Sentencia Social 268/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Ciudad Real, Rec. 335/2025 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.-Con carácter previo se ha de destacar que la relación de hechos probados se infiere de la prueba obrante en la causa, toda ella valorada conforme a las reglas de la sana crítica de conformidad con el artículo 97.2 LRJS que dispone que "La sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión, en particular cuando no recoja entre los mismos las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso respaldados por presunción legal de certeza. Por último, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo".

SEGUNDO.-La parte demandante solicita la revocación de la resolución de fecha 06/02/2025 por la que se le impone sanción de 10.001 euros, alegando, en síntesis, la falta de tipicidad y de culpabilidad de su conducta, al desconocer que el trabajador carecía de autorización para trabajar en España, habiendo procedido a su alta en Seguridad Social y habiendo confiado la tramitación administrativa a una gestoría.

Por su parte, la Administración demandada interesa la confirmación de la resolución impugnada, sosteniendo la concurrencia de la infracción tipificada en la normativa de extranjería, la presunción de certeza del acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la inexistencia de exoneración de responsabilidad por la intervención de una gestoría.

TERCERO.-En primer lugar, debemos partir de la presunción de certeza del acta de infracción confeccionada por la Inspección de Trabajo, respecto del acta de infracción, debe recordarse que su valor y fuerza probatoria se refiere a los hechos que, por su objetividad, son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por otros medios de prueba consignados en la propia acta, es decir a las circunstancias del caso y a los datos que han servido para su elaboración, no a las apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas, y constituyen en definitiva una presunción iuris tantum, que desplaza a quien perjudica la carga de probar que aquéllos no se ajustan a la realidad de los hechos.

Así lo establece el art. 23 de la Ley 23/2015, Ordenadora de sistema de inspección de trabajo y seguridad social: "Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables. No se verá afectada la presunción de certeza a que se refieren los párrafos anteriores por la sustitución del funcionario o funcionarios durante el periodo de la actuación inspectora, si bien se deberá comunicar en tiempo y forma a los interesados dicha sustitución antes de la finalización de aquella, en los términos que se establezcan reglamentariamente".

Por otro lado, el art. 53 LISOS recoge: "1. Las actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reflejarán:

a) Los hechos constatados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social o Subinspector de Empleo y Seguridad Social actuante, que motivaron el acta, destacando los relevantes a efectos de la determinación y tipificación de la infracción y de la graduación de la sanción.

En el caso de actas extendidas en el marco de actuaciones administrativas automatizadas, los hechos constitutivos de la infracción cometida».

b) La infracción que se impute, con expresión del precepto vulnerado.

c) La calificación de la infracción, en su caso la graduación de la sanción, la propuesta de sanción y su cuantificación.

d) En los supuestos en que exista posible responsable solidario, se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal.

2. Los hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los supuestos concretos a que se refiere la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consecuentes a comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables".

Por tanto, para combatir la presunción de certeza resulta necesario que la parte que la impugna proponga prueba que permita enervar dicha presunción.

No se ha practica prueba en tal sentido por lo que el acta cobra plena virtualidad.

CUARTO.-El principio de legalidad establece la necesidad de que una conducta sea sancionada siempre y cuando está sea previamente tipificada.

Pues bien, en el presente caso, el art. 54 d) LO 4/2000. Establece que es infracción muy grave: "La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito".

Ello entronca con lo previsto en el art. 36 del referido texto legal, conforme al cual "los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente".Por tanto, de acuerdo con el apartado 4 del precepto indicado: "Para la contratación de un extranjero, el empleador deberá solicitar la autorización a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, que en todo caso deberá acompañarse del contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización".

De los hechos probados resulta acreditado que el trabajador carecía de autorización administrativa en las fechas en que prestó servicios, habiendo sido contratado por la empresa demandante en tales condiciones, por lo que concurre el tipo infractor.

Alega la parte demandante que desconocía tal circunstancia, habiendo actuado con la diligencia debida al dar de alta al trabajador en la Tesorería General de la Seguridad Social y encomendar los trámites a una gestoría.

Pues bien, el precepto aplicado exige al empleador que lleve a cabo una diligencia mínima consistente en solicitar la comprobación de la autorización administrativa de su futuro empleado, simple y sencilla, y con carácter previo a la contratación.

En el caso enjuiciado, consta que la gestoría se basó exclusivamente en una imagen fotográfica de un documento caducado, sin verificar su vigencia ni recabar documentación actualizada, y que la empresa no ejerció control alguno sobre dicha actuación. Dicho extremo se deduce del interrogatorio del testigo en el plenario, quien así lo afirmó, sin ambigüedades.

Ello evidencia una actuación, cuando menos, negligente en el cumplimiento de las obligaciones legales, sin que pueda trasladarse la responsabilidad a la gestoría, cuya eventual responsabilidad habrá de ventilarse, en su caso, en el ámbito correspondiente.

La intervención de una gestoría no exonera al empresario de su deber de control, pues lo contrario supondría vaciar de contenido las obligaciones que le impone la normativa de extranjería.

Por tanto, no se exige una conducta dolosa consistente en la contratación a sabiendas de la carencia de autorización administrativa, sino que se encuentra cercana al dolo eventual, y en todo caso, a la imprudencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones por parte del empresario, obligaciones de fácil comprensión, máxime cuando la documentación tenida en cuenta fue un permiso temporal, cuya vigencia había finalizado en diciembre de 2020, y la contratación se efectuó en octubre de 2023.

Por último, señalar que la sanción cumple con el principio de proporcionalidad. Conforme al art. 55.1 y 3: "c) Las infracciones muy graves con multa desde 10.001 hasta 100.000 euros, excepto la prevista en el artículo 54.2.b), que lo será con una multa de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado o con un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros transportados. La prevista en el artículo 54.2.a) en relación con el artículo 66.1 lo será con una multa de 10.001 hasta 100.000 euros por cada viaje realizado sin haber comunicado los datos de las personas transportadas o habiéndolos comunicado incorrectamente, con independencia de que la Autoridad gubernativa pueda adoptar la inmovilización, incautación y decomiso del medio de transporte, o la suspensión provisional o retirada de la autorización de explotación.

(...) 3. Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia".

En este caso se ha impuesto en su grado mínimo.

Tampoco puede acogerse la alegación relativa a la aplicación de un tipo infractor distinto ni la pretendida sanción al trabajador.

El tipo aplicado es el específicamente previsto para la conducta empresarial de contratación de trabajadores extranjeros sin autorización, sin que resulte aplicable el previsto para los propios trabajadores.

Por tanto, la sanción es acorde con la norma que la regula y proporcional a la conducta y la responsabilidad.

En consecuencia, la sanción debe ser confirmada y la demanda ha de ser desestimada.

QUINTO.-La materia objeto de esta litis no es susceptible de recurso de suplicación conforme a lo preceptuado en el art. 191.3 g) LRJS, dada la cuantía inferior a 18000 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,