterada desde el primer día de regreso de vacaciones de verano, sin que consten reclamaciones de otros trabajadores, además de acreditar de la empresa, mediante la testifical de Paulino y Cesareo que la carga de trabajo no solo no aumentó, sino que disminuyó significativamente tras la implantación, entre otros medios, de las cabinas de autocobro en los peajes que ya no necesitaban ser limpiadas por el actor a quién no se disminuyó el tiempo de trabajo.

Y, si bien es cierto que el trabajador inició un periodo de incapacidad temporal, en fecha 04-09-2023, bajo el diagnostico de "otros trastornos de ansiedad no especificados" - aún desconociéndose las pruebas realizadas hasta llegar a dicho diagnostico o si tuvo lugar en base a meras manifestaciones del trabajador- también lo es, que permaneció en dicha situación, bajo el mismo diagnóstico hasta el 17-09-2024 cuando dejó de prestar servicios para la demandada en fecha 30-09-2023 (hecho probado noveno).

Siendo la consecuencia de lo anterior que no cabe estimar vulnerado por la empresa demandada su derecho consititucional a la integridad física o psíquica del trabajador.

Razones todas ellas las hasta ahora expuestas que llevan a la desestimación de la demanda, sin necesidad de mayor razonamiento.

QUINTO.-Contra la presente resolución cabe recurso de suplicación conforme al art. 191 LRJS.

En atención a lo expuesto,