Sentencia Social 159/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Gijón, Rec. 13/2026 de 21 de abril del 2026

PRIMERO.-Entiende la demandante que ha sido objeto de una modificación sustancial de sus condiciones laborales tras la entrega del plan de trabajo a la trabajadora en el que se recogen las tareas a desarrollar con los tiempos de su realización. La empresa lo niega considerando que se trata de una decisión empresarial que no modifica las tareas que desempeña la trabajadora.

Tal como recoge la sentencia del País Vasco de 25 de febrero de 2.014 "el poder de dirección del empresario, plasmación legal de la libertad de empresa que el artículo 38 de la Constitución garantiza, tiene su reflejo en el artículo 5 del Estatuto de los trabajadores, en cuyo apartado c) impone al trabajador el deber de cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. De otro lado, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores dispone que el trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en que éste delegue y que en el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquél en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres.

En cualquier caso, trabajador y empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe. En el ámbito funcional, el poder de dirección del empresario encuentra su plasmación en el artículo 39.1 del Estatuto de los Trabajadores que dispone que la movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional. A falta de definición de grupos profesionales, la movilidad funcional podrá efectuarse entre categorías profesionales equivalentes. Es lo que se conoce como "iusvariandi", consistente en la facultad empresarial de especificar la prestación debida por el trabajador, dentro del grupo profesional y entre categorías equivalentes, no necesitada, en principio, de ningún tipo de justificación causal ni sujeta a límite temporal, lo que no impide que tal facultad sea modalizada por convenio colectivo (vid. STSJ Cataluña 30/11/2007 ) o bien por contrato de trabajo. Este ius variandise ve limitado por la imposibilidad de adoptarse decisiones arbitrarias y por la buena fe contractual, que ha de inspirar la relación laboral, por lo que no se trata de un poder omnímodo o no sujeto a control alguno ( STS 19 diciembre 2002 , STS 27 noviembre 1989 )".

SEGUNDO.-Pues bien, en el caso de autos, el examen de la prueba documental y testifical practicada, puesta en relación con la doctrina antes transcrita, permite concluir que no nos encontramos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo sino ante una decisión empresarial justificada y razonable amparada en la facultad empresarial de organización, que pretende mejorar y optimizar los recursos de la empresa mejorando su eficiencia. Así, la parte actora no cuestiona las funciones asignadas en el plan de trabajo, que estima son las propias de su puesto y categoría profesional. Tampoco varía su horario de trabajo ni turno, pues sigue prestando servicios mediante turnos de mañana y tarde como personal de office en el mimo centro de trabajo, la residencia CPR Gloria.

La cuestión objeto de debate radica en que el en el plan de trabajo entregado consta que debe realizar tareas de limpieza tales como sacar basura, dejar cubos de basura limpios y los suelos repasados, despejar office y rematar limpieza menaje, dar apoyo a la cocina en limpiezas horno, suelos a fondo, mover mesetas,si bien, como hemos señalado, tales tareas se incardinan en las funciones propias de su puesto de asistente de colectividades, concretamente cuando se dice en el art. 17 c) del convenio, el desarrollo de las tareas de limpieza de útiles, maquinaria, menaje y zona de trabajo, (...) preparar las áreas de trabajo para el servicio, (...) realizar labores de limpieza en los útiles, maquinaria y menaje del comedor y cocina y de sus zonas de trabajo.

Alega la actora que con el nuevo plan de trabajo se produce una acumulación de tareas que antes no tenía que hacer, porque, parece deducirse, (aunque no se aporta prueba alguna al respecto), en la distribución de tareas anteriores al nuevo plan, existían turnos específicos de trabajadores que realizaban los servicios de limpieza. La empresa, ante quejas por desorganización del servicio, encomienda a Esperanza la reorganización de las tareas, estableciendo unos tiempos para cada una de ellas, que debe destacarse, son meramente orientativos y cuyo incumplimiento no lleva aparejado ningún tipo de sanción. Esta decisión organizativa y productiva no puede considerarse arbitraria, pues obedece al legítimo interés de la empresa en optimizar sus recursos y se estima motivo suficiente para justificar la decisión empresarial adoptada, que insistimos, no modifica las tareas de la trabajadora, no añade nuevas funciones, no suprime turnos ni horarios, ni afecta a su retribución salarial. En definitiva, la actuación empresarial obedece a un motivo relevante y justificado, amparada en el poder de organización y dirección del empresario.

TERCERO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente sentencia no cabe recurso alguno.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,