Sentencia Social 262/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Badajoz, Rec. 960/2024 de 28 de abril del 2026

PRIMERO. -Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LRJS.

SEGUNDO. -Impugna la parte demandante la resolución dictada alegando, en síntesis, que con anterioridad al requerimiento de la inspección de trabajo, de 12/06/2023, la empresa ya había puesto en marcha un protocolo contra el riesgo de golpes de calor que conlleva las medidas enumeradas en su demanda; que la inspección de trabajo cuestiona las evaluaciones de la empresa PREVING, siendo esta una entidad especializada y acreditada como servicio de prevención ajeno por la Autoridad Pública competente; que con posterioridad al requerimiento se llevaron a cabo mediciones de estrés térmico por calor por QUIRÓN PREVENCIÓN que concluyó que no existía tal riesgo de estrés término por calor, entregando el informe elaborado a la inspección de trabajo el 11/08/2023; que la empresa si dispone de planificación preventiva de las concretas actividades o medidas enfocadas a eliminar o reducir y controlar el riesgo; que el informe de 05/09/2012 no indicaba realizar mediciones periódicas sino que incluía una serie de recomendaciones y que no se dio audiencia previa conforme al artículo 18.4 del Real Decreto 928/1998.

La demandada se opuso por las razones expuestas en el expediente administrativo que se dan por reproducidas.

TERCERO. -La controversia de este procedimiento consiste en determinar la conformidad a derecho de la resolución administrativa que impone a la demandada la sanción reflejada en los hechos probados por lo haber llevado a cabo adecuadamente la evaluación de riesgos ni sus revisiones y controles periódicos en relación con la exposición de los trabajadores a temperaturas ambientales adversas. En definitiva, si la empresa cumplió con las obligaciones legales en esta materia.

En el acto de la vista la demandada aportó documental acreditativa de las alegaciones efectuadas en el expediente administrativo y propuso la testifical de D. Salvador, encargado de seguridad laboral de la empresa, que, en definitiva, ratificó la posición de la empresa.

De los hechos probados resulta que, en el momento de la actuación inspectora, la evaluación de riesgos de la empresa calificaba la exposición a temperaturas ambientales adversas como "tolerable", estableciendo medidas preventivas de carácter genérico, sin diferenciación por puestos de trabajo ni apoyo en mediciones específicas de las condiciones termo higrométricas.

Esto evidencia que la evaluación no cumplía, en aquel momento, las exigencias legales. La evaluación de riesgos no puede configurarse como documento meramente formal o estandarizado, sino que debe responder a las condiciones reales de trabajo, lo que exige, cuando la naturaleza del riesgo lo requiera, la realización de mediciones técnicas que permitan una adecuada valoración de este.

Consta acreditado que la última evaluación específica de riesgo térmico con base técnica fue en 2012, sin que consten con posterioridad revisiones periódicas ni mediciones, lo que vulnera la obligación de seguimiento continuo y ello aun cuando la empresa mantenga que en aquel informe solo se hacían recomendaciones, pues el transcurso de un periodo tan prolongado de tiempo sin actualización ni control de riesgo, unido a la actividad de la empresa especialmente susceptible en materia de temperaturas adversas, pone de manifiesto la insuficiencia del sistema preventivo implantado. El hecho de que la empresa confíe en una evaluación de riesgos de hace más de una década, en un sector como el suyo y en un contexto de temperaturas cada vez más elevadas, supone un claro incumplimiento de la obligación de mantener actualizada la evaluación de riesgos.

Además, la demandada funda parte de su pretensión en informes y mediciones realizados con posterioridad a la vista inspectora, como el de QUIRÓN PREVENCIÓN, así como en la implantación de varias medidas preventivas específicas. Esto solo determina una regularización de la situación, pero no supone la exoneración de la conducta imputada.

Con relación a las alegaciones de que la Inspección de Trabajo no puede ir contra lo dispuesto por una entidad especializada y acreditada como servicio de prevención ajeno por la Autoridad Pública competente, carece de relevancia a los fines de este procedimiento ya que es la empresa la que tiene el deber de verificar la adecuación y suficiencia de la actividad preventiva desarrollada, sin que pueda ampararse en la actuación de terceros frente a la Inspección.

En cuanto a la falta de audiencia, como manifestó la demandada, el artículo 18.4 Real Decreto 928/1998 establece que ``cuando de las diligencias practicadas se desprenda la invocación o concurrencia de hechos distintos a los reseñados en el acta, el órgano instructor, antes de emitir su propuesta de resolución, dará audiencia al supuesto responsable por término de ocho días con vista de lo actuado. Realizado el trámite de audiencia, el sujeto responsable podrá formular nuevas alegaciones por término de otros tres días, a cuyo término quedará visto para la propuesta de resolución??. En este caso, ningún hecho distinto se aprecia tras el acta de infracción, por lo que no era necesaria tal audiencia a la empresa demandante.

Por último, los hechos probados encajan plenamente en el artículo 12.1.b de la LISOS que califica como infracción grave ``no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales??. Y la sanción impuesta, conforme al artículo 40.1.b LISOS podía ser ``en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 euros??, siendo la impuesta, 10.000 €, dentro del tramo inferior de la de grado medio en aplicación de la circunstancia del artículo 39.1.d ya que la Inspección de Trabajo establece en más de 500 el número de trabajadores afectados.

En atención a lo expuesto, procede declarar la conformidad a derecho de la resolución administrativa impugnada, al no haber acreditado la demandada nada que desvirtúe lo expuesto en aquella. En definitiva, la prueba aportada ha resultado insuficiente al objeto de desacreditar las conclusiones alcanzadas en el seno del expediente sancionador, en relación con el incumplimiento culpable de sus obligaciones por parte de la empresa demandada, por lo que procede la desestimación de la demanda.

CUARTO.En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.2.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación.

Por todo lo expuesto;