Sentencia Social 264/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Badajoz, Rec. 422/2025 de 05 de mayo del 2026

PRIMERO. -Los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la LRJS.

SEGUNDO. -Impugna la parte demandante la resolución desestimatoria del recurso de alzada con base en que la demandada cuenta con una correcta y rigurosa evaluación de riesgos que contempla los causados por animales y, más concretamente, el análisis del estado de conservación de la manga, con la inclusión de indicaciones a los trabajadores destinadas a evitar los posibles riesgos derivados. Además, defiende que la causa del concreto accidente que dio lugar a la imposición de la sanción impugnada fue un fallo estructural de imposible detección previa.

Frente a ello, la demandada se opuso por las razones que constan en la resolución impugnada y se dan por reproducidas.

TERCERO. -El objeto de este procedimiento consiste en determinar la conformidad a derecho de la resolución administrativa impugnada.

En primer lugar, debe precisarse que la resolución impugnada no sanciona el accidente de trabajo en sí mismo, sino una insuficiente evaluación de riesgos laborales por parte de TRAGSATEC, en cuanto no contemplaba de manera específica el riesgo que finalmente se materializó.

Por tanto, el análisis debe centrarse en determinar si la evaluación de riesgos cumplía las exigencias legales, y no en la eventual concurrencia de responsabilidades derivadas del accidente.

En cuanto al valor probatorio de los hechos constatados por la Inspección de trabajo, procede recordar la presunción de certeza iuris tantum reconocida por el artículo 53.2 de la LISOS. Así, la prueba que aportó la demandante para desvirtuar lo confirmado por la Administración consistió en la documental aportada con la demanda y la que consta en los acontecimientos 29 a 50.

Además, propuso la testifical de Dª Matilde, técnico de prevención de riesgos laborales de la demanda, que en el acto de la vista declaró que ella llevó a cabo la investigación del accidente, inspeccionó el lugar en el que ocurrieron los hechos y se entrevistó con todos los intervinientes y responsables. Esta testigo manifestó que hasta que no se derrumbó el murete no se descubrió que la cimentación era insuficiente, tratándose de un defecto estructural que no se podía ver a simple vista; que la trabajadora debía cotejar el estado de la manga antes de comenzar las funciones encomendadas; que nadie advirtió de su mal estado; que los trabajadores han recibido una formación en esta materia que la trabajadora accidentada conocía y que estas funciones las desempeñan anualmente en 14.000 instalaciones.

En este caso, el acta de infracción y los posteriores informes ampliatorios describen de forma detallada las deficiencias detectadas, consistentes en el carácter genérico de la evaluación de riesgos, la no inclusión específica del desplome de la instalación por mal estado y la indebida delegación en la trabajadora de la valoración sobre la seguridad de la instalación. Y la demandante no ha aportado prueba que desvirtúe de manera fehaciente las conclusiones de la inspección.

Así, la evaluación de riesgos contempla riesgos asociados al trato de animales, pero omite uno tan grave y específico como el colapso de las instalaciones fijadas donde se realiza el trabajo ya que la única previsión que contiene en este aspecto es una delegación de responsabilidad en la propia trabajadora. La demandante reiteró en el acto de la vista y con la práctica de la testifical propuesta que los trabajadores reciben formación en esta materia y son los que deben inspeccionar con carácter previo la zona de trabajo, pudiendo detener la actividad si consideran que concurre algún tipo de riesgo. Pues bien, el deber de evaluar los riesgos y garantizar la responsabilidad es del empresario, no del trabajador, como alega la inspección de trabajo no se puede exigir a un veterinario conocimientos en seguridad estructural. Además, en este aspecto la demandante mantuvo un relato ciertamente incoherente, ya que por un lado parecía culpar a la trabajadora del accidente al no llevar a cabo una inspección previa de la zona, pero, por otro, incidió en que el riesgo no se podía apreciar a simple vista y era indetectable.

La demandante sostiene que el accidente tuvo su origen en un fallo estructural imprevisible del que, en su caso, es responsable el propietario de la explotación ganadera. Estas alegaciones no eximen de responsabilidad a la demandante, ya que en este caso el mal estado de la manga (murete deteriorado, falta de cimentación y ausencia de arco de unión) constituía una circunstancia objetivamente apreciable y un riesgo que debía haber sido identificado y evaluado, ya sea mediante inspección previa o a través de una correcta coordinación de actividades preventivas con el titular de la finca. En este sentido, la alegación de la demandante de la dificultad de realizar una evaluación detallada derivada del hecho de que prestan servicios en 14.000 explotaciones anualmente es inadmisible para una empresa como TRAGSATEC pues, precisamente, esto refuerza el nivel de diligencia exigible a la empresa que, por su propia dimensión y capacidad, debe contar con una estructura organizativa suficiente para implementar procedimientos preventivos eficaces.

En definitiva, el demandante tenía la obligación de coordinarse con el titular de la finca para asegurarse de que las condiciones de trabajo eran seguras, tal y como exige el artículo 24 LPRL. El informe de la Inspección es contundente al señalar que la propia evaluación de riesgos de la finca ya advertía del mal estado de la manga, lo que evidencia una falta de diligencia por parte de la empresa demandante al no recabar y actuar sobre dicha información.

En atención a lo expuesto, los hechos probados acreditan el incumplimiento del deber de realizar una evaluación de riesgos específica y adecuada para el puesto de trabajo de Dª Marta, lo que encaja perfectamente en el tipo infractor del Artículo 12.1 b) de la LISOS.

La sanción de 4.000 euros se encuentra en el tramo mínimo del grado mínimo para las infracciones graves, resultando plenamente proporcionada, especialmente si se tiene en cuenta la gravedad de las consecuencias del accidente y el patente incumplimiento de una de las obligaciones más elementales en materia de prevención de riesgos laborales.

En definitiva, procede la desestimación de la demanda con la consecuente confirmación de la resolución administrativa impugnada.

CUARTO. -En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.2.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación.

Por todo lo expuesto;