Sentencia Social 139/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Coruña (A), Rec. 675/2024 de 23 de abril del 2026

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan probados a partir de la valoración en conjunto de la prueba practicada, documental. En particular, se debe tomar en consideración el expediente administrativo aportado por la demandada, en el que obran el acta y las resoluciones a las que se hace referencia, que se dan por reproducidos en su integridad.

SEGUNDO.- Pretende la parte actora que se anule la sanción impuesta por la Resolución con fecha de salida de 19-4-2024 de la CONSELLERÍA demandada que acuerda confirmar la sanción propuesta, por importe de 1.000 euros, por la comisión de una falta grave en materia de relaciones laborales individuales y colectivas tipificada en el art. 7.2 TRLISOS. Sostiene, como fundamento de su pretensión, esencialmente las siguientes consideraciones: que si bien es cierto que el contrato del señor Edemiro era temporal y el mismo se fue prorrogando, dicha temporalidad se debió a causas imprevistas que se fueron encadenando, siendo el contrato temporal transformado por la empresa voluntariamente en indefinido el 1-12-2023. En un principio, el trabajador fue contratado para atender el aumento de clientela en el periodo estival y tuvo que ser prorrogado al verse obligada la actora a despedir a dos de sus trabajadores; uno en el mes de julio y la otra en el mes de agosto. Ningún perjuicio se ha causado al trabajador, pues conserva la antigüedad del contrato inicial ni a la Administración, pues el importe a abonar por las cuotas de Seguridad Social es más elevado en la modalidad de contrato temporal que en el contrato indefinido.

La Consellería demandada interesa la ratificación de la resolución recurrida por considerarla ajustada a derecho.

TERCERO.- Sentado lo anterior, respecto al marco jurídico en el que se encuadra el presente procedimiento, se debe recordar que el artículo 7.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social prevé que es infracción grave La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva. A estos efectos se considerará una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas.

A su vez, según el artículo 53.2 del mismo texto legal, los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el artículo 52 , tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados y el mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables.

Con respecto a la presunción de certeza de que gozan las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reiterada doctrina unificadora del Tribunal Supremo ha declarado lo siguiente:

A) La presunción de certeza alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta , como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23-4-90 ( RJ 1990\ 3138) , 16-5-1996 , 16-4-1996 , 16-4-1996 , 19-4 - 1996 , 10-5-1996 ( RJ 1996\ 4116) , 24-9-1996 , 25-10-1996 ( RJ 1996\ 7708) , 21-3-1997 , 25-11-1997 , 19-9-1997 , 11-7-1997 , 25-11-1997 , 2-12-1997 , 9-12-1997 ( RJ 1997\ 8864) , 6-3-1998 y 6-10-1998 ( RJ 1998\ 7692) , entre otras muchas).

Dicho de otro modo, la presunción de certeza "debe entenderse referida a los hechos comprobados con ocasión de la inspección y reflejados en el acta, bien porque por su realidad objetiva visible sean susceptibles de percepción directa por el Inspector en el momento de la visita, o porque hayan sido comprobados por la Autoridad, documentalmente o por testimonios entonces recogidos u otras pruebas realizadas, con reflejo de éstas o al menos alusión a ellas en el acta levantada; de modo que esa presunción legal de certeza que, en cualquier caso, es de carácter "iuris tantum", pierde fuerza cuando los hechos afirmados en el acta por el Inspector, por su propia significación, no son de apreciación directa, no se hace mención en el acta a la realización de otras comprobaciones, o recogida de testimonios o documentos, comprobación de libros, etc., que corroboren su existencia" ( STS de 27-5-1997 ( RJ 1997\ 8334 ) , 26-7-1995 ( RJ 1995\ 6231) , 23-2-88 ( RJ 1988\ 1450) , y en igual sentido STS de 17-6-1987 ( RJ 1987\ 4207) ). Por el contrario, cuando lo relatado en el acta resulta de una actividad de investigación y comprobación dirigida a obtener la convicción reflejada en el acta, aunque no sea fruto de la percepción sensorial directa del Inspector, estará a cargo del recurrente la aportación de las pruebas precisas para demostrar que no se ajustan a la realidad los hechos descritos por la Inspección ( STS de 17-5- 1996 ( RJ 1996\ 4201) )

B) Dicha presunción de certeza tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante [ Sentencias del Tribunal Supremo de 24-9-1996 (RJ 1996\6795 ), 22-10-1996 , 29 y 30-11-1996 (RJ 1996\8708 ); 21-3-1997 (RJ 1997\ 2100 ), 6-5-1997 y 2-12-1997 y 6-10-1998 (RJ 1998\7692), así como en la objetividad que rodea a quienes, sin ningún interés particular, obran en defensa del interés público ( Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1989 (RJ 1989\3140). Es decir, este valor descansa en que toda actuación inspectora se presume objetividad mientras no se demuestre lo contrario, y es por ello, que para su destrucción no se admite cualquier tipo de prueba, sino que ésta debe ser directa, eficaz y plenamente convincente para que pueda desvirtuar dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1991 (RJ 1991\ 4891 ) y 7 de octubre de 1997 (RJ 1997\ 7041)".

En la misma línea, tal como dispone la STSJ de Galicia, 6434/2016 de 16 Nov. 2016, Rec. 2591/2016, entre otras, la doctrina jurisprudencial destaca que el valor y fuerza probatoria de las actas de la Inspección se centra en los hechos que, por su objetividad, son susceptibles de percepción directa por el Inspector o a las inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por otros medios de prueba consignados en la propia acta ( Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1991 ), es decir, a las circunstancias del caso y a los datos que han servido para su elaboración, no a las apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas, y constituyen una presunción iuris tantum, que desplaza a quien perjudica la carga de probar que aquéllos no se ajustan a la realidad de los hechos ( Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1991 ).

Las actas de infracción están dotadas de fuerza probatoria conforme se desprende de los artículos 13.1, 14.1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2009, gozan de presunción de veracidad por la imparcialidad y especialización de quien las confecciona, que comprende tanto los hechos susceptibles de percepción directa como los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la misma, con valor de presunción "iuris tantum" correspondiendo desvirtuar su contenido en este caso al recurrente.

De este modo, en esta materia rige un valor probatorio privilegiado en relación a las actas del Servicio de Inspección y la presunción de certeza que expresamente proclama el art. 151.8 LRJS, y de todo ello se deriva que se desplaza a la parte actora e impugnante de la sanción la carga de la prueba de los hechos aducidos en defensa de su derecho.

CUARTO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Descendiendo al caso de autos, se debe analizar si es o no ajustada a derecho la sanción impuesta. Para ello, se debe valorar, a la vista del relato fáctico, si la actuación inspectora ha sido razonable y acorde con los principios probatorios, basados en prueba de presunciones.

En este caso, se produce como consecuencia de sanción por la comisión de falta grave por apreciar la infracción en materia laboral, tras el levantamiento de la correspondiente acta de infracción, con propuesta de sanción y la regular tramitación del correspondiente expediente sancionador, que finalizó con la imposición de la sanción propuesta por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Pues bien, el acta levantada por la Inspección de Trabajo no se ha basado en apreciaciones globales o juicios de valor sino en comprobaciones directas realizadas por el/la subinspector/a de Trabajo, que requirió a la empresa la documental pertinente que se relaciona en el acta de infracción e hizo las comprobaciones oportunas. De este modo, quedaron constatados los siguientes hechos objetivos:

El centro de trabajo de la empresa DIRECCION000 dedicado a la actividad de establecimiento de bebidas, denominado comercialmente CAFÉ BAR LA NAVAL, en fecha 22-6-2023, la empresa, contaba en plantilla con los siguientes trabajadores:

Adelina, DNI NUM001, que venía prestando servicios en la empresa como camarera desde fecha 08/10/18, al amparo de un contrato indefinido, a jornada completa. Dicha trabajadora causó baja en la empresa por despido disciplinario en fecha 16/08/23.

Pelayo, DNI NUM002, en situación de alta en la empresa desde el 01/10/20, aportándose respecto al mismo un contrato indefinido de fecha 01/06/22, para prestar servicios como ayudante de cocina, por conversión de un contrato de obra o servicio concertado en fecha 01/10/20. El trabajador causó baja en la empresa, por despido disciplinario de fecha 24/07/23.

Edemiro, DNI NUM003, con el que la empresa concertó un contrato temporal por circunstancias de la producción, a tiempo parcial para prestar servicios como camarero, con una jornada de 10 horas semanales, cuya vigencia se extendía desde el 01/07/23 al 31/08/23. La contratación temporal se amparaba en una situación imprevisible, identificando como tal "extra temporada verano". A su término el contrato fue prorrogado del 01/09/23 al 31/10/23, continuando más allá de esta última fecha el trabajador en situación de alta en la empresa con la misma clave de contrato (contrato 502). No consta comunicación de la contratación al Servicio Público de Empleo Estatal.

En fecha 1-12-2023, el contrato temporal de Edemiro se transformó en indefinido.

Se debe recordar que el artículo 15 ET, relativo a la duración del contrato de trabajo, tras redacción operada por Real Decreto-Ley 32-2021, dispone que:

1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.

El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.

2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el artículo 16.1.

Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales.

Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias de la producción, su duración no podrá ser superior a seis meses.Por convenio colectivo de ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima del contrato hasta un año.

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

El artículo 3.2 a), b) y d) del Real Decreto 2720/98 que regula esta modalidad contractual, no sólo requiere que se identifique con precisión y claridad la causa o la circunstancia que la justifique sino también que en el contrato se habrá de determinar la duración del mismo, que no podrá exceder de seis meses (periodo hasta el que podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes), de modo que según el artículo 8.1 b) de dicha norma, el contrato eventual por circunstancias de la producción se extinguirá por la expiración del tiempo convenido y según el apartado 2 del artículo 8, expirada dicha duración máxima o la de la prórroga expresa del contrato eventual, si el trabajador continuara prestando sus servicios, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación. En este caso, el contrato temporal por circunstancias de la producción se pactó con una vigencia desde 1-7-2023 al 31-8-2023, es decir, por una duración inferior a la máxima legal y se prorrogó del 1-7-2023 al 31-8-2023, sin que la duración total del contrato excediese la duración máxima de seis meses. Ahora bien, expirada la prórroga, el trabajador continuó en alta en la empresa con la misma clave del contrato(502), a pesar de que el contrato ya se había convertido en indefinido.

No es hasta fecha 1-12-2023, levantada acta de infracción, cuando el contrato temporal de Edemiro se transformó formalmente en indefinido, por lo que se infringen las previsiones del art. 15 ET y se concluye, en consonancia con lo apreciado por la ITSS, que la contratación temporal carecía de causa habilitante.

De este modo, cabe concluir que los hechos acreditados son constitutivos de una falta grave prevista en el artículo 7.2 del RDL 5/2000 de 4 de agosto, que se aprecia correctamente tipificada y graduada.

En virtud de lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.