Sentencia Social 198/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Badajoz, Rec. 690/2024 de 10 de abril del 2026

PRIMERO.-Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 94 LRJS, y el expediente administrativo.

SEGUNDO.- Alegaciones de las partes.

La parte actora impugna la resolución administrativa sancionadora señalando que la contratación del trabajador se realizó de buena fe puesto que facilitó copia de su vida laboral y nóminas percibidas en España y comunicó que estaba en trámites de renovación del permiso de residencia y trabajo. Añadió que la administración en ningún momento advirtió de la situación irregular del trabajador limitándose a recibir la comunicación de alta laboral y contrato de trabajo, correspondiendo también a esta la obligación de verificar la situación administrativa del trabajador, por lo que solicita la estimación de la demanda o, subsidiariamente, la reducción del importe de la sanción en aplicación del principio de proporcionalidad.

La parte demandada se opuso a lo solicitado de contrario. Sostuvo que la empresa incurrió en una falta de diligencia dado que no requirió al trabajador la documentación acreditativa de su situación regular en España, de forma que el mero hecho de que haya prestado servicios en otras empresas no garantiza la existencia de dicha situación regular. Añadió que la infracción no requiere de la existencia de dolo, y que la actividad probatoria desplegada por el actor no desvirtúa la presunción de veracidad del acta de infracción. Se opuso igualmente a la pretensión subsidiaria de reducción del importe de la sanción dado que esta se ha fijado en su grado mínimo.

TERCERO.- Hechos sancionados.

Del contenido de las alegaciones efectuadas por las partes en el presente procedimiento resulta inequívoco e indubitado, al no haber sido discutido por la empresaria, la existencia de la contratación laboral del trabajador D. Iván en el periodo comprendido entre el 24 y el 26 de junio de 2023, para prestar servicios en fincas de cultivo de su propiedad.

Resulta igualmente indubitado que en el periodo citado el trabajador carecía de permiso de residencia y trabajo en España, pues así deriva del contenido del acta de infracción, cuestión que tampoco ha sido discutida por la empresaria.

Centra esta su impugnación en la inexistencia de dolo, mala fe o negligencia en su actuar dado que el trabajador facilitó datos de su vida laboral en España, así como que la administración se limitó a recibir la comunicación de alta, y a percibir las cotizaciones sin advertir la existencia de la irregularidad administrativa.

La impugnación efectuada por la empresaria debe ser plenamente desestimada.

El art. 36.1 LO 4/2000 ,dispone "1. Los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente."

Del tenor literal del precepto resulta que todo extranjero que quiera ejercer una actividad laboral en España deberá contar con la correspondiente autorización administrativa para residir y trabajar en el país, es decir, la autorización previa es conditio sine qua nonpara el desempeño de cualquier actividad laboral, profesional o lucrativa en España.

El art. 36.4del citado texto legal dispone "Para la contratación de un extranjero, el empleador deberá solicitar la autorización a que se refiere el apartado 1 del presente artículo,que en todo caso deberá acompañarse del contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización", por tanto, no solo resulta exigible que el trabajador extranjero cuente con la mentada autorización administrativa previa, sino que es obligación del empresario controlar y verificar la situación regular del trabajador mediante la correspondiente solicitud de autorización indicada en el apartado primero.

De la interpretación conjunta del precepto resulta el deber inexcusable del empresario de controlar y verificar con la debida diligencia la situación regular del trabajador extranjero que va a contratar para la prestación de servicios laborales, diligencia que no concurre en el presente caso.

De esta forma, el precepto infringido no exige la existencia de una situación dolosa imputable al empresario, sino que es suficiente la concurrencia de una flagrante negligencia o culpa inexcusable, como ocurre en el presente caso. Así, la actuación de control y verificación realizada por el empresario se limitó, según las manifestaciones vertidas en su escrito de demanda, a revisar la vida laboral y nóminas facilitadas por el trabajador y eso pese a que, según sus propias manifestaciones, el trabajador "[...] nos dijo que estaba tramitando la renovación de su permiso de residencia y trabajo, aunque omitió indicarnos que en aquella fecha se encontraba ya caducado [...]",por tanto, ante esta simple comunicación la empresaria debió cerciorarse de que el trabajador que iba a contratar se hallaba en situación regular en España, sin embargo, se limitó a comunicar el alta laboral sin mayores comprobaciones sobre aquel extremo.

En definitiva, la actora no acredita que requiriese al trabajador la aportación de la pertinente autorización administrativa que le habilitase para residir y trabajar en España -ni siquiera le solicitud de renovación-, ni cursó la correspondiente solicitud a la administración competente al tiempo de la contratación, ni realizó ninguna otra actuación ante la administración laboral o los servicios de extranjería para cerciorarse de que el trabajador se hallaba en situación regular en España para la prestación de servicios laborales.

Por tanto, la actuación que realizó la empresaria en aras a garantizar la legalidad de la contratación laboral no colma los estándares de diligencia mínima exigible a un ordenado empresario en el cumplimiento de la normativa laboral. Tampoco puede admitirse el pretendido desplazamiento de la responsabilidad a la administración, puesto que no es esta la que debe efectuar las labores de control de legalidad en la contratación laboral, sino que su actividad se limita a la concesión de la autorización previa, y posterior verificación de la situación regular, de forma que es al empresario, exclusivamente, a quien el precepto exige realizar funciones de control y verificación previa a la contratación, siendo este el único responsable de la contratación irregular objeto de sanción. En estos términos se pronuncia, entre otras, la STSJ Cataluña 1217/2025, 11 de marzo , o STSJ Murcia 802/2025, de 22 de julio .

CUARTO.- Proporcionalidad de la sanción.

Resuelto lo anterior, procede analizar la pretensión subsidiaria de reducción del importe de la sanción.

El art. 54.1.d) LO 4/2000 califica como infracción muy grave:

"La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito",y el art. 55.1.c)prevé la imposición de multas de 10.001 a 100.000 euros.

La resolución recurrida impone una sanción de 10.001,10 euros, es decir, fija la cuantía mínima dentro de la horquilla sancionadora prevista en el precepto, por lo que, en aplicación del principio de legalidad, y no concurriendo ninguna circunstancia que pueda atenuar dicha responsabilidad, debe confirmarse el importe de la sanción.

Pretendió la parte actora la aplicación del art. 29.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ,que permite la imposición de la sanción en el grado inferior atendiendo a la adecuación entre sanción y la gravedad del hecho y circunstancias concurrentes, sin embargo, la administración ya ha valorado convenientemente tales circunstancias para, en aplicación el principio de proporcionalidad, imponer la sanción prevista en su grado mínimo, por lo que esta no puede ser nuevamente atenuada en aplicación de los mismos principios y, además, en salvaguarda del exigible principio de seguridad jurídica.

En consecuencia, y valorada conjuntamente la prueba practicada, procede la íntegra desestimación de la demanda, confirmando la resolución administrativa sancionadora impugnada.

QUINTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,