Sentencia Social 114/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Cartagena, Rec. 65/2026 de 12 de mayo del 2026

PRIMERO.- Los anteriores hechos probados han sido obtenidos tras la valoración conjunta de la prueba, consistente en la documental y testifical de D. D. Victoriano (Presidente de Comité de empresa de NAVANTIA) ,y de Dña. María Luisa , (Funcional de HRPV de Recursos Humanos de la empresa) .

SEGUNDO.- El artículo 41.1 ET establece:

"1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39. (....)

3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su efectividad."

En la demanda se reclama la modificación de condiciones de trabajo, correspondiente a un cambio de puesto de trabajo del actor, que como es obvio, determina con la aplicación del nuevo Convenio Intercentros de Navantia S.A , S.M.E aprobado en fecha 15.12.2025 ( Boe 5.02.2026)que se encuentra en implementación, en primer lugar la perdida de los complementos salariales de plus por mando por importe de 1200 € brutos anuales y plus de especial responsabilidad por igual importe anual, cantidades que el actor no va a percibir en su nuevo puesto de trabajo. E igualmente supondrá para el actor la imposibilidad de ascenso directo a la categoría profesional categoría C3/C1RA, como ha sido declarado probado en los hechos séptimo y noveno de esta resolución. Por lo que se deberá desestimar la alegación de la empresa de que el cambio de puesto no perjudica al actor , estimando la demanda por ser el cambio de puesto del actor una modificación sustancial individual de las condiciones de trabajo . De otra parte no constar que la empresa haya dado cumplimiento a la preceptiva comunicación prevenida en el art. 41.3 del ET , por lo que tanto por motivos de forma , como de fondo, la modificación del puesto no tiene amparo legal por defecto de procedimiento y por injustificada en términos laborales.

Niega la demandante que se haya producido modificación sustancial alguna y que el cambio de puesto está dentro de la misma categoría y que obedece a la potestad de organización de la empresa, llegando a manifestar que se produjo en aras de proteger el derecho de defensa del actor en el proceso penal abierto, lo cual igualmente consta en la carta dirigida al actor . Bien pues respecto a dicha cuestión se concluye que el proceso penal, en el que no consta adoptada medida cautelar alguna de apartar al actor de la actividad de submarinos , no puede justificar "per se" un cambio de puesto . Cambio de puesto de trabajo , que de la prueba practicada, resulta a todas luces una modificación sustancial de condiciones de trabajo , siendo muy ilustrativo el testigo D. Victoriano , Presidente del Comité de empresa de NAVANTIA al afirmar textualmente que " en su opinión el actor se ha visto degradado con el cambio de puesto.".Además de lo anterior es muy relevante que según la propia demandada informó a la Plaza nº4 de la Sección de Instrucción de este Tribunal de Instancia , la empresa no ha incoado respecto al actor ningún expediente disciplinario relacionado con los hechos objeto de denuncia , por lo que no se ve justificado el cambio de puesto operado por la empresa , no pudiendo ser el trabajador perjudicado en aras de una supuesta "protección de su derecho a la defensa" , que es un derecho constitucional para toda persona investigada.

Por todo ello la modificación de puesto realizada por la empresa al trabajador, sin notificación preceptiva a los representantes de los trabajadores es evidentemente una modificación sustancial y, ha de declararse injustificada.

TERCERO.- Considera el actor que la decisión adoptada por la empresa supone una clara vulneración de los derechos fundamentales, en concreto denuncia la vulneración del art. 14 de la CE en cuanto al principio de igualdad y prohibición de discriminación alegando que constan investigados en las diligencias previas además del actor otros 9 trabajadores de Navantia. Sin embargo, el único que ha recibido un cambio de puesto forzoso, que suponga la salida del negocio de submarinos es el actor. El resto, bien continúan en sus puestos (muchos de ellos incluso de mayor responsabilidad que el desarrollado por el Sr. Roque) , bien han cambiado de puesto sin necesidad de salir del Negocio de Submarinos. Igualmente considera el actor vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, ex. Art. 24 C.E, pues el hecho de que la empresa proceda de esta forma, tras varios años desde el conocimiento de los hechos que pudiesen ser motivadores, sin explicación razonada, y tras haberse producido ya un cambio de puesto anterior, pretende únicamente "salvar los muebles" por parte de los responsables de la empresa, que ven como día a día se incrementa el número de investigados en la causa penal y que se está cuestionando su actuación por parte del magistrado instructor.

Como se razona en la STS de 12 de abril de 2013, rec. 2327/2012: "...Tratándose de tutelar derechos fundamentales, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el art. 179.2 LPL («una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación..., corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas»).

Sentado lo anterior, no se aprecia indicios de vulneración del derecho fundamental a la igualdad del art. 14 de la Constitución y, ello porque el actor no ha probado el indicio de que la medida de modificar el puesto de trabajo del actor no haya igualmente sido aplicada a los otros investigados en la causa penal, por lo que no se considera probado el indicio de la vulneración de dicho derecho fundamental.

De otra parte y en cuanto a la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, se evidencian aquí los indicios de que el actor ha visto modificado su puesto de trabajo por razón de la existencia de un procedimiento penal en el que presuntamente estaría implicado , sin que conste expediente disciplinario abierto por parte de la empresa , unido a que no consta medida cautelar en el seno de las diligencias previas , por lo que la decisión empresarial vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva e incluso el principio general de presunción de inocencia reconocidos ambos constitucionalmente en el artículo 24 de nuestra Carta Magna. Frente a dichos indicios que son coincidentes en el ámbito temporal, que determina una presunción de reacción al proceso penal en curso, la empresa no ha justificado, como ha quedado arriba indicado, la necesidad del cambio de las condiciones labores que el actor venia pacíficamente disfrutando, por lo que la demanda debe estimarse también en el aspecto de la vulneración del derecho fundamental reclamada por lo que la modificación se considerará nula a todos los efectos.

CUARTO.-El actor pide una indemnización por la vulneración de derechos fundamentales, en la cantidad de quince mil euros que será estimada, ya que se sitúa dentro de los parámetros que dentro del usus fori se viene estableciendo, sin que en ningún caso se considere desmesurada. La Sala IV del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre la reparación de los daños morales. Por su proximidad en el tiempo y claridad expositiva merece destacarse la reciente STS 5/2024, de 8 de enero (rcud. 2537/2021) ( ROJ: STS 58/2024 - ECLI:ES:TS:2024:58 ) en la que se razona lo siguiente: "Al efecto hemos afirmado que los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración del derecho fundamental, y al ser especialmente difícil su estimación detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la determinación de la indemnización. Reiterando esa doctrina, la indemnización de daños morales abre la vía a la posibilidad de que sea el órgano judicial el que establezca prudencialmente su cuantía, sin que pueda exigirse al reclamante la aportación de bases más exactas y precisas para su concreción, en tanto que en esta materia se produce la "inexistencia de parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en que tal daño [moral] esencialmente consiste ... [lo que] lleva, por una parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración ... y, por otra parte, "diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio" de la aplicación de parámetros objetivos, pues "los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados "no tienen directa o secuencialmente una traducción económica" [ SSTS/Iª 27/07/06 Ar. 6548; y SSTS/4ª 28/02/08 -rec. 110/01 -]" ( SSTS 21/09/09 -rcud 2738/08 -; y 11/06/12 -rcud 3336/11 )", de tal forma que "en atención a la nueva regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS se considera que la exigible identificación de "circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada" ha de excepcionarse en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada".

Es también aceptada como aplicación orientativa la LISOS que ha sido correctamente aplicada por la parte actora, en un grado mínimo, muy ligeramente aumentado hasta los 15.000 € que es adecuado a razón de que la indemnización debe tener también un efecto disuasorio, por lo que debe tenerse en cuenta que estamos ante una empresa de gran tamaño y no puede limitarse a un mínimo establecido, como a cualquier otro autónomo o pequeño empresario, pues de lo contrario se perdería dicho efecto disuasorio. Igualmente se ha de tener en cuenta la categoría y responsabilidad del actor dentro del organigrama de la empresa, lo que supone un impacto en su vida personal y profesional quien ha sufrido un perjuicio profesional y reputacional, como se desprende de la propia declaración en calidad de testigo del Presidente del Comité de empresa , unido al correlativo daño moral al trabajador quien se ha visto degradado al ser apartado del lugar de trabajo donde se encuentran el resto de sus compañeros.

QUINTO.-Contra la presente resolución cabe interponer recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social del TSJ de la Región de Murcia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo