Sentencia Social 225/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Cuenca, Rec. 132/2026 de 15 de junio del 2026

PRIMERO.- Valoración hechos probados.

Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental incorporada a las actuaciones y portada en el acto del juicio por l aparte actora y sustancialmente del expediente administrativo. Se discute la conclusión que sobre la existencia de fraude alcanza la inspección, cuestión que debe ser analizada.

En particular, en relación el incremento de las bases de cotización justo antes de solicitar la prestación por cuidado de menor, ha quedado acreditado, con el acta de la Inspección, cuya certeza se presume, que se efectuó por la connivencia entre el actor y su suegro. No se ha probado, por lo que no se refleja en los hechos, que el actor experimentara, como sostiene en su demanda y ante la Administración, un aumento de responsabilidades, pues no consta qué funciones asumía al inicio de la relación laboral y cuáles en el momento de la subida salarial. Habría bastado, a este respecto, la testifical de cualquier cliente o incluso del empresario. Tampoco ha acreditado que realice funciones de encargado general, ya que reconoce que no tiene trabajadores a cargo. Finalmente, no ha quedado probado el cálculo efectuado para subir las bases de cotización en el momento clave para la determinación de la base reguladora de la prestación.

SEGUNDO.- Presunción de certeza y fraude de ley: prueba del fraude.

El presente procedimiento tiene por objeto la impugnación de resolución administrativa recaída en el ejercicio de la potestad sancionadora del INSS por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), cuyo art. 26.1 impone una sanción por la comisión de una falta muy grave: "Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos; la simulación de la relación laboral; y la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas."

Y en esta materia tiene especial importancia la presunción de veracidad de las actas de Inspección de Trabajo que recoge tanto la LRJS como la LISOS.

Dice el art 151 apartado 8º LRJS que: "Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes".

Y, el artículo 53.2 LISOS según el cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

Tal y como dice la STSJ de Cataluña, Social, sección 1, de 23 de marzo de 2021: "La doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo es constante al afirmar que el fraude de Ley no se presume y que ha de ser acreditado por quien lo invoca ( SSTS 16/02/1993 -rec. 2655/91 -; 18/07/1994 -rec. 137/94 -; 21/06/2004 - rec. 3143/03 -; y 14/03/2005 -rco 6/04 -), pues su existencia -como la del abuso de derecho- sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS 25/05/2000 -rcud 2947/99 -). Esta doctrina aparece recopilada en la STS de 12 de mayo de 2.009 , con cita en la de 14 de mayo de 2.008, rcud 884/2007 , que aborda la cuestión referida a la acreditación del fraude, pues cuando se indica que éste no se presume, ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir del fraude como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario (al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos), si bien tampoco puede excluirse la posibilidad de que el carácter fraudulento pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones. Dicho ello, en relación a la necesidad de acreditación del fraude, uno de los extremos debatidos es el referido a la exigencia de una animo defraudatorio como requisito del fraude. Sobre este extremo, y como declara la sentencia citada, la jurisprudencia no ha sido siempre uniforme, " oscilando entre la tesis objetiva [atiende al resultado prohibido] y la subjetiva [contempla la intención defraudatoria], sin que no falten soluciones de síntesis como la que representa la STS 22/12/97 [-rec. 1667/93-, de la Sala I ], al decir que la figura del fraude de ley "surgió en el área civil, a través de una depurada construcción doctrinal, que la desarrolla en una doble vertiente: objetiva -defensa del cumplimiento de norma- y subjetiva -ánimo defraudatorio o de engaño-. La jurisprudencia de esta Sala pronto se hizo eco de la referida construcción científica, pero llegando a una conjunción de dichas teorías subjetiva y objetiva", al caracterizar la figura "como toda actividad tendente a inutilizar la finalidad práctica de una ley material, mediante la utilización de otra que sirve de cobertura para ello ( SS. 14 febrero 1986 y 12 noviembre 1988 ), llegándose al extremo de manifestar que el fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su apariencia legal, violan el contenido ético de un precepto legal ( S. de 26 mayo 1989 )". Esta oscilación entre ambas teorías se aprecia en la doctrina de la Sala. "Ciertamente que no faltan resoluciones que atienden -para apreciar el fraude - a la mera constatación objetiva de la producción del resultado prohibido por la norma [al margen de la intención o propósito del autor], como cuando se afirma que aunque el fraude de ley no se presume y debe ser probado por la parte que lo alega, esto no significa que tenga que justificarse la intencionalidad fraudulenta de los negociadores, sino que es suficiente con que los datos objetivos que constan en el mismo revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley ( STS 19/06/95 -rco 2371/94 -; citada por la de 31/05/07 -rcud 401/06 ). Pero mayoritariamente, la doctrina de esta Sala se inclina por afirmar que en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma (así, las SSTS 11/10/91 -rcud 195/91 -; y 05/12/91 - rcud 626/9 -), pues en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS 06/02/03 -rec. 1207/02 -); y en la entraña y en la propia naturaleza del fraude de ley está la creación de una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( STS 05/12/91 -rec. 626/91 -). O lo que es igual, el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial (así, con cita de diversos precedentes, las SSTS 16/01/96 -rec. 693/95-, en contratación temporal ; y 31/05/07 -rcud 401/06 - LFDCF, en contrato de aprendizaje). "Se considera, por tanto, que el fraude consiste en una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico.

Por ello, se expresa, esta intención debe ser objeto de la correspondiente prueba, cuya valoración es la que efectúa el Juzgador de instancia, o en suplicación por vía revisoría, para llegar a la convicción de su existencia, y sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS/IV 25-mayo-2000 -recurso 2947/1999 ). Y, como anteriormente se ha indicado, la existencia del fraude de Ley podrá acreditarse mediante pruebas directas o indirectas, no quedando, por tanto, los medios de prueba a los de directa eficacia, sino que también ha de darse virtualidad a otros medios de prueba, admitiéndose, entre estas últimas, las presunciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 386.1 del Código Civil : " A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" y que "La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción ". Esta prueba de presunciones no cabe identificarla con las meras suposiciones, sino que es necesario un enlace preciso y directo entre los hechos base y el hecho consecuencia".

TERCERO.- Valoración del caso concreto.

En el presente caso, de los hechos probados debo concluir que el demandante, en connivencia con D. Jesus Miguel incrementó de forma fraudulenta las bases de cotización, con pleno conocimiento del resultado que iba a tener en el cálculo de la prestación inminente por nacimiento y cuidado de su hijo.

Así los indicios del fraude pueden sintetizarse de la siguiente forma:

- La relación de parentesco entre el actor y el empresario, yerno y suegro, destacando que iniciada la relación laboral en noviembre de 2022 no es hasta el momento justo de cálculo de la base reguladora de la prestación cuando se incrementan las bases de cotización.

- El actor justifica esa subida en el matrimonio y en el incremento de responsabilidades. Sin embargo, como hemos analizado, no ha practicado prueba alguna de ese aumento de funciones o responsabilidad, al desempeñar las mismas desde el inicio de la relación laboral, al no haber acreditado lo contrario.

- Finalmente, el aumento producido no tiene justificación objetiva alguna, ya sea sobre la base de la categoría de encargado general, que no le sería aplicable por no tener trabajadores a su cargo, ya sobre los incrementos previstos en el Convenio Agropecuario de Cuenca, que sería el aplicable, y que no se corresponden con los 300 euros de incremento.

En definitiva, considero que existen indicios más que suficientes para presumir el fraude, por lo que no cabe sino desestimar la demanda, confirmando las resoluciones impugnadas.

CUARTO.- Recurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) LRJS frente a esta resolución no cabe recurso de suplicación, dado que se trata de una infracción muy grave inferior a 18.000 euros.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.- Valoración hechos probados.

Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental incorporada a las actuaciones y portada en el acto del juicio por l aparte actora y sustancialmente del expediente administrativo. Se discute la conclusión que sobre la existencia de fraude alcanza la inspección, cuestión que debe ser analizada.

En particular, en relación el incremento de las bases de cotización justo antes de solicitar la prestación por cuidado de menor, ha quedado acreditado, con el acta de la Inspección, cuya certeza se presume, que se efectuó por la connivencia entre el actor y su suegro. No se ha probado, por lo que no se refleja en los hechos, que el actor experimentara, como sostiene en su demanda y ante la Administración, un aumento de responsabilidades, pues no consta qué funciones asumía al inicio de la relación laboral y cuáles en el momento de la subida salarial. Habría bastado, a este respecto, la testifical de cualquier cliente o incluso del empresario. Tampoco ha acreditado que realice funciones de encargado general, ya que reconoce que no tiene trabajadores a cargo. Finalmente, no ha quedado probado el cálculo efectuado para subir las bases de cotización en el momento clave para la determinación de la base reguladora de la prestación.

SEGUNDO.- Presunción de certeza y fraude de ley: prueba del fraude.

El presente procedimiento tiene por objeto la impugnación de resolución administrativa recaída en el ejercicio de la potestad sancionadora del INSS por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), cuyo art. 26.1 impone una sanción por la comisión de una falta muy grave: "Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos; la simulación de la relación laboral; y la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas."

Y en esta materia tiene especial importancia la presunción de veracidad de las actas de Inspección de Trabajo que recoge tanto la LRJS como la LISOS.

Dice el art 151 apartado 8º LRJS que: "Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes".

Y, el artículo 53.2 LISOS según el cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

Tal y como dice la STSJ de Cataluña, Social, sección 1, de 23 de marzo de 2021: "La doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo es constante al afirmar que el fraude de Ley no se presume y que ha de ser acreditado por quien lo invoca ( SSTS 16/02/1993 -rec. 2655/91 -; 18/07/1994 -rec. 137/94 -; 21/06/2004 - rec. 3143/03 -; y 14/03/2005 -rco 6/04 -), pues su existencia -como la del abuso de derecho- sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS 25/05/2000 -rcud 2947/99 -). Esta doctrina aparece recopilada en la STS de 12 de mayo de 2.009 , con cita en la de 14 de mayo de 2.008, rcud 884/2007 , que aborda la cuestión referida a la acreditación del fraude, pues cuando se indica que éste no se presume, ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir del fraude como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario (al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos), si bien tampoco puede excluirse la posibilidad de que el carácter fraudulento pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones. Dicho ello, en relación a la necesidad de acreditación del fraude, uno de los extremos debatidos es el referido a la exigencia de una animo defraudatorio como requisito del fraude. Sobre este extremo, y como declara la sentencia citada, la jurisprudencia no ha sido siempre uniforme, " oscilando entre la tesis objetiva [atiende al resultado prohibido] y la subjetiva [contempla la intención defraudatoria], sin que no falten soluciones de síntesis como la que representa la STS 22/12/97 [-rec. 1667/93-, de la Sala I ], al decir que la figura del fraude de ley "surgió en el área civil, a través de una depurada construcción doctrinal, que la desarrolla en una doble vertiente: objetiva -defensa del cumplimiento de norma- y subjetiva -ánimo defraudatorio o de engaño-. La jurisprudencia de esta Sala pronto se hizo eco de la referida construcción científica, pero llegando a una conjunción de dichas teorías subjetiva y objetiva", al caracterizar la figura "como toda actividad tendente a inutilizar la finalidad práctica de una ley material, mediante la utilización de otra que sirve de cobertura para ello ( SS. 14 febrero 1986 y 12 noviembre 1988 ), llegándose al extremo de manifestar que el fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su apariencia legal, violan el contenido ético de un precepto legal ( S. de 26 mayo 1989 )". Esta oscilación entre ambas teorías se aprecia en la doctrina de la Sala. "Ciertamente que no faltan resoluciones que atienden -para apreciar el fraude - a la mera constatación objetiva de la producción del resultado prohibido por la norma [al margen de la intención o propósito del autor], como cuando se afirma que aunque el fraude de ley no se presume y debe ser probado por la parte que lo alega, esto no significa que tenga que justificarse la intencionalidad fraudulenta de los negociadores, sino que es suficiente con que los datos objetivos que constan en el mismo revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley ( STS 19/06/95 -rco 2371/94 -; citada por la de 31/05/07 -rcud 401/06 ). Pero mayoritariamente, la doctrina de esta Sala se inclina por afirmar que en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma (así, las SSTS 11/10/91 -rcud 195/91 -; y 05/12/91 - rcud 626/9 -), pues en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS 06/02/03 -rec. 1207/02 -); y en la entraña y en la propia naturaleza del fraude de ley está la creación de una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( STS 05/12/91 -rec. 626/91 -). O lo que es igual, el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial (así, con cita de diversos precedentes, las SSTS 16/01/96 -rec. 693/95-, en contratación temporal ; y 31/05/07 -rcud 401/06 - LFDCF, en contrato de aprendizaje). "Se considera, por tanto, que el fraude consiste en una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico.

Por ello, se expresa, esta intención debe ser objeto de la correspondiente prueba, cuya valoración es la que efectúa el Juzgador de instancia, o en suplicación por vía revisoría, para llegar a la convicción de su existencia, y sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS/IV 25-mayo-2000 -recurso 2947/1999 ). Y, como anteriormente se ha indicado, la existencia del fraude de Ley podrá acreditarse mediante pruebas directas o indirectas, no quedando, por tanto, los medios de prueba a los de directa eficacia, sino que también ha de darse virtualidad a otros medios de prueba, admitiéndose, entre estas últimas, las presunciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 386.1 del Código Civil : " A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" y que "La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción ". Esta prueba de presunciones no cabe identificarla con las meras suposiciones, sino que es necesario un enlace preciso y directo entre los hechos base y el hecho consecuencia".

TERCERO.- Valoración del caso concreto.

En el presente caso, de los hechos probados debo concluir que el demandante, en connivencia con D. Jesus Miguel incrementó de forma fraudulenta las bases de cotización, con pleno conocimiento del resultado que iba a tener en el cálculo de la prestación inminente por nacimiento y cuidado de su hijo.

Así los indicios del fraude pueden sintetizarse de la siguiente forma:

- La relación de parentesco entre el actor y el empresario, yerno y suegro, destacando que iniciada la relación laboral en noviembre de 2022 no es hasta el momento justo de cálculo de la base reguladora de la prestación cuando se incrementan las bases de cotización.

- El actor justifica esa subida en el matrimonio y en el incremento de responsabilidades. Sin embargo, como hemos analizado, no ha practicado prueba alguna de ese aumento de funciones o responsabilidad, al desempeñar las mismas desde el inicio de la relación laboral, al no haber acreditado lo contrario.

- Finalmente, el aumento producido no tiene justificación objetiva alguna, ya sea sobre la base de la categoría de encargado general, que no le sería aplicable por no tener trabajadores a su cargo, ya sobre los incrementos previstos en el Convenio Agropecuario de Cuenca, que sería el aplicable, y que no se corresponden con los 300 euros de incremento.

En definitiva, considero que existen indicios más que suficientes para presumir el fraude, por lo que no cabe sino desestimar la demanda, confirmando las resoluciones impugnadas.

CUARTO.- Recurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) LRJS frente a esta resolución no cabe recurso de suplicación, dado que se trata de una infracción muy grave inferior a 18.000 euros.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.- Valoración hechos probados.

Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental incorporada a las actuaciones y portada en el acto del juicio por l aparte actora y sustancialmente del expediente administrativo. Se discute la conclusión que sobre la existencia de fraude alcanza la inspección, cuestión que debe ser analizada.

En particular, en relación el incremento de las bases de cotización justo antes de solicitar la prestación por cuidado de menor, ha quedado acreditado, con el acta de la Inspección, cuya certeza se presume, que se efectuó por la connivencia entre el actor y su suegro. No se ha probado, por lo que no se refleja en los hechos, que el actor experimentara, como sostiene en su demanda y ante la Administración, un aumento de responsabilidades, pues no consta qué funciones asumía al inicio de la relación laboral y cuáles en el momento de la subida salarial. Habría bastado, a este respecto, la testifical de cualquier cliente o incluso del empresario. Tampoco ha acreditado que realice funciones de encargado general, ya que reconoce que no tiene trabajadores a cargo. Finalmente, no ha quedado probado el cálculo efectuado para subir las bases de cotización en el momento clave para la determinación de la base reguladora de la prestación.

SEGUNDO.- Presunción de certeza y fraude de ley: prueba del fraude.

El presente procedimiento tiene por objeto la impugnación de resolución administrativa recaída en el ejercicio de la potestad sancionadora del INSS por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), cuyo art. 26.1 impone una sanción por la comisión de una falta muy grave: "Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos; la simulación de la relación laboral; y la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas."

Y en esta materia tiene especial importancia la presunción de veracidad de las actas de Inspección de Trabajo que recoge tanto la LRJS como la LISOS.

Dice el art 151 apartado 8º LRJS que: "Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes".

Y, el artículo 53.2 LISOS según el cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

Tal y como dice la STSJ de Cataluña, Social, sección 1, de 23 de marzo de 2021: "La doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo es constante al afirmar que el fraude de Ley no se presume y que ha de ser acreditado por quien lo invoca ( SSTS 16/02/1993 -rec. 2655/91 -; 18/07/1994 -rec. 137/94 -; 21/06/2004 - rec. 3143/03 -; y 14/03/2005 -rco 6/04 -), pues su existencia -como la del abuso de derecho- sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS 25/05/2000 -rcud 2947/99 -). Esta doctrina aparece recopilada en la STS de 12 de mayo de 2.009 , con cita en la de 14 de mayo de 2.008, rcud 884/2007 , que aborda la cuestión referida a la acreditación del fraude, pues cuando se indica que éste no se presume, ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir del fraude como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario (al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos), si bien tampoco puede excluirse la posibilidad de que el carácter fraudulento pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones. Dicho ello, en relación a la necesidad de acreditación del fraude, uno de los extremos debatidos es el referido a la exigencia de una animo defraudatorio como requisito del fraude. Sobre este extremo, y como declara la sentencia citada, la jurisprudencia no ha sido siempre uniforme, " oscilando entre la tesis objetiva [atiende al resultado prohibido] y la subjetiva [contempla la intención defraudatoria], sin que no falten soluciones de síntesis como la que representa la STS 22/12/97 [-rec. 1667/93-, de la Sala I ], al decir que la figura del fraude de ley "surgió en el área civil, a través de una depurada construcción doctrinal, que la desarrolla en una doble vertiente: objetiva -defensa del cumplimiento de norma- y subjetiva -ánimo defraudatorio o de engaño-. La jurisprudencia de esta Sala pronto se hizo eco de la referida construcción científica, pero llegando a una conjunción de dichas teorías subjetiva y objetiva", al caracterizar la figura "como toda actividad tendente a inutilizar la finalidad práctica de una ley material, mediante la utilización de otra que sirve de cobertura para ello ( SS. 14 febrero 1986 y 12 noviembre 1988 ), llegándose al extremo de manifestar que el fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su apariencia legal, violan el contenido ético de un precepto legal ( S. de 26 mayo 1989 )". Esta oscilación entre ambas teorías se aprecia en la doctrina de la Sala. "Ciertamente que no faltan resoluciones que atienden -para apreciar el fraude - a la mera constatación objetiva de la producción del resultado prohibido por la norma [al margen de la intención o propósito del autor], como cuando se afirma que aunque el fraude de ley no se presume y debe ser probado por la parte que lo alega, esto no significa que tenga que justificarse la intencionalidad fraudulenta de los negociadores, sino que es suficiente con que los datos objetivos que constan en el mismo revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley ( STS 19/06/95 -rco 2371/94 -; citada por la de 31/05/07 -rcud 401/06 ). Pero mayoritariamente, la doctrina de esta Sala se inclina por afirmar que en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma (así, las SSTS 11/10/91 -rcud 195/91 -; y 05/12/91 - rcud 626/9 -), pues en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS 06/02/03 -rec. 1207/02 -); y en la entraña y en la propia naturaleza del fraude de ley está la creación de una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( STS 05/12/91 -rec. 626/91 -). O lo que es igual, el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial (así, con cita de diversos precedentes, las SSTS 16/01/96 -rec. 693/95-, en contratación temporal ; y 31/05/07 -rcud 401/06 - LFDCF, en contrato de aprendizaje). "Se considera, por tanto, que el fraude consiste en una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico.

Por ello, se expresa, esta intención debe ser objeto de la correspondiente prueba, cuya valoración es la que efectúa el Juzgador de instancia, o en suplicación por vía revisoría, para llegar a la convicción de su existencia, y sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS/IV 25-mayo-2000 -recurso 2947/1999 ). Y, como anteriormente se ha indicado, la existencia del fraude de Ley podrá acreditarse mediante pruebas directas o indirectas, no quedando, por tanto, los medios de prueba a los de directa eficacia, sino que también ha de darse virtualidad a otros medios de prueba, admitiéndose, entre estas últimas, las presunciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 386.1 del Código Civil : " A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" y que "La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción ". Esta prueba de presunciones no cabe identificarla con las meras suposiciones, sino que es necesario un enlace preciso y directo entre los hechos base y el hecho consecuencia".

TERCERO.- Valoración del caso concreto.

En el presente caso, de los hechos probados debo concluir que el demandante, en connivencia con D. Jesus Miguel incrementó de forma fraudulenta las bases de cotización, con pleno conocimiento del resultado que iba a tener en el cálculo de la prestación inminente por nacimiento y cuidado de su hijo.

Así los indicios del fraude pueden sintetizarse de la siguiente forma:

- La relación de parentesco entre el actor y el empresario, yerno y suegro, destacando que iniciada la relación laboral en noviembre de 2022 no es hasta el momento justo de cálculo de la base reguladora de la prestación cuando se incrementan las bases de cotización.

- El actor justifica esa subida en el matrimonio y en el incremento de responsabilidades. Sin embargo, como hemos analizado, no ha practicado prueba alguna de ese aumento de funciones o responsabilidad, al desempeñar las mismas desde el inicio de la relación laboral, al no haber acreditado lo contrario.

- Finalmente, el aumento producido no tiene justificación objetiva alguna, ya sea sobre la base de la categoría de encargado general, que no le sería aplicable por no tener trabajadores a su cargo, ya sobre los incrementos previstos en el Convenio Agropecuario de Cuenca, que sería el aplicable, y que no se corresponden con los 300 euros de incremento.

En definitiva, considero que existen indicios más que suficientes para presumir el fraude, por lo que no cabe sino desestimar la demanda, confirmando las resoluciones impugnadas.

CUARTO.- Recurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) LRJS frente a esta resolución no cabe recurso de suplicación, dado que se trata de una infracción muy grave inferior a 18.000 euros.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.- Valoración hechos probados.

Los hechos declarados probados se han deducido de la valoración de la prueba documental incorporada a las actuaciones y portada en el acto del juicio por l aparte actora y sustancialmente del expediente administrativo. Se discute la conclusión que sobre la existencia de fraude alcanza la inspección, cuestión que debe ser analizada.

En particular, en relación el incremento de las bases de cotización justo antes de solicitar la prestación por cuidado de menor, ha quedado acreditado, con el acta de la Inspección, cuya certeza se presume, que se efectuó por la connivencia entre el actor y su suegro. No se ha probado, por lo que no se refleja en los hechos, que el actor experimentara, como sostiene en su demanda y ante la Administración, un aumento de responsabilidades, pues no consta qué funciones asumía al inicio de la relación laboral y cuáles en el momento de la subida salarial. Habría bastado, a este respecto, la testifical de cualquier cliente o incluso del empresario. Tampoco ha acreditado que realice funciones de encargado general, ya que reconoce que no tiene trabajadores a cargo. Finalmente, no ha quedado probado el cálculo efectuado para subir las bases de cotización en el momento clave para la determinación de la base reguladora de la prestación.

SEGUNDO.- Presunción de certeza y fraude de ley: prueba del fraude.

El presente procedimiento tiene por objeto la impugnación de resolución administrativa recaída en el ejercicio de la potestad sancionadora del INSS por aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), cuyo art. 26.1 impone una sanción por la comisión de una falta muy grave: "Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o prolongar indebidamente su disfrute mediante la aportación de datos o documentos falsos; la simulación de la relación laboral; y la omisión de declaraciones legalmente obligatorias u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas."

Y en esta materia tiene especial importancia la presunción de veracidad de las actas de Inspección de Trabajo que recoge tanto la LRJS como la LISOS.

Dice el art 151 apartado 8º LRJS que: "Los hechos constatados por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes".

Y, el artículo 53.2 LISOS según el cual "Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

Tal y como dice la STSJ de Cataluña, Social, sección 1, de 23 de marzo de 2021: "La doctrina de la Sala IV del Tribunal Supremo es constante al afirmar que el fraude de Ley no se presume y que ha de ser acreditado por quien lo invoca ( SSTS 16/02/1993 -rec. 2655/91 -; 18/07/1994 -rec. 137/94 -; 21/06/2004 - rec. 3143/03 -; y 14/03/2005 -rco 6/04 -), pues su existencia -como la del abuso de derecho- sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS 25/05/2000 -rcud 2947/99 -). Esta doctrina aparece recopilada en la STS de 12 de mayo de 2.009 , con cita en la de 14 de mayo de 2.008, rcud 884/2007 , que aborda la cuestión referida a la acreditación del fraude, pues cuando se indica que éste no se presume, ha de entenderse en el sentido de que no se ha de partir del fraude como hecho dado y supuesto a falta de prueba en contrario (al modo de una inversión de la carga probatoria, ciertamente prohibida a estos efectos), si bien tampoco puede excluirse la posibilidad de que el carácter fraudulento pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones. Dicho ello, en relación a la necesidad de acreditación del fraude, uno de los extremos debatidos es el referido a la exigencia de una animo defraudatorio como requisito del fraude. Sobre este extremo, y como declara la sentencia citada, la jurisprudencia no ha sido siempre uniforme, " oscilando entre la tesis objetiva [atiende al resultado prohibido] y la subjetiva [contempla la intención defraudatoria], sin que no falten soluciones de síntesis como la que representa la STS 22/12/97 [-rec. 1667/93-, de la Sala I ], al decir que la figura del fraude de ley "surgió en el área civil, a través de una depurada construcción doctrinal, que la desarrolla en una doble vertiente: objetiva -defensa del cumplimiento de norma- y subjetiva -ánimo defraudatorio o de engaño-. La jurisprudencia de esta Sala pronto se hizo eco de la referida construcción científica, pero llegando a una conjunción de dichas teorías subjetiva y objetiva", al caracterizar la figura "como toda actividad tendente a inutilizar la finalidad práctica de una ley material, mediante la utilización de otra que sirve de cobertura para ello ( SS. 14 febrero 1986 y 12 noviembre 1988 ), llegándose al extremo de manifestar que el fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su apariencia legal, violan el contenido ético de un precepto legal ( S. de 26 mayo 1989 )". Esta oscilación entre ambas teorías se aprecia en la doctrina de la Sala. "Ciertamente que no faltan resoluciones que atienden -para apreciar el fraude - a la mera constatación objetiva de la producción del resultado prohibido por la norma [al margen de la intención o propósito del autor], como cuando se afirma que aunque el fraude de ley no se presume y debe ser probado por la parte que lo alega, esto no significa que tenga que justificarse la intencionalidad fraudulenta de los negociadores, sino que es suficiente con que los datos objetivos que constan en el mismo revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la ley ( STS 19/06/95 -rco 2371/94 -; citada por la de 31/05/07 -rcud 401/06 ). Pero mayoritariamente, la doctrina de esta Sala se inclina por afirmar que en materia de fraude de ley, el elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma (así, las SSTS 11/10/91 -rcud 195/91 -; y 05/12/91 - rcud 626/9 -), pues en la concepción de nuestro Derecho, el fraude es algo integrado por un elemento subjetivo o de intención, de manera que para que pueda hablarse de fraude es necesario que la utilización de determinada norma del ordenamiento jurídico, persiga, pretenda, o muestre el propósito, de eludir otra norma del propio ordenamiento ( STS 06/02/03 -rec. 1207/02 -); y en la entraña y en la propia naturaleza del fraude de ley está la creación de una apariencia de realidad con el propósito torticero de obtener de ella unas consecuencias que la auténtica realidad, no aparente, sino deliberadamente encubierta, no permitirían ( STS 05/12/91 -rec. 626/91 -). O lo que es igual, el fraude de ley que define el art. 6.4 CC es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, o con una posible elección errónea del tipo contractual que corresponde a un determinado propósito negocial (así, con cita de diversos precedentes, las SSTS 16/01/96 -rec. 693/95-, en contratación temporal ; y 31/05/07 -rcud 401/06 - LFDCF, en contrato de aprendizaje). "Se considera, por tanto, que el fraude consiste en una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico.

Por ello, se expresa, esta intención debe ser objeto de la correspondiente prueba, cuya valoración es la que efectúa el Juzgador de instancia, o en suplicación por vía revisoría, para llegar a la convicción de su existencia, y sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados ( STS/IV 25-mayo-2000 -recurso 2947/1999 ). Y, como anteriormente se ha indicado, la existencia del fraude de Ley podrá acreditarse mediante pruebas directas o indirectas, no quedando, por tanto, los medios de prueba a los de directa eficacia, sino que también ha de darse virtualidad a otros medios de prueba, admitiéndose, entre estas últimas, las presunciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 386.1 del Código Civil : " A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" y que "La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción ". Esta prueba de presunciones no cabe identificarla con las meras suposiciones, sino que es necesario un enlace preciso y directo entre los hechos base y el hecho consecuencia".

TERCERO.- Valoración del caso concreto.

En el presente caso, de los hechos probados debo concluir que el demandante, en connivencia con D. Jesus Miguel incrementó de forma fraudulenta las bases de cotización, con pleno conocimiento del resultado que iba a tener en el cálculo de la prestación inminente por nacimiento y cuidado de su hijo.

Así los indicios del fraude pueden sintetizarse de la siguiente forma:

- La relación de parentesco entre el actor y el empresario, yerno y suegro, destacando que iniciada la relación laboral en noviembre de 2022 no es hasta el momento justo de cálculo de la base reguladora de la prestación cuando se incrementan las bases de cotización.

- El actor justifica esa subida en el matrimonio y en el incremento de responsabilidades. Sin embargo, como hemos analizado, no ha practicado prueba alguna de ese aumento de funciones o responsabilidad, al desempeñar las mismas desde el inicio de la relación laboral, al no haber acreditado lo contrario.

- Finalmente, el aumento producido no tiene justificación objetiva alguna, ya sea sobre la base de la categoría de encargado general, que no le sería aplicable por no tener trabajadores a su cargo, ya sobre los incrementos previstos en el Convenio Agropecuario de Cuenca, que sería el aplicable, y que no se corresponden con los 300 euros de incremento.

En definitiva, considero que existen indicios más que suficientes para presumir el fraude, por lo que no cabe sino desestimar la demanda, confirmando las resoluciones impugnadas.

CUARTO.- Recurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) LRJS frente a esta resolución no cabe recurso de suplicación, dado que se trata de una infracción muy grave inferior a 18.000 euros.

En atención a lo expuesto,