Sentencia Social 82/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 2 de Valladolid, Rec. 805/2025 de 09 de marzo del 2026

PRIMERO.-Los documentos obrantes en los ramos de prueba de ambas partes, particularmente ,y las declaraciones de los trabajadores que han depuesto como testigos en el acto de juicio, constituyen los elementos de prueba que sustentan el relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se ejercita por la organización sindical demandante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 LJS, una acción dirigida a que se declaren vulnerados el derecho de huelga y a la libertad sindical por la actuación empresarial desplegada durante la huelga indefinida convocada dese el 29 de septiembre de 2025 consistente en sustituir a tres trabajadores huelguistas que desempeñan tareas propias de la línea de producción por otros trabajadores que realizan tareas distintas, así como por haber impedido al Comité de Huelga el acceso a las instalaciones de la empresa.

La empresa demandada, cuestionado que la huelga fuera secundada por la totalidad de trabajadores de producción, ha mantenido que las tareas propias de la línea de producción fueron asumidas por trabajadores que intervienen habitualmente en la actividad productiva, sin que las funciones realizadas fueran ajenas a sus correspondientes puestos de trabajo, negando asimismo que se impidiera a los miembros del Comité de Huelga el acceso a las instalaciones.

Las respectivas representaciones de los Sindicatos intervinientes, así como del Comité de Empresa se han adherido a la demanda.

El Ministerio Fiscal, tras la fase probatoria, ha interesado la desestimación de la demanda por estimar que los trabajadores no huelguistas actuaron, de forma limitada en el tiempo, en desempeño de sus funciones.

La cuestión debatida en la presente litis reside, en primer término, en determinar si la empresa ha incurrido, de conformidad con el art. 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977, en la práctica que se ha venido denominado "esquirolaje interno", y ello exige, tal como señala reiterada jurisprudencia, la ponderación del contenido y límites del derecho fundamental a la huelga recogido en el art. 28.2 de la LCE y el de la libertad de empresa recogido en el art. 38 CE , junto con el derecho constitucional de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 de la Constitución.

La STS 1199/2024, de 16 de octubre rec 211/2022 sobre el esquirolaje interno, y tomando como precedente la STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021), establece que: «El art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo , sobre relaciones de trabajo establece que "en tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo".

La recordada prohibición en modo alguno supone que sí es posible la sustitución de quienes secundan la huelga por otras personas ya integradas en la empresa y que no lo hacen. Esta Sala del Tribunal Supremo ha seguido la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el llamado esquirolaje interno, tal y como recordamos en la STS 153/2021 de 3 febrero (rec. 36/2019 ).

[...] En particular, respecto del esquirolaje interno, la doctrina constitucional parte de la consideración de que la sustitución interna de huelguistas durante la medida de conflicto constituye un abuso empresarial, en tanto que el poder de organización y dirección de la empresa "...no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que en tal caso quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo ...por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977 ) y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977 )". Por todas, véase la STC 33/2011 de 28 marzo , seguida por nuestras SSTS de 8 junio 2011 (rec. 144/2010 ), 5 diciembre 2012 (rec.265/2011 ), 20 abril 2015 (rec. 354/2012 ) y 13 enero 2020 (rec. 138/2018 ), entre otras).

Al conectar el ejercicio del derecho de huelga con el ius variandi empresarial y respecto de la sustitución interna de los huelguistas, es claro que tal proceder "constituye un ejercicio abusivo del ius variandi empresarial, derecho que, con los límites legalmente previstos, corresponde al empresario en otras situaciones. Pero en un contexto de huelga legítima el referido ius variandi no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que, en tal caso, quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo. Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977 ), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977 )" ( STC 17/2017, de 2 de febrero )".

5.-De esa doctrina se desprende que ha de estarse a las circunstancias concretas del caso, para analizar si la empresa ejercita de manera regular sus facultades organizativas o vulnera el derecho de huelga, debido a que imponga o permita la sustitución de los trabajadores huelguistas por parte de otros trabajadores que no realizan de ordinario sus funciones, con las salvedades indicadas".

TERCERO.-En el caso enjuiciado, no ha resultado controvertido por la empresa demandada que, ciertamente, durante las jornadas de huelga de los días 29 de septiembre de 2025 y 1 de octubre de 2025, no se detuvo la actividad productiva, resultando particularmente intensa en la Línea 17, conforme se desprende de las etiquetas de producción y fotografías de palés aportadas por el sindicato demandante. De la continuidad de la actividad productiva han dado cuenta asimismo la totalidad de los trabajadores que han depuesto como testigos, con indicación de que, pese a haber secundado la huelga la totalidad de los Operarios de producción, su actividad fue asumida por otros trabajadores que, de forma habitual y ordinaria, no realizan el trabajo propio de las líneas de producción. Así, el Sr. Rafael, en el curso del interrogatorio practicado, en calidad de representante del Comité de Empresa, ha manifestado que fue sustituido por el Sr. Jesús María. No puede desconocerse que, como ha acreditado la empresa, el referido trabajador tiene asignadas funciones de sustitución del Jefe de Turno, percibiendo por razón de las mimas el correspondiente complemento retributivo, ahora bien, el regular ejercicio de las mismas habría de encontrarse vinculado a situaciones de ausencia por vacaciones, permisos, bajas..., no así al ejercicio del derecho de huelga del trabajador sustituido, en tanto que quedaría vacío de contenido.

No ha resultado cuestionado por la empresa que el trabajador Gerardo realizó durante la huelga tareas de producción, hecho del que ha dado cuenta el trabajador, Sr. Juan Carlos, sin que pueda concluirse que, al menos, de forma habitual y ordinaria, realice las tareas propias de la línea de producción. Así, basta examinar ficha de descripción del puesto de trabajo, Jefe de Turno, para comprobar que su labor fundamental es la organización y supervisión de los medios materiales y humanos en las líneas de producción, sin que, aun cuando se encuentren capacitados, realicen tareas de producción propiamente dichas. Los testigos han dado cuenta, no obstante, que los Jefes de Turno realizan funciones de arranque de las líneas, si bien, dicho arranque se efectúa tras producirse una parada completa, y supone la realización de un número de piezas notablemente inferior al que resulta de las etiquetas de fabricación correspondientes a las fechas de la huelga, por lo que difícilmente puede considerarse que las tareas realizadas por el Jefe de Turno fueran de arranque, máxime teniendo en cuenta que el 100% de los Operarios de producción había secundado la huelga, ya que el arranque no puede tener continuidad sin ser asumidas por el Jefe de Turno las funciones ordinarias de los Operarios de línea, operándose, por tanto, la sustitución de los trabajadores huelguistas.

La misma conclusión debe alcanzarse respecto de la realización de tareas de producción por el trabajador, Sr. Rogelio, Operario especialista en cambio de tipos de discos, cuyas tareas habituales no son las propias de la línea de producción, aun cuando, como ha manifestado la Responsable de RRHH, pudiera realizar tareas de producción en defecto de las específicamente asignadas.

Resulta claro, por tanto, que la huelga secundada por la totalidad de los Operarios de producción no paralizó el proceso productivo por haber desempeñado las tareas propias de los trabajadores huelguistas, al menos, los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2025, otros trabajadores vinculados con la empresa cuyas tareas habituales y ordinarias no son las propias de las líneas de producción, con la consiguiente minoración de la presión que se pretende ejercer mediante el derecho de huelga, habiendo incurrido la empresa en la práctica denominada "esquirolaje interno", que debe estimarse lesiva del referido derecho fundamental.

La vulneración del derecho de huelga no se aprecia, sin embargo, en el recurso de la empresa demandada a los servicios de almacenaje, carga y expedición de mercancía prestados por "TRANSPACAR", mercantil con la que la demandada, a tenor de las facturas aportadas, mantenía relaciones comerciales con anterioridad al inicio de la huelga, siendo el objeto de las mismas el almacenaje, carga y expedición de las piezas almacenadas, habiendo manifestado el representante de la referida empresa, en contradicción con el trabajador de logística que ha depuesto como testigo, que las mercancía, en ocasiones, se expiden desde las propias instalaciones de "TRANSPACAR, S.L". Así pues, aun cuando se estima acreditado que, como ha manifestado el trabajador, Sr. Agustín, el día 30 de septiembre de 2025, se realizaron labores de carga de piezas de la empresa en las instalaciones de "TRANSPACAR, S.L", sitas en la localidad de Santovenia de Pisuerga, hasta las que se trasladó el Jefe de Logística, dicha actividad puede encuadrarse en el marco de las relaciones comerciales ordinarias entre ambas empresas, sin que se estime lesiva del derecho de huelga.

Finalmente, tampoco se aprecia lesión del derecho a la libertad sindical en las prevenciones adoptadas por la empresa en relación al acceso y permanencia en las instalaciones de los miembros del Comité de Huelga, toda vez que no consta acreditado que, como se indica en la demanda, la empresa les impidiera la entrada en las instalaciones, en tanto que únicamente les fue solicitado, conforme se desprende del contenido de la comunicación remitida el 1 de octubre de 2025, que el acceso se efectuara en compañía de un representante de la empresa, medida que se estima razonable por razones de seguridad, sin que se aprecie que la misma pudiera impedir o dificultar el derecho de libertad sindical, en su vertiente de negociación colectiva.

CUARTO.-La declaración de la existencia de una vulneración del derecho de huelga comporta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.1 LJS, un pronunciamiento sobre la indemnización que pudiera corresponder al sindicato demandante, en su condición de afectado por la práctica prohibida.

En materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales, como recuerda la sentencia de la Sala IVª del Tribunal Supremo, de 24 de octubre de 2019, la STS 13 de diciembre de 2018, "efectúa una recapitulación histórica de la doctrina de esta Sala en materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales: tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992 - y 8 mayo 1995 -rec. 1319/1994 -), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 -rcud 3336/2011 - y 15 abril 2013 -rcud. 1114/2012 -).

No obstante, la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011 -). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS -, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Y hemos añadido que el art. 183.2 LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), sino también la de prevención general ( STS/4ª de 5 febrero y 13 julio 2015 - rec. 77/2014 y 221/2014 , respectivamente-, 18 mayo y 2 noviembre 2016 - rec. 37/2015 y 262/2015, respectivamente -, y 24 enero y 19 diciembre 2017 - rcud. 1902/2015 y 624/2016 , respectivamente-)."

En el caso enjuiciado, la sustitución interna de tres trabajadores, lógicamente, tuvo repercusión negativa en el desarrollo de la huelga, en tanto que la continuidad de parte de la actividad productiva, sin duda, comporta una merma en la presión que mediante el ejercicio del derecho se pretende efectuar sobre la empresa, debilitando asimismo la imagen del Comité de Empresa, en tanto que órgano convocante de la huelga, si bien, no puede obviarse que la indemnización se interesa, no por el órgano convocante, por el Sindicato demandante, UGT, que cuenta en el Comité con una representación, s.e.u.o, del 44,45% (4 de los 9 miembros).

A efectos de fijar la indemnización, se estima razonable acudir, como criterio orientativo, al artículo 8. 10 del RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que califica como falta muy grave los actos del empresario lesivos del derecho de huelga consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga, finado el artículo 40.1.c) del referido texto legal para tal conducta una sanción de multa, en su grado mínimo, de multa de 7.501 a 30.000 euros.

Pues bien, teniendo en cuenta que fueron 63 los trabajadores que secundaron la huelga, y que la sustitución acreditada afectó únicamente a tres, concentrándose prácticamente la actividad productiva en una única línea (L17), se estima prudencial fijar el importe indemnizatorio por los perjuicios causados al sindicato demandante, tomando como base el mínimo de la sanción económica prevista en la LISOS, de forma proporcional a su representación en el Comité de empresa, ascendiendo, por tanto, la cuantía indemnizatoria a 3.334,19 euros.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los documentos obrantes en los ramos de prueba de ambas partes, particularmente ,y las declaraciones de los trabajadores que han depuesto como testigos en el acto de juicio, constituyen los elementos de prueba que sustentan el relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se ejercita por la organización sindical demandante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 LJS, una acción dirigida a que se declaren vulnerados el derecho de huelga y a la libertad sindical por la actuación empresarial desplegada durante la huelga indefinida convocada dese el 29 de septiembre de 2025 consistente en sustituir a tres trabajadores huelguistas que desempeñan tareas propias de la línea de producción por otros trabajadores que realizan tareas distintas, así como por haber impedido al Comité de Huelga el acceso a las instalaciones de la empresa.

La empresa demandada, cuestionado que la huelga fuera secundada por la totalidad de trabajadores de producción, ha mantenido que las tareas propias de la línea de producción fueron asumidas por trabajadores que intervienen habitualmente en la actividad productiva, sin que las funciones realizadas fueran ajenas a sus correspondientes puestos de trabajo, negando asimismo que se impidiera a los miembros del Comité de Huelga el acceso a las instalaciones.

Las respectivas representaciones de los Sindicatos intervinientes, así como del Comité de Empresa se han adherido a la demanda.

El Ministerio Fiscal, tras la fase probatoria, ha interesado la desestimación de la demanda por estimar que los trabajadores no huelguistas actuaron, de forma limitada en el tiempo, en desempeño de sus funciones.

La cuestión debatida en la presente litis reside, en primer término, en determinar si la empresa ha incurrido, de conformidad con el art. 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977, en la práctica que se ha venido denominado "esquirolaje interno", y ello exige, tal como señala reiterada jurisprudencia, la ponderación del contenido y límites del derecho fundamental a la huelga recogido en el art. 28.2 de la LCE y el de la libertad de empresa recogido en el art. 38 CE , junto con el derecho constitucional de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 de la Constitución.

La STS 1199/2024, de 16 de octubre rec 211/2022 sobre el esquirolaje interno, y tomando como precedente la STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021), establece que: «El art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo , sobre relaciones de trabajo establece que "en tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo".

La recordada prohibición en modo alguno supone que sí es posible la sustitución de quienes secundan la huelga por otras personas ya integradas en la empresa y que no lo hacen. Esta Sala del Tribunal Supremo ha seguido la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el llamado esquirolaje interno, tal y como recordamos en la STS 153/2021 de 3 febrero (rec. 36/2019 ).

[...] En particular, respecto del esquirolaje interno, la doctrina constitucional parte de la consideración de que la sustitución interna de huelguistas durante la medida de conflicto constituye un abuso empresarial, en tanto que el poder de organización y dirección de la empresa "...no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que en tal caso quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo ...por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977 ) y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977 )". Por todas, véase la STC 33/2011 de 28 marzo , seguida por nuestras SSTS de 8 junio 2011 (rec. 144/2010 ), 5 diciembre 2012 (rec.265/2011 ), 20 abril 2015 (rec. 354/2012 ) y 13 enero 2020 (rec. 138/2018 ), entre otras).

Al conectar el ejercicio del derecho de huelga con el ius variandi empresarial y respecto de la sustitución interna de los huelguistas, es claro que tal proceder "constituye un ejercicio abusivo del ius variandi empresarial, derecho que, con los límites legalmente previstos, corresponde al empresario en otras situaciones. Pero en un contexto de huelga legítima el referido ius variandi no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que, en tal caso, quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo. Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977 ), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977 )" ( STC 17/2017, de 2 de febrero )".

5.-De esa doctrina se desprende que ha de estarse a las circunstancias concretas del caso, para analizar si la empresa ejercita de manera regular sus facultades organizativas o vulnera el derecho de huelga, debido a que imponga o permita la sustitución de los trabajadores huelguistas por parte de otros trabajadores que no realizan de ordinario sus funciones, con las salvedades indicadas".

TERCERO.-En el caso enjuiciado, no ha resultado controvertido por la empresa demandada que, ciertamente, durante las jornadas de huelga de los días 29 de septiembre de 2025 y 1 de octubre de 2025, no se detuvo la actividad productiva, resultando particularmente intensa en la Línea 17, conforme se desprende de las etiquetas de producción y fotografías de palés aportadas por el sindicato demandante. De la continuidad de la actividad productiva han dado cuenta asimismo la totalidad de los trabajadores que han depuesto como testigos, con indicación de que, pese a haber secundado la huelga la totalidad de los Operarios de producción, su actividad fue asumida por otros trabajadores que, de forma habitual y ordinaria, no realizan el trabajo propio de las líneas de producción. Así, el Sr. Rafael, en el curso del interrogatorio practicado, en calidad de representante del Comité de Empresa, ha manifestado que fue sustituido por el Sr. Jesús María. No puede desconocerse que, como ha acreditado la empresa, el referido trabajador tiene asignadas funciones de sustitución del Jefe de Turno, percibiendo por razón de las mimas el correspondiente complemento retributivo, ahora bien, el regular ejercicio de las mismas habría de encontrarse vinculado a situaciones de ausencia por vacaciones, permisos, bajas..., no así al ejercicio del derecho de huelga del trabajador sustituido, en tanto que quedaría vacío de contenido.

No ha resultado cuestionado por la empresa que el trabajador Gerardo realizó durante la huelga tareas de producción, hecho del que ha dado cuenta el trabajador, Sr. Juan Carlos, sin que pueda concluirse que, al menos, de forma habitual y ordinaria, realice las tareas propias de la línea de producción. Así, basta examinar ficha de descripción del puesto de trabajo, Jefe de Turno, para comprobar que su labor fundamental es la organización y supervisión de los medios materiales y humanos en las líneas de producción, sin que, aun cuando se encuentren capacitados, realicen tareas de producción propiamente dichas. Los testigos han dado cuenta, no obstante, que los Jefes de Turno realizan funciones de arranque de las líneas, si bien, dicho arranque se efectúa tras producirse una parada completa, y supone la realización de un número de piezas notablemente inferior al que resulta de las etiquetas de fabricación correspondientes a las fechas de la huelga, por lo que difícilmente puede considerarse que las tareas realizadas por el Jefe de Turno fueran de arranque, máxime teniendo en cuenta que el 100% de los Operarios de producción había secundado la huelga, ya que el arranque no puede tener continuidad sin ser asumidas por el Jefe de Turno las funciones ordinarias de los Operarios de línea, operándose, por tanto, la sustitución de los trabajadores huelguistas.

La misma conclusión debe alcanzarse respecto de la realización de tareas de producción por el trabajador, Sr. Rogelio, Operario especialista en cambio de tipos de discos, cuyas tareas habituales no son las propias de la línea de producción, aun cuando, como ha manifestado la Responsable de RRHH, pudiera realizar tareas de producción en defecto de las específicamente asignadas.

Resulta claro, por tanto, que la huelga secundada por la totalidad de los Operarios de producción no paralizó el proceso productivo por haber desempeñado las tareas propias de los trabajadores huelguistas, al menos, los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2025, otros trabajadores vinculados con la empresa cuyas tareas habituales y ordinarias no son las propias de las líneas de producción, con la consiguiente minoración de la presión que se pretende ejercer mediante el derecho de huelga, habiendo incurrido la empresa en la práctica denominada "esquirolaje interno", que debe estimarse lesiva del referido derecho fundamental.

La vulneración del derecho de huelga no se aprecia, sin embargo, en el recurso de la empresa demandada a los servicios de almacenaje, carga y expedición de mercancía prestados por "TRANSPACAR", mercantil con la que la demandada, a tenor de las facturas aportadas, mantenía relaciones comerciales con anterioridad al inicio de la huelga, siendo el objeto de las mismas el almacenaje, carga y expedición de las piezas almacenadas, habiendo manifestado el representante de la referida empresa, en contradicción con el trabajador de logística que ha depuesto como testigo, que las mercancía, en ocasiones, se expiden desde las propias instalaciones de "TRANSPACAR, S.L". Así pues, aun cuando se estima acreditado que, como ha manifestado el trabajador, Sr. Agustín, el día 30 de septiembre de 2025, se realizaron labores de carga de piezas de la empresa en las instalaciones de "TRANSPACAR, S.L", sitas en la localidad de Santovenia de Pisuerga, hasta las que se trasladó el Jefe de Logística, dicha actividad puede encuadrarse en el marco de las relaciones comerciales ordinarias entre ambas empresas, sin que se estime lesiva del derecho de huelga.

Finalmente, tampoco se aprecia lesión del derecho a la libertad sindical en las prevenciones adoptadas por la empresa en relación al acceso y permanencia en las instalaciones de los miembros del Comité de Huelga, toda vez que no consta acreditado que, como se indica en la demanda, la empresa les impidiera la entrada en las instalaciones, en tanto que únicamente les fue solicitado, conforme se desprende del contenido de la comunicación remitida el 1 de octubre de 2025, que el acceso se efectuara en compañía de un representante de la empresa, medida que se estima razonable por razones de seguridad, sin que se aprecie que la misma pudiera impedir o dificultar el derecho de libertad sindical, en su vertiente de negociación colectiva.

CUARTO.-La declaración de la existencia de una vulneración del derecho de huelga comporta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.1 LJS, un pronunciamiento sobre la indemnización que pudiera corresponder al sindicato demandante, en su condición de afectado por la práctica prohibida.

En materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales, como recuerda la sentencia de la Sala IVª del Tribunal Supremo, de 24 de octubre de 2019, la STS 13 de diciembre de 2018, "efectúa una recapitulación histórica de la doctrina de esta Sala en materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales: tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992 - y 8 mayo 1995 -rec. 1319/1994 -), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 -rcud 3336/2011 - y 15 abril 2013 -rcud. 1114/2012 -).

No obstante, la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011 -). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS -, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Y hemos añadido que el art. 183.2 LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), sino también la de prevención general ( STS/4ª de 5 febrero y 13 julio 2015 - rec. 77/2014 y 221/2014 , respectivamente-, 18 mayo y 2 noviembre 2016 - rec. 37/2015 y 262/2015, respectivamente -, y 24 enero y 19 diciembre 2017 - rcud. 1902/2015 y 624/2016 , respectivamente-)."

En el caso enjuiciado, la sustitución interna de tres trabajadores, lógicamente, tuvo repercusión negativa en el desarrollo de la huelga, en tanto que la continuidad de parte de la actividad productiva, sin duda, comporta una merma en la presión que mediante el ejercicio del derecho se pretende efectuar sobre la empresa, debilitando asimismo la imagen del Comité de Empresa, en tanto que órgano convocante de la huelga, si bien, no puede obviarse que la indemnización se interesa, no por el órgano convocante, por el Sindicato demandante, UGT, que cuenta en el Comité con una representación, s.e.u.o, del 44,45% (4 de los 9 miembros).

A efectos de fijar la indemnización, se estima razonable acudir, como criterio orientativo, al artículo 8. 10 del RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que califica como falta muy grave los actos del empresario lesivos del derecho de huelga consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga, finado el artículo 40.1.c) del referido texto legal para tal conducta una sanción de multa, en su grado mínimo, de multa de 7.501 a 30.000 euros.

Pues bien, teniendo en cuenta que fueron 63 los trabajadores que secundaron la huelga, y que la sustitución acreditada afectó únicamente a tres, concentrándose prácticamente la actividad productiva en una única línea (L17), se estima prudencial fijar el importe indemnizatorio por los perjuicios causados al sindicato demandante, tomando como base el mínimo de la sanción económica prevista en la LISOS, de forma proporcional a su representación en el Comité de empresa, ascendiendo, por tanto, la cuantía indemnizatoria a 3.334,19 euros.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los documentos obrantes en los ramos de prueba de ambas partes, particularmente ,y las declaraciones de los trabajadores que han depuesto como testigos en el acto de juicio, constituyen los elementos de prueba que sustentan el relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se ejercita por la organización sindical demandante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 LJS, una acción dirigida a que se declaren vulnerados el derecho de huelga y a la libertad sindical por la actuación empresarial desplegada durante la huelga indefinida convocada dese el 29 de septiembre de 2025 consistente en sustituir a tres trabajadores huelguistas que desempeñan tareas propias de la línea de producción por otros trabajadores que realizan tareas distintas, así como por haber impedido al Comité de Huelga el acceso a las instalaciones de la empresa.

La empresa demandada, cuestionado que la huelga fuera secundada por la totalidad de trabajadores de producción, ha mantenido que las tareas propias de la línea de producción fueron asumidas por trabajadores que intervienen habitualmente en la actividad productiva, sin que las funciones realizadas fueran ajenas a sus correspondientes puestos de trabajo, negando asimismo que se impidiera a los miembros del Comité de Huelga el acceso a las instalaciones.

Las respectivas representaciones de los Sindicatos intervinientes, así como del Comité de Empresa se han adherido a la demanda.

El Ministerio Fiscal, tras la fase probatoria, ha interesado la desestimación de la demanda por estimar que los trabajadores no huelguistas actuaron, de forma limitada en el tiempo, en desempeño de sus funciones.

La cuestión debatida en la presente litis reside, en primer término, en determinar si la empresa ha incurrido, de conformidad con el art. 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977, en la práctica que se ha venido denominado "esquirolaje interno", y ello exige, tal como señala reiterada jurisprudencia, la ponderación del contenido y límites del derecho fundamental a la huelga recogido en el art. 28.2 de la LCE y el de la libertad de empresa recogido en el art. 38 CE , junto con el derecho constitucional de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 de la Constitución.

La STS 1199/2024, de 16 de octubre rec 211/2022 sobre el esquirolaje interno, y tomando como precedente la STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021), establece que: «El art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo , sobre relaciones de trabajo establece que "en tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo".

La recordada prohibición en modo alguno supone que sí es posible la sustitución de quienes secundan la huelga por otras personas ya integradas en la empresa y que no lo hacen. Esta Sala del Tribunal Supremo ha seguido la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el llamado esquirolaje interno, tal y como recordamos en la STS 153/2021 de 3 febrero (rec. 36/2019 ).

[...] En particular, respecto del esquirolaje interno, la doctrina constitucional parte de la consideración de que la sustitución interna de huelguistas durante la medida de conflicto constituye un abuso empresarial, en tanto que el poder de organización y dirección de la empresa "...no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que en tal caso quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo ...por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977 ) y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977 )". Por todas, véase la STC 33/2011 de 28 marzo , seguida por nuestras SSTS de 8 junio 2011 (rec. 144/2010 ), 5 diciembre 2012 (rec.265/2011 ), 20 abril 2015 (rec. 354/2012 ) y 13 enero 2020 (rec. 138/2018 ), entre otras).

Al conectar el ejercicio del derecho de huelga con el ius variandi empresarial y respecto de la sustitución interna de los huelguistas, es claro que tal proceder "constituye un ejercicio abusivo del ius variandi empresarial, derecho que, con los límites legalmente previstos, corresponde al empresario en otras situaciones. Pero en un contexto de huelga legítima el referido ius variandi no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que, en tal caso, quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo. Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977 ), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977 )" ( STC 17/2017, de 2 de febrero )".

5.-De esa doctrina se desprende que ha de estarse a las circunstancias concretas del caso, para analizar si la empresa ejercita de manera regular sus facultades organizativas o vulnera el derecho de huelga, debido a que imponga o permita la sustitución de los trabajadores huelguistas por parte de otros trabajadores que no realizan de ordinario sus funciones, con las salvedades indicadas".

TERCERO.-En el caso enjuiciado, no ha resultado controvertido por la empresa demandada que, ciertamente, durante las jornadas de huelga de los días 29 de septiembre de 2025 y 1 de octubre de 2025, no se detuvo la actividad productiva, resultando particularmente intensa en la Línea 17, conforme se desprende de las etiquetas de producción y fotografías de palés aportadas por el sindicato demandante. De la continuidad de la actividad productiva han dado cuenta asimismo la totalidad de los trabajadores que han depuesto como testigos, con indicación de que, pese a haber secundado la huelga la totalidad de los Operarios de producción, su actividad fue asumida por otros trabajadores que, de forma habitual y ordinaria, no realizan el trabajo propio de las líneas de producción. Así, el Sr. Rafael, en el curso del interrogatorio practicado, en calidad de representante del Comité de Empresa, ha manifestado que fue sustituido por el Sr. Jesús María. No puede desconocerse que, como ha acreditado la empresa, el referido trabajador tiene asignadas funciones de sustitución del Jefe de Turno, percibiendo por razón de las mimas el correspondiente complemento retributivo, ahora bien, el regular ejercicio de las mismas habría de encontrarse vinculado a situaciones de ausencia por vacaciones, permisos, bajas..., no así al ejercicio del derecho de huelga del trabajador sustituido, en tanto que quedaría vacío de contenido.

No ha resultado cuestionado por la empresa que el trabajador Gerardo realizó durante la huelga tareas de producción, hecho del que ha dado cuenta el trabajador, Sr. Juan Carlos, sin que pueda concluirse que, al menos, de forma habitual y ordinaria, realice las tareas propias de la línea de producción. Así, basta examinar ficha de descripción del puesto de trabajo, Jefe de Turno, para comprobar que su labor fundamental es la organización y supervisión de los medios materiales y humanos en las líneas de producción, sin que, aun cuando se encuentren capacitados, realicen tareas de producción propiamente dichas. Los testigos han dado cuenta, no obstante, que los Jefes de Turno realizan funciones de arranque de las líneas, si bien, dicho arranque se efectúa tras producirse una parada completa, y supone la realización de un número de piezas notablemente inferior al que resulta de las etiquetas de fabricación correspondientes a las fechas de la huelga, por lo que difícilmente puede considerarse que las tareas realizadas por el Jefe de Turno fueran de arranque, máxime teniendo en cuenta que el 100% de los Operarios de producción había secundado la huelga, ya que el arranque no puede tener continuidad sin ser asumidas por el Jefe de Turno las funciones ordinarias de los Operarios de línea, operándose, por tanto, la sustitución de los trabajadores huelguistas.

La misma conclusión debe alcanzarse respecto de la realización de tareas de producción por el trabajador, Sr. Rogelio, Operario especialista en cambio de tipos de discos, cuyas tareas habituales no son las propias de la línea de producción, aun cuando, como ha manifestado la Responsable de RRHH, pudiera realizar tareas de producción en defecto de las específicamente asignadas.

Resulta claro, por tanto, que la huelga secundada por la totalidad de los Operarios de producción no paralizó el proceso productivo por haber desempeñado las tareas propias de los trabajadores huelguistas, al menos, los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2025, otros trabajadores vinculados con la empresa cuyas tareas habituales y ordinarias no son las propias de las líneas de producción, con la consiguiente minoración de la presión que se pretende ejercer mediante el derecho de huelga, habiendo incurrido la empresa en la práctica denominada "esquirolaje interno", que debe estimarse lesiva del referido derecho fundamental.

La vulneración del derecho de huelga no se aprecia, sin embargo, en el recurso de la empresa demandada a los servicios de almacenaje, carga y expedición de mercancía prestados por "TRANSPACAR", mercantil con la que la demandada, a tenor de las facturas aportadas, mantenía relaciones comerciales con anterioridad al inicio de la huelga, siendo el objeto de las mismas el almacenaje, carga y expedición de las piezas almacenadas, habiendo manifestado el representante de la referida empresa, en contradicción con el trabajador de logística que ha depuesto como testigo, que las mercancía, en ocasiones, se expiden desde las propias instalaciones de "TRANSPACAR, S.L". Así pues, aun cuando se estima acreditado que, como ha manifestado el trabajador, Sr. Agustín, el día 30 de septiembre de 2025, se realizaron labores de carga de piezas de la empresa en las instalaciones de "TRANSPACAR, S.L", sitas en la localidad de Santovenia de Pisuerga, hasta las que se trasladó el Jefe de Logística, dicha actividad puede encuadrarse en el marco de las relaciones comerciales ordinarias entre ambas empresas, sin que se estime lesiva del derecho de huelga.

Finalmente, tampoco se aprecia lesión del derecho a la libertad sindical en las prevenciones adoptadas por la empresa en relación al acceso y permanencia en las instalaciones de los miembros del Comité de Huelga, toda vez que no consta acreditado que, como se indica en la demanda, la empresa les impidiera la entrada en las instalaciones, en tanto que únicamente les fue solicitado, conforme se desprende del contenido de la comunicación remitida el 1 de octubre de 2025, que el acceso se efectuara en compañía de un representante de la empresa, medida que se estima razonable por razones de seguridad, sin que se aprecie que la misma pudiera impedir o dificultar el derecho de libertad sindical, en su vertiente de negociación colectiva.

CUARTO.-La declaración de la existencia de una vulneración del derecho de huelga comporta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.1 LJS, un pronunciamiento sobre la indemnización que pudiera corresponder al sindicato demandante, en su condición de afectado por la práctica prohibida.

En materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales, como recuerda la sentencia de la Sala IVª del Tribunal Supremo, de 24 de octubre de 2019, la STS 13 de diciembre de 2018, "efectúa una recapitulación histórica de la doctrina de esta Sala en materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales: tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992 - y 8 mayo 1995 -rec. 1319/1994 -), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 -rcud 3336/2011 - y 15 abril 2013 -rcud. 1114/2012 -).

No obstante, la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011 -). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS -, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Y hemos añadido que el art. 183.2 LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), sino también la de prevención general ( STS/4ª de 5 febrero y 13 julio 2015 - rec. 77/2014 y 221/2014 , respectivamente-, 18 mayo y 2 noviembre 2016 - rec. 37/2015 y 262/2015, respectivamente -, y 24 enero y 19 diciembre 2017 - rcud. 1902/2015 y 624/2016 , respectivamente-)."

En el caso enjuiciado, la sustitución interna de tres trabajadores, lógicamente, tuvo repercusión negativa en el desarrollo de la huelga, en tanto que la continuidad de parte de la actividad productiva, sin duda, comporta una merma en la presión que mediante el ejercicio del derecho se pretende efectuar sobre la empresa, debilitando asimismo la imagen del Comité de Empresa, en tanto que órgano convocante de la huelga, si bien, no puede obviarse que la indemnización se interesa, no por el órgano convocante, por el Sindicato demandante, UGT, que cuenta en el Comité con una representación, s.e.u.o, del 44,45% (4 de los 9 miembros).

A efectos de fijar la indemnización, se estima razonable acudir, como criterio orientativo, al artículo 8. 10 del RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que califica como falta muy grave los actos del empresario lesivos del derecho de huelga consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga, finado el artículo 40.1.c) del referido texto legal para tal conducta una sanción de multa, en su grado mínimo, de multa de 7.501 a 30.000 euros.

Pues bien, teniendo en cuenta que fueron 63 los trabajadores que secundaron la huelga, y que la sustitución acreditada afectó únicamente a tres, concentrándose prácticamente la actividad productiva en una única línea (L17), se estima prudencial fijar el importe indemnizatorio por los perjuicios causados al sindicato demandante, tomando como base el mínimo de la sanción económica prevista en la LISOS, de forma proporcional a su representación en el Comité de empresa, ascendiendo, por tanto, la cuantía indemnizatoria a 3.334,19 euros.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Los documentos obrantes en los ramos de prueba de ambas partes, particularmente ,y las declaraciones de los trabajadores que han depuesto como testigos en el acto de juicio, constituyen los elementos de prueba que sustentan el relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.-En el presente procedimiento se ejercita por la organización sindical demandante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 LJS, una acción dirigida a que se declaren vulnerados el derecho de huelga y a la libertad sindical por la actuación empresarial desplegada durante la huelga indefinida convocada dese el 29 de septiembre de 2025 consistente en sustituir a tres trabajadores huelguistas que desempeñan tareas propias de la línea de producción por otros trabajadores que realizan tareas distintas, así como por haber impedido al Comité de Huelga el acceso a las instalaciones de la empresa.

La empresa demandada, cuestionado que la huelga fuera secundada por la totalidad de trabajadores de producción, ha mantenido que las tareas propias de la línea de producción fueron asumidas por trabajadores que intervienen habitualmente en la actividad productiva, sin que las funciones realizadas fueran ajenas a sus correspondientes puestos de trabajo, negando asimismo que se impidiera a los miembros del Comité de Huelga el acceso a las instalaciones.

Las respectivas representaciones de los Sindicatos intervinientes, así como del Comité de Empresa se han adherido a la demanda.

El Ministerio Fiscal, tras la fase probatoria, ha interesado la desestimación de la demanda por estimar que los trabajadores no huelguistas actuaron, de forma limitada en el tiempo, en desempeño de sus funciones.

La cuestión debatida en la presente litis reside, en primer término, en determinar si la empresa ha incurrido, de conformidad con el art. 6.5 del Real Decreto-Ley 17/1977, en la práctica que se ha venido denominado "esquirolaje interno", y ello exige, tal como señala reiterada jurisprudencia, la ponderación del contenido y límites del derecho fundamental a la huelga recogido en el art. 28.2 de la LCE y el de la libertad de empresa recogido en el art. 38 CE , junto con el derecho constitucional de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 de la Constitución.

La STS 1199/2024, de 16 de octubre rec 211/2022 sobre el esquirolaje interno, y tomando como precedente la STS 962/2023, de 8 de noviembre (rec. 204/2021), establece que: «El art. 6.5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo , sobre relaciones de trabajo establece que "en tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado número siete de este artículo".

La recordada prohibición en modo alguno supone que sí es posible la sustitución de quienes secundan la huelga por otras personas ya integradas en la empresa y que no lo hacen. Esta Sala del Tribunal Supremo ha seguido la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el llamado esquirolaje interno, tal y como recordamos en la STS 153/2021 de 3 febrero (rec. 36/2019 ).

[...] En particular, respecto del esquirolaje interno, la doctrina constitucional parte de la consideración de que la sustitución interna de huelguistas durante la medida de conflicto constituye un abuso empresarial, en tanto que el poder de organización y dirección de la empresa "...no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que en tal caso quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo ...por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977 ) y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977 )". Por todas, véase la STC 33/2011 de 28 marzo , seguida por nuestras SSTS de 8 junio 2011 (rec. 144/2010 ), 5 diciembre 2012 (rec.265/2011 ), 20 abril 2015 (rec. 354/2012 ) y 13 enero 2020 (rec. 138/2018 ), entre otras).

Al conectar el ejercicio del derecho de huelga con el ius variandi empresarial y respecto de la sustitución interna de los huelguistas, es claro que tal proceder "constituye un ejercicio abusivo del ius variandi empresarial, derecho que, con los límites legalmente previstos, corresponde al empresario en otras situaciones. Pero en un contexto de huelga legítima el referido ius variandi no puede alcanzar a la sustitución del trabajo que debían haber desempeñado los huelguistas por parte de quien en situaciones ordinarias no tiene asignadas tales funciones; ya que, en tal caso, quedaría anulada o aminorada la presión ejercida legítimamente por los huelguistas a través de la paralización del trabajo. Por ello, ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la comunidad ( art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977 ), y a las previsiones sobre los servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa ( art. 6.7 del Real Decreto-ley 17/1977 )" ( STC 17/2017, de 2 de febrero )".

5.-De esa doctrina se desprende que ha de estarse a las circunstancias concretas del caso, para analizar si la empresa ejercita de manera regular sus facultades organizativas o vulnera el derecho de huelga, debido a que imponga o permita la sustitución de los trabajadores huelguistas por parte de otros trabajadores que no realizan de ordinario sus funciones, con las salvedades indicadas".

TERCERO.-En el caso enjuiciado, no ha resultado controvertido por la empresa demandada que, ciertamente, durante las jornadas de huelga de los días 29 de septiembre de 2025 y 1 de octubre de 2025, no se detuvo la actividad productiva, resultando particularmente intensa en la Línea 17, conforme se desprende de las etiquetas de producción y fotografías de palés aportadas por el sindicato demandante. De la continuidad de la actividad productiva han dado cuenta asimismo la totalidad de los trabajadores que han depuesto como testigos, con indicación de que, pese a haber secundado la huelga la totalidad de los Operarios de producción, su actividad fue asumida por otros trabajadores que, de forma habitual y ordinaria, no realizan el trabajo propio de las líneas de producción. Así, el Sr. Rafael, en el curso del interrogatorio practicado, en calidad de representante del Comité de Empresa, ha manifestado que fue sustituido por el Sr. Jesús María. No puede desconocerse que, como ha acreditado la empresa, el referido trabajador tiene asignadas funciones de sustitución del Jefe de Turno, percibiendo por razón de las mimas el correspondiente complemento retributivo, ahora bien, el regular ejercicio de las mismas habría de encontrarse vinculado a situaciones de ausencia por vacaciones, permisos, bajas..., no así al ejercicio del derecho de huelga del trabajador sustituido, en tanto que quedaría vacío de contenido.

No ha resultado cuestionado por la empresa que el trabajador Gerardo realizó durante la huelga tareas de producción, hecho del que ha dado cuenta el trabajador, Sr. Juan Carlos, sin que pueda concluirse que, al menos, de forma habitual y ordinaria, realice las tareas propias de la línea de producción. Así, basta examinar ficha de descripción del puesto de trabajo, Jefe de Turno, para comprobar que su labor fundamental es la organización y supervisión de los medios materiales y humanos en las líneas de producción, sin que, aun cuando se encuentren capacitados, realicen tareas de producción propiamente dichas. Los testigos han dado cuenta, no obstante, que los Jefes de Turno realizan funciones de arranque de las líneas, si bien, dicho arranque se efectúa tras producirse una parada completa, y supone la realización de un número de piezas notablemente inferior al que resulta de las etiquetas de fabricación correspondientes a las fechas de la huelga, por lo que difícilmente puede considerarse que las tareas realizadas por el Jefe de Turno fueran de arranque, máxime teniendo en cuenta que el 100% de los Operarios de producción había secundado la huelga, ya que el arranque no puede tener continuidad sin ser asumidas por el Jefe de Turno las funciones ordinarias de los Operarios de línea, operándose, por tanto, la sustitución de los trabajadores huelguistas.

La misma conclusión debe alcanzarse respecto de la realización de tareas de producción por el trabajador, Sr. Rogelio, Operario especialista en cambio de tipos de discos, cuyas tareas habituales no son las propias de la línea de producción, aun cuando, como ha manifestado la Responsable de RRHH, pudiera realizar tareas de producción en defecto de las específicamente asignadas.

Resulta claro, por tanto, que la huelga secundada por la totalidad de los Operarios de producción no paralizó el proceso productivo por haber desempeñado las tareas propias de los trabajadores huelguistas, al menos, los días 29 de septiembre y 1 de octubre de 2025, otros trabajadores vinculados con la empresa cuyas tareas habituales y ordinarias no son las propias de las líneas de producción, con la consiguiente minoración de la presión que se pretende ejercer mediante el derecho de huelga, habiendo incurrido la empresa en la práctica denominada "esquirolaje interno", que debe estimarse lesiva del referido derecho fundamental.

La vulneración del derecho de huelga no se aprecia, sin embargo, en el recurso de la empresa demandada a los servicios de almacenaje, carga y expedición de mercancía prestados por "TRANSPACAR", mercantil con la que la demandada, a tenor de las facturas aportadas, mantenía relaciones comerciales con anterioridad al inicio de la huelga, siendo el objeto de las mismas el almacenaje, carga y expedición de las piezas almacenadas, habiendo manifestado el representante de la referida empresa, en contradicción con el trabajador de logística que ha depuesto como testigo, que las mercancía, en ocasiones, se expiden desde las propias instalaciones de "TRANSPACAR, S.L". Así pues, aun cuando se estima acreditado que, como ha manifestado el trabajador, Sr. Agustín, el día 30 de septiembre de 2025, se realizaron labores de carga de piezas de la empresa en las instalaciones de "TRANSPACAR, S.L", sitas en la localidad de Santovenia de Pisuerga, hasta las que se trasladó el Jefe de Logística, dicha actividad puede encuadrarse en el marco de las relaciones comerciales ordinarias entre ambas empresas, sin que se estime lesiva del derecho de huelga.

Finalmente, tampoco se aprecia lesión del derecho a la libertad sindical en las prevenciones adoptadas por la empresa en relación al acceso y permanencia en las instalaciones de los miembros del Comité de Huelga, toda vez que no consta acreditado que, como se indica en la demanda, la empresa les impidiera la entrada en las instalaciones, en tanto que únicamente les fue solicitado, conforme se desprende del contenido de la comunicación remitida el 1 de octubre de 2025, que el acceso se efectuara en compañía de un representante de la empresa, medida que se estima razonable por razones de seguridad, sin que se aprecie que la misma pudiera impedir o dificultar el derecho de libertad sindical, en su vertiente de negociación colectiva.

CUARTO.-La declaración de la existencia de una vulneración del derecho de huelga comporta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.1 LJS, un pronunciamiento sobre la indemnización que pudiera corresponder al sindicato demandante, en su condición de afectado por la práctica prohibida.

En materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales, como recuerda la sentencia de la Sala IVª del Tribunal Supremo, de 24 de octubre de 2019, la STS 13 de diciembre de 2018, "efectúa una recapitulación histórica de la doctrina de esta Sala en materia de indemnización por vulneración de derechos fundamentales: tras una etapa inicial de concesión automática en la que se entendió procedente la condena al pago de la indemnización por los daños morales causados, sin necesidad de que se acreditara un específico perjuicio, considerando que éste debía de presumirse (así, STS/4ª de 9 junio 1993 -rcud. 3856/1992 - y 8 mayo 1995 -rec. 1319/1994 -), se pasó a exigir la justificación de la reclamación acreditando indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pudiera asentar la condena (así, STS/4ª de 11 junio 2012 -rcud 3336/2011 - y 15 abril 2013 -rcud. 1114/2012 -).

No obstante, la jurisprudencia se ha ido decantando por entender que "dada la índole del daño moral, existen algunos daños de este carácter cuya existencia se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión... lo que suele suceder, por ejemplo, con las lesiones del derecho al honor o con determinadas conductas antisindicales ..." STS/4ª de 18 julio 2012 -rec. 126/2011 -). Lo que acabamos corroborando en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras el art. 179.3 LRJS -y 183.1 y 2 LRJS -, en la medida que, si bien es exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada", se contempla la excepción en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada.

Y hemos añadido que el art. 183.2 LRJS viene a atribuir a la indemnización no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), sino también la de prevención general ( STS/4ª de 5 febrero y 13 julio 2015 - rec. 77/2014 y 221/2014 , respectivamente-, 18 mayo y 2 noviembre 2016 - rec. 37/2015 y 262/2015, respectivamente -, y 24 enero y 19 diciembre 2017 - rcud. 1902/2015 y 624/2016 , respectivamente-)."

En el caso enjuiciado, la sustitución interna de tres trabajadores, lógicamente, tuvo repercusión negativa en el desarrollo de la huelga, en tanto que la continuidad de parte de la actividad productiva, sin duda, comporta una merma en la presión que mediante el ejercicio del derecho se pretende efectuar sobre la empresa, debilitando asimismo la imagen del Comité de Empresa, en tanto que órgano convocante de la huelga, si bien, no puede obviarse que la indemnización se interesa, no por el órgano convocante, por el Sindicato demandante, UGT, que cuenta en el Comité con una representación, s.e.u.o, del 44,45% (4 de los 9 miembros).

A efectos de fijar la indemnización, se estima razonable acudir, como criterio orientativo, al artículo 8. 10 del RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que califica como falta muy grave los actos del empresario lesivos del derecho de huelga consistentes en la sustitución de los trabajadores en huelga, finado el artículo 40.1.c) del referido texto legal para tal conducta una sanción de multa, en su grado mínimo, de multa de 7.501 a 30.000 euros.

Pues bien, teniendo en cuenta que fueron 63 los trabajadores que secundaron la huelga, y que la sustitución acreditada afectó únicamente a tres, concentrándose prácticamente la actividad productiva en una única línea (L17), se estima prudencial fijar el importe indemnizatorio por los perjuicios causados al sindicato demandante, tomando como base el mínimo de la sanción económica prevista en la LISOS, de forma proporcional a su representación en el Comité de empresa, ascendiendo, por tanto, la cuantía indemnizatoria a 3.334,19 euros.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,