Sentencia Social 105/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Santiago de Compostela, Rec. 281/2025 de 17 de abril del 2026

PRIMERO.- En el escrito rector del presente procedimiento se solicita que se declare que nula la resolución dictada por la administración autonómica demandada en la medida que no existe intencionalidad de ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. a la hora de cumplir con la obligación de actualizar los salarios de los trabajadores de conformidad con lo dispuesto en el CONVENIO COLECTIVO. El incremento del IPC en los años 2022 y 2023 supuso que todas las empleadoras del sector reclamasen a las distintas entidades públicas que procediesen a la actualización del precio público de los contratos suscritos, negándose el CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA a actualizar los precios, actualizando el precio finalmente la entidad local a finales de 2023.

En segundo lugar, alega la incorrecta tipificación de la infracción cometida, entendiendo la demandada que los hechos deben ser tipificados como infracción grave del artículo 7.10 de a TRILISOS.

Frente a la demanda se opone la entidad demandada solicitando la ratificación de la resolución administrativa impugnada por los siguientes motivos:

La demandante no niega la veracidad de los hechos constados por la INSPECCIÓN DE TRABAJO, si no que impugna la resolución administrativa alegando la ausencia de culpabilidad, el error en la tipificación de la infracción cometida y la desproporción en la sanción impuesta.

Lo cierto es que resulta constatado que la ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. no procedió en los año 2022 y 2023 a actualizar los salarios de los auxiliares de ayuda a domicilio a su servicios que prestaban servicios en el CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio Colectivo debería de incrementarse todos los conceptos salariales de conformidad con el incremento experimentado por el IPC en el año anterior, solo actualizó el salario base y la antigüedad un 3,1%. Estos hechos constituyen un incumplimiento lo dispuesto en el artículo 4.2 f) y 29.1 del ET.

No se acepta la alegación relativa a la inexistencia de culpabilidad de la empresa, puesto que la existencia de negociaciones para la firma de un nuevo convenio no permite a las empresas del sector ignorar la fuerza vinculante del convenio colectivo denunciado ( artículo 86.3 del ET) y desconocer lo dispuesto en el artículo 7 de Convenio colectivo aplicable.

Lo cierto es que la entidad demandante dejó de actualizar los salarios únicamente de los trabajadores que prestaban servicios en para el CONCELLO DE VILAGARCÍA DE ARUOSA.

La protección del derecho laboral a la remuneración debida no puede estar condicionada a la actualización de precios del contrato de servicios entre la actora y el CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA.

No se prueba ni se alega que la empresa estuviese en una situación de crisis económica que le impidiese el abono de los salarios, en el acta de infracción resulta que la cifra de negocios de la entidad demandada es de 61.196.737 euros, y las cuentas anuales reflejan un resultado positivo tanto en el año 2022 como en el año 2023.

La tipificación de la infracción cometida por la entidad demandante es correcta de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de la TRLISOS, no resultado de aplicación el artículo 7.10 pretendido por la actora. No se trata de un mero impago sino de una conducta continuada (desde enero de 2022 hasta septiembre de 2023); lo que evidencia la persistencia en el tiempo y la gravedad de la conducta. No puede olvidarse que la conducta de la entidad demandada afectó a un total de 89 trabajadores en el año 2022 y 76 en el año 2023.

No se cuestionan en ningún caso las circunstancias agravantes tenidas en cuenta a la hora de cuantificar el importe de la sanción: cifra de negocios y la negligencia o intencionalidad del infractor.

Subsidiariamente, para el caso de que se estime la demanda y se entienda que los hechos cometidos por la actora deben ser calificados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.10 de la TRLISOS se solicita que se imponga una sanción por importe de 7500 euros atendiendo a la intencionalidad y negligencia de la actora y a la cifra de negocios.

SEGUDO. -La declaración de hechos probados resulta de la valoración conjunta de la prueba, atendiendo fundamentalmente al expediente administrativo.

TERCERO.-La entidad demandada no niega que no haya procedido a la correcta actualización de los salarios de los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio del CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del CONVENIO COLECTIVO DE AYUDA A DOMICILIO DE GALICIA durante los años 2022 y 2023; la actora lo que pretende en su demandada es acreditar la ausencia de culpabilidad en la no actualización de los salarios atribuyendo dicha responsabilidad al CONCELLO DE VILAGARCÍA por no haber procedido a la actualización del precio del contrato a la vista del incremento del IPC experimentado en los años 2022 y 2023.

El artículo 4 f) del ET establece el derecho del trabajador a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.

El artículo 26 del ET dispone que 1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.

Por último el artículo 29 del ET establece 1. La liquidación y el pago del salario se harán puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres. El periodo de tiempo a que se refiere el abono de las retribuciones periódicas y regulares no podrá exceder de un mes.

El artículo 7 del Convenio Colectivo de ayuda a domicilio de Galicia dispone que este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes firmantes, con un mes de antelación a su vencimiento.

Para que la denuncia tenga efecto tendrá que ser comunicada por escrito a la otra parte y ser registrada ante el SMAC.

Denunciado el convenio, y en tanto no se llegue a acuerdo sobre el nuevo, todos los conceptos económicos serán actualizados en una cuantía igual al IPC del año anterior, que se abonarán desde el primer mes del año.

De no ser denunciado o de no llegar a acuerdo en la negociación, se entenderá que el convenio se prorroga automáticamente; dicha prórroga será de año en año, incrementándose todos los conceptos económicos del mismo en una cuantía igual al IPC del año anterior, que será abonada desde el primer mes del año.

El artículo 3 del Convenio establece el ámbito temporal del mismo: entrará en vigor, a todos los efectos, el día 1 de enero del año 2009 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2011.

La entidad ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. se hizo cargo del contrato de AXUDA A DOMICILIO DEL CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA en el año 2019, esto es, en el momento en que comenzó la ejecución del contrato era conocedor de lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio Colectivo del Ayuda a Domicilio de Galicia; esto es, que ante la falta de negociación el convenio se prorrogaría automáticamente y todos los conceptos económicos fijados en el mismo se actualizarían de conformidad con el incremento del IPC del año anterior.

El IPC del año 2021 fue del 6,5% y en el año 2022 el incremento del IPC fue del 5,7%; de modo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio colectivo aplicable ARALIA SERVICIOS SANITARIOS S.A ante la falta de nuevo convenio colectivo debería de incrementar automáticamente los salarios de los trabajadores de conformidad con el incremento experimentado en los ejercicios anteriores (2021 y 2022). A pesar de ser conocedora de dicha obligación procedió a incrementar un 3,1% el salario base y la antigüedad; no actualizando otros conceptos salariales.

Es evidente que la entidad ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A incumplió con su obligación de actualizar el salario a los trabajadores a su servicio desde el 1 de enero de 2022 y, al menos, hasta septiembre de 2023.

No puede aceptarse la alegación formulada por la entidad demandante de que la única responsable en la no actualización de los salarios del personal de ayuda a domicilio a su servicio en el CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA es la entidad local puesto que el CONCELLO no es el empleador de los trabajadores de ayuda a domicilio y, por ende, no tiene la obligación de proceder a la actualización de los salarios según el incremento experimentado por el IPC; esta obligación corresponde únicamente a ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.

Los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio del CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA son ajenos al contrato administrativo celebrado entre su empleadora y el CONCELLO DE VILAGARCIA, de modo que no son ellos los que deben asumir las consecuencias de la no actualización del precio hora por la administración contratante.

La entidad ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A tenía la obligación de actualizar en el año 2022 y 2023 los salarios de sus trabajadores de conformidad con el incremento experimentado por el IPC en los ejercicios anteriores y no lo ha hecho; de modo que es la única responsable en la falta de actualización. Todo ellos, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar frente al CONCELLO DE VILAGARCÍA en el ámbito del contrato administrativo celebrado entre ambas partes.

CUARTO. -La entidad demandada sostiene que los hechos imputados en el acta de infracción de 8 de marzo de 2024 no pueden ser calificados como una falta muy grave del artículo 8.1, sino que deben ser calificados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.10 de la TRLISOS. Frente a dicha alegación se opone la entidad autonómica demandada, no obstante, para el caso de estimarse la demanda solicita que se le imponga la sanción en grado máximo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 y 40 de la TRLISOS atendiendo a la intencionalidad del infractor, la cifra de negocios y el número de trabajadores afectados.

El artículo 8.1 de la TRLISOS dispone que son faltas muy graves 1. El impago y los retrasos reiterados en el pago del salario debido.

Y el artículo 7.10. de TRLISOS establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores , salvo que proceda su calificación como muy graves, de acuerdo con el artículo siguiente.

Atendiendo a la regulación contenida en los artículos 8.1 y 7.10 del TRLISOS resulta que los hechos cometidos por la entidad ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A.: no actualización del salario desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2023 debe ser calificada como una infracción grave de las establecidas en el artículo 7.10 de la TRLISOS. No puede ser calificada como una infracción muy grave de las establecidas en el artículo 8.1. como sostiene la Inspección de Trabajo y la entidad demandada porque ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS sí ha abonado puntualmente el salario a sus trabajadores, pero en cuantía inferior a la establecida en el convenio colectivo aplicable. El artículo 8.1 de la TRLISOS hace referencia a la falta de pago o retraso en el abono del salario debido; pero esta no es la conducta cometida por la actora; la actora abonó el salario debido pero en cuantía inferior a la convencionalmente establecida.

El artículo 40 1. b) de la TRLISOS dispone que las infracciones graves en materia de relaciones laborales serán sancionadas con b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.

Procede imponer a la entidad demandada la sanción en su grado máximo, esto es 7500 euros, atendiendo al número de trabajadores afectados así con a la intencionalidad del infractor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del TRLISOS; en la medida puede deducirse que la empleadora ha optado por no actualizar los salarios como una medida de presión para obligar al CONCELLO a actualizar el precio del contrato administrativo.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación