Sentencia Social 134/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Social plaza nº 7 de Vigo, Rec. 913/2024 de 24 de abril del 2026

PRIMERO.-Se ejercita una acción de clasificación profesional acumulada a reclamación de cantidad, al amparo del artículo 137 de la LRJS, interesando la parte actora el reconocimiento de la categoría de conductor mecánico y el abono de las diferencias salariales derivadas de tal encuadramiento.

Con carácter previo debe resolverse la objeción formulada por FOGASA relativa a la inadecuación de procedimiento. Tal alegación no puede ser acogida. La parte actora ejercita en el presente procedimiento una acción de clasificación profesional acumulada a una reclamación de cantidad derivada de la misma, pretensión expresamente contemplada en el artículo 137 de la LRJS. Es cierto que en el escrito inicial de demanda se introducía también una cuestión vinculada al período de incapacidad temporal; sin embargo, consta en las actuaciones que dicha reclamación fue objeto desacumulación, (acontecimiento digital 13) quedando delimitado el objeto litigioso al reconocimiento de la categoría profesional superior y al abono de las diferencias retributivas ligadas a ella. Por ello, la modalidad procesal elegida resulta adecuada al objeto subsistente del litigio.

La competencia objetiva y funcional para conocer de la presente controversia corresponde a este Juzgado de lo Social, al tratarse de una reclamación individual derivada del contrato de trabajo en materia de clasificación profesional y cantidad. No son controvertidos la existencia de la relación laboral, su duración, la actividad empresarial, la categoría formal de conductor ni la ulterior extinción del contrato. La controversia se centra en determinar si el actor ha acreditado el desempeño efectivo de funciones propias de conductor mecánico y, en su caso, el derecho a las diferencias salariales reclamadas.

SEGUNDO.-Para resolver la cuestión litigiosa ha de partirse de la distribución de la carga de la prueba en esta clase de procesos. Corresponde a la parte demandante acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, y en particular las funciones efectivamente realizadas, su entidad, habitualidad y encaje en la categoría superior cuya declaración interesa.

La prueba practicada en autos ha sido exclusivamente documental. De la misma resulta acreditada, en primer lugar, la existencia de la relación laboral, su duración, la categoría formal de conductor, la actividad empresarial de transporte de mercancías por carretera, así como los datos retributivos y de cotización del actor. Consta igualmente acreditado que la empresa no compareció al acto del juicio y que en otro procedimiento se produjo la extinción de la relación laboral mediante un acuerdo homologado.

Ahora bien, lo decisivo en este procedimiento no es la mera constatación de la relación laboral ni de la categoría formal reconocida por la empresa, sino la acreditación de las funciones realmente desempeñadas por el trabajador. Y sobre este extremo la prueba aportada no permite alcanzar la convicción necesaria para estimar la demanda. En los autos no consta la ficha técnica del vehículo que conducía el actor, ni el permiso de circulación, la tarjeta ITV, la adscripción de matrícula o documento interno empresarial que vincule al actor con un tráiler concreto. Y el informe de Inspección no consigna que el actor fuera conductor mecánico, sino que indica la categoría de conductor. Sobre que el actor realizase reparaciones o mantenimiento no se aportaron partes de taller, órdenes de trabajo, incidencias mecánicas firmadas por el actor, ni documento empresarial equivalente. Y en cuanto a que efectuase funciones de carga y descarga con el alcance necesario para definir la categoría tampoco se aportaron albaranes firmados, hojas de ruta con instrucciones funcionales, partes logísticos o documentos análogos. Las nóminas reflejan solo la categoría formal; la vida laboral y las bases de cotización reflejan el alta, el grupo y las bases de cotización, pero no las tareas que el conductor realizaba.

Tampoco el mero hecho de que la empresa se dedique al transporte de mercancías por carretera permite inferir sin más que el actor desempeñase funciones añadidas de reparación o mantenimiento del vehículo en los términos propios de la categoría de conductor mecánico.

Especial consideración merece el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al haber sido emitido a requerimiento judicial en el marco del artículo 137 de la LRJS. Dicho informe constata datos objetivos obrantes en registros administrativos o resultantes de la documentación examinada: actividad empresarial, altas y bajas, modalidad contractual, ocupación y grupo de cotización. Sin embargo, de su contenido no se desprende una conclusión expresa sobre la clasificación profesional reclamada ni una descripción precisa de las tareas efectivamente realizadas por el actor. El informe no afirma que el trabajador ostentase de hecho la condición de conductor mecánico, ni identifica operaciones concretas de reparación o mantenimiento realizadas habitual y prevalecientemente por el mismo; se limita esencialmente a reflejar datos registrales y la documentación recibida.

La incomparecencia de la empresa demandada al acto del juicio tampoco permite, por sí sola, tener por acreditada la categoría profesional superior interesada. La ausencia de la empresa puede privar al proceso de prueba contradictoria y autoriza a valorar su inactividad a la hora de desvirtuar los hechos alegados de contrario, especialmente cuando se trata de documentación que solo ella podía aportar. Pero no suprime la necesidad de que exista una base probatoria suficiente para estimar la pretensión. En este caso, la prueba documental aportada por la parte actora y la remitida a autos no proporcionan un soporte bastante para afirmar, con el grado de certeza exigible, que el trabajador realizase de modo efectivo, habitual y prevalente funciones subsumibles en la categoría superior de conductor mecánico. La demanda describe determinadas tareas y condiciones de trabajo para el conductor mecánico indicando que son las que hacía el actor y que coinciden con las que exige el 16.4 del acuerdo Estatal de empresas de transporte de mercancías por carretera que fue publicado en el BOE en 29 de marzo de 2012, en relación con el Convenio colectivo de Traballo para transporte público de mercaderías por Estrada la provincia de Pontevedra de 2023 a 2026, Publicado en el Boletín Oficial de Pontevedra número 174 de 8 de septiembre de 2023. Pero estas afirmaciones, no están corroboradas mediante otra prueba directa o indirecta bastante, no pueden erigirse por sí solas en fundamento suficiente de una declaración judicial de superior categoría profesional. Falta prueba específica sobre el tipo concreto de vehículo, las exigencias funcionales del puesto, la realización habitual de reparaciones, mantenimiento o asistencia mecánica, o cualquier otro elemento objetivo que permita comparar el trabajo realmente ejecutado con la definición convencional de la categoría reclamada. Y la posesión del permiso de conducción de la clase C + E no es un indicio determinante porque este tipo de carné está previsto tanto para conductor mecánico como para conductor. Ese permiso opera como requisito habilitante, pero la categoría se caracteriza jurisprudencialmente por un contenido funcional reforzado: conducción polivalente de los vehículos de la empresa, colaboración en mantenimiento o reparaciones, conservación y acondicionamiento del vehículo, responsabilidad sobre vehículo y carga, gestión documental del transporte y, en su caso, dirección, protección o manipulación de la mercancía

En consecuencia, no habiendo quedado acreditado el presupuesto fáctico esencial de la pretensión -esto es, la realización efectiva de funciones de conductor mecánico- procede la desestimación íntegra de la demanda, sin que resulte necesario entrar a valorar la procedencia de las diferencias salariales reclamadas, al depender éstas de aquella previa declaración.

TERCERO.-Contra la presente sentencia cabe recurso de suplicación, al amparo del artículo 191 de la LRJS que deberá anunciarse ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, en los términos previstos en la LRJS.