Sentencia Social 155/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 4 de Valladolid, Rec. 357/2025 de 27 de abril del 2026

PRIMERO. -Los hechos declarados probados resultan de la valoración conjunta de la prueba documental aportada por las partes, así como del interrogatorio de la representante legal de la empresa, Dña. Sonsoles, y de la testifical de Dña. Bernarda, todo ello apreciado conforme a las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO. -Se recoge a continuación, de forma sucinta, la posición sostenida por las partes en el acto del juicio, con remisión a la grabación del mismo a efectos de su íntegra constancia.

La parte actora se ratifica íntegramente en su escrito de demanda y delimita el objeto del proceso al enjuiciamiento exclusivo de la comunicación empresarial de fecha 26 de marzo de 2025, insistiendo en que su impugnación se contrae únicamente al contenido de dicho documento. Sostiene que la referida comunicación introduce una modificación de la jornada, del horario, de la distribución del tiempo de trabajo y del régimen de trabajo a turnos, lo que subsume en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores como modificación sustancial de condiciones de trabajo. Afirma que la empresa no acredita en dicha comunicación la concurrencia de causas económicas, organizativas o productivas que justifiquen la medida, rechazando que puedan suplirse tales carencias mediante alegaciones efectuadas en el acto del juicio. Añade que la empresa ha prescindido de dos trabajadoras "no por unas causas objetivas sino como consecuencia de que han llegado a acuerdos con las dos trabajadoras para extinguir el contrato de trabajo", pretendiendo imputar a la actora las consecuencias de tales decisiones. Alega asimismo perjuicio económico derivado de una disminución de comisiones, cuestionando la validez de estimaciones empresariales no acreditadas y afirmando que no consta prueba del mantenimiento de ventas. En consecuencia, interesa la estimación de la demanda y la reposición a las condiciones anteriores.

La parte demandada se opone a la demanda, mostrando conformidad con la antigüedad, categoría profesional y salario de la actora. Sostiene que la medida adoptada trae causa del cierre del centro de trabajo sito en la calle Santiago de Valladolid con fecha 31 de marzo de 2025, como consecuencia de la finalización del contrato de arrendamiento y la imposibilidad de su renovación por razones económicas, extremo que afirma consta en la comunicación remitida a la trabajadora. Expone que, ante la supresión de los puestos de trabajo en dicho centro, se analizaron las posibilidades de reubicación, existiendo un único punto de venta adicional en la localidad, consistente en un córner en El Corte Inglés, lo que determinó la necesidad de generar una vacante, indicando que la trabajadora que ocupaba dicho puesto fue despedida, asignándose la plaza a la actora en atención a criterios de mayor antigüedad y categoría profesional. Sostiene que la adaptación del horario responde a las necesidades comerciales del nuevo centro, siendo inviable el sistema de turnos previo, e invoca las previsiones del convenio colectivo en materia de distribución de jornada, señalando además que el horario actualmente aplicado es de jornada continuada y que la actora ya venía prestando servicios en dicho régimen durante aproximadamente veinte años, habiéndose implantado la jornada partida únicamente durante un periodo de once meses. Niega la existencia de modificación sustancial ilícita, afirmando que concurren causas organizativas y productivas, que la medida fue comunicada por escrito con antelación suficiente y que cumple los requisitos del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo. Añade que no existe movilidad geográfica ni alteración de la categoría profesional, y niega la existencia de perjuicio económico, afirmando que la actora mantiene el mismo salario, que no impugnó su cuantía en la demanda y que la alegación relativa a comisiones carece de prueba. Asimismo, alega que la empresa actuó con la finalidad de preservar el empleo, siendo la actora la única trabajadora que mantuvo su puesto de trabajo, incluso manteniendo una jornada superior a la existente en el centro de destino. Finalmente, invoca indefensión por la introducción en conclusiones de cuestiones no planteadas en la demanda e interesa la desestimación íntegra de la misma.

TERCERO. -La cuestión litigiosa se contrae a determinar si la decisión empresarial comunicada a la actora en fecha 26 de marzo de 2025, con efectos de 11 de abril de 2025, constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo ajustada a derecho conforme al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

De los hechos declarados probados resulta que la actora venía prestando servicios en régimen de turnos rotativos semanales, alternando turnos de mañana y tarde con distinta distribución del tiempo de trabajo, y que mediante la referida comunicación se le asigna un horario distinto, con supresión del sistema de rotación y establecimiento de una nueva distribución de jornada. Tal alteración incide directamente en materias comprendidas en el artículo 41.1 a), b) y c) del Estatuto de los Trabajadores -jornada, horario y régimen de trabajo a turnos-, por lo que la decisión empresarial debe ser calificada como modificación sustancial de condiciones de trabajo.

En cuanto a los requisitos formales exigidos por el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores, consta que la decisión fue notificada por escrito en fecha 26 de marzo de 2025, fijándose su efectividad para el día 11 de abril de 2025, por lo que se respeta el plazo mínimo de preaviso de quince días legalmente establecido. Asimismo, la comunicación identifica la causa invocada -finalización del contrato de arrendamiento del centro de trabajo de la calle Santiago y consiguiente reorganización- y concreta el contenido de la modificación, permitiendo a la trabajadora conocer los términos de la decisión y articular su impugnación, sin que se aprecien defectos formales invalidantes.

En relación con la concurrencia de causa, la empresa fundamenta la medida en el cierre del centro de trabajo sito en la calle Santiago de Valladolid. Tal circunstancia resulta acreditada mediante la documental aportada, de la que se desprende la finalización del contrato de arrendamiento con efectos de 31 de marzo de 2025, así como por la prueba testifical, que confirma el cierre efectivo del establecimiento. La causa relevante debe, por tanto, identificarse estrictamente como organizativa, derivada de la desaparición del centro de trabajo en el que la actora venía prestando servicios y de la consiguiente necesidad de reorganizar la actividad en el único punto de venta subsistente en la localidad, sin que resulte necesario acudir a consideraciones de carácter económico adicionales.

Consta igualmente que, tras dicho cierre, únicamente permaneció operativo en Valladolid el punto de venta ubicado en el córner de El Corte Inglés, al que fue destinada la actora. En cuanto a la situación de las otras trabajadoras, resulta acreditado que en la misma fecha de 26 de marzo de 2025 se comunicó a una de ellas su traslado a León y a otra su despido disciplinario, con independencia del ulterior devenir judicial de tales decisiones. La alegación de la parte actora relativa a que ambas relaciones laborales habrían finalizado por acuerdo no puede ser elevada a hecho probado en los términos pretendidos, al no constar acreditada en ambos supuestos, ni resulta determinante para enjuiciar la causa organizativa descrita, que se anuda al cierre del centro de trabajo y no al modo de extinción de los contratos de las restantes trabajadoras.

Sentado lo anterior, el control judicial debe extenderse, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia de 27 de enero de 2014 (recurso de casación núm. 100/2013), no solo a la existencia de la causa alegada, sino también a la razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada.

En el presente caso, de la prueba practicada resulta que el sistema previo de turnos rotativos se desarrollaba en un centro con dos trabajadoras, mientras que, tras el cierre del mismo, la actora pasa a prestar servicios como única trabajadora en el córner de El Corte Inglés. Esta circunstancia determina una imposibilidad estructural de mantener el régimen de turnos rotativos en los términos en que venía desarrollándose, al desaparecer el presupuesto organizativo que lo hacía viable, cual es la existencia de más de una persona en el mismo centro de trabajo que permita la alternancia de turnos. Asimismo, la empresa vincula el nuevo horario a la necesidad de cubrir las franjas de mayor afluencia de clientes, extremo que encuentra apoyo en la prueba testifical, en la que se refiere la existencia de periodos sin actividad relevante y la necesidad de ajustar la presencia del personal a los momentos de mayor demanda.

En este contexto, la modificación horaria no aparece como una medida autónoma o independiente, sino como una consecuencia instrumental de la reubicación de la actora en el único centro operativo y de la reorganización del servicio derivada del cierre del anterior establecimiento, existiendo una conexión funcional directa entre la causa organizativa acreditada y la concreta distribución del tiempo de trabajo impuesta.

Asimismo, la medida adoptada se revela idónea para la finalidad perseguida, en cuanto permite adecuar la prestación de servicios a la estructura organizativa resultante del cierre del centro de origen y a las necesidades de funcionamiento del único punto de venta subsistente. Desde la perspectiva de la necesidad, no consta acreditada en autos la existencia de una alternativa organizativa viable que permitiera compatibilizar el mantenimiento del sistema previo de turnos rotativos con la prestación del servicio por una única trabajadora, ni ha sido aportada por la parte actora propuesta concreta que, siendo menos gravosa, resultara igualmente apta para garantizar la cobertura del servicio. Finalmente, la medida no aparece desproporcionada, en cuanto se limita a adaptar la distribución del tiempo de trabajo a la nueva organización derivada del cierre del centro, sin afectar a la duración de la jornada ni a la retribución fija acreditada.

La actuación empresarial posterior no desvirtúa dicha causa ni introduce elementos de incoherencia. Consta que la empresa manifestó su disposición a valorar propuestas alternativas de horario, concedió permiso retribuido hasta la incorporación al nuevo centro y, ante la propuesta de mantenimiento del sistema anterior formulada por la actora, la rechazó por considerarla incompatible con la organización del nuevo centro al no existir otra trabajadora con la que efectuar la rotación. La propuesta organizativa comunicada en fecha 11 de abril de 2025 mantiene la misma lógica organizativa ya expresada en la comunicación inicial, sin introducir una causa nueva o distinta, limitándose a concretar la distribución horaria en coherencia con la cobertura del servicio por una única trabajadora.

En cuanto a la alegada modificación retributiva, la parte actora sostiene la existencia de una disminución de ingresos derivada de la reducción de comisiones en el nuevo centro de trabajo. Sin embargo, dicha alegación no ha resultado acreditada en autos, al no haberse aportado prueba que permita efectuar una comparación objetiva entre la retribución percibida con anterioridad y la posterior a la modificación, ni cuantificar una eventual minoración efectiva. En consecuencia, no puede tenerse por acreditada la existencia de una modificación sustancial en materia retributiva en los términos del artículo 41.1 d) del Estatuto de los Trabajadores.

En definitiva, la modificación del horario impuesta a la actora constituye una consecuencia razonablemente adecuada de la causa organizativa acreditada, consistente en el cierre del centro de trabajo de origen y la reorganización de la actividad en un único punto de venta con una sola trabajadora, superando así el juicio de adecuación exigido por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y siendo coherente con las facultades de organización y distribución de jornada reconocidas en el convenio colectivo, que permiten adaptar la prestación de servicios a las necesidades del centro de trabajo, lo que determina su calificación como justificada.

CUARTO. -En cuanto a la indemnización interesada por la parte actora en concepto de daños y perjuicios, la misma tiene carácter accesorio respecto de la pretensión principal de declaración de injustificación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Declarada la medida como justificada, decae la pretensión principal, lo que determina, por conexión lógica y jurídica, la desestimación de la pretensión indemnizatoria interesada, sin necesidad de mayor análisis.

QUINTO. -Contra la presente resolución no cabe recurso de suplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.2 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. La acumulación de una pretensión indemnizatoria no altera la naturaleza del proceso ni determina la recurribilidad de la sentencia, al tratarse de una pretensión accesoria que no desvirtúa la aplicación de lo dispuesto en el artículo 191.2 e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.