Sentencia Social 80/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 6 de Coruña (A), Rec. 817/2025 de 12 de marzo del 2026

PRIMERO.Los referidos hechos probados han sido acreditados por la prueba practicada valorada en su conjunto. En particular:

- El hecho primero por las nóminas.

- El hecho segundo por el documento 2 de la actora.

- El hecho tercero por el documento 3 de la actora.

- El hecho cuarto por el documento 1 de la demandada.

- El hecho quinto por el documento 4 de la actora.

- El hecho sexto por el documento 8 de la actora y 4 de la demandada.

SEGUNDO.Se pretende en el presente procedimiento que se confiera tutela a los derechos fundamentales que se dicen vulnerados: garantía de indemnidad e integridad moral.

Se afirma en la demanda que, como reacción a la actividad reivindicativa de la trabajadora, la empresa ha iniciado una serie de actuaciones y omisiones perjudiciales que constituyen una represalia y que se concreta en lo siguiente:

A) Retraso en el pago del plus de teletrabajo: Desde marzo de 2024, la empresa ha modificado su práctica habitual de abono del plus de teletrabajo, generando retrasos injustificados en su pago, tal y como se expuso en el HECHO SEGUNDO.

B) Impago de horas extraordinarias: La empresa se niega a abonar las horas extraordinarias realizadas por mi mandante desde marzo de 2024, a pesar de haber reconocido su existencia, como se detalla en el HECHO TERCERO.

C) Modificación unilateral de las condiciones de vacaciones: De forma sorpresiva y coincidiendo con este clima de conflictividad, la empresa comunicó la modificación unilateral del sistema de disfrute de vacaciones, contraviniendo un derecho adquirido durante más de 15 años, como se expone en el HECHO QUINTO del borrador original

La parte demandada se opone y alega la excepción de inadecuación de procedimiento y prescripción. Si bien, se le aclaró que la acción relativa a la reclamación de cantidad había quedado desacumulada.

En cuanto al fondo, niega la represalia y se opone a la indemnización por daños y perjuicios.

TERCERO.La más reciente doctrina jurisprudencial ( STS de 15.11.2022, rcud. 2645/2021), se remite a la jurisprudencia del TC cuando señala que "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero - o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza" (por todas, sentencias del TC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 ; 125/2008, de 20 de octubre, FJ 3 ; 6/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste "en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo" ( sentencia del TC 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

6.- La sentencia del TC 55/2004, de 19 abril , FJ 2, explica que "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24.1 CE quedaría privado en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial."

Dejando al margen de que las actuaciones procesales previas no son coetáneas, cronológicamente, con las actuaciones empresariales referidas, no existe indicio alguno de vulneración de la garantía de indemnidad ni de la integridad moral.

La parte actora sostiene que el plus de teletrabajo se viene abonando con retraso desde el mes de marzo de 2024. Sin embargo, en las nóminas se advierte que en todas las mensualidades lo percibe. Además, no se han aportado las nóminas anteriores para poder comprobar las fechas de pago ni se explica convenientemente el retraso denunciado respecto del devengo.

En relación a las horas extras lo único que existe son dos comunicaciones de la actora solicitando información al respecto y manifestando disconformidad con la compensación por días libres. No existe indicio de que la actora haya dejado de percibir cuantías por horas extras -que no se prueban- por el solo hecho de reclamar contra la empresa en los años 2023 y 2024.

Expone también que se ha llevado a cabo una modificación unilateral de las condiciones de vacaciones. El documento en el que se apoya fue impugnado por la parte demandada negando su autenticidad. Además, ni está fechado ni consta destinatario.

La demandante no explica convenientemente cuál era el sistema de vacaciones anterior y cuándo se produjo el cambio. En cualquier caso, si como parece, al no venir referido a un destinatario concreto, era de afectación general, descartaría la represalia individual frente a la trabajadora accionante.

Finalmente, consta acreditado documentalmente que la reversión del teletrabajo se le comunicó a ella y a otros empleados.

A modo de conclusión y en consonancia con lo informado por el Ministerio Fiscal, no existe indicio de vulneración de derechos fundamentales.

Se desestima, por lo tanto, la acción de tutela y la de indemnización que lleva asociada.

CUARTO.Conforme a lo previsto en el art. 191.3 f ) LRJS, contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.Los referidos hechos probados han sido acreditados por la prueba practicada valorada en su conjunto. En particular:

- El hecho primero por las nóminas.

- El hecho segundo por el documento 2 de la actora.

- El hecho tercero por el documento 3 de la actora.

- El hecho cuarto por el documento 1 de la demandada.

- El hecho quinto por el documento 4 de la actora.

- El hecho sexto por el documento 8 de la actora y 4 de la demandada.

SEGUNDO.Se pretende en el presente procedimiento que se confiera tutela a los derechos fundamentales que se dicen vulnerados: garantía de indemnidad e integridad moral.

Se afirma en la demanda que, como reacción a la actividad reivindicativa de la trabajadora, la empresa ha iniciado una serie de actuaciones y omisiones perjudiciales que constituyen una represalia y que se concreta en lo siguiente:

A) Retraso en el pago del plus de teletrabajo: Desde marzo de 2024, la empresa ha modificado su práctica habitual de abono del plus de teletrabajo, generando retrasos injustificados en su pago, tal y como se expuso en el HECHO SEGUNDO.

B) Impago de horas extraordinarias: La empresa se niega a abonar las horas extraordinarias realizadas por mi mandante desde marzo de 2024, a pesar de haber reconocido su existencia, como se detalla en el HECHO TERCERO.

C) Modificación unilateral de las condiciones de vacaciones: De forma sorpresiva y coincidiendo con este clima de conflictividad, la empresa comunicó la modificación unilateral del sistema de disfrute de vacaciones, contraviniendo un derecho adquirido durante más de 15 años, como se expone en el HECHO QUINTO del borrador original

La parte demandada se opone y alega la excepción de inadecuación de procedimiento y prescripción. Si bien, se le aclaró que la acción relativa a la reclamación de cantidad había quedado desacumulada.

En cuanto al fondo, niega la represalia y se opone a la indemnización por daños y perjuicios.

TERCERO.La más reciente doctrina jurisprudencial ( STS de 15.11.2022, rcud. 2645/2021), se remite a la jurisprudencia del TC cuando señala que "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero - o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza" (por todas, sentencias del TC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 ; 125/2008, de 20 de octubre, FJ 3 ; 6/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste "en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo" ( sentencia del TC 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

6.- La sentencia del TC 55/2004, de 19 abril , FJ 2, explica que "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24.1 CE quedaría privado en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial."

Dejando al margen de que las actuaciones procesales previas no son coetáneas, cronológicamente, con las actuaciones empresariales referidas, no existe indicio alguno de vulneración de la garantía de indemnidad ni de la integridad moral.

La parte actora sostiene que el plus de teletrabajo se viene abonando con retraso desde el mes de marzo de 2024. Sin embargo, en las nóminas se advierte que en todas las mensualidades lo percibe. Además, no se han aportado las nóminas anteriores para poder comprobar las fechas de pago ni se explica convenientemente el retraso denunciado respecto del devengo.

En relación a las horas extras lo único que existe son dos comunicaciones de la actora solicitando información al respecto y manifestando disconformidad con la compensación por días libres. No existe indicio de que la actora haya dejado de percibir cuantías por horas extras -que no se prueban- por el solo hecho de reclamar contra la empresa en los años 2023 y 2024.

Expone también que se ha llevado a cabo una modificación unilateral de las condiciones de vacaciones. El documento en el que se apoya fue impugnado por la parte demandada negando su autenticidad. Además, ni está fechado ni consta destinatario.

La demandante no explica convenientemente cuál era el sistema de vacaciones anterior y cuándo se produjo el cambio. En cualquier caso, si como parece, al no venir referido a un destinatario concreto, era de afectación general, descartaría la represalia individual frente a la trabajadora accionante.

Finalmente, consta acreditado documentalmente que la reversión del teletrabajo se le comunicó a ella y a otros empleados.

A modo de conclusión y en consonancia con lo informado por el Ministerio Fiscal, no existe indicio de vulneración de derechos fundamentales.

Se desestima, por lo tanto, la acción de tutela y la de indemnización que lleva asociada.

CUARTO.Conforme a lo previsto en el art. 191.3 f ) LRJS, contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.Los referidos hechos probados han sido acreditados por la prueba practicada valorada en su conjunto. En particular:

- El hecho primero por las nóminas.

- El hecho segundo por el documento 2 de la actora.

- El hecho tercero por el documento 3 de la actora.

- El hecho cuarto por el documento 1 de la demandada.

- El hecho quinto por el documento 4 de la actora.

- El hecho sexto por el documento 8 de la actora y 4 de la demandada.

SEGUNDO.Se pretende en el presente procedimiento que se confiera tutela a los derechos fundamentales que se dicen vulnerados: garantía de indemnidad e integridad moral.

Se afirma en la demanda que, como reacción a la actividad reivindicativa de la trabajadora, la empresa ha iniciado una serie de actuaciones y omisiones perjudiciales que constituyen una represalia y que se concreta en lo siguiente:

A) Retraso en el pago del plus de teletrabajo: Desde marzo de 2024, la empresa ha modificado su práctica habitual de abono del plus de teletrabajo, generando retrasos injustificados en su pago, tal y como se expuso en el HECHO SEGUNDO.

B) Impago de horas extraordinarias: La empresa se niega a abonar las horas extraordinarias realizadas por mi mandante desde marzo de 2024, a pesar de haber reconocido su existencia, como se detalla en el HECHO TERCERO.

C) Modificación unilateral de las condiciones de vacaciones: De forma sorpresiva y coincidiendo con este clima de conflictividad, la empresa comunicó la modificación unilateral del sistema de disfrute de vacaciones, contraviniendo un derecho adquirido durante más de 15 años, como se expone en el HECHO QUINTO del borrador original

La parte demandada se opone y alega la excepción de inadecuación de procedimiento y prescripción. Si bien, se le aclaró que la acción relativa a la reclamación de cantidad había quedado desacumulada.

En cuanto al fondo, niega la represalia y se opone a la indemnización por daños y perjuicios.

TERCERO.La más reciente doctrina jurisprudencial ( STS de 15.11.2022, rcud. 2645/2021), se remite a la jurisprudencia del TC cuando señala que "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero - o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza" (por todas, sentencias del TC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 ; 125/2008, de 20 de octubre, FJ 3 ; 6/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste "en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo" ( sentencia del TC 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

6.- La sentencia del TC 55/2004, de 19 abril , FJ 2, explica que "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24.1 CE quedaría privado en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial."

Dejando al margen de que las actuaciones procesales previas no son coetáneas, cronológicamente, con las actuaciones empresariales referidas, no existe indicio alguno de vulneración de la garantía de indemnidad ni de la integridad moral.

La parte actora sostiene que el plus de teletrabajo se viene abonando con retraso desde el mes de marzo de 2024. Sin embargo, en las nóminas se advierte que en todas las mensualidades lo percibe. Además, no se han aportado las nóminas anteriores para poder comprobar las fechas de pago ni se explica convenientemente el retraso denunciado respecto del devengo.

En relación a las horas extras lo único que existe son dos comunicaciones de la actora solicitando información al respecto y manifestando disconformidad con la compensación por días libres. No existe indicio de que la actora haya dejado de percibir cuantías por horas extras -que no se prueban- por el solo hecho de reclamar contra la empresa en los años 2023 y 2024.

Expone también que se ha llevado a cabo una modificación unilateral de las condiciones de vacaciones. El documento en el que se apoya fue impugnado por la parte demandada negando su autenticidad. Además, ni está fechado ni consta destinatario.

La demandante no explica convenientemente cuál era el sistema de vacaciones anterior y cuándo se produjo el cambio. En cualquier caso, si como parece, al no venir referido a un destinatario concreto, era de afectación general, descartaría la represalia individual frente a la trabajadora accionante.

Finalmente, consta acreditado documentalmente que la reversión del teletrabajo se le comunicó a ella y a otros empleados.

A modo de conclusión y en consonancia con lo informado por el Ministerio Fiscal, no existe indicio de vulneración de derechos fundamentales.

Se desestima, por lo tanto, la acción de tutela y la de indemnización que lleva asociada.

CUARTO.Conforme a lo previsto en el art. 191.3 f ) LRJS, contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.Los referidos hechos probados han sido acreditados por la prueba practicada valorada en su conjunto. En particular:

- El hecho primero por las nóminas.

- El hecho segundo por el documento 2 de la actora.

- El hecho tercero por el documento 3 de la actora.

- El hecho cuarto por el documento 1 de la demandada.

- El hecho quinto por el documento 4 de la actora.

- El hecho sexto por el documento 8 de la actora y 4 de la demandada.

SEGUNDO.Se pretende en el presente procedimiento que se confiera tutela a los derechos fundamentales que se dicen vulnerados: garantía de indemnidad e integridad moral.

Se afirma en la demanda que, como reacción a la actividad reivindicativa de la trabajadora, la empresa ha iniciado una serie de actuaciones y omisiones perjudiciales que constituyen una represalia y que se concreta en lo siguiente:

A) Retraso en el pago del plus de teletrabajo: Desde marzo de 2024, la empresa ha modificado su práctica habitual de abono del plus de teletrabajo, generando retrasos injustificados en su pago, tal y como se expuso en el HECHO SEGUNDO.

B) Impago de horas extraordinarias: La empresa se niega a abonar las horas extraordinarias realizadas por mi mandante desde marzo de 2024, a pesar de haber reconocido su existencia, como se detalla en el HECHO TERCERO.

C) Modificación unilateral de las condiciones de vacaciones: De forma sorpresiva y coincidiendo con este clima de conflictividad, la empresa comunicó la modificación unilateral del sistema de disfrute de vacaciones, contraviniendo un derecho adquirido durante más de 15 años, como se expone en el HECHO QUINTO del borrador original

La parte demandada se opone y alega la excepción de inadecuación de procedimiento y prescripción. Si bien, se le aclaró que la acción relativa a la reclamación de cantidad había quedado desacumulada.

En cuanto al fondo, niega la represalia y se opone a la indemnización por daños y perjuicios.

TERCERO.La más reciente doctrina jurisprudencial ( STS de 15.11.2022, rcud. 2645/2021), se remite a la jurisprudencia del TC cuando señala que "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, asimismo, tal derecho puede verse también lesionado cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial, produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial -individual o colectiva ( STC 16/2006, de 19 de enero - o de los actos preparatorios o previos al mismo -incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso ( STC 55/2004, de 19 de abril )- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza" (por todas, sentencias del TC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 ; 125/2008, de 20 de octubre, FJ 3 ; 6/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

En el ámbito laboral, la garantía de indemnidad consiste "en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos [...] de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo" ( sentencia del TC 183/2015, de 10 septiembre , FJ 3).

6.- La sentencia del TC 55/2004, de 19 abril , FJ 2, explica que "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24.1 CE quedaría privado en lo esencial de su eficacia si la protección que confiere no incluyera las medidas que puede llegar a adoptar un empresario como reacción represiva frente a una acción judicial ejercitada por un empleado ante los Tribunales. El temor a tales medidas podría disuadir a los trabajadores de hacer valer sus derechos y, por tanto, poner en peligro gravemente la consecución del objetivo perseguido por la consagración constitucional de la efectividad de la tutela judicial, retrayendo a los trabajadores de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional ante los órganos del Poder Judicial."

Dejando al margen de que las actuaciones procesales previas no son coetáneas, cronológicamente, con las actuaciones empresariales referidas, no existe indicio alguno de vulneración de la garantía de indemnidad ni de la integridad moral.

La parte actora sostiene que el plus de teletrabajo se viene abonando con retraso desde el mes de marzo de 2024. Sin embargo, en las nóminas se advierte que en todas las mensualidades lo percibe. Además, no se han aportado las nóminas anteriores para poder comprobar las fechas de pago ni se explica convenientemente el retraso denunciado respecto del devengo.

En relación a las horas extras lo único que existe son dos comunicaciones de la actora solicitando información al respecto y manifestando disconformidad con la compensación por días libres. No existe indicio de que la actora haya dejado de percibir cuantías por horas extras -que no se prueban- por el solo hecho de reclamar contra la empresa en los años 2023 y 2024.

Expone también que se ha llevado a cabo una modificación unilateral de las condiciones de vacaciones. El documento en el que se apoya fue impugnado por la parte demandada negando su autenticidad. Además, ni está fechado ni consta destinatario.

La demandante no explica convenientemente cuál era el sistema de vacaciones anterior y cuándo se produjo el cambio. En cualquier caso, si como parece, al no venir referido a un destinatario concreto, era de afectación general, descartaría la represalia individual frente a la trabajadora accionante.

Finalmente, consta acreditado documentalmente que la reversión del teletrabajo se le comunicó a ella y a otros empleados.

A modo de conclusión y en consonancia con lo informado por el Ministerio Fiscal, no existe indicio de vulneración de derechos fundamentales.

Se desestima, por lo tanto, la acción de tutela y la de indemnización que lleva asociada.

CUARTO.Conforme a lo previsto en el art. 191.3 f ) LRJS, contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,