Sentencia Social 141/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 4 de Valladolid, Rec. 745/2025 de 16 de abril del 2026

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la valoración conjunta de la prueba documental aportada por las partes, en particular la incorporada a los acontecimientos referenciados en autos, así como de la prueba testifical practicada en el acto de juicio, singularmente la declaración de don Augusto, responsable del Servicio de Prevención de la empresa demandada.

SEGUNDO. -Delimitación de la controversia.

La cuestión litigiosa no se contrae a determinar la justificación o no de una modificación sustancial de condiciones de trabajo en sentido estricto, sino que se sitúa, con carácter previo, en la calificación jurídica de la medida empresarial adoptada.

En efecto, la parte actora sostiene que la retirada de la autorización para el manejo de equipos automotores y la consiguiente reubicación funcional constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo que debió someterse al procedimiento previsto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Por su parte, la empresa demandada niega expresamente tal calificación, afirmando que la decisión adoptada trae causa de una actuación en materia de prevención de riesgos laborales, en el ejercicio de las facultades atribuidas al Servicio de Prevención, y que, en cuanto medida derivada de exigencias preventivas, no resulta sometida al régimen del artículo 41 ET, sino que se incardina en el ámbito de la movilidad funcional del artículo 39 del mismo texto legal.

De este modo, la controversia se centra en determinar si la decisión empresarial constituye una mera adaptación funcional derivada de una medida preventiva -y, por tanto, ajena al procedimiento del artículo 41 ET- o si, por el contrario, comporta una alteración sustancial de las condiciones de trabajo que exige la observancia de dicho procedimiento.

En consecuencia, el núcleo del debate no reside únicamente en la adecuación o proporcionalidad de la medida adoptada, sino en su correcta subsunción jurídica, esto es, en si la misma puede legítimamente reconducirse al ejercicio de las facultades empresariales en materia de organización del trabajo y prevención de riesgos laborales, o si, por su contenido y efectos, debe calificarse como modificación sustancial de condiciones de trabajo sometida a las garantías del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

TERCERO. -Naturaleza jurídica de la medida adoptada.

La cuestión controvertida radica en determinar si la decisión empresarial consistente en la revocación de la autorización para el manejo de equipos automotores y la consiguiente reubicación funcional del trabajador constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo o, por el contrario, una medida organizativa amparada en el ejercicio ordinario del poder de dirección en conexión con obligaciones preventivas.

De los hechos probados resulta, en primer lugar, que el sistema interno de la empresa establece que la conducción de equipos automotores requiere autorización formal, vinculada a la idoneidad física del trabajador validada mediante la correspondiente calificación de "apto" por el servicio médico, atribuyéndose expresamente al Servicio de Prevención la potestad de autorizar y/o desautorizar el uso de dichos equipos (hecho probado segundo). En consecuencia, la empresa dispone, en abstracto, de una facultad reglada para retirar dicha autorización en el marco de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

No obstante, no consta en el presente supuesto la existencia de informe médico alguno que declare la pérdida de aptitud del trabajador ni la concurrencia de limitación física o psíquica sobrevenida que justifique la medida adoptada desde dicha perspectiva.

Por el contrario, la decisión empresarial se fundamenta, conforme al informe interno del Servicio de Prevención, en una valoración global del comportamiento del trabajador, aludiéndose a "escaso respeto a las normas de seguridad", "manera de trabajar habitual" o "pérdida de confianza", apoyada en una pluralidad de incidencias registradas a lo largo del tiempo (hechos probados tercero a quinto).

Ahora bien, el análisis cronológico de tales incidencias revela que los eventos de mayor gravedad se sitúan en el año 2023, respecto de los cuales la empresa optó por medidas correctoras de menor intensidad -apercibimientos y advertencias- manteniendo al trabajador en el desempeño de sus funciones con plena habilitación para el manejo de equipos automotores. Por el contrario, las incidencias recogidas en el año 2025 (hechos probados tercero y cuarto), aun cuando describen comportamientos calificados como inseguros, no aparecen individualizadas ni descritas con la entidad suficiente como para justificar por sí mismas la medida extrema de desautorización adoptada, ni se identifican como un hecho concreto, actual y objetivable que actúe como desencadenante inmediato de la decisión adoptada en septiembre de 2025.

En este sentido, no consta una agravación cualitativa de la conducta del trabajador respecto de los antecedentes previos, ni la producción de un evento singular que suponga un punto de inflexión en términos de riesgo efectivo, produciéndose, por el contrario, una ruptura en la lógica de la respuesta empresarial, que pasa de medidas correctoras ante hechos de mayor entidad a la retirada total de la habilitación sobre la base de valoraciones genéricas de comportamiento.

Asimismo, no consta que la medida se sustente en una evaluación de riesgos específica ni en informe técnico formalizado que justifique, en términos preventivos, la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la retirada total de la habilitación para el manejo de equipos automotores, constando incluso que el documento en el que se apoya la decisión es calificado en testifical por el propio responsable de prevención, deponente en testifical y autor del informe, como un documento interno, no firmado, no datado y no trasladado al trabajador (hecho probado quinto), quien expresamente cuestiona la ausencia de motivación técnica de la medida (hecho probado séptimo).

A lo anterior se añade que la prueba testifical practicada, singularmente la declaración del responsable del Servicio de Prevención, no desvirtúa las anteriores conclusiones. De dicha declaración resulta que la decisión adoptada no se fundamenta en una pérdida de aptitud médica del trabajador, sino en una valoración global de su conducta a partir de la acumulación de incidencias y antecedentes, reconociéndose asimismo la existencia de advertencias previas, en particular en el año 2023. Sin embargo, tales antecedentes ya dieron lugar en su momento a medidas correctoras de menor intensidad, sin que conste una agravación cualitativa actual ni la concurrencia de un hecho concreto en el año 2025 que, por su entidad, justifique por sí mismo la adopción de la medida de desautorización.

En igual sentido, la propia testifical pone de manifiesto que el episodio que actúa como detonante de la decisión se sustenta en una comunicación de un tercero no documentada en autos, sin que conste la aportación del correspondiente soporte documental ni una descripción objetiva suficientemente precisa de los concretos actos inseguros atribuidos al trabajador, lo que limita su valor probatorio a los efectos de justificar una medida de la intensidad adoptada.

Igualmente, de dicha declaración se desprende la inexistencia de una evaluación de riesgos específica referida al trabajador en el momento de la adopción de la medida, así como la ausencia de un informe técnico formalizado que exteriorice, en términos objetivos y verificables, la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la retirada total de la habilitación, confirmándose así la insuficiencia de la motivación técnica ya apreciada.

A ello se añade que la medida comporta la privación al trabajador de la función que constituye el contenido esencial de su categoría profesional de operador de carretillas elevadoras (hecho probado primero), al impedirle el manejo de dichos equipos y proceder a su reubicación en una unidad operativa distinta (hecho probado octavo), lo que determina una alteración cualitativa relevante de las funciones efectivamente desempeñadas.

En consecuencia, la decisión empresarial no puede ser calificada como una mera medida de movilidad funcional ordinaria al amparo del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, ni quedar excluida del control propio de las modificaciones sustanciales por el solo hecho de invocarse su origen preventivo, debiendo ser sometida a un juicio de justificación, razonabilidad y proporcionalidad en atención a su incidencia sobre el contenido de la prestación laboral.

CUARTO. -Consecuencias jurídicas de la calificación de la medida.

Partiendo de lo expuesto en el fundamento anterior, la decisión empresarial consistente en la retirada de la autorización para el manejo de equipos automotores y la consiguiente reubicación funcional del trabajador no puede ser incardinada en el ámbito de la movilidad funcional ordinaria del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, ni quedar excluida del control propio del artículo 41 del mismo texto legal por el mero hecho de invocarse su origen preventivo.

Por el contrario, al comportar una alteración cualitativa relevante del contenido esencial de la prestación laboral -al privar al trabajador de las funciones propias de su categoría profesional- y no aparecer debidamente justificada en una causa preventiva concreta, actual y técnicamente acreditada, la medida debe ser calificada como modificación sustancial de condiciones de trabajo.

En consecuencia, la empresa debió sujetar su actuación a las exigencias formales y materiales previstas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en particular en lo relativo a la necesidad de comunicar la decisión con expresión de las causas que la motivan, su alcance y efectos, así como respetar las garantías procedimentales legalmente establecidas.

No consta en los hechos probados que la empresa haya seguido el procedimiento previsto en el citado precepto ni que haya cumplido con las exigencias de justificación y formalización que el mismo impone.

Por ello, la medida adoptada no puede ser considerada ajustada a derecho, procediendo su declaración de injustificada y la consiguiente reposición del trabajador en sus anteriores condiciones laborales, con restablecimiento de la autorización para el manejo de equipos automotores en los términos previos a su revocación.

QUINTO. -Sobre la indemnización por daños y perjuicios interesada.

La parte actora interesa la condena de la empresa al abono de 7.400 euros en concepto de daños y perjuicios, alegando que la decisión empresarial le ha provocado un cuadro de ansiedad con episodios de pánico, alteraciones del sueño, estrés emocional y necesidad de seguimiento médico y psicológico.

De los hechos probados únicamente consta que el trabajador causó baja médica el 12 de septiembre de 2025 por contingencia común con diagnóstico de ansiedad (hecho probado noveno), sin que se haya acreditado en autos, mediante prueba objetiva suficiente, la concreta entidad del daño alegado, su alcance, duración o intensidad, ni la existencia de un nexo causal directo y exclusivo entre la decisión empresarial impugnada y el referido proceso patológico.

Tampoco consta la aportación de informe pericial o documentación médica que permita individualizar el perjuicio ni cuantificarlo en los términos pretendidos, más allá de la mera alegación de la parte actora.

En tales circunstancias, no resulta posible apreciar la concurrencia de los presupuestos necesarios para el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios, en particular en lo relativo a la acreditación del daño efectivo y su adecuada cuantificación.

En consecuencia, procede desestimar la pretensión indemnizatoria formulada.

SEXTO. -Sobre la recurribilidad de la sentencia en suplicación

Debe resolverse con carácter previo la cuestión relativa a la recurribilidad de la presente resolución, habida cuenta de que los procesos sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual quedan, con carácter general, excluidos del recurso de suplicación.

No obstante, dicha regla no resulta de aplicación automática cuando la controversia no se limita a la justificación de una modificación sustancial previamente asumida como tal, sino que se proyecta sobre la propia naturaleza jurídica de la medida empresarial adoptada.

En el presente caso, la parte demandada niega expresamente que su decisión constituya una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, sosteniendo, por el contrario, que se trata de una actuación incardinable en el ámbito de la movilidad funcional del artículo 39 del mismo texto legal. De este modo, el objeto del proceso no queda circunscrito al enjuiciamiento de una modificación sustancial individual en sentido estricto, sino que exige, con carácter previo, determinar si la medida adoptada es o no subsumible en el régimen del artículo 41 ET o si, por el contrario, encuentra cobertura en otra potestad empresarial distinta.

Tal cuestión desborda el ámbito propio de la modalidad procesal de modificación sustancial de condiciones de trabajo cuando esta versa exclusivamente sobre una medida ya delimitada como tal, pues aquí se discute precisamente la concurrencia de dicho presupuesto calificatorio. En consecuencia, la resolución dictada no queda sujeta a la regla de irrecurribilidad prevista para ese supuesto típico.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que cuando la controversia se centra en la calificación jurídica de la decisión empresarial y en la procedencia o no de someterla al régimen del artículo 41 ET, la sentencia resulta susceptible de recurso de suplicación. Así se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2013, en cuanto pone de relieve que el debate sobre la verdadera naturaleza de la medida empresarial trasciende el ámbito estricto de la modificación sustancial individual. En la misma línea, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 de julio de 2015 admite la recurribilidad en supuestos en los que el litigio versa precisamente sobre si la decisión empresarial constituye o no una modificación sustancial.

En consecuencia, al versar la controversia sobre la calificación jurídica de la medida adoptada y no exclusivamente sobre la justificación de una modificación sustancial individual, procede declarar que la presente resolución es susceptible de recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,