Sentencia Social 149/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 22 de Barcelona, Rec. 332/2025 de 12 de mayo del 2026

Primero.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados lo son en base a la prueba documental aportada, en particular el expediente administrativo remitido por la Mutua demandada y la documental aportada por la parte actora en el acto del juicio.

Segundo.-La cuestión controvertida consiste en determinar si el actor reunía los requisitos para percibir la prestación por cese de actividad prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, reconocida provisionalmente por MUTUAL MIDAT CYCLOPS y posteriormente anulada tras la revisión de su cumplimiento. Subsidiariamente, debe resolverse si procede excluir la obligación de reintegro por aplicación de la doctrina derivada de la STEDH de 26 de abril de 2018, asunto Cakarevic c. Croacia.

La parte actora sostiene que cumplía los requisitos exigidos, al haber obtenido durante el cuarto trimestre de 2020 rendimientos netos negativos por importe de -1.153,12 euros. Añade que, aun en caso de no concurrir todos los requisitos legales, no procedería el reintegro de la prestación, al haber actuado de buena fe y ser imputable a la Mutua el reconocimiento inicial de la prestación.

La Mutua demandada se opone a la demanda. Alega que el reconocimiento tuvo carácter provisional y que, conforme a la documentación tributaria obrante en el expediente, no se acreditó una reducción de la facturación de al menos el 75% en el cuarto trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019. Sostiene, además, que no concurren las circunstancias excepcionales exigidas para aplicar la doctrina Cakarevic.

Tercero.-La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020 exigía, para acceder a la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, dos requisitos acumulativos: acreditar una reducción de la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75 % respecto del mismo período de 2019, y no haber obtenido durante dicho trimestre rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

En el presente caso no queda acreditado el requisito relativo a la reducción de facturación. Conforme a los modelos 303 de autoliquidación del IVA de CARDES S .C.C. L., la base imponible de las facturas ascendió a 33.598,76 euros en el cuarto trimestre de 2019 y a 17.740,26 euros en el cuarto trimestre de 2020. La reducción resultante es, por tanto, de aproximadamente un 47,2 %, inferior al umbral mínimo del 75 % exigido por la norma.

La condición de autónomo societario del actor no permite prescindir de dicho requisito ni sustituirlo por la valoración aislada de sus rendimientos personales. La disposición adicional cuarta distingue entre la reducción de facturación y el límite de rendimientos netos, configurándolos como exigencias autónomas y acumulativas. Además, a efectos de comprobación de la reducción de facturación, la norma toma como referencia la documentación fiscal correspondiente, entre ella el modelo 303 de autoliquidación del IVA.

La parte actora pretende acreditar el cumplimiento del límite de rendimientos netos mediante las nóminas emitidas por CARDES S .C.C. L. correspondientes al cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, tratándose de un autónomo societario vinculado a dicha mercantil, el importe de las nóminas no puede identificarse automáticamente con el rendimiento neto de la actividad por cuenta propia a efectos de la prestación examinada.

En todo caso, aun prescindiendo de esta cuestión, lo determinante es que no se ha acreditado la reducción de facturación legalmente exigida. Al tratarse de requisitos acumulativos, el incumplimiento de uno de ellos determina la improcedencia de la prestación y justifica la revisión efectuada por la Mutua.

Cuarto.-La parte actora invoca la doctrina derivada de la STEDH de 26 de abril de 2018, asunto Cakarevic c. Croacia, así como la STS n.º 530/2024, de 4 de abril, para sostener que no procede el reintegro de la prestación.

La alegación no puede prosperar. No se aprecia mala fe en la actuación del actor, pero el reconocimiento inicial tuvo carácter expresamente provisional y quedó condicionado a la posterior comprobación de los requisitos exigidos. La propia solicitud incorporaba el compromiso de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en caso de no acreditar una reducción de facturación de, al menos, el 75 % durante el cuarto trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019, o de superar el límite de rendimientos netos previsto. Asimismo, la resolución de reconocimiento provisional advertía de que la prestación quedaba sometida a posterior verificación y de que la Mutua podía promover y reclamar el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

No se trata, por tanto, de un reconocimiento definitivo posteriormente dejado sin efecto por un error exclusivamente imputable a la entidad gestora o colaboradora, sino de una prestación concedida provisionalmente en un contexto excepcional y sometida desde el inicio a verificación posterior.

Tampoco consta acreditado que el reintegro de 3.713,88 euros imponga al actor una carga individual excesiva o desproporcionada. No se ha practicado prueba suficiente sobre su situación económica actual ni sobre el impacto concreto que la devolución tendría para él. La sola invocación de la buena fe, del tiempo transcurrido o del reconocimiento provisional efectuado por la Mutua no permite apreciar, por sí sola, una carga individual desproporcionada en los términos exigidos por la doctrina invocada.

En consecuencia, no procede aplicar la doctrina Cakarevic para excluir la obligación de reintegro. No habiéndose acreditado el cumplimiento del requisito de reducción de facturación del 75 %, y no constando circunstancias excepcionales que hagan desproporcionada la devolución reclamada, procede desestimar la demanda.

Primero.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados lo son en base a la prueba documental aportada, en particular el expediente administrativo remitido por la Mutua demandada y la documental aportada por la parte actora en el acto del juicio.

Segundo.-La cuestión controvertida consiste en determinar si el actor reunía los requisitos para percibir la prestación por cese de actividad prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, reconocida provisionalmente por MUTUAL MIDAT CYCLOPS y posteriormente anulada tras la revisión de su cumplimiento. Subsidiariamente, debe resolverse si procede excluir la obligación de reintegro por aplicación de la doctrina derivada de la STEDH de 26 de abril de 2018, asunto Cakarevic c. Croacia.

La parte actora sostiene que cumplía los requisitos exigidos, al haber obtenido durante el cuarto trimestre de 2020 rendimientos netos negativos por importe de -1.153,12 euros. Añade que, aun en caso de no concurrir todos los requisitos legales, no procedería el reintegro de la prestación, al haber actuado de buena fe y ser imputable a la Mutua el reconocimiento inicial de la prestación.

La Mutua demandada se opone a la demanda. Alega que el reconocimiento tuvo carácter provisional y que, conforme a la documentación tributaria obrante en el expediente, no se acreditó una reducción de la facturación de al menos el 75% en el cuarto trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019. Sostiene, además, que no concurren las circunstancias excepcionales exigidas para aplicar la doctrina Cakarevic.

Tercero.-La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020 exigía, para acceder a la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, dos requisitos acumulativos: acreditar una reducción de la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75 % respecto del mismo período de 2019, y no haber obtenido durante dicho trimestre rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

En el presente caso no queda acreditado el requisito relativo a la reducción de facturación. Conforme a los modelos 303 de autoliquidación del IVA de CARDES S .C.C. L., la base imponible de las facturas ascendió a 33.598,76 euros en el cuarto trimestre de 2019 y a 17.740,26 euros en el cuarto trimestre de 2020. La reducción resultante es, por tanto, de aproximadamente un 47,2 %, inferior al umbral mínimo del 75 % exigido por la norma.

La condición de autónomo societario del actor no permite prescindir de dicho requisito ni sustituirlo por la valoración aislada de sus rendimientos personales. La disposición adicional cuarta distingue entre la reducción de facturación y el límite de rendimientos netos, configurándolos como exigencias autónomas y acumulativas. Además, a efectos de comprobación de la reducción de facturación, la norma toma como referencia la documentación fiscal correspondiente, entre ella el modelo 303 de autoliquidación del IVA.

La parte actora pretende acreditar el cumplimiento del límite de rendimientos netos mediante las nóminas emitidas por CARDES S .C.C. L. correspondientes al cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, tratándose de un autónomo societario vinculado a dicha mercantil, el importe de las nóminas no puede identificarse automáticamente con el rendimiento neto de la actividad por cuenta propia a efectos de la prestación examinada.

En todo caso, aun prescindiendo de esta cuestión, lo determinante es que no se ha acreditado la reducción de facturación legalmente exigida. Al tratarse de requisitos acumulativos, el incumplimiento de uno de ellos determina la improcedencia de la prestación y justifica la revisión efectuada por la Mutua.

Cuarto.-La parte actora invoca la doctrina derivada de la STEDH de 26 de abril de 2018, asunto Cakarevic c. Croacia, así como la STS n.º 530/2024, de 4 de abril, para sostener que no procede el reintegro de la prestación.

La alegación no puede prosperar. No se aprecia mala fe en la actuación del actor, pero el reconocimiento inicial tuvo carácter expresamente provisional y quedó condicionado a la posterior comprobación de los requisitos exigidos. La propia solicitud incorporaba el compromiso de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en caso de no acreditar una reducción de facturación de, al menos, el 75 % durante el cuarto trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019, o de superar el límite de rendimientos netos previsto. Asimismo, la resolución de reconocimiento provisional advertía de que la prestación quedaba sometida a posterior verificación y de que la Mutua podía promover y reclamar el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

No se trata, por tanto, de un reconocimiento definitivo posteriormente dejado sin efecto por un error exclusivamente imputable a la entidad gestora o colaboradora, sino de una prestación concedida provisionalmente en un contexto excepcional y sometida desde el inicio a verificación posterior.

Tampoco consta acreditado que el reintegro de 3.713,88 euros imponga al actor una carga individual excesiva o desproporcionada. No se ha practicado prueba suficiente sobre su situación económica actual ni sobre el impacto concreto que la devolución tendría para él. La sola invocación de la buena fe, del tiempo transcurrido o del reconocimiento provisional efectuado por la Mutua no permite apreciar, por sí sola, una carga individual desproporcionada en los términos exigidos por la doctrina invocada.

En consecuencia, no procede aplicar la doctrina Cakarevic para excluir la obligación de reintegro. No habiéndose acreditado el cumplimiento del requisito de reducción de facturación del 75 %, y no constando circunstancias excepcionales que hagan desproporcionada la devolución reclamada, procede desestimar la demanda.

Primero.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados lo son en base a la prueba documental aportada, en particular el expediente administrativo remitido por la Mutua demandada y la documental aportada por la parte actora en el acto del juicio.

Segundo.-La cuestión controvertida consiste en determinar si el actor reunía los requisitos para percibir la prestación por cese de actividad prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, reconocida provisionalmente por MUTUAL MIDAT CYCLOPS y posteriormente anulada tras la revisión de su cumplimiento. Subsidiariamente, debe resolverse si procede excluir la obligación de reintegro por aplicación de la doctrina derivada de la STEDH de 26 de abril de 2018, asunto Cakarevic c. Croacia.

La parte actora sostiene que cumplía los requisitos exigidos, al haber obtenido durante el cuarto trimestre de 2020 rendimientos netos negativos por importe de -1.153,12 euros. Añade que, aun en caso de no concurrir todos los requisitos legales, no procedería el reintegro de la prestación, al haber actuado de buena fe y ser imputable a la Mutua el reconocimiento inicial de la prestación.

La Mutua demandada se opone a la demanda. Alega que el reconocimiento tuvo carácter provisional y que, conforme a la documentación tributaria obrante en el expediente, no se acreditó una reducción de la facturación de al menos el 75% en el cuarto trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019. Sostiene, además, que no concurren las circunstancias excepcionales exigidas para aplicar la doctrina Cakarevic.

Tercero.-La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020 exigía, para acceder a la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, dos requisitos acumulativos: acreditar una reducción de la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75 % respecto del mismo período de 2019, y no haber obtenido durante dicho trimestre rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

En el presente caso no queda acreditado el requisito relativo a la reducción de facturación. Conforme a los modelos 303 de autoliquidación del IVA de CARDES S .C.C. L., la base imponible de las facturas ascendió a 33.598,76 euros en el cuarto trimestre de 2019 y a 17.740,26 euros en el cuarto trimestre de 2020. La reducción resultante es, por tanto, de aproximadamente un 47,2 %, inferior al umbral mínimo del 75 % exigido por la norma.

La condición de autónomo societario del actor no permite prescindir de dicho requisito ni sustituirlo por la valoración aislada de sus rendimientos personales. La disposición adicional cuarta distingue entre la reducción de facturación y el límite de rendimientos netos, configurándolos como exigencias autónomas y acumulativas. Además, a efectos de comprobación de la reducción de facturación, la norma toma como referencia la documentación fiscal correspondiente, entre ella el modelo 303 de autoliquidación del IVA.

La parte actora pretende acreditar el cumplimiento del límite de rendimientos netos mediante las nóminas emitidas por CARDES S .C.C. L. correspondientes al cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, tratándose de un autónomo societario vinculado a dicha mercantil, el importe de las nóminas no puede identificarse automáticamente con el rendimiento neto de la actividad por cuenta propia a efectos de la prestación examinada.

En todo caso, aun prescindiendo de esta cuestión, lo determinante es que no se ha acreditado la reducción de facturación legalmente exigida. Al tratarse de requisitos acumulativos, el incumplimiento de uno de ellos determina la improcedencia de la prestación y justifica la revisión efectuada por la Mutua.

Cuarto.-La parte actora invoca la doctrina derivada de la STEDH de 26 de abril de 2018, asunto Cakarevic c. Croacia, así como la STS n.º 530/2024, de 4 de abril, para sostener que no procede el reintegro de la prestación.

La alegación no puede prosperar. No se aprecia mala fe en la actuación del actor, pero el reconocimiento inicial tuvo carácter expresamente provisional y quedó condicionado a la posterior comprobación de los requisitos exigidos. La propia solicitud incorporaba el compromiso de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en caso de no acreditar una reducción de facturación de, al menos, el 75 % durante el cuarto trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019, o de superar el límite de rendimientos netos previsto. Asimismo, la resolución de reconocimiento provisional advertía de que la prestación quedaba sometida a posterior verificación y de que la Mutua podía promover y reclamar el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

No se trata, por tanto, de un reconocimiento definitivo posteriormente dejado sin efecto por un error exclusivamente imputable a la entidad gestora o colaboradora, sino de una prestación concedida provisionalmente en un contexto excepcional y sometida desde el inicio a verificación posterior.

Tampoco consta acreditado que el reintegro de 3.713,88 euros imponga al actor una carga individual excesiva o desproporcionada. No se ha practicado prueba suficiente sobre su situación económica actual ni sobre el impacto concreto que la devolución tendría para él. La sola invocación de la buena fe, del tiempo transcurrido o del reconocimiento provisional efectuado por la Mutua no permite apreciar, por sí sola, una carga individual desproporcionada en los términos exigidos por la doctrina invocada.

En consecuencia, no procede aplicar la doctrina Cakarevic para excluir la obligación de reintegro. No habiéndose acreditado el cumplimiento del requisito de reducción de facturación del 75 %, y no constando circunstancias excepcionales que hagan desproporcionada la devolución reclamada, procede desestimar la demanda.

Primero.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se declara que los hechos probados lo son en base a la prueba documental aportada, en particular el expediente administrativo remitido por la Mutua demandada y la documental aportada por la parte actora en el acto del juicio.

Segundo.-La cuestión controvertida consiste en determinar si el actor reunía los requisitos para percibir la prestación por cese de actividad prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, reconocida provisionalmente por MUTUAL MIDAT CYCLOPS y posteriormente anulada tras la revisión de su cumplimiento. Subsidiariamente, debe resolverse si procede excluir la obligación de reintegro por aplicación de la doctrina derivada de la STEDH de 26 de abril de 2018, asunto Cakarevic c. Croacia.

La parte actora sostiene que cumplía los requisitos exigidos, al haber obtenido durante el cuarto trimestre de 2020 rendimientos netos negativos por importe de -1.153,12 euros. Añade que, aun en caso de no concurrir todos los requisitos legales, no procedería el reintegro de la prestación, al haber actuado de buena fe y ser imputable a la Mutua el reconocimiento inicial de la prestación.

La Mutua demandada se opone a la demanda. Alega que el reconocimiento tuvo carácter provisional y que, conforme a la documentación tributaria obrante en el expediente, no se acreditó una reducción de la facturación de al menos el 75% en el cuarto trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019. Sostiene, además, que no concurren las circunstancias excepcionales exigidas para aplicar la doctrina Cakarevic.

Tercero.-La disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 30/2020 exigía, para acceder a la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia, dos requisitos acumulativos: acreditar una reducción de la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75 % respecto del mismo período de 2019, y no haber obtenido durante dicho trimestre rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros.

En el presente caso no queda acreditado el requisito relativo a la reducción de facturación. Conforme a los modelos 303 de autoliquidación del IVA de CARDES S .C.C. L., la base imponible de las facturas ascendió a 33.598,76 euros en el cuarto trimestre de 2019 y a 17.740,26 euros en el cuarto trimestre de 2020. La reducción resultante es, por tanto, de aproximadamente un 47,2 %, inferior al umbral mínimo del 75 % exigido por la norma.

La condición de autónomo societario del actor no permite prescindir de dicho requisito ni sustituirlo por la valoración aislada de sus rendimientos personales. La disposición adicional cuarta distingue entre la reducción de facturación y el límite de rendimientos netos, configurándolos como exigencias autónomas y acumulativas. Además, a efectos de comprobación de la reducción de facturación, la norma toma como referencia la documentación fiscal correspondiente, entre ella el modelo 303 de autoliquidación del IVA.

La parte actora pretende acreditar el cumplimiento del límite de rendimientos netos mediante las nóminas emitidas por CARDES S .C.C. L. correspondientes al cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, tratándose de un autónomo societario vinculado a dicha mercantil, el importe de las nóminas no puede identificarse automáticamente con el rendimiento neto de la actividad por cuenta propia a efectos de la prestación examinada.

En todo caso, aun prescindiendo de esta cuestión, lo determinante es que no se ha acreditado la reducción de facturación legalmente exigida. Al tratarse de requisitos acumulativos, el incumplimiento de uno de ellos determina la improcedencia de la prestación y justifica la revisión efectuada por la Mutua.

Cuarto.-La parte actora invoca la doctrina derivada de la STEDH de 26 de abril de 2018, asunto Cakarevic c. Croacia, así como la STS n.º 530/2024, de 4 de abril, para sostener que no procede el reintegro de la prestación.

La alegación no puede prosperar. No se aprecia mala fe en la actuación del actor, pero el reconocimiento inicial tuvo carácter expresamente provisional y quedó condicionado a la posterior comprobación de los requisitos exigidos. La propia solicitud incorporaba el compromiso de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas en caso de no acreditar una reducción de facturación de, al menos, el 75 % durante el cuarto trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019, o de superar el límite de rendimientos netos previsto. Asimismo, la resolución de reconocimiento provisional advertía de que la prestación quedaba sometida a posterior verificación y de que la Mutua podía promover y reclamar el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

No se trata, por tanto, de un reconocimiento definitivo posteriormente dejado sin efecto por un error exclusivamente imputable a la entidad gestora o colaboradora, sino de una prestación concedida provisionalmente en un contexto excepcional y sometida desde el inicio a verificación posterior.

Tampoco consta acreditado que el reintegro de 3.713,88 euros imponga al actor una carga individual excesiva o desproporcionada. No se ha practicado prueba suficiente sobre su situación económica actual ni sobre el impacto concreto que la devolución tendría para él. La sola invocación de la buena fe, del tiempo transcurrido o del reconocimiento provisional efectuado por la Mutua no permite apreciar, por sí sola, una carga individual desproporcionada en los términos exigidos por la doctrina invocada.

En consecuencia, no procede aplicar la doctrina Cakarevic para excluir la obligación de reintegro. No habiéndose acreditado el cumplimiento del requisito de reducción de facturación del 75 %, y no constando circunstancias excepcionales que hagan desproporcionada la devolución reclamada, procede desestimar la demanda.