Sentencia Social 162/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 4 de Lugo, Rec. 262/2026 de 29 de abril del 2026

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio oral; en concreto y de conformidad con el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se ha tomado en consideración la documental presentada y la testifical practicada.

SEGUNDO.-El art 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dicho precepto regula el procedimiento a seguir tras la solicitud del trabajador, así como los elementos a valorar para su concesión.

En cuanto al procedimiento a seguir, el precepto exige que, ante la solicitud de la persona trabajadora, se abra un proceso de negociación entre empresa y trabajador (que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo). Finalizado el proceso de negociación, la empresa puede optar entre comunicar por escrito: la aceptación de la petición, plantear una propuesta alternativa o denegar lo solicitado, motivando las dos últimas opciones. Las discrepancias surgidas se resuelven por el procedimiento previsto en el art 139 de la LRJS ( procedimiento en el que nos encontramos).

El precepto también regula los requisitos exigidos para su concesión. En este sentido exige que las adaptaciones solicitadas sean "razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa"

El art 37. 8 del ET establece: Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género, de violencia sexual o de víctimas del terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. También tendrán derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas por la persona.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes legales de las personas trabajadoras, o conforme al acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras afectadas. En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a estas, siendo de aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de discrepancias.

TERCERO.-Tras valorar la prueba practicada considero que asiste la razón a la demandante, pues la trabajadora cumple no solo con los requisitos exigidos en el art 34.8 del ET ( Hijos menores de 12 años y padre dependiente) y en el art 37.8 del ET (víctima de violencia de genero), sino que además no se ha acreditado por la entidad demandada que concurran circunstancias objetivas que impidan la concesión de los solicitado, basando su oposición en una previsión futura (que la carga de trabajo se rebaje en el turno de mañana), existiendo puestos en el turno de mañana que podrían facilitarse a la trabajadora, tal y como manifestó el testigo don Carlos María. Por todo ello considero que debe estimarse la solicitud de la trabajadora.

CUARTO.-Solicita la demandante una indemnización, en concepto de daños morales de 2.500 euros.

En este supuesto la trabajadora no reclama una indemnización por daños materiales derivados de la denegación de la adaptación solicitada sino que reclama una indemnización, en concepto de daños morales.

Nuestro TSJ de Galicia en sentencia STSJ, Social sección 1 del 23 de enero de 2026 ( ROJ: STSJ GAL 307/2026 - ECLI:ES:TSJGAL:2026:307) recuerda: La jurisprudencia admite como criterio orientativo para la fijación de las indemnizaciones por daños morales los importes previstos en la LISOS, dado que el daño moral se pone de manifiesto a través de la mera acreditación de la lesión, de manera que si bien es exigible la identificación de circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización en cuanto a otro tipo de daños, como excepción, en el caso de los daños morales, cuando es difícil su estimación detallada, puede acudirse a las cuantías establecidas para las sanciones derivadas del incumplimiento empresarial.

En el presente supuesto la trabajadora cumplía con los requisitos para la concesión de lo solicitado no solo por vía del 34.8 sino también por vía del art 37.8 del ET por lo que considero que se ha acreditado una lesión al derecho de la trabajadora y por ello procede la indemnización solicitada en la cuantía de 2.500 euros.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.