Sentencia Social 188/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 3 de Vigo, Rec. 553/2025 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.-Los hechos que declarados probados resultan de la apreciación en conciencia de la prueba practicada en el acto del juicio, consistente en documental y las declaraciones practicadas. Así, Juan Manuel, miembro de la comunidad que se ocupaba de la administración de la comunidad religiosa al tiempo de la contratación de la demandante, explicó -apercibido de su obligación de decir verdad- que la jornada laboral de la demandante se amplió a completa durante el tiempo de la baja por incapacidad temporal de la compañera Vicenta, siendo que esta no llegó a incorporarse al comunicarle en el mes de junio de 2025 su situación de jubilación; de manera que tras la incorporación de la demandante de su propia baja por incapacidad temporal, en el mismo mes de junio, se le indicó que volvería a su jornada parcial anterior. Asimismo, tanto Vicenta como Inocencia, la nueva compañera contratada durante la baja de la demandante, corroboraron lo manifestado por el anterior en el sentido de que trabajaban voluntariamente durante los días festivos, percibiendo la gratificación correspondiente. En el caso de la demandante, las nóminas reflejan gratificaciones en los meses de febrero y marzo, que pasaron a ser de una cantidad fija de 500 euros entre abril y julio al asumir la demandante también las funciones de planchado. Por otra parte, consta que la demandante fue dada de alta el día 11 de junio, incorporándose al siguiente en jornada completa; el día 13 la enviaron a hacer el reconocimiento médico; el sábado 14 trabajó y el día 16 fue al médico -según indica en la demanda- y el 17 comenzó nueva baja médica por enfermedad común, hasta el día 1 de julio, fecha en la que se le comunicó que disfrutaría las vacaciones, más los días libres como compensación por las horas trabajadas "de más" tras su incorporación de la baja anterior.

Sobre esta base, en la demanda no se formula reclamación de cantidad alguna por cantidades adeudadas -indicándose que será objeto de otro procedimiento-, interesándose que se declare nula o subsidiariamente injustificada la medida en materia de jornada, horario y salario,entendiendo además que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la integridad física y moral, siendo discriminada por razón de edad y estado de salud; se solicita que se reponga a la trabajadora en las mismas condiciones que disfrutaba en su puesto de trabajo antes de haber cogido la baja por IT en octubre de 2024, con una jornada de 40 horas semanales y con la retribución salarial correspondiente.

Frente a ello, la demandada opone falta de acción, explicando que el aumento de jornada fue una mejora temporal que terminó en el momento establecido, esto es, la terminación de la baja por incapacidad temporal de la compañera.

SEGUNDO.-El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores establece que "La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c) Régimen de trabajo a turnos.

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e) Sistema de trabajo y rendimiento.

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley".

El Tribunal Supremo establece que "por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum" del art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del "ius variandi" empresarial. Ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la intensidad del sacrificio que se impone al trabajador haya de ser calificado como sustancial o accidental, lo que conlleva que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias concurrentes." Así, las STS de 5 y 27 de junio de 2007, en relación con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y los artículo s 1091 y 1105 del Código Civil disponen que "La resolución del asunto exige determinar si la conducta o práctica de empresa a que se refiere el trabajador constituye o no «condición más beneficiosa». Al efecto, de dicha condición más beneficiosa, es de señalar, lo que se pasa a exponer: 1) La STS de 24 de septiembre de 2005, recaída en Recurso de Casación núm. 119/03 afirma que: «No siempre es tarea sencilla determinar si esa situación jurídica se produce, pues es necesario analizar todos los factores y elementos para saber, en primer lugar, si existe la sucesión de actos o situaciones en la que se quiere basar el derecho; y en segundo lugar; si realmente es la voluntad de las partes en este caso de la empresa, el origen de tales situaciones.". Esta Sala ha afirmado al respecto, (STS 20 de mayo de 2002, recurso 1235/2001 , con cita de la sentencia de 11 de marzo de 1998 ( recurso 2616/97 ) que para que pueda sostenerse la existencia de una condición más beneficiosa es preciso que la misma se haya adquirido y disfrutado en virtud de la consolidación del beneficio que se reclama; por obra de una volunta d inequívoca de su concesión ( STS 21 de febrero de 1994, 31 de mayo de 1995 y 8 de julio de 1996 ), de modo que la ventaja que se concede se haya incorporado al nexo contractual "en virtud de un acto de voluntad constitutivo de una concesión o reconocimiento de un derecho" ( STS 21 de febrero de 1994, 31 de mayo de 1995 y 8 julio de 1996 ) y se pruebe, "la voluntad empresarial de atribuir a sus trabajadores una ventaja o un beneficio social que supera a los establecidos en las fuentes legales o convencionales de regulación de la relación contractual de trabajo" ( sentencia de 25 de enero de 1995, 31 de mayo y 8 de julio de 1996 ). Es la incorporación al nexo contractual de ese beneficio lo que impide su disposición por decisión unilateral del empresario y produce la consecuencia de intangibilidad unilateral de las condiciones más beneficiosas adquiridas y disfrutadas."

En el presente caso, no consta voluntad empresarial de ampliación de jornada sino que dicha ampliación se produjo con la finalidad de acomodar temporalmente el contenido de la prestación a las necesidades del servicio. Así, no existe modificación de jornada puesto que el anexo al contrato es claro al señalar un término para la prestación de servicios a jornada completa, sin que lo ocurrido los tres días posteriores a la incorporación de la demandante permita considerar que se trata de un derecho adquirido, atendiendo al sistema de compensaciones/gratificaciones -cuya corrección no es objeto de este procedimiento-, tanto por festivo como por trabajos extraordinarios, que siendo una práctica previa y habitual, tampoco sería suficiente para generar (y frustrar) las expectativas de la demandante de ver ampliada su jornada de forma permanente.

Por tanto, siendo la modificación de la jornada el núcleo esencial de las pretensiones de la demanda, y lo relativo al horario y al salario la consecuencia de lo anterior, se concluye que la decisión empresarial no quebranta los requisitos del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que esta pretensión debe de ser desestimada.

TERCERO.-En cuanto a la existencia de vulneración de derechos fundamentales, descartada la existencia de modificación sustancial, es llano que esta pretensión tampoco puede prosperar.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido (así, SSTC 166/1987, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 293/1994, 180/1994 y 85/1995). Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, indica la jurisprudencia constitucional "sobre la parte demandada recae la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria ( STC 114/1989)-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquella ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981, 104/1987, 114/1989, 21/1992, 85/1995 y 136/1996, así como también las SSTC 38/1986, 166/1988, 135/1990, 7/1993 y 17/1996). Esta versión constitucional es la que se ha establecido en el artículo 96 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En el caso, no se aporta indicio alguno, tanto en relación con el supuesto abuso a la demandante imponiéndole la realización del trabajo de tres personas, o en festivos, como con la contratación de la nueva compañera, cuya diferencia de edad con la demandante es intrascendente a los efectos pretendidos. Por tanto, atendiendo a que tampoco consta impugnación de la contingencia de la baja de la actora, emitida por enfermedad común, sin guardar relación con el trabajo, el motivo de nulidad también debe ser desestimado y con ello la demanda en su integridad.

CUARTO.-Según lo dispuesto por el artículo 191 de la LRJS, contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,