Sentencia Social 222/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 4 de Toledo, Rec. 774/2025 de 06 de mayo del 2026

PRIMERO.-En cumplimiento de lo exigido en el apartado 2º del art. 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe hacerse constar que los anteriores hechos son el resultado de la crítica valoración de la prueba practicada.

SEGUNDO.-La parte actora reclama el derecho a que se le integre dentro del grupo C2, nivel 12 y que, en consecuencia, se le reconozca la homologación de los conceptos salariales percibidos por la actora desde el día 1 de septiembre de 2023 conforme al grupo C2, nivel 12 previsto en el Convenio colectivo de aplicación respecto a los conceptos salariales básicos y complementarios.

El Ayuntamiento demandado se opone a la demanda, alegando el defecto de modo de proponer la demanda al solicitar cantidades que no son determinadas y falta de acción al considerar que es necesario la previa aprobación de la relación de puesto de trabajo por el Pleno de conformidad con el artículo 22.2 i) de la Ley de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Dicho precepto, establece que "2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.".

En relación a las primeras de las cuestiones, como bien manifestó el Letrado de la parte actora, corresponde al propio Ayuntamiento fijar el importe del complemento específico que correspondería al grupo c2 nivel 12 y a tal fin, se solicitó como medio de prueba a la entidad demandada que indicara de forma expresa el importe correspondiente al complemento de destino y específico vinculado a los laborales con grupo c2, nivel 12. Dicha prueba fue requerida por Decreto de fecha 12/09/2025 y no ha sido aportada por el Ayuntamiento, de forma que la falta de cuantificación por la entidad demandada no permite apreciar en este caso un defecto del modo de proponer la demanda que pueda ser imputado a la parte demandante.

En segundo lugar, sobre la falta de acción y la necesidad de que previamente debe ser aprobada la RPT por parte del Pleno del Ayuntamiento de conformidad con el procedimiento descrito en el hecho probado quinto de la presente resolución, cabe destacar la Sentencia para la unificación de doctrina del Tribunal Supremo nº86/2019, de 5 de febrero que en un caso similar a este donde la cuestión se centra en determina r si un trabajador de una empresa pública que viene realizando las funciones de un puesto de trabajo encuadrado en un grupo superior tiene derecho a las diferencias retributivas, a pesar de que ese puesto de trabajo no está incluido como tal en la relación de puestos de trabajo de la plantilla de la mencionada empresa, en definitiva, decidir si resulta de aplicación en tal empresa pública el artículo 39.3 ET, que garantiza a todo trabajador el percibo de la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente desempeñe, concretamente señala:

"En efecto, nuestra STS de 31 de enero de 2005 (Rcud. 6373/2003 ), aportada como referencial, estableció el criterio, no contradicho por jurisprudencia posterior, de que el derecho del trabajador a que se le abonen las diferencias retributivas por las funciones superiores desempeñadas no se condiciona a la existencia de plazas en plantilla. Tal principio descansa en tres razones: la primera, la literalidad del artículo 39.3 ET según el que el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente las funciones que efectivamente realice,precepto de orden público que esta Sala ha aplicado incluso en supuestos en los que el trabajador no ostentaba el título exigido convencionalmente para obtener el reconocimiento de la categoría ( STS de 21 de junio de 2000, Rcud. 3815/1999 ). Los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la aplicación del precepto en cuestión, esto es, que para tener derecho a retribuciones superiores, es necesario no sólo que el ejercicio de dichas funciones de categoría superior exceda de modo evidente a las que son atribuidas a su categoría profesional, sino que es preciso que entren en pleno en las asignadas en la categoría superior y es necesaria, además, la perfecta acreditación de que efectivamente se están desempeñando fundamentalmente estas funciones y no parte de las mismas ( STS de 18 de septiembre de 2004, Rcud. 2615/2003 ), han quedado sobradamente acreditadas en este caso. Además, el art. 39.4 del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho a las retribuciones de los trabajos de categoría superior se adquiere en principio por el desempeño de las mismas, no pudiendo quedar sin efecto porque formalmente la atribución de esas funciones se haya realizado por el órgano administrativo que tiene esta competencia en materia de personal, pues de lo contrario se estaría produciendo un enriquecimiento sin causa cuando se encarga un trabajo que se realiza por el trabajador, cumpliendo las órdenes de sus superiores, y luego no se retribuye, alegando que su encomienda se ha efectuado de forma irregular ( STS de 17 de noviembre de 2005, Rcud. 3677/2004 ), como podría ser la alegación de que el puesto de las funciones que efectivamente realiza no ha sido creado administrativamente. La segunda razón conecta con la obligación de la entidad demandada de adecuar en todo momento la configuración de la plantilla a la situación real que se produce en la empresa; no resulta de recibo que la desidia de la entidad demandada que no efectúa tal adecuación que sólo a ella le corresponde se torne en un impedimento para la aplicación del artículo 39.3 ET ,obligando -cual propone la sentencia recurrida- al trabajador a efectuar dos reclamaciones distintas, una primera para obtener el derecho a que se modifique la plantilla, y, otra posterior, para reclamar las diferencias salariales, que resultaría imposible si se aplicara estrictamente la argumentación jurídica de la sentencia recurrida pues lo impediría un presupuesto ya confeccionado y vencido, salvo que se previera en un presupuesto posterior. Por último, la tercera razón, como expresamente dijimos en la sentencia referencial, no puede admitirse la obligación de reclamar la creación del puesto pues, además de ser una imposición no establecida legalmente, conduciría a la instauración de un auténtico fraude, cuál sería la cobertura de una necesidad de trabajo a través de la contratación de un trabajador menos cualificado para cubrir una plaza inferior, pero para realizar funciones de nivel superior, con una retribución inferior.

Como se desprende de esta jurisprudencia, todo trabajador tiene derecho a obtener una retribución acorde a las funciones que efectivamente realice según los Convenios y la normativa aplicable y la entidad empleadora tiene la obligación de adecuar la configuración de la plantilla, sin que el retraso o desidia afecte al derecho del trabajador. De manera que, no puede acogerse la excepción procesal de falta de acción y cabe reconocer a la trabajadora la retribución que le corresponde, aunque no haya sido aprobada la RPT por el Ayuntamiento, porque este retraso injustificado de la entidad en nada puede perjudicar al derecho retributivo de la trabajadora demandante.

Así las cosas, como consta en los hechos probados y así se ha acreditado con la documentación aportada por la parte actora y con el expediente administrativo, la demandante en fecha 19/04/2024 presentó escrito al Ayuntamiento demandado solicitando que se le ajustaran los conceptos salariales al grupo correspondiente C2, tanto en salario base, trienios y complementos y que se le ajuste el complemento de puesto a los mínimos recogidos en el Convenio colectivo, nivel 12, que fue desestimada por silencio administrativo. Y, ya en el acta de incorporación del proceso selectivo de auxiliar de ayuda a domicilio de fecha 17/03/2025 el Alcalde del Ayuntamiento de Villacañas incorpora a la actora en la plaza de auxiliar de ayuda a domicilio en el grupo C2, pasando la trabajadora de personal laboral indefinido a personal laboral fijo por la Oferta Pública de Empleo Público extraordinaria de estabilización ente la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

De manera que no cabe duda que la actora debe ser encuadrada dentro del grupo C2, nivel 12, y no el grupo E, al tener además el título de Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y debe abonarse por parte del Ayuntamiento demandado todos los conceptos salariales acorde a dicho grupo y nivel, tanto el salario base, como complemento de destino, pagas extras y el complemento específico desde el 1 de septiembre de 2023. Por todo lo anteriormente expuesto, procede la estimación íntegra de la demanda.

TERCERO.-La estimación de la demanda implica la condena de la demandada a que haga pago a la trabajadora de los intereses por demora (10 % anual) establecidos en el artículo 29.3 del TRLET para las deudas salariales.

CUARTO.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 191.2.d) y 137.3 de la LRJS contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Vistos los preceptos citados y los demás concordantes y de general aplicación,

Fallo