Sentencia Social 195/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Oviedo, Rec. 137/2025 de 11 de mayo del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan de la valoración conjunta de la prueba practicada, consistente en documental y expediente administrativo, valorada conforme a las reglas de la sana crítica ( art. 97.2 de la LRJS), en relación con las alegaciones de las partes.

SEGUNDO.-Es objeto del presente procedimiento la impugnación por la actora de la resolución del Rector de la Universidad de Oviedo de fecha 20 de diciembre de 2024, y en su demanda solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada y cuantos actos sucesivos y siguientes traigan causa en la misma por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, condenando a la demandada a la retroacción de las actuaciones al momento en que se llevó a cabo la baremación de puntos, de modo que se realice correctamente la valoración de los méritos profesionales de la demandante otorgando la puntuación correspondiente, 100 puntos, todo ello en los términos que se han dejado señalados en la demanda, y con la consecuente revisión de la puntuación, y demás efectos que la nueva valoración deba producir en el procedimiento selectivo y en cuantos actos deriven del mismo.

Si bien dicha resolución adjudica a la demandante el puesto de trabajo con la categoría de Analista, Grupo I, con destino en el Área de Informática del Servicio de Informática y Comunicaciones, la actora se muestra disconforme con la puntuación otorgada, y en concreto impugna el cómputo realizado de los servicios prestados tanto como Analista (Grupo I) de junio de 2016 a noviembre de 2017, y como Programador (Grupo II) de diciembre de 2017 a diciembre de 2018 en proporción a la jornada realizada (75% por tratarse de contratos de relevo), señalando que nada se menciona al respecto en las bases de la convocatoria, que expresamente otorgan unos puntos determinados por mes, y así fue computado en convocatorias anteriores, otorgando puntuaciones por meses trabajados, con independencia de que la jornada fuera al 75% del contrato de relevo, por lo que se considera que se trata de una clara extralimitación por parte de la Comisión calificadora introducir criterios interpretativos "ex novo" en el momento de baremación, y por tanto la puntuación que debió obtener la demandante es de un total de 60 puntos por méritos profesionales (Apdo 1: 55,000022 y Apdo 2: 5,714292), que sumados a los 40 puntos de los méritos académicos, resultarían 100 puntos en total.

Las demandadas Universidad de Oviedo y Dª. Ascension se han opuesto a la demanda.

En el presente caso, se debe ratificar la resolución administrativa impugnada por las razones alegadas por la Universidad demandada. En efecto, de la hoja de servicios de la recurrente, obrante a la página 150 del expediente administrativo, se deduce que prestó servicios a tiempo parcial, el 75% de la jornada, desde el 27 de junio de 2016 al 26 de noviembre de 2017 en la categoría de Analista, y desde el 11 de diciembre de 2017 al 10 de diciembre de 2018 en la de Programador. Dicho servicios fueron valorados por la Comisión Calificadora en función del tiempo trabajado, y así en el folio 282 del expediente, se puede consultar el Acuerdo de 22 de marzo de 2023 mediante el que se da respuesta a las alegaciones de la recurrente indicando que "esta Comisión considera que la valoración de la experiencia profesional de los aspirantes a la plaza convocada, ha de ser realizada conforme al tiempo efectiva y realmente trabajado por los mismos".

La convocatoria, folio 58 del expediente administrativo, ampara la ponderación de la puntuación en caso de jornada parcial, pues en el baremo de méritos profesionales se utiliza el término "servicios prestados" y no antigüedad. La actuación del Tribunal, por lo tanto, se ajusta a la convocatoria, actúa dentro del ámbito de su discrecionalidad técnica, así, la base 7.5 establece que la Comisión Calificadora "resolverá todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como lo que se deba decidir en los casos no previstos".

En este sentido, se aportan por la demandada, a título de ejemplo las sentencias 704/2005, de 20 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía 1053/211, de 25 de abril o de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia 626/2024, de 20 de septiembre, que avalan el mismo criterio de valoración que se ha seguido por la Universidad de Oviedo en el presente caso, y así en la referida sentencia del TSJ de Andalucía se considera correcto el criterio de la comisión de selección de que la experiencia que se obtiene ocupando un puesto de trabajo a tiempo parcial es menor que la obtenida trabajando a tiempo completo, y en la del TSJ de Cataluña se indica que "(...) no es razonable que se le puntuaran estos servicios sin ningún tipo de corrección, pues lógicamente ha de interpretarse que la puntuación de los servicios también ha de fijarse en relación a la dedicación, que es en definitiva la que determina la experiencia que intenta valorarse. La contratación a tiempo parcial significa prestación de servicios y es valuable, pero no parece lógico asignar la valoración prevista para el mes trabajado en este caso, donde sólo realiza una jornada de cinco horas en un día a la semana, de lo cual resulta evidente que debió emplearse un criterio corrector a fin de valorar el desempeño de este trabajo", mientras que en la del TSJ de Galicia se razona que "(...) La experiencia adquirida no es igual según se trabaje más o menos horas, y que aunque la vinculación laboral de la demandante con la Administración en un determinado periodo temporal dure lo mismo que la del trabajador que presta servicios a jornada completa, la experiencia adquirida, computándola cuantitativamente en horas de servicio es superior en quien presta más horas, esto es quien trabaja a tiempo completo frente a quien lo hace en jornada parcial, como la demandante (...) Lo contrario, igualar todas las prestaciones de servicios con independencia de su duración sí implicaría una indeseada vulneración del principio de igualdad".

Por tanto, en última instancia las disquisiciones técnicas deben ser resultas por el órgano examinador que se erige en experto y decisor, sin perjuicio de ulterior revisión jurisdiccional, de acuerdo con la normativa rectora del proceso selectivo, no impugnada en tal punto, y la doctrina jurisprudencial reiterada, de la que se puede citar por todas la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias nº 679/2014, de 28 de junio de 2014, en que se razona lo siguiente:

"(...) En relación a la discrecionalidad técnica de los Órganos encargados de la valoración de las pruebas selectivas, así como de la facultad de revisar dicha discrecionalidad por parte de los Tribunales de Justicia e incluso de la validez de la prueba pericial para acreditar que se ha incidido en error en dicha valoración, tenemos que partir de la doctrina plenamente consolidada por la Jurisprudencia del hecho de admitir que aunque los tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo son competentes para enjuiciar la legalidad de la actuación administrativa de los órganos encargados de efectuar las valoraciones en las que participa la discrecionalidad técnica, sin embargo no pueden sustituir a dichos órganos en consideraciones no jurídicas, sino técnicas, en función de la especialización e imparcialidad de los órganos calificadores designados al efecto, no pudiendo por ello, ni la propia Administración, ni los Tribunales de Justicia examinar el fondo de la valoración efectuada por las Comisiones o Tribunales de Selección o Valoración en aquellas cuestiones que están amparadas en la discrecionalidad técnica de los miembros que deben evaluarlos.

Se parte de la regularidad e imparcialidad de la actuación administrativa, cuya realidad solo se puede destruir, cuando sin necesidad de acudir a complejos razonamientos y sin requerir la asistencia de conocimientos especiales de carácter técnico, resulta patente, bien el error o la equivocación en la valoración, o bien la arbitrariedad por apartarse de forma manifiesta de las bases de la convocatoria o del baremo de méritos que se contiene en las mismas.

La doctrina de la discrecionalidad técnica ha sido matizada en el sentido de que no puede entenderse como un impedimento al control de los tribunales calificadores, en cuanto que supondría ir contra el principio de tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24.1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) y de sujeción de todos los actos administrativos al control judicial, recogido en el artículo 106.1 de la propia Constitución en el sentido de que los Tribunales al ejercer el control judicial no pueden sustituir un criterio técnico, al ejercer un control jurídico, a través de la prueba practicada, documental y pericial que obre en el expediente o se realice en el proceso y que lleve al convencimiento del Juzgador que no actuó con evidente error o con desviación de poder, arbitrariedad o ausencia de toda justificación que ponga de manifiesto que no se respetaron los principios de capacidad y mérito para acceder a la función pública en condiciones de igualdad.

Siguiendo la anterior doctrina esta Sala ya se ha pronunciado en supuestos análogos en el sentido de afirmar que corresponde a los Tribunales o Comisiones de Evaluación resolver la convocatoria en función de las Bases que la rigen y la discrecionalidad propia de los técnicos que las integran en base a la cual han sido elegidos para integrarla, sin sujeción a revisión en vía administrativa o jurisdiccional en aquellas cuestiones a decidir en atención a los conocimientos técnicos, pues ello supondría tanto como suplantar el ejercicio de una competencia que tienen atribuida dichas Comisiones de Evaluación. Esta limitación que no tiene carácter absoluto, dado que no alcanza a aquellas cuestiones que por su naturaleza objetiva se hallan al margen de los conocimientos técnicos que se examinan o incidan en arbitrariedad, desviación de poder, causan indefensión, suponga una apreciación equivocada de los hechos o infrinjan las reglas que rigen la convocatoria, en base todo ello, a la presumible imparcialidad de los componentes de dichas Comisiones, la especialización de sus conocimientos así como en su intervención directa de las pruebas realizadas por todos los aspirantes, sin que los Tribunales de Justicia puedan convertirse, ni por sus propios conocimientos, ni por los que pueda aportar una prueba pericial especializada, en segundos tribunales calificadores que revisen el proceso de selección, sustituyendo con su propio criterio o por el aportado por la pericial practicada, el resultado que, en virtud de la referida discrecionalidad técnica, corresponde a los órganos que deben de decidir el proceso selectivo(...)".

TERCERO.-Por otra parte, como también ha señalado la Universidad demandada, en cuanto al presente proceso selectivo, la ahora demandante Dª. Montserrat impugnó la adjudicación inicial de la plaza a Dª. Ascension, hoy codemandada, y en la demanda entonces interpuesta alegaba también, entre otros argumentos, que sus servicios a tiempo parcial deberían puntuarse como los prestados a tiempo completo.

La demanda fue desestimada en primera instancia por la sentencia 148/2024, de fecha 27 de marzo de 2024, del Juzgado de lo Social nº 5 de Oviedo (doc 23 del expediente), y si bien dicha sentencia fue revocada por la sentencia 1653/2024, de fecha 15 de octubre de 2024, de la Sala de lo Social del TSJ de Asturias, documento 24 del expediente, ello lo fue en el único sentido de declarar la nulidad de la modificación del baremo de la convocatoria que se había realizado mediante la corrección de errores y ordenar la retroacción de las actuaciones a fin de que los méritos de los participantes se valoren conforme a la resolución inicial de 23-11-2022, otorgando la comisión de calificación la puntuación resultante de dichas bases, "con desestimación del recurso en lo restante". Por lo tanto, el TSJ de Asturias no entra a valorar el criterio de la referida sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Oviedo, respecto de los servicios prestados por la demandante a tiempo parcial, y que fue el siguiente, según se recoge en el fundamento jurídico quinto:

"(...) Como se ha recogido anteriormente la Ley 20/21 de 28 de diciembre indica que en el proceso de selección de concurso se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente, y en el baremo de criterios profesionales se utiliza el término de "servicios prestados" y no "antigüedad" lo que parece amparar la ponderación de la puntuación en caso de jornada a tiempo parcial, de no ser así se podría producir una discriminación a la hora de comparar entre trabajadores que han prestado sus servicios a jornada completa en relación con aquellos que han realizado su prestación de servicios a tiempo parcial cuando lo que se está valorando es la experiencia profesional y con dedicación y con ello el tiempo efectivo de trabajo. La valoración de los servicios prestados como tiempo efectivo de trabajo no implica discriminación alguna de los trabajadores a tiempo parcial cuando lo que se pretende en un concurso es la valoración de la experiencia profesional siendo relevante en el proceso de selección el tiempo efectivo de trabajo. Como se indica por la defensa de la codemandada en este sentido se ha manifestado la Vicegerencia de Recursos Humanos de la Universidad de Oviedo al manifestar a la Mesa de Negociación la imposibilidad de aplicar un 100% al no existir una base jurídica para ello, este fue el criterio seguido por la Comisión Calificadora lo que resulta ajustado a derecho, sin que proceda hacer comparaciones con los procesos de selección seguidos en anteriores ocasiones cada uno de ellos regidos por sus bases de convocatorias que no resultan extrapolables al presente. En todo caso y como se indica en la sentencia 1053/2011 de 25 de abril de TSJ de Andalucía la valoración de dichos servicios es cuestión que se enmarca en el ámbito de la discrecionalidad técnica del tribunal calificador, apreciación por el Tribunal que comporta su facultad de decidir al respecto".

Como señala la Universidad demandada, tanto la resolución del Rector de 22-12-2022 que modificaba el baremo de la convocatoria, declarada nula, como el baremo de la convocatoria inicial que se ha aplicado por mandato del TSJ de Asturias utilizan los mismos términos "servicios prestados" y "puntos por mes", por lo que resulta aplicable el criterio contendido en la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Oviedo sobre este mismo asunto, que valida la decisión de la comisión de selección de ponderar los servicios a tiempo parcial, debiendo tenerse en cuenta, además, razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley.

En función de lo expuesto, procede la desestimación íntegra de la demanda, y la ratificación de la resolución administrativa impugnada. Lo anterior, sin que se estime la excepción de falta de legitimación activa alegada por la codemandada Sra. Ascension, ya que como se dijo, si bien en la resolución impugnada se le adjudica el puesto de trabajo a la demandante, la misma está disconforme con la puntuación otorgada, en los términos antes señalados, por lo que sí tiene un interés legítimo al respecto.

CUARTO.-Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación, ya que conforme a lo previsto en el artículo 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social procederá en todo caso la suplicación "contra las sentencias dictadas en procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral no comprendidos en los apartados anteriores, cuando no sean susceptibles de valoración económica o cuando la cuantía litigiosa exceda de dieciocho mil euros", siendo que en este caso se trata de impugnación de un acto administrativo que no es susceptible de valoración económica.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,