Sentencia Social 91/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Cartagena, Rec. 667/2025 de 20 de abril del 2026

PRIMERO.- En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2) del art. 97 de la LRJS, debe hacerse constar que, los anteriores hechos probados lo están en función de apreciación en conciencia de la prueba practicada en autos, atendida especialmente a la documental, y no siendo los hechos controvertidos, al reconocerlos plenamente el demandado.

SEGUNDO.- Los hechos relatados son constitutivos de una vulneración grave a la dignidad e integridad moral de la trabajadora protegido , como derecho fundamental por el art. 15 de la Constitución . Si bien surgieron dudas en cuanto a la jurisdicción de esta Plaza judicial , finalmente se admitió la demanda considerando competente la jurisdicción social , pues como informó el Ministerio Fiscal, la vulneración del derecho fundamental alegada tiene conexión directa con la relación laboral que ha existido entre las partes. Dicho extremo además de derivarse de la documental se desprende de las propias manifestaciones del demandado , quien reconoce los hechos , y afirma que puso dicha expresión por considerar que la actora lo había engañado con el tema del despido , que se siente estafado y que "pondría dicha expresión una y cien veces".

Bien pues los hechos declarados probados suponen una vulneración del derecho a la dignidad de la trabajadora y ello aunque se produjera el insulto tras finalizar la relación laboral, pues el mismo viene íntimamente ligado a la relación laboral y al despido en sí , siendo sorprendente que el actor afirme que se sintió estafado cuando se llegó a un acuerdo entre las partes, y no es aceptable ningún comportamiento que busque menoscabar la integridad o dignidad de un trabajador precisamente por haber ejercitado sus derechos , en este caso a accionar por despido.

TERCERO.- En cuanto a la indemnización, está deberá ser acorde al derecho fundamental vulnerado y al daño causado. Es cierto que cuando de daño moral se trata son difícilmente cuantificables los daños producidos. Por otro lado la jurisprudencia ha tomado como referencia válida la LISOS, estando considerado como infracciones muy graves, en el art. 8 , apartado 11 " Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores.".Ahora bien dicha infracción hay que considerarla muy grave, pero merecedora de la sanción prevenida en el art. 40 C. de la LISOS en el mínimo de la horquilla de su grado mínimo , ya que si bien se produce en el marco de la relación laboral, ocurre cuando la misma ya ha sido extinguida por el despido que fue considerado por ambas partes como improcedente . De otra parte consta acreditado que la actora sufrió a consecuencia de ello un estado de ansiedad por los que preciso dos asistencias médicas , una en fecha 6.06.2025 y otra el día ocho del mismo mes y año . Por ello la indemnización debe ser acorde con la gravedad de la lesión y debe además tener un carácter disuasorio art. 183.3 de la LRJS. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctimay restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.

Vistas las circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado, ocurridos los hechos a la finalización de la relación laboral lo que conlleva la debilitación de servir de elemento disuasorio para impedir futuras vulneraciones , al no existir ya relación laboral vigente, y las consecuencias sufridas por la actora, se entiende que la indemnización adecuada debe ser la mínima que se pone en el usus fori,es decir la suma de 7.501 euros según el art 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Dicha cantidad podría así compensar la distorsión producida en el derecho a la dignidad de la trabajadora, y el daño sufrido .

Entiende la que suscribe que es más acorde a los hechos la indemnización en dicho grado mínimo y no la de 15.000 euros solicitada por la parte actora.

CUARTO.-Contra la presente resolución cabe interponer recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191, 3 apartado f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la sentencia art. 303, 1 de la LRJS.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo